Carla Escoffié, la especialista en derechos humanos e investigadora de vivienda, apuntó que no se trata de señalar a las personas por invertir: ─no es contra ellos. Al contrario es advertir: “oigan, esto no es sostenible”. Hay personas que sí lo hacen de mala fe, hay gente que sí juega con la información; que tiene culpa y responsabilidad directa de la burbuja.─
Explica una postura que el equipo comparte:
─Pero la gran mayoría de las personas no son culpables son procesos de psicología social. La gente entra en euforia y la gente ve que todo está funcionando. ¿Por qué está mal si está mucha gente viviendo de esto?, si dicen “yo vi que mi vecino llegó con más dinero del que invirtió”. Sí, pero porque están esperando, y todos están esperando a unos compradores finales que no van a llegar. Y si no llegan esos compradores finales siempre va a llegar alguien que va a comprar una deuda, que no va a estar respaldada─
El reporte de 2017 que publica ACNUDH explica:
“muchos esperaban que la crisis financiera internacional y su impacto sobre los derechos humanos serían una alarma, que forzaría a Estados e instituciones financieras a reconsiderar Desafortunadamente, parece haber tenido el efecto contrario. Los individuos y familias afectados por la crisis fueron frecuentemente culpados por adquirir demasiada deuda”.
Los efectos que este patrón ha tenido son muchos, y dependen del contexto local. El reporte de ACNUDH advierte sobre el peligro que representa la “diversificación de portafolios” que la maestra Gabriela Gallegos identificó en Guadalajara:
“la vivienda y los bienes raíces se han vuelto el bien preferido para las finanzas corporativas, una “caja de depósito” para los ricos, un repositorio de capital y un lugar conveniente para que las empresas fantasma acumulen su dinero con muy poca transparencia”.
El reporte explica que las políticas del fomento a la inversión incluso pueden tener un efecto adverso a la larga:
“En muchos países, la inversión inmobiliaria ofrece varias ventajas tributarias, de manera que el sistema de vivienda en sí provee un paraíso fiscal para los ricos los precios de la vivienda en Hong Kong, Londres, Munich, Estocolmo, Sydney y Vancouver han aumentado más de 50% desde 2011, creando vastas cantidades de activos para los ricos mientras vuelven la vivienda inasequible para la mayoría de las familias que no han invertido en el mercado”.
El efecto en estas metrópolis ha sido más pronunciado que aquel demostrado en la ZMG con el Índice de Precios de la Vivienda, pero tiene la misma tendencia. Guadalajara podría aumentar sus precios mucho más en el futuro. Sin embargo, si realmente hay una burbuja y los precios bajan, ACNUDH advierte que las finanzas corporativas, y no las ciudadanas, serían las más beneficiadas:
“Las finanzas corporativas no solo se benefician de los precios inflados también se benefician ante crisis de vivienda. La crisis financiera internacional generó oportunidades sin precedentes para adquirir vivienda en problemas y deuda inmobiliaria, que se vendía a precios exorbitantemente bajos El grupo Blackstone, el grupo de inversión de capital privado en bienes raíces más grande del mundo, gastó 10 mil millones de dólares para comprar propiedades embargadas en Estados Unidos en subastas”
En Melbourne, 82 mil viviendas, el 20% de aquellas en manos de inversionistas, están vacías. En los barrios londinenses de Chelsea y Kensington, el aumento en vivienda vacía entre 2013 y 2014 fue de 40%. Hoy, el descubrimiento de los Pandora Papers y el colapso de la inmobiliaria china “Evergrande” han evidenciado que el problema de la financiarización de la vivienda es real, que afecta a todas las ciudades donde se ha permitido la especulación inmobiliaria, y que el mercado de vivienda no es tan sólido como parece.
Hay que acotar que este fenómeno no es del “Primer Mundo”. Por ejemplo, el reporte de ACNUDH expresa lo siguiente sobre Santiago de Chile:
“la apropiación de tierra por inversionistas de gran escala y especuladores, que acumulan pisos y propiedades de lujo, ha significado que el re-desarrollo al interior de las ciudades ha desplazado a muchos de sus residentes tradicionales, ejemplificando el rol interconectado del Estado y algunos tenedores de capital económico en la producción, distribución y representación de la segregación y la exclusión urbana”.
Lo que le puede deparar a Guadalajara
Despojo Urbano
Estos son algunos de los escenarios posibles del otro lado de la burbuja inmobiliaria y la especulación en Jalisco: monopolios renteros; el “efecto dona” donde se despobla el centro y se densifica la periferia (generando problemas de servicios, empleo e inseguridad); si los precios crecen y los tenedores los mantienen, Guadalajara podría tener sus propias “zonas muertas” como los barrios de Chelsea y Kensington.
Esto es lo que Héctor Robledo, cofundador de Caracol Urbano, denomina “despojo urbano”, y va mucho más allá de la gentrificación. Él ha estudiado la expulsión de personas en Mexicaltzingo, San Rafael, Santa Teresa, el parque Morelos, Alcalde Barranquitas, Colinas de la Normal, la zona del Expiatorio, e incluso alrededor de los nuevos desarrollos inmobiliarios en la calzada Federalismo:
─aquí en Guadalajara vemos claramente cómo eso está conectado con lo que pasa en la periferia: la proliferación de fraccionamientos donde hay un montón de viviendas amenazadas, los parques amenazados por todos lados.─
El despojo urbano es la otra cara del mercado inmobiliario pujante, explica Héctor:
─Hablamos de un despojo de las condiciones de vida. Aquí en el centro hace unos meses tuvimos que cerrar avenida Federalismo porque llevábamos tres meses sin agua corriente estas nos parecen formas de la misma estrategia que puede llegar a ser de desplazamiento. Si no tenemos agua, claro que nos vamos a ir de aquí─.
En este contexto, los servicios urbanos y los espacios públicos llegan a jugar dos roles encontrados. Por un lado, pueden aumentar la calidad de vida de las personas, generando una ciudad más incluyente para mujeres, niños, personas con discapacidades y adultos mayores; pueden reducir la huella de carbono metropolitana y lograr un uso más eficiente de los recursos naturales.
Por otro lado, estos servicios pueden emplearse solamente como “amenidades”, piezas de ajedrez en un tablero de inversión, donde la lógica para construir una avenida como Juan Palomar y Arias es la especulación inmobiliaria y donde un desarrollo como la Línea 3 del tren ligero puede recibir aplausos por “amarrar” 18 proyectos de vivienda vertical mientras transporta una cuarta parte de la gente que prometía. Por supuesto, como identificó Héctor Robledo, este uso de servicios como piezas de ajedrez también puede ir en el sentido opuesto: es posible asediar vecindarios dejando sus servicios desmoronarse, incluso buscando darles un nuevo propósito más adelante.
El caso de la línea 3 podría ser un ejemplo de las contradicciones entre el discurso de redensificación y la práctica: si bien en abril aún quedaba a deberle a 172 mil 704 usuarios diarios según sus proyecciones de demanda, se le ha llamado un éxito por atraer la mirada de entre 20 y 30 inversionistas inmobiliarios.
Fondos de pensiones
Un motivo más por el cual es difícil estimar el efecto que tendría un colapso súbito de los precios de la vivienda en Guadalajara es que la inversión inmobiliaria tiende a derramarse a otros espacios por medio de la “diversificación”. Uno de estos ámbitos de expansión que en todo el mundo se ha visto implicado en la especulación inmobiliaria son los fondos de pensiones.
Es difícil estimar cuánto del fondo del IPEJAL se ha depositado en este sector. El Informe General de Actividades de 2020 menciona que el 10.77% de la reserva técnica está invertida en inmuebles. Sin embargo, a agosto de 2021, el Instituto reportó tener mil 182 millones de pesos en “certificados de capital de desarrollo” (CKDs), que están diseñados para proyectos que tienen rendimientos a largo plazo como lo son la infraestructura, la inversión en “startups” de tecnología, o el desarrollo inmobiliario.
Aunque se solicitó vía transparencia, el equipo no pudo obtener los detalles de los giros y sectores con los cuales se contrató la deuda del instituto en el caso de los CKDs o la deuda privada reportada. La respuesta entregada por el IPEJAL solamente aclaraba con cuáles bancos se había tramitado la deuda, sin aclarar si los contratos se hicieron con los bancos o si se invirtió en empresas y fondos privados a través de ellos.
En suma, la reserva técnica del Instituto a diciembre de 2020 comprendió 40 mil 713 millones de pesos. Está expuesta directamente al mercado inmobiliario por lo menos en un 10.76% por los 4 mil 383 millones de pesos invertidos en bienes inmuebles. Los CKDs representan 3.52% de la reserva y la deuda corporativa privada (nacional e internacional) representa 12.44%. Si estos instrumentos de deuda estuvieran respaldados únicamente en el sector inmobiliario nacional (es decir: en un escenario imposiblemente negativo), la exposición sería del 26.72%
A ciencia cierta, es imposible saber qué efectos podría tener un colapso de precios justamente porque este sector atrae la inversión de muchos actores externos al mercado de vivienda.
La tragedia de los asentamientos irregulares
Uno de los efectos materiales más certeros en el contexto del AMG es la proliferación de asentamientos irregulares. No es un secreto que las inundaciones en el arroyo El Seco fueron agravadas en parte por la vivienda irregular, a la cual también afectaron en mayor medida. Esto es una muestra de que el derecho a la vivienda adecuada puede ser una cuestión de vida o muerte.
Igualmente, en Tlajomulco se han multiplicado los “paracaidistas” que toman por la fuerza casas en condominios, así como en las laderas del Cerro del 4 se han multiplicado los asentamientos irregulares por años.
Sin embargo, las administraciones municipales han decidido ignorar la relación que hay entre su planificación urbana permisiva o incluso cómplice con la especulación inmobiliaria y la multiplicación de la vivienda irregular.
La tragedia de los asentamientos en Guadalajara es que son un efecto claro de la financiarización, y que las administraciones municipales han decidido criminalizar a las personas que viven en esta condición en lugar de a las personas que acaparan vivienda. Es más ilegal ocupar una casa abandonada en Tlajomulco que ocupar 10 departamentos en el centro de Guadalajara para mantenerlos vacíos
Si bien se ha problematizado la expansión de la mancha urbana desde el discurso de la redensificación, la única vivienda que se ha promovido así es incosteable para las jaliscienses, e incluso les expulsa. Mientras no se produzca una política enfocada en garantizar el acceso a la vivienda adecuada, estos asentamientos seguirán creciendo. El reporte de 2017 de ACNUDH dedica un capítulo a esto, lo que llama la “renuncia a la gobernanza”:
“La financiarización de la vivienda ha alterado dramáticamente la relación de los Estados con el sector de la vivienda y a aquellos con quienes tienen obligaciones de derechos humanos. En lugar de responsabilizarse ante los residentes y sus necesidades de vivienda, las políticas de vivienda de los Estados comúnmente rinden cuentas a instituciones financieras”.
El equipo tramitó una solicitud de acceso a la información ante Zapopan y otra ante Guadalajara para saber cuántos predios habían vendido o traspasado estos municipios a propietarios privados desde 2010. Zapopan informó sobre la venta o subasta de 38 predios entre 2015 y 2021 mientras que Guadalajara informó sobre 43 predios entre 2010 y 2021.
La respuesta a estas solicitudes de acceso a la información, junto con el resto de la información digitalizada obtenida vía transparencia durante esta investigación, se encuentran en el siguiente vínculo.
Una de las propuestas que hacen grupos de defensoría del derecho a la vivienda es que las administraciones locales detengan la venta de predios, como es el caso de la Plaza Arcos en Zapopan, que se vendió a Tierra y Armonía, y que construyan vivienda accesible de manera directa.
Lo que podemos hacer
El primer paso a tomar para avanzar hacia una discusión en torno a la vivienda es reconocer que esta es un derecho humano y no una mercancía. Existen muchas cosas escasas en el mundo, que tienen un valor monetario, pero cuando algo es un requerimiento para la vida y para el disfrute de derechos humanos significa que es un derecho humano en sí. En el caso de la financiarización de la vivienda, la única salida es reconocer que la propiedad privada y el derecho al usufructo del patrimonio no pueden ser admitidas como excepciones a los derechos humanos.
El segundo paso necesario es reconocer que, por un periodo prolongado, el Estado ha omitido su responsabilidad, que es no solo la defensa, sino la garantía de la vivienda digna. El Estado está obligado a proveer de vivienda adecuada a las personas que no la tienen, así sea necesaria la construcción de vivienda por parte de los municipios, la entidad o la federación.
Por otro lado, la persecusión de los asentamientos irregulares no hace más que recalcar la complicidad de las administraciones locales y del estado de Jalisco con la violación al derecho a la vivienda. La magister en urbanística, Guadalupe Granero, explica que la mayoría de la vivienda en Latinoamérica ha sido construida socialmente, y que estas prácticas deberían ser apoyadas y promovidas (incluso subsidiadas) en lugar de ser criminalizadas.
El tercer paso que el área metropolitana debe tomar para iniciar el debate sobre el Derecho Humano a la vivienda adecuada es aprender las definiciones que protegen a su ciudadanía contra el fenómeno de la financiarización de la vivienda.
Anna Minton, doctora en urbanismo y una de las autoras más importantes en el estudio de la crisis de vivienda en Londres, opina que la otra definición fundamental para combatir la financiarización es la de “vivienda asequible” o “accesible”. Una de las grande críticas que hizo a las administraciones londinenses es que, aunque obligaron a todas las inmobiliarias inglesas a construir un porcentaje de “vivienda accesible” dentro de sus desarrollos en la ciudad, la definición que dieron para este tipo de alojamiento es que tuviera un precio de renta inferior al 80% del ingreso promedio.
Minton opina que debe haber una lucha de términos y definiciones, y sostiene que la vivienda accesible es aquella con una renta inferior al 30% del ingreso promedio de una ciudad. Es importante que la discusión sobre este lenguaje, estas definiciones y estos derechos irrumpa en la política local.
Según la hoja de hechos número 21 de ACNUDH, que se produjo con la iniciativa ONU Hábitat ─un programa de la Naciones Unidas sobre vivienda que ha trabajado con administraciones locales en Guadalajara desde al menos 2010─, para que una vivienda se considere adecuada debe, como mínimo, cumplir con los siguientes criterios: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales facilidades e infraestructura; habitabilidad; accesibilidad; ubicación apropiada; adecuación cultural; accesibilidad y un precio que no obligue a sus ocupantes a comprometer otros derechos humanos.
Guadalajara ha llegado a un punto donde necesariamente tiene que cuestionar el modelo de redensificación como lo aplicaron las administraciones recientes. Es necesario que el resultado de la política de liberalización de la construcción fue convertir a las inmobiliarias en las dueñas de la ciudad, y que la única vivienda producida bajo este esquema es es vivienda cara, inaccesible y que, a pesar de ser “de lujo”, tiene peores condiciones (de superficie y de acceso a servicios) que la vivienda que reemplazó.
Sin embargo, es importante reconocer que los edificios y la vivienda vertical no son “malos”. Ofrecen la oportunidad de generar un modelo de ciudad sostenible y de proporcionar la mejor calidad de vida a la población más amplia. Sin embargo, para esto es indispensable una intervención estatal seria, incluso una participación en la provisión de vivienda, y una planificación urbana real que vea por las y los ciudadanos antes que por el capital de inversión.
María Fernanda Rosales, como presidenta de la AMPI, es la primera en hacer propuestas innovadoras para resolver la crisis de vivienda de la ciudad. Considera que si el reglamento urbano se aplicara correctamente podría reducir los costos de la construcción ─por ejemplo, rompiendo el ciclo de corrupción que el equipo encontró─, lo cual podría reflejarse en precios más bajos.
También opinó que la formación de núcleos urbanos, con servicios dignos y espacios públicos a la altura de las necesidades de la ciudadanía, disminuirían el impacto en la calidad de vida que podría tener el habitar las afueras de la ciudad.
Sin embargo, la especialista tenía propuestas aún más intrépidas:
─El acceso a la vivienda tiene más que ver con un tema de políticas públicas. Por ejemplo, estaría buenísimo, que ya se hace en otros países, políticas que regularan los precios. O, por ejemplo, tasas crediticias que permanecieran más bajas─
─¿Tú consideras que este control de precios blanco puede ser un compromiso que beneficie tanto a inversionistas como a la gente que busca vivir en Guadalajara?─
─Sí, claro que sí Otra cosa que se nos ocurre es que hubiera incentivos crediticios también para los desarrolladores si existieran estos mismos incentivos crediticios para quienes desarrollan podrían hacer vivienda mucho más accesible.─
Rosales demostró que esto realmente puede configurarse en pro de las personas: ─Esto sí sucede ya en otros lugares. En San Diego existe un banco de tierra donde ahora sí que el ayuntamiento le dijo a los desarrolladores: “el ayuntamiento tiene toda esta tierra. Órale, desarróllenlo y hagan vivienda accesible”, y se las vendió de veras a tres centavos, por decirte algo. Realmente a un precio ridículo, casi regalado, para que los desarrolladores hicieran vivienda accesible─.
Aunque pareciera que la solución al problema necesariamente debería afectar a los desarrolladores e inversionistas, la verdad es que este no es el caso. Existen muchas soluciones donde se puede incluso promover la inversión. ¿Qué hubiera pasado si los casi 100 predios vendidos por los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan se hubieran traspasado con condiciones duras y claras de construir vivienda accesible?
Aún más: ¿Qué podría haber sido de Distrito Iconia, las Villas Panamericanas o Plaza Arcos, todos construidos en predios que solían ser de propiedad gubernamental, si la condición para permitirlos fuera que el 100% de sus unidades habitacionales fueran vivienda accesible?
En Plaza Arcos el ayuntamiento de Zapopan únicamente pidió la construcción de un museo como “contraprestación” por otorgar un predio enorme en el centro del municipio a la inmobiliaria Tierra y Armonía por un precio ínfimo. Los vecinos de la zona organizaron un plebiscito para solicitar un parque aquí, pero el ayuntamiento lo desechó para favorecer que Tierra y Armonía construyera un centro comercial y complejo habitacional.
Desafortunadamente, si el museo se desarrolla como otros proyectos en la ciudad, resultará más en una “amenidad” para elevar la plusvalía de cientos de departamentos vacíos que en un espacio que aporte a la vida de la ciudad: una “pieza de ajedrez” para la inversión.
María Fernanda Rosales recalcó:
─sabemos que nuestro estado y nuestro país tiene muchas tierras. ¿Por qué no buscar desarrolladores confiables y hacer que tuviéramos vivienda en la ciudad y no en las afueras? Para promover la inversión pues yo creo que es lo mismo: viviendas y créditos accesibles, servicios y espacios recreativos y públicos que aceleraran la repoblación en el centro de la ciudad y en espacios que hoy están abandonados. Yo creo que sería interesante que el gobierno pensara un poquito en esos temas y que utilizáramos tierras que son, al final del día, de todos, para que la gente viviera mejor─
─Entonces, ¿incluso si los precios han tendido hacia un lugar peligroso, no se trata de algo que no estemos a tiempo de atender desde la política pública?─
Rosales concluyó:
─Exactamente. Ahora sí que, desde nuestra trinchera, creemos que es un trabajo de todos. Como asociación siempre estamos buscando hacer mancuerna con los ayuntamientos, expresarles qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que la gente pide y qué es lo que las familias necesitan. Ojalá que exista un momento en el que nos pudieran incluir en la toma de decisiones. Sí nos buscan, claro que sí, pero creo que tiene que haber un trabajo mucho más acompañado─.
Otro ejemplo internacional más lo puso Berlín, que el 27 de septiembre votó para expropiar 5 mil unidades de vivienda que se encontraban en manos de grandes propietarios y estaban, al igual que los edificios de Guadalajara, vacías. Es importante que la sociedad civil de Jalisco comprenda que este tipo de medidas no son exageraciones, sino que podrían salvar la vida de las personas.
Un último ejemplo de las políticas públicas posibles, es el cobro adicional de impuestos, en el predial, a las viviendas de uso temporal o a las viviendas que, teniendo dueños, pasan más de un año deshabitadas. Vancouver tiene un “impuesto de viviendas vacías” que arrancó en 2017 recaudando un 1% adicional en el predial a viviendas que estuvieran deshabitadas por un período dado (incluso si se ofrecen en renta).
El impuesto promueve que los propietarios de viviendas las renten, incluso a precios bajos, para evitar un impuesto y conseguir una ganancia. Por otro lado, esa recaudación adicional se puede usar para mejorar los servicios urbanos para todas las personas.
En 2020, el impuesto aumentó al 1.25% y va a subir este año para recaudar el 3% adicional en propiedades deshabitadas. Aún es motivo de discusión si este impuesto está funcionando o no; algunos expertos en el derecho a la vivienda consideran que podría tener un efecto superficial comparado con acciones más directas como la construcción (ya sea por parte del estado o mediante una planificación urbana más estricta) de vivienda accesible.
Sin saberlo y sin quererlo, las metrópolis en crecimiento del mundo han iniciado un nuevo capítulo en su historia: una discusión sobre qué significa el derecho a la vivienda; y una lucha por definir qué es la vivienda con todos sus apellidos: asequible, adecuada, disponible, digna entre muchos otros.
Discusión que, al parecer, no ha llegado aún al AMG, donde la apuesta está en la especulación financiera a través de las llamadas torres verticales que en la ciudad se erigen lujosas, pero inhabitadas.