En 1942 la revista Modern México, publicada en Nueva York, describió a Jarretaderas como “el paraíso perdido, un lugar primitivo para cazar y pescar”. Hoy, sus habitantes parecen contar una historia radicalmente distinta: “tomen fotos, desde la entrada. Van a ver cómo se puede apreciar. Estamos amurallados. Así vivimos en Jarretaderas, entre murallas y murallas puestas por Vidanta”.

Vidanta es un complejo turístico que se promociona así mismo como un espacio que crea felicidad; sin embargo, lo que no dice esta empresa inmobiliaria es que esa sensación se ha logrado a base de despojo e invasión de áreas naturales protegidas, las cuales tienen como guardianas al grupo  Mujeres Unidas por Bahía de Banderas, colectivo que se opone a la voracidad de este consorcio propiedad del empresario Daniel Chávez Morán.

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Por Andrés de la Peña en colaboración con Alejandra Valenciano

Ilustración: Ivanna Orozco

Animación: Mónica Vargas

La región de Bahía de Banderas, comprendida por los municipios de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta al sur del río Ameca (la frontera entre los estados de Nayarit y Jalisco) y el municipio de Bahía de Banderas al sur del río, es complejísima. Desde la perspectiva humana, su transformación radical se dio con la velocidad de un relámpago. 

De la noche a la mañana, el “paraíso” tropical de la película La Noche de La Iguana (filmada en 1964) se convirtió en la región con el quinto municipio con la mayor alza de precios de vivienda y suelo en todo el país.

Regadas por todo el territorio, existen organizaciones que lo defienden y recuerdan cómo solía ser antes de esa transformación. Grupos como Mujeres Unidas por Bahía de Banderas luchan por mantener el equilibrio ambiental y la igualdad ancladas en un sentido de pertenencia, una identidad y cultura históricamente vinculados con el lugar que habitan.

Particularmente, este grupo de mujeres se ha enfrentado con los más grandes desarrolladores y hoteles de la zona para mantener las playas libres y públicas. Una de ellas es Georgina Vallarta, quien explica el sentimiento que la movió a llevar este activismo:

“La gente creció viendo el mar a sus pies. Es el arraigo que tenemos nosotros a las playas. Yo crecí aquí también. Antes no había nada y ahora llegas y dices “guau”. Luego te quieres sentar en la arena y te están diciendo “no, quítese, hágase p allá” (…) a mí no me gustaron tanto los cambios porque sí es muy drástico el panorama. Antes cuando entrabas veías el mar, y ahora no: solo se ven edificios”.

Una de las fundadoras del colectivo, Marielza Izurieta, también se nota indignada por el ritmo de la privatización y la manera en la cual se ha ido expulsando a los habitantes de Bahía de Banderas de las playas:

“El mundo no pertenece a un municipio o a un gobierno. El mundo pertenece a todos, y las playas del mundo pertenecen a todos. He estado en Galápagos, he estado en Sudáfrica, yo no entiendo por qué aquí en Bahía de Banderas nos quitan las playas, cuando la ley nos da el derecho al libre tránsito y las playas son de todos (…) hay niños que nacen en la zona y no conocen el mar porque no tienen acceso. ¿Cómo no va a ser importante? es importantísimo, y además es legal”.

Mientras el desarrollo regional va viento en popa, con tasas de crecimiento económicas y demográficas estratosféricas, la región también se ha vuelto el campo de batalla para un entramado de luchas sociales por los bienes comunes: por el medio ambiente y la preservación de fauna y flora, por el carácter público de las playas, por las condiciones laborales de la industria hotelera.

Pareciera que en un plazo de 40 años, el descubrimiento del “paraíso perdido” para unos significó la pérdida del paraíso para otros. De un lado están actores como Grupo Vidanta, una empresa que ostenta aproximadamente 7.61 kilómetros cuadrados en sus planes de desarrollo para su colección de hoteles y campos de golf (para ponerlo en perspectiva, el terreno completo del aeropuerto de Puerto Vallarta tiene una superficie de alrededor de 3.5 kilómetros cuadrados).

Por otro lado, hay actores como Mujeres Unidas por Bahía de Banderas que defienden los bienes comunes, el medio ambiente, y el espacio público. Sin embargo, su operación se complejiza por una dura realidad: comprenden que el turismo es una fuente de empleo, que muchas de las luchas no las van a ganar, y que los intereses comerciales tienen vidas más largas que las personas. Ante esto, los sentimientos que comparten son de orgullo, aunque también de frustración y melancolía.

Alfonso Baños Francia es académico de la Universidad de Guadalajara, y conoce mucha de la historia urbanística de la región, desde la fallida Comisión de Conurbación de 1978 hasta el proceso de adquisición de los terrenos de Grupo Vidanta: “Empezaron comprando a los ejidatarios, por ahí de los años ochenta”. En ese entonces Vidanta se llamaba Vidafel, cuenta Baños.

“Nayarit tiene una debilidad institucional, hay más acuerdos informales” dice, comparando las diferencias con Jalisco. Por ejemplo, el académico relata cómo la gestión territorial se ha hecho a la medida de las demandas de la inversión. Como ejemplo, recuerda que en una sesión de consulta pública para una propuesta de actualización al plan de desarrollo, notó algo extraño:

“Justo al lado de los terrenos de Vidanta había una porción muy grande junto al río Ameca pero del lado oriente de la carretera. Venía como turística o algo así. Le dijimos al promotor de la propuesta: ‘oye, pero eso está pegadito al río. ¿Qué onda?’. Él nos contestó “mira esa zona ya la compró Grupo Vidanta. Van a poner ahí el Cirque du Soleil, va a generar 2 mil puestos de trabajo y prácticamente vamos a poner lo que ellos quieran”. Así son las dinámicas que suceden acá.” 

Sobre esto, la crítica de Baños es que los gobiernos no han tenido el orden de prioridades que deberían: “el primer beneficiario del desarrollo turístico y de las políticas turísticas públicas tendría que ser el ciudadano que vive en esas comunidades”. Aunque reconoce que la gestión turística como se ha llevado sí ha impulsado la prosperidad material y comunitaria a cierto grado, es claro con su evaluación general: “el mayor beneficio se queda en pocas manos”. 

En un contexto donde la complicidad entre autoridades y empresarios ha sido de tan gran escala, todo en nombre del desarrollo y la inversión, han sido pocas las opciones de defensa ambiental o comunitaria:

“Si hubo algún tipo de defensa fue marginal. Es mi impresión que la gente calcula que ese monstruo está muy grandote, entonces es mejor ni meterse (…) La mayoría nos hemos quedado como espectadores de una dinámica que nos trasciende y por lo mismo nos vuelve inermes”. 

“Tenemos una tragedia con Vidanta. Vidanta ha violado todas las leyes que pueden existir en el universo del medio ambiente y a ellos no les dicen nada,  entonces ¿qué puede hacer un grupo de señoras mujeres, al ir en en contra de esta violación terrible que existe en Bahía de Banderas? No sé qué va a pasar, pero es terrible”.

Marielza Izurieta forma parte del grupo de mujeres que fundaron el colectivo Mujeres Unidas por Bahía de Banderas. Ella vive en la región de Bahía de Banderas desde hace casi 40 años, pero recuerda con total claridad la fundación del colectivo:

“Vimos cómo nadie hacía caso a las leyes medioambientales porque existen pero no hay quién las ponga en práctica: vimos el deterioro paulatino de esta zona maravillosa (…) en lugar de aprovecharla con las leyes de la naturaleza y con las leyes que hizo el hombre para buen uso de todos. Fue al contrario. Lo vendieron a los inversionistas por muy poco dinero y nos quitaron el acceso al mar, porque todo era de acceso libre”.

Así fue como, en 2003, Marielza y varias de sus amigas pensaron que era necesario hacer una organización que defendiera el territorio. En 20 años de defensa, ésta organización (que hoy incluye a 14 mujeres) logró revertir la privatización de varias playas, una de las más icónicas ha sido la playa “La Lancha”, la cual defendieron con una protesta masiva, donde más de 100 personas organizaron un plantón.

Lo que relata Marielza es que, desde el impulso turístico en los años ochenta y noventa, el modus operandi de apropiación es siempre el mismo: un restaurante, hotel, o lugar de entretenimiento consigue una concesión de la Zona Federal Marítimo-Terrestre de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y, posteriormente, toma esa concesión como si fuera su propiedad privada, prohibiendo el paso todas las personas y buscando generar un espacio “exclusivo” para su clientela.

Esa es una distinción importantísima que, en México, los desarrolladores turísticos y los mismos gobiernos deciden ignorar. El artículo quinto del reglamento que rige el uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre, publicado en 1991, establece que las playas y la zona federal son bienes públicos, los cuales jamás serán sujetos a posesión definitiva o provisional. 

El artículo 7 del mismo reglamento establece que “las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona”, donde las únicas limitaciones aceptables son los límites horarios que establezca la SEMARNAT para el uso de vehículos o desarrollo de actividades potencialmente peligrosas, la construcción o instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito, y la contaminación.

Es decir que la práctica, muy común en toda la república, de poner un hotel o negocio, solicitar una concesión y expulsar a todos los habitantes locales incómodos para la imagen turística de tal negocio es absolutamente ilegal. También lo es bloquear las playas con bardas y construcciones. Esto solo se permite con el permiso expreso de la SEMARNAT, el cuál, en ocasiones, sí se otorga de una manera que viola el espíritu público que el reglamento le da a las playas.

Por si quedaba una duda de qué tan falso es que las playas sean propiedad privada cuando existe una concesión, el artículo 122 de la Ley General de Bienes Nacionales menciona que, cuando la zona federal se ve invadida total o parcialmente por las aguas, debe volverse a calcular y que “las áreas de los terrenos que pasen a formar parte de la nueva zona federal marítimo terrestre perderán su carácter de propiedad privada”.

Por si fuera poco todo lo mencionado antes, el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales deja claro que, cuando no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, “los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas”, a través de caminos acordados con la SEMARNAT.

“Pero no lo aplican. El problema es que sí hay leyes y muy buenas, pero no hay quién las ponga en práctica. Es muy triste”, comenta Marielza al respecto, y sigue: “te doy un ejemplo. Yo iba de mi casa caminando desde Cruz de Huanacaxtle hasta Bucerías porque se podría ir por la playa. Ahora no, cada fraccionador hace un espigón y entonces prohíbe el paso a la gente”. 

Entonces, cuenta la activista, los desarrolladores anuncian en su publicidad que venden “departamentos con playa privada”.

Horizonte de edificios en Puerto Vallarta (Foto: Andrés de la Peña).

Cuando nació el colectivo, en 2003, Marielza y su marido conocían a varios de los políticos locales (como Cescenciano “Chano” Flores Alvarado) que venían de ser, eran, o eventualmente serían diputados, presidentes municipales y regidores de Bahía de Banderas e, incluso, contendientes a la gubernatura de Nayarit. En una reunión con varios de estos personajes, donde plantearon la necesidad de proteger las playas, Marielza y sus colegas recibieron burlas de los hombres:

“Ay, mujeres”, me acuerdo que decía Chano. “Hombre aquí eso no sirve, nosotros aquí somos machos. Las mujeres no; en su casa a limpiar, barrer”. Paniagua también nos dijo que nosotros no podíamos estar luchando ni nada, que vayamos a hacer el desayuno, o sea, ese tipo de cosas sí las hemos tenido. Entonces nunca se quisieron unir a nosotros y entonces por eso le pusimos mujeres unidas, porque se iba a llamar agrupación ambiental”.

Aún así, Marielza insiste en que al interior de sus comunidades y entre colectivos se sienten respetadas y tratadas como iguales. Aunque insiste en que no hay distinciones por género, también tiene varias historias de este tipo en su interacción con políticos de la región.

Aunque pareciera que se trata de un tema exclusivamente social, el colectivo Mujeres Unidas por Bahía de Banderas se comprende a sí mismo como un colectivo primordialmente ambientalista. 

¿Por qué? Porque el derecho humano a un medio ambiente saludable, lo cual incluye el acceso al mismo y no solo su existencia, es el núcleo del argumento para defender el acceso libre a las playas. Al mismo tiempo, quienes buscan privatizarlas y volverlas exclusivas y excluyentes para potenciar su inversión comprenden muy bien que la playa y la tierra en sí son “recursos” naturales que pueden explotar en su beneficio.

El municipio de Puerto Vallarta de la década de 1960 era hogar de 7 mil 484 habitantes. Para 2010, la región recibía a 4 millones 750 mil turistas cada año. En 2019, según los datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco, la región de Puerto Vallarta recibió a 6 millones 428 mil turistas.

La transformación radical de la demografía y la economía de la zona quedó manifiesta en cifras, recuperadas por investigadoras como la doctora María de los Ángeles Huízar. 

Uno de los cambios que documentó fue la dominancia del sector terciario (servicios): el municipio de Puerto Vallarta en 1970 tenía al 24.8% de sus trabajadores en el sector primario, 21.7% en el secundario y 47.7% en el terciario (además de un 5.9% sin especificar). En 2010, el sector terciario representó el 80.4% de los empleos del municipio.

A finales de 2022, según los más recientes datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI, la población dedicada específicamente a los restaurantes y servicios de alojamiento representó el 32.4% de la fuerza laboral en Puerto Vallarta y el 28.75% en Bahía de Banderas. 

Puesto en términos sencillos: alrededor de 3 de cada 10 personas en la región trabaja directamente en hospedajes o restaurantes. Ahora, en perspectiva: en el país la proporción de personas trabajando en hospedajes y restaurantes dentro del sector servicios es del 8.66%. Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, por sí solas, son hogar del 1.3% de las y los trabajadores de este ramo en todo el país.

El avasallador desarrollo turístico y transformación de la región ha sido documentado por académicas notables como Huízar, aunque se suman otras como Erika Patricia Cárdenas o el estudioso Alfonso Baños. La siguiente tabla, dispuesta como línea de tiempo, se realizó con información producida por estas tres investigadoras locales.

La región de Bahía de Banderas también se caracterizó por un influjo migratorio considerable. En 1990, la población era de 93 mil 505 habitantes en el municipio de Puerto Vallarta, de los cuales 29 mil 232 (31.3%) eran migrantes internos: personas que se desplazaron desde otros estados de México. 

Para el año 2000 había 151 mil 432 habitantes en Puerto Vallarta, incluyendo a 55 mil migrantes internos. En 2010 ya se contaban 255 mil 681 habitantes, y 77 mil 139 migrantes internos. Además, después de 1990 creció el número de migrantes extranjeros y para 2010 ya se contaban 4 mil 671.

Otra población migrante de relevancia es aquella conformada por adultos mayores retirados y provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa. Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas viven un total de 9 mil 809 extranjeros (incluyendo a 6 mil 080 de estadounidenses), lo cual equivale al 2% de la población combinada de los dos municipios. 

Este último efecto también ha sido fundamental en un motor de financiarización y especulación con el suelo. El sector inmobiliario local apunta sus cañones al jugoso segmento de mercado de estadounidenses y canadienses retirados, que buscan invertir sus ahorros para generar rentas o que quieren comprar nuevas propiedades para vivir su retiro en México.

Esta alza en el costo de vida rebasa por mucho los salarios ─minusculamente mejores─ asociados con la construcción o la atención a los turistas en restaurantes.

“Cuando llegué no había nada. Nos daba risa porque había una lona. Las casas de aquí del fraccionamiento empezaron en trescientos y tantos mil pesos. Luego ya namás le iban poniendo cartulinas con el nuevo precio (…)”.

Georgina Vallarta también es de Mujeres Unidas por Bahía de Banderas desde 2008. Trabajó como funcionaria en el municipio de Tepic y conoce cómo funciona la gestión municipal y sus finanzas. Por eso, también tiene un ojo crítico pero preciso para la desigualdad en la gestión territorial de la zona: “El alumbrado siempre es un problema, y el agua. El agua ya escasea. Punta de Mita tiene un problema de agua terrible.”

Entre los restauranteros de Bucerías hay varios que se quedan sin agua periódicamente. También hay comunidades grandes, como Jarretaderas, donde el suministro de electricidad no siempre es consistente. Igualmente, el empedrado, bacheo o pavimentación son una problemática mayor. 

Es claro que para Georgina no hay una pelea o rivalidad entre habitantes locales y turistas sino todo lo contrario: sufren de los mismos malestares introducidos por la desigualdad, y esto le preocupa. 

“Sí digo ¿por qué no atendemos al turismo que debe de ser? ¿Por qué no les dan calles dignas? ¿Por qué no nos dan el agua que necesitamos para atenderlos, o el alumbrado que se necesita? Porque todos aquí vivimos de lo mismo, no hay más de qué vivir.” 

En otro momento comenta: “a todos nos convienen los accesos abiertos. Si tú tienes más fácil distribuir mil personas en 38 playas que en 20”. Desde su perspectiva, incluso el turismo se ve afectado por la apropiación de las playas y la permisividad de las autoridades ante estos casos.

Aún así, Georgina sí explica una serie de problemáticas de talla estructural: algunos desarrollos reciben con total garantía los servicios que solicitan, mientras que otras personas ─incluyendo los turistas que se alojan en Airbnb, por ejemplo─ no tienen la certeza de que tendrán servicios. 

“Sí se ha invertido en infraestructura. Lo que pasa es que ya somos muchos (…) Cuando tenemos reuniones con el municipio siempre les digo: ¿y el agua? “sí hay agua, sí hay drenajes”, bueno, ¿pero dónde? (…) Estamos bien tontos porque queremos explotar el río y el río no va a ser suficiente al final (…) siempre que hacen foros de turismo “que vamos a hacer 10 mil cuartos”. ¿Y el agua, y el drenaje?”.

Entre las 101 playas que monitorean, Mujeres Unidas por Bahía de Banderas han documentado al menos 11 accesos que fueron completamente eliminados, como los que están alrededor del campo de golf del condominio Flamingos y que llevan a los hoteles Krystal, RIU y Decameron. 

Con todo el conocimiento que el colectivo ha acumulado, tanto Georgina como Marielza exponen una postura frente a la desconfianza, estigmatización o, incluso, hostilidad que les han mostrado las administraciones municipales, estatales y federales a lo largo de los años: que es un desperdicio enorme.

Cada que les cierran las puertas ─como cuando les expulsaron informalmente del programa Playas Limpias, o cuando un presidente municipal les dijo que se fueran a barrer su casa─ ellas lo ven como un error estratégico del gobierno, una miopía para identificar oportunidades.

El mapa de 101 playas que el colectivo generó fue de enorme utilidad para el municipio de Bahía de Banderas (irónicamente, éste se usó para la especulación también). Aunque SEMARNAT es famosa nacionalmente por su ausencia, y sus inspectores pueden tomar meses o años en aparecer ante una denuncia urgente de daño ambiental o ilegalidad, el colectivo defiende las playas y el derecho que las rige de manera eficiente y efectiva.

“Si la autoridad entendiera cuál es la función de una asociación civil, que no la entiende, nos usarían para su bienestar. Pero nos ven como un enemigo en lugar de decir “estas mujeres cuidan las playas”. Ellos nos pueden poner como escudo y decir “no es que no te puedo dar esta concesión de playa porque pues yo tengo el pueblo encima” (…) Pero no, la autoridad es la primera que te ve como su enemigo”.

Georgina es muy consciente de que hay beneficios sociales algunos de estos desarrollos, como la nueva autopista. Reconoce que hay un menor caos vial, pero también que hubo un grave daño ambiental en esta transformación tan profunda y rápida.

Hombre pescando con velero de fondo (Foto: Andrés de la Peña).

El mismo día en que esta entrevista se llevó a cabo, atropellaron a un Jaguar en el nuevo tramo de la “vía corta” Guadalajara-Puerto Vallarta, el cual presumía estar diseñado específicamente para evitar este tipo de accidentes con pases de fauna y medidas de seguridad.

La defensa del territorio se vive como una mezcla agridulce. 

“Muchas veces te llega la frustración de que mucha gente no entiende cuál es la justificación de lo que hacemos. Sí, sí nos frustramos porque hemos visto cerrar muchas playas (…) La defensa del territorio es bonita porque te deja la satisfacción de que luchas, que a la mejor no logras el objetivo pero sabes que luchaste y que tú hiciste la parte que te corresponde”.

Aún así, los mecanismos que se tragan a las selvas, bosques, playas, y ecosistemas como sacrificio para el desempeño financiero son incomprensibles, en su motivación, para una persona como Georgina:

¿Por qué vendes un terreno tan bonito? ¿Por qué haces 100 casas en un terreno tan hermoso? “Ay, es que me va a dejar dinero”. Pero el dinero te lo vas a acabar y el terreno ya no lo vas a tener (…) la melancolía, el romanticismo, como que te queda esa parte de decir “ay, tan bonito que era Bucerías con la playa, con sus casitas, con la gente asomándose por la alberca”. Ahora es puro edificio.

Las murallas de Vidanta que rodean un pueblo (Fotos: Andrés de la Peña).

A la entrada de Jarretaderas abundan elementos que muestran su conexión con el Sur de México, particularmente con Chiapas: boletos para agencias de viajes y transportes en camión, personas que venden panes, pescados, y otra comida preparada al estilo de allá. Incluso, entre la población, se escucha una diversidad de acentos más asociada con el sur de México que con la costa occidental.

“Aquí he hecho muchos amigos y es un lugar que la verdad me gusta mucho… aprecio a la gente y al pueblito, porque aquí vine a hacer una vida nueva. Como dijeran los jóvenes, me “agüita”, la verdad, pensar en las posibilidades de que un día Jarretaderas llegue a desaparecer. Dicen que con lo que va a haber aquí se va a levantar mucho el pueblo, pero yo no veo beneficios para el pueblo”.

El señor Librado Consuedra nació en Chiapas, pero lleva viviendo en Jarretaderas y defendiendo el derecho de esta comunidad a existir más de veinte años. Librado trabaja como agente de viajes, precisamente arreglando transportes y hospedajes desde y hacia Chiapas.

En una ocasión, en tiempos del infame fiscal Édgar Veytia y del también infame gobernador Roberto Sandoval (los cuales son investigados por crimen organizado) a Librado lo amenazaron en la calle para amedrentarlo, diciéndole que dejara de alborotar y de desinformar a la gente del pueblo.

“El que me amenazó sacó la pistola y me enseñó un cartucho. Le dijo al que manejaba “comunícate con el  fiscal y díle que ya se le dio el mensaje (…) aparte se llevaron casi 50 mil pesos que yo llevaba en efectivo porque iba a apagar un viaje”.

Librado puso una denuncia y lo atendió Édgar Veytia en persona. El día posterior a la amenaza, el 12 de mayo del 2016, llegó un comando armado a su domicilio y, entre varios, golpearon e interrogaron a Librado. El ataque fue un episodio traumático que le dejó secuelas neurológicas.

El discurso del desarrollo y de la derrama económica suena muy fuerte en toda la riviera nayarita, pero el caso de Vidanta y Jarretaderas es icónico: aún tras décadas del triunfante progreso, el pueblo tiene problemas de agua (más que antes, incluso, y Librado señala que el único pozo que quedaba ya está en territorio de Vidanta), de electricidad, de vialidades. 

“Yo pienso que, a futuro, al pueblo le hace falta agua mucha gente se va a ir. Inclusive mucha gente ya está vendiendo porque dicen que están cansados; cansados de que a Jarretaderas lo vean como un pueblo sin futuro, que ya se estancó, que ya no va haber nada más, osea, ya no hay futuro”.

Lo único nuevo que dejó la el progreso fue una ciclovía a la entrada y, eso sí: la sustitución de todos los acceso al río Ameca, que eran libres y usados por los pobladores para caminar a la playa, por una serie de túneles diseñados para mover camiones de volteo, que se inundan en temporada de lluvias, y que quedaron como resabios del proceso constructivo.

Por eso hay una crítica tan vehemente al discurso del desarrollo en sí. “Prácticamente todos los presidentes municipales que han estado han tenido que ver con esto”, menciona Librado. Luego, de filón, añade que el empleo que genera esta industria ni siquiera es tan bueno como se dice, haciendo referencia a una investigación académica que se realizó al respecto.

La doctora Ángeles Huízar ha investigado varias veces este tema. En 2012 encontró que los empleos relacionados con el sector turístico llegan a ser bastante malos en realidad: contratos con temporalidades precarias, pocas prestaciones de ley, malos salarios y turnos antisociales por su extensión y horario (los cuales tienden a separar familias). 

En el mismo año registró que, de los trabajadores empleados en la actividad turística en general, el 18% ganaba menos de 2 mil pesos al mes, el 35.7% ganaba de 2 mil a 4 mil pesos, el 14.6% ganaba entre 4 mil y 6 mil pesos y el 14.8% ganaba entre 6 mil y 8 mil pesos. Es decir que el 83.1% de todos los trabajadores ganaba menos de 8 mil pesos al mes.

En 2019, un equipo compuesto por la doctora Ángeles Huizar, Jorge Luis López y Alfonso Baños volvió a registrar las condiciones laborales de la zona. ¿Sus hallazgos? 6% de los trabajadores no tienen contrato y 53% entran en algún tipo de contrato por tiempo determinado o discrecional (como los contratos “de prueba”) que les da poca certidumbre; solo un día de descanso (35% lo tenía entre semana) y solo en “temporada baja”; 41% no conoce su período vacacional y 28% no tiene vacaciones.

En 2017, en un contexto en el cual el sector turístico de Puerto Vallarta tendría que mostrar resultados más que excusarse en el beneficio social a futuro del desarrollo presente, este equipo encontró que el 83% de los trabajadores seguían ganando menos de 8 mil pesos mensuales. Igualmente, solo el 58% de estos trabajadores estaban afiliados al seguro social y sólo 24% recibían aguinaldo y prima vacacional.

De acuerdo con los datos del cuarto trimestre de 2022 para la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el salario promedio de los mozos de hotel y de restaurante en Nayarit es de 7 mil 357 pesos; para los trabajadores de paquetería, maleteros y botones es de 8 mil 300 pesos; para gerentes y directores de hoteles y restaurantes es de 20 mil 450 pesos, aunque para coordinadores y directores de área sigue siendo 8 mil 233. Los guías de turismo son, quizás, los peor pagados, con un salario promedio de 2 mil 795 pesos mensuales.

“El día que inauguraron ese acceso nos presentamos y nos manifestamos (…) estaba el sacerdote sorprendido porque no queríamos que inauguraran y él decía que era beneficio para el pueblo de Jarretaderas abrir un acceso al río y al mar. Entonces yo le decía “sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero no arriesgando al pueblo de esa manera”. 

El nuevo túnel vuelve a trazar el camino anterior, pero ahora por debajo del campo de golf de Vidanta. Esto le preocupa a varios habitantes porque ahora está perfectamente posicionado para inundarse ante un desbordamiento del río Ameca.

“Y le decían los seguidores, “ándale padre ya échele el agüita” (…) pues el sacerdote así, como con la pena, pues bueno: a lo que viene e hicieron la inauguración. A esos ejidatarios les daban dinero, obtenían buenas ganancias”.

Vidanta adquirió las tierras, poco a poco, sumando a ejidatarios para que accedieran a vender sus ejidos. Así como mencionaba Georgina que tras la venta de un terreno no queda nada para su antiguo dueño, Librado apunta algo similar: “pues es que ya todos vendieron. Ya nadie tiene tierra. Aquí los ejidatarios son ejidatarios sin tierra porque ya no tienen nada”.

“Compraron las tierras a precio de ganga. El Fideicomiso de Bahía de Banderas estuvo interviniendo y pues, bueno, ellos vendieron, y para ellos, como vivían de la pesca y la agricultura, vieron quizás 300 o 400 mil pesos por hectárea y se les hizo mucho dinero. Entonces se deshicieron de sus tierras”.

Librado considera que “aquí es el dinero el que ha reinado”. 

Ramadas (Foto: Andrés de la Peña).

Boca de Tomates tiene una ubicación privilegiada, porque la complejidad geográfica de sus alrededores, el difícil acceso, y la cercanía a la frontera interestatal lo vuelven una infierno para la realización de megaproyectos inmobiliarios y turísticos. Al oriente está cercado por el aeropuerto de Puerto Vallarta, al poniente tiene el río Ameca, el cual cambia periódicamente su desembocadura con los huracanes y tormentas.

El resultado es que Boca de Tomates es la última franja costera que no se ubica junto a un acantilado que no ha sido tomada por la máquina de experiencias turísticas. Aunque se encuentra completamente encasillada, incrustada entre una zona de reserva ambiental y un tentáculo de territorio en manos del gigante hotelero, esta playa parece como detenida en el tiempo.

Esta pequeña playa es lo último que queda en la franja costera de esa Bahía de Banderas anterior al boom turístico de los años ochenta. Todo al norte del río Ameca está completamente desarrollado y todo lo que no está desarrollado al sur es imposible de adecuar para grandes edificios sin la capacidad de mover montañas en un sentido bastante literal.

El camino desde la carretera hasta esta playa está flanqueado en ambos costados por dominios de Grupo Vidanta. Los únicos tramos que no domina la empresa corresponden a algunos ranchos y un santuario de cocodrilos muy cercano a la costa.

Lo primero que se ve al arribar a Boca de Tomates propiamente es un amplio claro donde caben unos doscientos automóviles cuando mucho. Detrás de estos hay una decena de ramadas, de las pocas que quedan en la región donde aún se puede comer al estilo nayarita más tradicional. El personal de las ramadas está compuesto en su mayoría por mujeres, que aquí toman un protagonismo más implícito y casual pero tan significativo como el de aquellas que defienden la bahía por vía del activismo.

Se trata de un tipo radicalmente distinto de paraíso, uno que no genera gran negocio ni mayor “desarrollo”, pero que ha acompañado el habitar de Bahía de Banderas por décadas y que ahora está tan en peligro de extinción como las tortugas que se crían en el “campamento tortuguero Boca de Tomates” (otro esfuerzo ambientalista local) a escasos 500 metros de la última ramada.

Forman parte del complejo “Grand Luxxe” de Vidanta, y son “lo mejor de lo mejor que Vidanta tiene para ofrecer” por 28 mil 65 pesos por noche, disponibles únicamente a miembros del club Vidanta que han tramitado un contrato vitalicio con la empresa.

En uno de los folletos sobre sostenibilidad (en inglés), expuesto en la página del corporativo, aparecen varias de las inversiones de motivación social o ambientalista que Vidanta ha hecho en Nuevo Vallarta: desazolve del río Ameca para prevenir inundaciones, un equipo de biólogas que asesora a la empresa en impacto ambiental, y varias acciones de protección.

En la sección del folleto dedicada a esto aparece una fotografía tomada desde un balcón del hotel Grand Luxxe, donde se puede ver la playa de Boca de Tomates y la desembocadura del río Ameca. Ahí se muestran bellas imágenes del arbolado que aún queda ahí (acompañadas de una fotografía de un flamingo y otra de una iguana), en el único territorio que Vidanta no ha comprado y que tanto SEMARNAT como los ejidatarios no han cedido.

Fotos de un paraíso que promocionan y, a la vez, buscan desbastar, pero frente al voraz interés inmobiliario están un grupo de mujeres que unidas están dispuestas a proteger y cuidar, el paraíso que aún no sucumbe a la falsa felicidad que en la zona busca instaurar el grupo Vidanta. 

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Este reportaje forma parte de la investigación: “Sin nosotras, no hay lucha”: Resistencias de mujeres defensoras en la región Centro-Occidente de México” que fue auspiciado por MEEDAN  para América Latina y el Caribe en el marco del Fondo de Respuesta de Medios Independientes de Check Global.

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