Su hermano Gustavo, líder de un famoso bufete de abogados que incluye contrataciones actuales en el Municipio Capital, permanece como representante de las empresas que hoy pelean legalmente la urbanización del bosque de mezquites. Pese a todo, para Jaime Gallo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano en el Municipio Capital, la cercanía no es necesariamente un problema. “Pasa en todo el mundo”, justifica.
“Yo creo que el poder público y el poder económico son dos esferas del desarrollo en el mundo que siempre pueden estar vinculadas o se entrecruzan. Creo que se tiene que cuidar que no haya conflicto de intereses. Pero este caso no lo conozco, el que representa (a la empresa) es Gustavo, lo de Jorge es probable pero esa parte la desconozco. Cuando han venido a Aguascalientes, los dueños de la empresa generalmente se reúnen con Gustavo y me ha tocado que me visiten ambos, y generalmente llevan gestiones de algunos desarrollos que tienen aquí y que han sido exitosos”, afirma.
En el 2000, el objetivo de la inmobiliaria no fue posible gracias a la movilización de las organizaciones ambientales, comandada por la activista Enriqueta Medellín. De esa forma lograron que en 2005, durante la administración del panista Martín Orozco como presidente de la capital, La Pona se declarara como Zona de Reserva Ecológica, dejando sin efectos el cambio de uso de suelo aprobado años antes.
Por otro lado, el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2020-2030 establece el Uso del Suelo de Preservación Ecológica, publicado en el P.O.E.A. el 25 de mayo de 2009. A partir de entonces los siguientes Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad editados por las distintas administraciones municipales contemplan a La Pona como área de preservación ecológica.
Los Gutiérrez Muguerza tampoco están limpios de acusaciones. En 2014, y junto con dos decenas de empresas inmobiliarias, fueron denunciados ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por vender viviendas con préstamos hipotecarios sobrevaluados hasta en 40%, a través de su empresa Patrimonio, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. La demanda fue interpuesta por el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna.
El caso no ha sido solucionado, a finales del año pasado el Frente volvió a exigir que se investigue y se lleve a juicio a los responsables de llevar a miles de familias a sortear deudas impagables.
“No lo dudo, no los voy a defender, no me corresponde”, dice Jaime Gallo. Que de acuerdo con documentos oficiales, en 2020 aprobó una solicitud de Patrimonio, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., para construir una avenida que busca dividir al bosque de mezquites. Gallo agrega que en La Pona se puede construir un fraccionamiento unifamiliar de baja densidad.
El funcionario se niega a reconocer que la lucha jurídica de las organizaciones es la que ha evitado que se destruya el bosque de mezquites.
“El derecho al pataleo no se le niega a nadie. Esa vialidad forma parte del programa y digamos que está autorizado que se construya sobre esa área que ya está impactada. No se ha construido porque los propietarios no han promovido ninguna acción para desarrollarlo. La licencia de construcción les permite construir la vialidad que está dentro del programa. Solicitaron la licencia hace dos años, se caducó y es muy probable que la quieran renovar. Y la pueden renovar porque es una área impactada”.
Los argumentos del Municipio para permitir que se construya en el bosque son: que la zona que no tiene declaratoria de conservación (16.5 hectáreas) está altamente impactada, y que es imposible comprar el terreno a los empresarios por su alto valor.
Las y los integrantes de la Colectiva Salvemos La Pona, sostienen que las 33.9 hectáreas proveen los mismos servicios ambientales. El daño que tienen es provocado por la falta de cuidados del Municipio. Sin respaldo de peritos independientes, y sin ninguna otra explicación, Gallo afirma que el valor de La Pona va de los 400 a los mil millones de pesos. Y pese a reconocer su importancia ambiental, afirma que comprarla sería imposible para el Municipio.
“Rescatar esa zona para un gobierno representa una inversión de a lo mejor unos 400 millones de pesos. Mi abogado es perito valuador y la valoramos más o menos en eso. En algún momento, cuando se acercó Gustavo Martínez Estebanez y la empresa de los Gutiérrez Muguerza a platicar el tema, hace más de un año, él me hablaba de una cifra cercana a los 380 millones de pesos, de forma general, sin hablar de detalles. Pero yo sé que ese predio se pudiera valuar hasta en mil millones de pesos. Yo no soy perito valuador y no me puedo dedicar a gestionar eso, pero el problema en el fondo es de dinero. El presupuesto del municipio para este año fue de casi 4 mil 300 millones de pesos, si el predio vale mil, pues es una cuarta parte del presupuesto”, dice el secretario municipal.
Mientras tanto, La Pona, y sus defensoras, siguen resistiendo.
“Quieren dejar que a La Pona se la coma la ciudad y se la lleve la tristeza. La Pona ha sobrevivido a pesar de todo lo que han hecho los gobiernos para que se termine, y está muy cantado que lo quieren es devastarla, pero La Pona ha resistido”, dice Sofía González.