El calor de abril comienza a menguar por la tarde. Los pasos de Alejandra Águila y Marbella de Santiago van dejando nubes de polvo bajo sus pies mientras caminan por la laguna seca que le ha dado el nombre a su pueblo. Es 2023 y, en esta época del año, la poca agua que queda se retira y deja un campo amarillento y terroso donde algunos animales pastan.
Marbella quiere tomarle fotos al tule y la pelusa, dos plantas que crecen en la laguna y cuyas propiedades para remover contaminantes orgánicos del agua está estudiando. Alejandra camina detrás de ella, escuchando a su amiga hablar sobre la contaminación de la laguna. Además de ser habitantes de este territorio, Alejandra y Marbella son dos de las mujeres que lo defienden, no sólo del gasoducto, sino de los efectos que la industrialización ha dejado en sus tierras.
Suelo agrietado de la laguna de San Juan en sus meses más secos (Foto: Mariana Mora)
La laguna refleja en su historia la transformación de San Juan Bautista en las últimas décadas. Algunxs de lxs habitantes de mayor edad la recuerdan como “un paraíso” durante su infancia y juventud. Hablan de agua limpia y abundante con la que regaban sus huertos, sus milpas y sembradíos de alfalfa, tuna o maguey. De una diversidad de fauna que hoy ya no se ve en la zona. De plantas como la pelusa, el tule o el carrizo con la que hacían petates y artesanías y hoy escasean.
Hablan de una vida muy distinta a la contemporánea, en la que las personas pescaban y nadaban en la laguna, tenían unos cuantos animales y tierra en la que producían alimentos para comer y vender. Quienes recuerdan esto tienen hoy más de 70 años y han visto a sus hijxs y nietxs migrar a Estados Unidos o trabajar en alguna de las fábricas que fueron instalándose en las tierras fértiles que les alimentaron en el pasado.
Alejandra Águila y Marbella de Santiago caminando por la laguna (Foto: Mariana Mora).
La población recuerda que la laguna se comenzó a secar a partir de la década de los 90 y las actividades económicas en la zona cambiaron; la producción de ladrillos comenzó a tener más presencia. Aunque desde entonces la pérdida y contaminación de agua han sido más visibles, el proceso tiene sus orígenes desde la primera mitad del siglo pasado.
San Juan de la Laguna se encuentra en la Región Norte de Los Altos de Jalisco, una zona que se ha caracterizado por la producción avícola y ganadera, sobre todo lechera. Cuando en 1943 llegó la empresa Nestlé a Lagos de Moreno, la producción de lácteos comenzó a tomar dimensiones industriales que “modificaron las dinámicas económicas y culturales del municipio y la región”.
Detrás de esta transnacional llegaron otras y las tierras y el agua fueron destinadas en su mayoría a producir forrajes para el ganado lechero, como lo documentaron Patricia Gutiérrez y José Rubén Orantes en su libro “Reconfiguración de los espacios socioeconómicos: la Nestlé en el proceso histórico de Lagos de Moreno, Jalisco”.
Pero la producción transnacional de alimentos no ha sido la única causa de la creciente escasez de agua en San Juan de la Laguna y el gasoducto, al que sus habitantes se oponen desde 2018, es una pieza clave en el proceso de industrialización al que su territorio ha sido sometido. No sólo significa un riesgo a sus vidas, también facilita y promueve la llegada de más industrias y tres generaciones ya han visto lo que esto le ha hecho a su laguna. Así lo comentan Marbella y Alejandra mientras caminan el suelo agrietado donde sus antepasados nadaban.
Lo que Marbella de Santiago más ama de su pueblo es la laguna. Desde niña ha sido así: cuando estaba en el kinder se escapaba para ir a jugar al cuerpo de agua. También desde niña ha tenido un espíritu rebelde que la llevó a ser la primera mujer de su familia en estudiar una licenciatura, salir de la casa familiar y vivir sola.
Hoy Marbella tiene 37 años. Su cabello es negro y liso y su rostro redondo. Actualmente, está estudiando un doctorado y es una lideresa y defensora vital para su comunidad. También es profesora en bachillerato y universidad y vende pasteles para completar sus ingresos.
Su fascinación por la laguna, las plantas y otros elementos naturales con los que convivió desde pequeña, encendieron su interés por estudiar biología; sin embargo, esa licenciatura no existe en el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara -que se encuentra en Lagos de Moreno- así que optó por ingeniería en bioquímica.
Al terminar estaba convencida de que no volvería a estudiar, pero en 2015 y 2016 aparecieron miles de peces muertos en la laguna y, ante el desinterés que el gobierno municipal mostró por el fenómeno, Marbella decidió que cursaría una maestría en Ciencia y Tecnología para poder estudiar la problemática con apoyo institucional. “Si a nadie le interesa, lo tenemos que hacer nosotros mismos”, se dijo en la comunidad y así empezaron los primeros estudios de este tipo que se hicieron al agua de la laguna.
Marbella recorre el pueblo para visitar a sus compañeras de lucha (Foto: Mariana Mora).
Algunos de los hallazgos que Marbella hizo en su investigación es la presencia de fertilizantes y metales como aluminio, fierro y manganeso en concentraciones superiores a los parámetros establecidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994).
Su trabajo como investigadora y maestra se entrelaza con su labor como defensora del agua, de su tierra y su comunidad; así como las problemáticas en la laguna se entrelazan con la invasión paulatina pero constante de su territorio.
En marzo de 2018 Hermelinda Nolasco, una mujer bajita, de cejas gruesas, caminaba por las calles de terracería del pueblo que la vio crecer cuando se encontró con una máquina que escarbaba su tierra. Le preguntó al hombre que la manejaba qué instalarían en ese hueco y él respondió que un gasoducto. “¿Y eso para qué?” pensó la mujer de 57 años, pero lo que más le sorprendió fue que ninguna autoridad se hubiera acercado con ella u otros habitantes a consultarles si querían que un tubo transportara gas por debajo de sus hogares.
La primera licencia que obtuvo la empresa Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. (GNN) para iniciar la instalación del gasoducto fue emitida por la entonces Dirección de Desarrollo Urbano de Lagos de Moreno -ahora Dirección de Ordenamiento del Territorio– y entregada el 11 de enero de 2018.
El dictamen de trazo, usos y destinos específicos que esta misma dirección expidió establece que la empresa debió presentar una “anuencia de los vecinos de los predios que pudieran ser afectados” como requisito para obtener la autorización de la licencia.
El equipo de ZonaDocs solicitó una copia de esta anuencia a través de transparencia, pero la dirección afirma que el documento no existe; sin embargo, la licencia sí fue autorizada sin este requisito.
El dictamen también establece que la empresa “deberá, mediante los medios de comunicación, difundir o volantear antes de iniciar la ejecución de las obras en cada colonia antes señalada”. Esto tampoco sucedió. Ni Hermelinda, ni otros miembros de la comunidad supieron del gasoducto hasta que se estaba instalando.
El pueblo de San Juan Bautista de la Laguna es un territorio de contrastes. Desentonan las calles de tierra parda, silenciosas, bordeadas de mezquites con el bullicioso libramiento que atraviesa y fragmenta los diez barrios del pueblo.
Cerca de las casas -muchas de ellas de barro, separadas unas de otras con barreras naturales de cactus y magueyes, con patios atiborrados de plantas y perros, conejos, vacas, guajolotes o cabras- se erigen grandes bloques blancos de concreto y acero como la planta embotelladora de agua Santorini o la fábrica de autopartes Draxlmaier.
Se calcula que en esta comunidad de origen chichimeca, habitan más de 10 mil personas, aunque no hay datos estadísticos ni un censo actualizado.
El libramiento norte de Lagos de Moreno atraviesa el pueblo de San Juan (Foto: Mariana Mora).
Su ubicación -la del municipio, incluso la región entera- ha condenado estas tierras a convertirse en un punto estratégico en la industrialización de la zona del Bajío de México, que comprende parte de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. La Revista Forbes describe al Bajío como el “Diamante Mexicano” por su “alto potencial y desarrollo en el sector industrial”.
En 2022, la Secretaría de Economía registró 6,356 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en esta zona. Esta cifra representa el 18% de la inversión total en el país ese año.
Las industrias que se han instalado en esta zona son la automotriz, de alimentos, bebidas y la aeroespacial, entre otras. Sólo en la primera mitad de ese año, Guanajuato produjo 359 mil 449 carros, de acuerdo con la información que publicó el gobierno del estado. Esta cifra lo colocó como la entidad que más autos produce en el país. San Juan de la Laguna se encuentra a 43 kilómetros -menos de una hora en carro- de León, la capital de Guanajuato.
Aunque los Altos de Jalisco se han caracterizado históricamente por la producción de alimentos, las dinámicas económicas de sus vecinos han envuelto a esta región en la última década.
En 2017, durante la administración de Aristóteles Sandoval -de 2013 a 2018- se inauguró el primer parque industrial de Lagos de Moreno, financiado con dinero público, con la intención de integrarlo al corredor automotriz del Bajío.
Desde entonces, decenas de empresas nacionales e internacionales se han instalado en el municipio y, con esto, incrementó un 250% el número de personas que trabajan en la manufactura de equipo de transporte, pasando de 2,665 en 2016 a 6,684 en 2022, según datos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sin embargo, la llegada de más empresas y el aumento de personas empleadas no trajo riqueza a la población. Al contrario. En 2015, el Instituto de Información Estadísticas y Geográfica de Jalisco (IIEG) reportó que 36.8% de la población en Lagos de Moreno estaba en situación de pobreza multidimensional y en 2020 ese porcentaje fue de 37.2%. Por su parte, quienes se encontraban en situación de pobreza multidimensional extrema pasaron de representar el 3.1% en 2015 al 4.4% de la población total en 2020.
En este contexto de crecimiento industrial desmedido es que llega la empresa Gas Natural del Noroeste a querer insertarse en un pedazo del “Diamante”. En su sitio web la compañía expone que “está principalmente orientada a dar servicio a los sectores industriales” y, según los datos del Censo Económico de 2019, en Lagos de Moreno hay 840 industrias manufactureras.
El pueblo de San Juan Bautista de la Laguna se encuentra acorralado por estas industrias, con los efectos ambientales que esto les ha dejado. Ahora, además, 3 mil 584 metros lineales de gasoducto pasan por debajo de sus calles, sus casas y su laguna.
Luz María y Diana Reyes tenían 13 y 9 años, respectivamente, cuando comenzó a instalarse el gasoducto. Ahora tienen 18 y 14, pero conservan la voz y la risa suaves de la infancia. La casa de estas hermanas de ojos rasgados se encuentra a pocos metros de uno de los sitios por los que pasa el tubo.
Habían escuchado sobre la defensa del territorio en las noticias, como algo que sucede en otros lados, donde la gente se opone a que inunden sus pueblos o talen sus selvas para instalar un tren. Tal vez por eso fue que no dudaron en asumir la lucha contra el gasoducto como suya.
Su madre fue quien las incitó a involucrarse, aún a su corta edad. “Tienen que arrimarse, aprender”, les aconsejó cuando iniciaba la oposición al gasoducto, “porque uno como quiera ya va de salida, pero ustedes van empezando”. Su madre les enseñó que tienen que defender lo que es suyo, sus tierras.
Fue así como las hermanas Reyes se unieron a una lucha que se gestaba a pocos metros de su casa, pero que venía tomando fuerza desde hacía meses como una ola que va acumulando agua con calma para tronar con furia.
Diana y Luz María Reyes en el patio de su casa (Foto: Mariana Mora).
Así como Hermelinda, otras mujeres se habían acercado a quienes operaban la maquinaria para preguntar quién había autorizado que les rasgaran la tierra. Entre ellas estaba Marbella, que ya tenía años haciendo un trabajo minucioso de defensa de la laguna y formaba parte del Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna.
En pocos días, el número de personas que se reunían para hablar sobre el gasoducto fue creciendo. Se hicieron asambleas para preguntarse unxs a otrxs si estaban de acuerdo o no con su instalación. Eran sobre todo mujeres, pero también había hombres, jóvenes y viejos. La ola iba arrastrando agua, poco a poco, tomando la fuerza de un pueblo indignado.
Cuando Alejandra Águila vio a sus vecinas reuniéndose, no dudó en acercarse. Ella ya había leído noticias sobre la instalación del gasoducto e información sobre la extracción de gas natural. “De natural no tiene nada”, pensó en ese momento. En 2018 Alejandra tenía 34 años, un marido, tres hijos y un trabajo como secretaria, pero buscó hacerse el tiempo para involucrarse en una lucha que cinco años más tarde sigue viendo como una más de sus labores.
“Nos organizamos para solicitar información mediante oficios y manifestaciones. Queríamos saber qué estaba pasando en nuestra casa”, recuerda Alejandra, pero las autoridades municipales, encabezadas por Tecutli Gómez del partido Movimiento Ciudadano, no daban respuesta.
Descubrieron que la obra no aparecía dentro de los proyectos energéticos autorizados por la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que la Dirección de Desarrollo Urbano había expedido una licencia sin consultarles. Cuando la comunidad reclamó su derecho a decidir sobre su territorio, lo único que obtuvieron fue una escueta presentación del proyecto que, más que informar sobre sus características, era una labor de convencimiento para instalar el gasoducto.
Representantes de la empresa hablaban de poner luminarias, pavimentar calles y construir escuelas a cambio de la autorización de la comunidad para continuar el proyecto. “Eso le corresponde al gobierno”, recuerda Marbella que respondía la comunidad ante estas promesas, “y nosotros no queremos eso a cambio del peligro que va a estar latente en el pueblo. No lo queremos”.
Así como Alejandra lo intuyó, el gas que pasaría por el ducto, de natural no tiene nada. Fue la primera aclaración que hizo Claudia Campero, geógrafa y activista ambiental en defensa del agua y contra el fracking. “Muchas personas estamos intentando dejar de decir gas natural porque resulta engañoso”, explica la co-fundadora de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, “el gas es un combustible fósil, como el carbón o el petróleo”.
Este combustible está compuesto aproximadamente en un 80% de gas metano y es la segunda fuente de energía fósil que más se consume en el mundo. Según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el metano tiene un potencial de calentamiento más alto que el CO2: a largo plazo es 25 veces más potente y a corto plazo es 86 veces superior.
El trabajo de Claudia como activista inició con la defensa del derecho humano al agua y esto la llevó a oponerse a la facturación hidráulica o fracking -perforación de un pozo hasta alcanzar formaciones que contienen gas o petróleo- por la forma en que esta técnica contamina las fuentes de agua. Además, “todo el proceso de extracción, de procesamiento de traslado y de distribución reviste un montón de fugas”, sostiene Claudia, “todas esas fugas, si tú las sumas, terminan emitiendo más gases de efecto invernadero que incluso el carbón”.
Pero, además de los efectos que tiene en el cambio climático, el gas genera diversos impactos socioambientales directamente en las poblaciones cercanas a su infraestructura.
En los Lineamientos para Evaluación Ambiental de los Proyectos Energéticos e Industriales que publicó el Banco Mundial, se establecen los riesgos que implica la instalación de un gasoducto. Entre los más graves están “fragmentar el hábitat de las áreas naturales y provocar la pérdida de especies y reducir la biodiversidad”. También, “las roturas y fugas, así como los desechos generados en las estaciones de bombeo y transferencia, pueden causar, potencialmente, la contaminación de los suelos, aguas superficiales y el agua freática”. Finalmente, “las fugas o roturas de los gasoductos pueden causar explosiones e incendios”.
Habitante de San Juan observa el respiradero del gasoducto instalado cerca del barrio donde creció (Foto: Mariana Mora).
Los representantes de Gas Natural del Noroeste le insisten a la comunidad que el proyecto no tendrá fugas, pero es común que los gasoductos las tengan. El año pasado, la organización Climate Tracker expuso, a través de imágenes satelitales, al menos 17 fugas masivas y 12 menores de gas metano en México. También han habido suficientes accidentes para que cualquier persona tema la instalación de un gasoducto en su territorio.
En 2005, explotó un gasoducto en Tabasco que dejó dos muertes; en 2021, cinco personas fallecieron en Puebla tras la explosión de un gasoducto; y solo en noviembre del año pasado explotaron gasoductos en el Estado de México y Veracruz, sin dejar muertos, aunque en Veracruz hubo 19 personas heridas.
El mismo instrumento del Banco Mundial explica que las fuerzas externas son la causa principal de los accidentes, pero también la corrosión, los defectos de los materiales y la operación negligente de equipos mecánicos pueden provocarlos. El documento también señala eventos de la naturaleza como el movimiento de la tierra debido a un hundimiento, derrumbes, terremotos o los efectos del clima como viento, tempestades o fuerzas térmicas.
Hay circunstancias que ninguna empresa puede garantizar.
Todavía en las primeras conversaciones de la comunidad con la empresa, Marbella recuerda que un ingeniero llamado Raúl Flores dijo que si el pueblo no estaba de acuerdo en la instalación del gasoducto, no se haría. De inmediato se juntaron las firmas y se comunicó que la gente de San Juan de la Laguna no quería el gasoducto. Pero esto no detuvo la obra.
“Empezaron a trabajar las máquinas y la gente hizo presencia para decir: no van a trabajar porque nosotros no lo autorizamos”, cuenta Marbella. Fue el inicio de una serie de manifestaciones en las que la comunidad ponía sus cuerpos frente a la maquinaria para evitar que siguieran excavando. “Nos turnábamos, en la mañana los que trabajaban en la tarde y en la tarde los que trabajaban en la mañana”, relata también Alejandra.
La empresa no tardó en recurrir a una de las estrategias más comunes para obstaculizar la defensa del territorio: dividir a la comunidad. “Aprovecharon la necesidad de nuestro pueblo”, explica Alejandra. Representantes de Gas Natural del Noroeste se acercaron a las personas de los barrios más empobrecidos y les ofrecieron $200 pesos por hacer una valla humana para defender las máquinas. “Les pagaron a nuestros hermanos para que se pelearan con nosotros”.
A los lugares donde se presentaba la comunidad para obstruir la obra, también llegaban policías municipales, estatales y hasta de vialidad para defender su continuidad. “Veían que algunos estábamos ahí todo el tiempo y empezaron a amedrentarnos”, dice Marbella. Una de las primeras estrategias para debilitar la oposición fue la apertura de tres carpetas de investigación por supuesto terrorismo a miembros clave de la comunidad: Hugo Reyes, quien era Comisario en ese momento; Leonardo Ortega, que es el Representante Indígena Comunal; y Marbella, una de las lideresas y defensoras más activas.
Pero la criminalización no detuvo a la gente de la laguna. Mujeres, hombres, infancias, jóvenes y ancianxs seguían plantándose en sus tierras, frente a las máquinas. Por su parte, ni las autoridades municipales, estatales o federales entregaban los permisos, licencias, planos y estudios de impacto ambiental que la comunidad solicitaba. El futuro del territorio se disputaba en sus calles de terracería, entre cuerpos y maquinaria.
Uno de los argumentos que los representantes de Gas Natural del Noroeste usan para convencer a la comunidad de autorizar el gasoducto es que se utilizará para llevar gas a Lagos de Moreno. La ciudad cuenta con por lo menos otras tres líneas que transportan este hidrocarburo, según un estudio que realizó la organización Cartocrítica en 2017; sin embargo, ninguno de ellos tiene como fin proveer de gas a la población.
El primero es un ducto de cuatro kilómetros que abastece de gas a la empresa Nestlé. El segundo mide dos kilómetros y fue construido para llevar gas a la empresa Productos LDM. Ambos fueron construidos por la empresa Naturgy. El tercero es un ramal de 62 kilómetros que va desde San Juan de los Lagos hasta Lagos de Moreno. De acuerdo con su Manifestación de Impacto Ambiental, el ducto entrega gas a la empresa PROAN, tiene una línea para proveer a la empresa Bachoco, otra para la zona industrial en la Parte Sur del municipio y otra para “dar suministro a socios comerciales”. No se menciona nada sobre proveer a la población.
Este tercer gasoducto fue construido por la empresa Gas Natural Industrial, que pertenece a Grupo SIMSA, el corporativo del cual es parte Gas Natural del Noroeste. De acuerdo con su sitio web, este conglomerado no sólo se dedica a la distribución de gas metano, también transporta gas L.P., diésel, gasolina, amoniaco e isobutano. Tienen tiendas de conveniencia, gasolineras, distribuyen alimentos, venden materiales para construcción, construyen parques industriales, bodegas, edificios y, además, comercializan agua purificada.
Poste del gasoducto en San Juan (Foto. Mariana Mora).
Este gigante fue fundado en 1967 por el difunto empresario coahuilense Salomón Issa Murra en la ciudad de Torreón. Actualmente, está encabezado por sus hijos Nesim y Salomón Issa Tafich. Éste último, además, dirige Gas Natural del Noroeste.
En más de una ocasión se ha descrito a este conglomerado como “un monopolio del gas” en México, no sólo por acaparar una parte significativa del mercado, sino incluso por obstruir ilegalmente la distribución de gas, como en 2014, cuando el Senado solicitó a la Comisión Reguladora de Energía que investigara estas prácticas de la empresa Gas Natural del Noroeste. También se les acusó en 2022 de imponer precios altos a los usuarios en Veracruz por detentar casi la totalidad del mercado.
Monopolio o no, lo cierto es que la CRE, en su registro público, muestra 48 permisos para almacenamiento, transporte y otras actividades relacionadas a hidrocarburos a la empresa Gas Natural del Noroeste. Estos permisos pueden ser para prestar el servicio como proveedor a alguna dependencia gubernamental o a empresas privadas, como los gasoductos que ya están en Lagos de Moreno.
Desde el 2012, esta empresa no ha dejado de tener adjudicaciones directas como proveedora de instituciones públicas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su sistema de contrataciones públicas, registra 32 contratos que GNN ha celebrado con el IMSS y el ISSSTE desde ese año a la fecha, principalmente para proveer de gas a unidades hospitalarias.
Este convenio de más de diez años le ha generado a la empresa más de 48 millones de pesos. De los 32 contratos, 28 han sido por adjudicación directa, aún cuando la Secretaría de la Función Pública “recomienda enfáticamente no utilizar este procedimiento”.
Aunque esta relación comercial con las dependencias de salud le ha significado un ingreso seguro y constante a la empresa, no es nada comparada con los contratos que tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2015, firmó, junto con otras empresas, un contrato para construir y operar el gasoducto Ramal Villa de Reyes. Este contrato tiene una vigencia de 25 años.
En 2016, lo hizo para el gasoducto Ramal Hermosillo, también con una duración de 25 años; en esta ocasión fue la única empresa firmante. Y en 2017, ganó la licitación para construir y operar por 27 años el gasoducto Ramal Topolobampo. La suma de los tres le trajo más de 1,562 millones de pesos. Sólo en tres contratos multiplicó por 32 sus ganancias con el IMSS y el ISSSTE.
El año 2018 acabó y la oposición al gasoducto seguía latente. Marbella escribía su tesis de maestría, Luz y Diana estudiaban, Alejandra trabajaba y cuidaba a su familia y Hermelinda se dedicaba a la venta de tortillas, tamales y pan. Al mismo tiempo, se turnaban para atrincherarse frente a las máquinas de Gas Natural del Noroeste, tenían asambleas y se asesoraban sobre los impactos del gasoducto y las formas legales de detenerlo. La vida en San Juan de la Laguna se tejía con la lucha.
Cuando la instalación del tubo llegó a pocos metros de la casa de Isidra Facio, sus compañeras decidieron que el movimiento se afincaría ahí mismo. Así fue como inició el Campamento de Resistencia, donde lxs habitantes de San Juan hicieron guardia día y noche, realizaron talleres educativos y se organizaron para fortalecer su proceso de defensa.
Isidra es una mujer recia para hablar. Hoy tiene 54 años y ha sido una de las opositoras más férreas que ha tenido el gasoducto. Durante las guardias en el campamento que se instaló junto a su casa, ella era quien salía a confrontar a la policía cuando ésta llegaba a hostigarles. “Que no nos gane el miedo, hay que estar bien firmes”, dice hoy y, aunque habla del pasado, su voz se enciende con la certeza de que hicieron lo correcto.
Mural en el campamento (Foto: Mariana Mora).
El 7 de mayo, la población se reunió con Tecutli Gómez, el alcalde de Lagos de Moreno, para dialogar sobre el conflicto. En el boletín 287/19, emitido ese mismo día por el ayuntamiento, se afirma que “se respetará la voluntad de la mayoría y la empresa gasera buscará ruta alterna para el gasoducto”. Pero las máquinas no se detuvieron.
Entonces la población volvió a salir y plantarse en el lugar de las obras a manifestar su indignación; pero esta vez la policía detuvo a tres de las personas que estaban ahí. Elementos de la extinta Fuerza Única de Jalisco se llevaron a Paul Martínez, Hugo Reyes y Benjamín Cedillo. Al mismo tiempo, policías municipales detuvieron a Martín Rocha y Amelia López -a quien habían confundido con Marbella-, pero fueron liberadxs poco después.
Por horas, la comunidad no supo nada de sus otros tres compañeros detenidos. “Ahí fue cuando el pueblo se encendió”, narra Marbella. El grupo de personas que estaban en la manifestación se dirigió al ayuntamiento a exigir su liberación, pero no estaban ahí. Tampoco estaban en la barandilla y durante horas no tuvieron información del paradero de sus compañeros.
“Nos fuimos a parar a la puerta de presidencia y no los dejábamos entrar. A ver a quién le duele más”, recuerda Isidra con rabia. “No nos vamos de aquí hasta que aparezcan nuestros compañeros”, era la exigencia de lxs habitantes de San Juan y estudiantes del Centro Universitario de los Lagos que se unieron a la consigna de esa tarde.
Más tarde el gobierno del estado de Jalisco, dio a conocer la detención a través de un comunicado de prensa y, después de más de 20 horas, fueron liberados; pero el Ministerio Público de la Delegación Altos Norte de la Fiscalía del Estado de Jalisco les abrió carpetas de investigación que hasta el día de hoy siguen sin cerrarse.
Ese día marcó a San Juan de la Laguna. La intención de las autoridades de debilitar la lucha, aunque sí hizo daño a los detenidos, también atizó la indignación del pueblo. El movimiento, tal como lo manifiesta un mural de su campamento, comenzó a enraizar con más fuerza.
“Soy mamá, soy esposa, soy mujer y soy luchadora”. Así se presenta, entre risas, Alejandra Águila y cuenta, desde el patio de su casa, cómo siempre tiene que llevar a uno de sus hijos con ella a las asambleas y manifestaciones porque éste vive con una discapacidad y requiere de cuidados especiales.
Decenas de mujeres pasaron noches y días durante más de dos meses en el Campamento de Resistencia, al pie del libramiento, con camiones pasando a su lado y el gasoducto bajo sus pies. Muchas llevaban a sus hijxs o nietxs, preparaban los alimentos para las demás, se turnaban para ir a las dependencias gubernamentales a llevar documentos, dar entrevistas a medios de comunicación o ir de casa en casa, informando a su pueblo sobre los riesgos del proyecto.
Alejandra Águila en su casa (Foto: Mariana Mora).
“No vamos a decir los nombres de nadie, para que no nos ubiquen. Todas nos vamos a decir María”, recuerda Marbella que dijeron.
Sin denostar todos los esfuerzos que sus compañeros varones han realizado en este tiempo, Marbella reconoce que han sido las mujeres quienes han estado al frente de esta lucha. “Eran las primeras que salían, por el tránsito para llevar a los niños a la escuela; eran quienes acudían a las asambleas, las primeras en poner el cuerpo, porque es nuestra tierra, es por defender a nuestros hijos”, narra la lideresa y, aunque ella no es madre, muchas de sus compañeras lo son. Las Marías intercalan sus trabajos con el cuidado de sus hijxs y nietxs, las labores del hogar y la lucha.
“Las mujeres, generalmente, son las primeras en ser afectadas al momento de que se genera un problema socioambiental dentro de su comunidad, ya que son las principales encargadas de las labores de cuidado en sus familias, sin exceptuar su participación en otras esferas laborales, lo que duplica o en ocasiones triplica sus jornadas”, escribe Daniela Gloss, una investigadora tapatía que estudia la defensa del territorio y el papel de las mujeres en esa lucha.
Al estar a cargo, en su mayoría, de la obtención y preparación de los alimentos, la higiene de lxs hijxs, la limpieza de la casa y otras tareas que sostienen la vida familiar y comunitaria, las mujeres son las primeras en notar la contaminación o escasez del agua y la falta de acceso a alimentos sanos.
Esto empeora cuando son campesinas o indígenas ya que “a causa del deterioro en los territorios en los que viven y de los cuales se sustentan, se limita el acceso a derechos como la alimentación, la vivienda y el agua, pero además, se vulneran sus formas de vida, su identidad, el tejido comunitario y se enfrentan a desplazamientos y violencias”, explica
Laura María Carvajal en el libro Extractivismo en América Latina: impacto en la vida de las mujeres y propuestas de defensa del territorio.
Pero, con la misma fuerza que son afectadas, las mujeres responden y defienden sus territorios. Y en el caso de mujeres indígenas, como en San Juan, no sólo defienden su tierra, su agua y sus cuerpos, sino toda una forma de existir.
Después de la detención de sus compañeros, el hostigamiento policial al campamento seguía latente. Al mismo tiempo, las carpetas de investigación de Marbella y sus compañeros seguían abiertas, lo cual daba pie al acoso en su casa o su trabajo.
“Llegaron a sacarme de la universidad para tomar información que ya me habían ido a tomar a mi casa”, narra Marbella, “ y me decían muéstrame tus tatuajes, dime tu alias, dime cómo se llama tu grupo”. Las llamaban “inspecciones de rutina”; volvían a hacer las mismas preguntas de siempre y, en una ocasión, la amenazaron con llevarse su carro.
Al mismo tiempo, les citaban en Fiscalía, junto con representantes de la empresa, para que “llegaran a un acuerdo”. “Los de la empresa siempre decían cuánto quieren”, cuenta Marbella, “no queremos dinero, solamente queremos estar tranquilos. No es negociable. Entonces nos volvían a citar y nos volvían a citar”.
Frente a este escenario hostil y peligroso fue que decidieron que tenían que aliarse con otras organizaciones y pueblos. Se reunieron con el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, las personas en defensa del Cerro de la Reina, el colectivo Un Salto de Vida, la población organizada de Santa María Ostula y Cherán, por mencionar algunas. Intercambiaron experiencias, información, dolores y consejos para resistir en la defensa de la vida. Además, contaron con el acompañamiento del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), una organización que tiene 60 años caminando junto a los pueblos y organizaciones en defensa de sus territorios a través de la educación y la comunicación popular.
A la par de todos estos procesos, la comunidad sabía que tenía que impulsar un proceso legal para detener la obra que estaba violando sus derechos. “La gente empezó a cooperar. Los niños del campamento iban a pedir a las casas y hacíamos rifas y tómbolas para reunir el dinero necesario para tramitar un amparo”, recuerda Marbella, conmovida por el trabajo de su comunidad.
Poco después, la vía legal rindió frutos y el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativas, Civiles y de Trabajo en el Estado de Jalisco emitió una suspensión provisional de los trabajos derivado del incidente del juicio de garantías 1113/2019. Se reconoció la irregularidad en el otorgamiento de los permisos y licencias, y se ordenó que las obras pararan. Pero, de nuevo, las máquinas no se detuvieron.
El desacato a una orden judicial por parte de Gas Natural del Noroeste en San Juan de la Laguna no sería el último. En 2022, un juez federal decretó suspender la instalación de un gasoducto de la empresa en Quintana Roo por haber iniciado obras de manera irregular, sin presentar los documentos pertinentes cuando la población de la zona los solicitó. Al igual que en San Juan, la suspensión fue ignorada y la empresa aprovechó las obras en el bulevar Luis Donaldo Colosio para instalar el ducto, según reportes de prensa en la entidad.
Ante esta y otras acusaciones a Gas Natural del Noroeste, ZonaDocs buscó una entrevista con sus representantes para conocer su parte, sobre todo en el conflicto con San Juan; pero, después de consultarlo con sus asesores de comunicación, negaron la entrevista.
El poder que esta empresa tiene para hacer negocios en todo el país y salir impune ante las irregularidades de sus proyectos o el atropello al derecho a la libre determinación de los pueblos y a su capacidad de decidir sobre su territorio, no es exclusivo. Se trata de una serie de políticas de Estado que benefician a esta y otras empresas de hidrocarburos.
Para entender por qué el negocio del gas es una prioridad gubernamental, podríamos empezar por recordar la Reforma Energética aprobada en diciembre de 2013 y sus leyes secundarias. El artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos establece que las actividades de exploración, explotación y distribución de hidrocarburos “se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”.
Organizaciones civiles reclamaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que esta reforma afectaría a las comunidades en sus derechos a la tierra, al territorio, a la libre determinación, a un medioambiente sano y a diversos derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la Ley sigue vigente hoy en día.
Por otro lado, en el Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México, que realizaron diversas organizaciones en 2017, sostienen que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, expedida en 2016, criminaliza la oposición y la protesta en torno a proyectos energéticos. “Nos preocupa que se haya creado un régimen especial y de excepción en esta materia para el que no existe una justificación más que proteger a las empresas y proyectos petroleros y gasíferos de manera particular, aunque para lograrlo se ponga en riesgo el ejercicio de derechos humanos”.
Poste de Gas Natural del Noroeste en San Juan (Foto: Mariana Mora).
A pesar de que México se comprometió a que 35% de la energía generada para 2024 y 43% para 2030 sería limpia en los Acuerdos de París, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ha tenido como enfoque principal el “rescate” del sector energético de hidrocarburos. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en su investigación El gas “natural” en el sector eléctrico, explica que “el gas natural representa el insumo principal para la generación de energía eléctrica y su adquisición es el primer eslabón de la cadena de valor del sector eléctrico”.
Además, en julio de 2019 se llevaron a cabo negociaciones entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y empresas nacionales e internacionales que tenían construcciones de gasoductos en pausa -principalmente por la resistencia de las comunidades afectadas- que derivaron en un acuerdo para que el gobierno mexicano ampliara plazos de arrendamiento y realizara un pago fijo a las empresas por la renta de los gasoductos.
Mientras se esperaban los resultados de esta negociación, el experto en energía e hidrocarburos de Empower LLC, Oscar Escamilla Haro, explicó al medio Pie de Página que la operación de estos ductos juega un papel geopolítico. “Estados Unidos ha concentrado sus esfuerzos en ayudar a crear una infraestructura internacional que le ayude a llevar sus excedentes de producción a Centroamérica y América del Sur”.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, tan sólo en el primer semestre de 2020, el sector privado invirtió 4 mil millones de dólares en gasoductos en México, lo cual representó la inversión más grande en América Latina en ese periodo.
Poco más de una semana después de las detenciones arbitrarias, el IMDEC convocó a una Misión civil de observación de derechos humanos en el pueblo de San Juan. El objetivo era escuchar a la población y documentar las violaciones que se habían cometido a sus derechos desde hacía más de un año y, posteriormente, emitir un informe con recomendaciones y resultados de la visita.
El evento se llevó a cabo el domingo 26 de mayo de 2019 y asistieron miembros de 12 organizaciones de la sociedad civil y el visitador regional en Altos Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Recorrieron los puntos donde el gasoducto se había instalado y aquellos donde seguía en proceso la obra. Visitaron la laguna y expusieron los problemas de contaminación y sequía que la afectan. Finalmente, se reunieron con autoridades municipales como el alcalde, Tecutli Gómez, el secretario general, Hugo Zamora y el director de Ordenamiento del Territorio, Julio Lovio.
Al final de la jornada el optimismo se mezclaba con el recelo. Las autoridades municipales se comprometieron a entregar los documentos que la comunidad había solicitado por varios medios desde hacía más de un año. También dijeron que revisarían las carpetas de investigación de quienes habían sido criminalizadxs y prometieron una asamblea para socializar la información del proyecto al pueblo entero de San Juan. Parecían promesas importantes, pero la población ya había escuchado otras similares en el pasado que no habían sido cumplidas.
La decepción no tardó en llegar. El 30 de mayo, cuatro días después de la Misión, policías municipales y estatales volvieron a reprimir una manifestación pacífica en San Juan. La empresa seguía sin acatar la orden de suspensión y la población seguía exigiendo que se detuvieran las obras.
El proyecto continuó por meses, siempre con policías protegiéndolo. “Yo no me creo que hayan conectado bien los tubos, porque eso lo hicieron de noche y de madrugada, a la pura carrera”, cuenta Hermelinda Nolasco. Sus compañeras coinciden con ella. “A marchas forzadas”, dicen que fue instalado el gasoducto.
Pasó más de un año y en agosto de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 26/2020 en la que reconoce la violación a una serie de derechos del pueblo de San Juan de la Laguna, propone que se suspendan los permisos y las obras del gasoducto, solicita que se cierren las carpetas de investigación en contra de las personas criminalizadas injustamente, recomienda la reparación integral a los daños realizados a la comunidad y pide que se reconozca como un pueblo indígena.
El documento está dirigido a autoridades como el Secretario General del Gobierno del Estado, el Presidente Municipal de Lagos de Moreno, o el Fiscal General del Estado de Jalisco, por su complicidad para la instalación irregular del gasoducto.
Además de documentar los actos de represión, criminalización y hostigamiento para permitir la instalación del ducto, la recomendación señala la situación de abandono en que el pueblo se encuentra por parte de autoridades municipales y estatales en materia de servicios públicos como agua, drenaje, alumbrado público y banquetas.
El campamento sigue siendo el punto de reunión para las asambleas y talleres aunque ya no duermen ahí (Foto: Mariana Mora).
Aunque esto significó un reconocimiento a los señalamientos que la comunidad tenía años haciendo, las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos no son vinculantes, es decir, no pueden obligar a las autoridades a cumplir con sus sugerencias. Por eso, aunque el gobierno de Lagos de Moreno aceptó oficialmente la recomendación en septiembre de ese mismo año, hasta el día de hoy casi ninguno de los puntos que establece han sido cumplidos.
“Es cansado y a la vez da enojo”, dice Luz María Reyes sobre la asimetría de esta lucha. Un pueblo indígena, que ha sido despojado lentamente de su laguna y, por ende, de sus formas de vida, se enfrenta a un poder enorme: una empresa millonaria en complicidad con tres órdenes de gobierno.
Hoy, pese a todo lo que han logrado, se respira un desánimo sutil entre las mujeres de San Juan. La vida se ha puesto más difícil ahora que algunas tienen agua en sus casas apenas una o dos veces por semana. Su salud también se ha deteriorado, pero todas coinciden en que no pueden abandonar la lucha. “Uno debe ver por sus nietos. Yo ya voy de salida, pero ellos vienen atrás”, sostiene Hermelinda, que ha disminuido su participación porque ya le cuesta mucho caminar.
“Estoy cansada, desesperada más que nada. Estoy enferma. Tengo diabetes, mi nervio ciático, la presión”, cuenta Isidra con desánimo, “han aumentado mis enfermedades en esta lucha”. El hartazgo le suena en la voz. Ella ha pasado estos años entre el cuidado de sus diez nietxs, las labores de defensa y sus dos fuentes de ingreso: haciendo ladrillos y como trabajadora del hogar. Ahora necesita un respiro, pero está segura de que no se trata de una renuncia, sino de una pausa. “Hago esto para regresar porque si no ¿dónde está lo que empecé?”
Este proceso también ha desgastado a Marbella. Cuando arrestaron a su compañera por confundirla con ella, sintió un temor profundo -sumado al miedo de no encontrar a sus compañeros y el estrés de sentirse hostigada- que le detonó diabetes. Desde entonces ha tenido que modificar algunos aspectos de su vida para cuidar su salud.
“Hay menos personas, es cierto, pero las que estamos, estamos con convicción”, dice Marbella llena de confianza. También está cansada, y lo menciona discretamente, pero al mismo tiempo parece llena de vida y convencida de que deben continuar.
Todas lo están. Quizá solo se encuentran en un momento de calma, como cuando el agua debe recuperar fuerza entre una ola y otra.
“Empezamos a tener contacto con San Juan de la Laguna meses después de que se dio la represión hacia sus pobladores y fueron encarcelados injustamente”, narra Juan Carlos Flores Solís, abogado y defensor de derechos humanos que ha acompañado esta lucha. Juan Carlos forma parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTA) y del Congreso Nacional Indígena.
La experiencia de más de 10 años en procesos de defensa del territorio, lo vuelve un aliado significativo para el pueblo de San Juan; pero, sobre todo su trabajo como abogado opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto del Estado mexicano que consta de la instalación de dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto que atraviesa tres entidades: Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Al igual que lxs defensorxs en San Juan, el abogado fue criminalizado, junto con otrxs compañerxs de lucha, por su labor de defensa ante el PIM y pasó meses privado de la libertad. También ha sido amenazado, hostigado y uno de sus compañeros de lucha fue asesinado: Samir Flores.
Es por esto que Juan Carlos conoce bien los mecanismos del Estado para obstaculizar los procesos de defensa del territorio. Uno de los más importantes, y por los que aún hoy lucha la comunidad de San Juan de la Laguna, es el reconocimiento de los pueblos como indígenas.
El defensor explica que negarles el reconocimiento es una estrategia para facilitar el saqueo a sus territorios, ya que el artículo sexto del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -el cual fue ratificado por el Estado mexicano- establece que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
“Esto de que no quieren reconocernos tiene mucho que ver que nosotros somos la gallina de los huevos de oro. Nosotros tenemos el territorio y tenemos el agua”, explica Marbella con la misma claridad. “Por eso las industrias están aquí, porque saben que hay agua”, dice también Isidra, en otro momento. “Quieren hacer todo industrial para sacarnos. Eso es lo que ellos quieren”.
Isidra Facio en su casa (Foto: Mariana Mora).
“Hay miles de hectáreas en el territorio nacional en donde se encuentran asentados los pueblos indígenas y justamente en esos territorios, en esas montañas, en esos ríos, en esos mares, en esas costas están la riqueza, los minerales, la geopolítica estratégica para que atraviesen sus proyectos las empresas”, sostiene Juan Carlos, “por eso el obstáculo al reconocimiento”.
Aunque el gasoducto se terminó de instalar, está impedido legalmente de operar por haberse construido sin la consulta previa a la comunidad y violar su derecho al libre consentimiento y la determinación de su territorio. Si la empresa quisiera echar a andar el ducto, tendría que consultar previamente a la población. Evidentemente, no lo ha hecho.
Cinco años después de una lucha exhaustiva, en la que se reconoció que el pueblo de San Juan tenía razón, su territorio está sembrado con decenas de postes amarillos con la leyenda “Gas Natural del Noroeste”. Se supone que los tubos enterrados bajo sus pies no transportan gas, pero la población sospecha que esto puede estarse incumpliendo.
Además, nada les asegura que la empresa no esté buscando otras vías legales para arrancar el proyecto. Es por esto que el reconocimiento de su pueblo como chichimeca por la Comisión Estatal Indígena (CEI) y su incorporación al padrón de pueblos originarios es determinante para garantizar su derecho a decidir sobre su propio territorio.
“Si la CEDHJ ha dicho que San Juan de la Laguna es un pueblo indígena, eso ya es una prueba pública que acepta que es un pueblo indígena”, explica Juan Carlos Solís. Pero, al igual que las otras 37 recomendaciones que hizo, la autoridad pertinente no ha avanzado en su cumplimiento. Aunque la lucha por el reconocimiento es previa al gasoducto, se vuelve más urgente ante esta amenaza.
La comunidad cuenta con un título de la entonces jurisdicción de la Villa de Santa María de los Lagos, del Reino de la Nueva Galicia, del 30 de octubre de 1692, por orden del Rey de España, licenciado Don Francisco Feijoo Zentellas, del Consejo del Reino, mediante el cual otorga reconocimiento expreso de la existencia y tierras del pueblo de San Juan de la Laguna.
Marbella de Santiago en el Campamento de la Resistencia (Foto: Mariana Mora).
Incluso la historia oficial, narrada desde el Estado, reconoce la presencia de indígenas chichimecas en el territorio antes de la llegada de los españoles. Al igual que toda la colonización, la historia de la fundación de Lagos de Moreno es la de españoles tratando de erradicar a los pueblos originarios que ahí vivían; sin embargo, en la laguna se encontraron con quienes describen como los “indómitos chichimecas”, y, por eso, decidieron fundar la Villa, a pocos kilómetros de ahí, con “con 73 familias españolas nobles y de valor”.
Lxs descendientes de ese pueblo inapropiable continúan en resistencia más de 400 años después. Mantienen vivas las tradiciones que la conquista no les pudo arrebatar y se reconocen con orgullo en su danza, sus fiestas y sus artesanías. También buscan mantener viva su laguna, por eso la defienden como sus antepasados lo hicieron.
“Es el icono de nuestro pueblo, es la vida y el corazón del pueblo. Es nuestro sitio sagrado, el lugar que nos identifica, con lo que sentimos más arraigo”, dice Marbella y en cada palabra se siente el cariño a su territorio.
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Solicitamos entrevistas con las autoridades municipales de Lagos de Moreno, pero hasta el cierre de esta investigación no habían dado respuesta.
Este reportaje forma parte de la investigación: “Sin nosotras, no hay lucha”: Resistencias de mujeres defensoras en la región Centro-Occidente de México” que fue auspiciado por MEEDAN para América Latina y el Caribe en el marco del Fondo de Respuesta de Medios Independientes de Check Global.
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Somos un proyecto de periodismo documental y de investigación cuyo epicentro se encuentra en Guadalajara, Jalisco.
