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La lucha de Ericka comenzó hace tres años, en 2017, cuando el dolor -ya insoportable- en la parte derecha de su rostro y oído izquierdo le recordaron lo que 11 años antes, la autoridad judicial decidió injustamente ignorar y olvidar.
Una otitis (inflamación del oído) recurrente, dolores crónicos de garganta y mandíbula, insomnio, depresión, vértigos, dolores de cabeza, pérdida del equilibrio y dificultad para mantenerse en pie sin marearse, pasaban por los médicos del centro penitenciario como “síntomas normales de la reclusión”. El nombre del penal donde ella se encuentra es omitido por su seguridad.
Pero Ericka sabía que estos malestares incapacitantes, no eran normales, no podían serlo.
De acuerdo con la Recomendación 33/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), existen al menos una decena de notas médicas que describen la permanencia y recurrencia de malestares en sus oídos, cabeza y mandíbula desde el año 2007 hasta el 2019.
Luego de muchas consultas médicas, una doctora del penal pudo identificar que “algo” estaba sucediendo en su cerebro y oído. Sin embargo, le dijo que, para poder determinar un diagnóstico certeramente, Ericka tendría que solicitar un permiso especial ante la dirección del centro penitenciario para ser trasladada a un hospital general donde podría tener acceso a una consulta con personal médico especializado.
Aquella doctora cambió de lugar de trabajo y Ericka se quedó con los mismos dolores crónicos y con tratamientos que sólo servían para controlar algunos síntomas, pero sin resolver su origen.
Finalmente, después de haber pasado meses ignorando el dolor que Ericka estaba experimentando, de prolongar su sufrimiento a través de la negación de servicios de salud de calidad que le ayudarán a vivir dignamente, pudo conseguir que el centro penitenciario le otorgara una consulta externa con un especialista en otorrinolaringología.
- ¿Te caíste? Le preguntaba el especialista, y es que únicamente un golpe como el de una caída podría explicar lo que le estaba pasando y/o provocar un daño de esa magnitud;
- ¿Hace cuánto tiempo?, insistían.
Ella contestaba que no: “no me ha caído, solamente sé que me duele mucho”. La realidad es que nadie se explicaba qué era lo que le estaba pasando.
El diagnóstico fue que tenía una lesión en la nariz y en el pómulo derecho, pero que, para determinarlo con certeza, nuevamente, tendría que acudir con otro especialista.
Los vértigos se convirtieron en incapacidad para caminar sin marearse y visión con luces centellantes, pero esto no bastó para la dirección del centro penitenciario, quienes le negaron la atención externa y una vez más, su derecho a la salud.
Incluso, una de las médicas del centro penitenciario decidió “darle de alta” bajo el argumento de que “su problema era solamente estrés”, así lo denunció la familia de Ericka en una de sus quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) el 25 de julio de 2018.
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A lo largo de estos últimos años privada de la libertad, Ericka ha tenido a su lado "un bálsamo reparador", su hermana menor, Tonatzin, quien le ha demostrado que no hay adversidad que juntas no puedan superar. Y así fue.
Tonantzin hizo las gestiones necesarias para que su hermana recibiera una consulta externa con un especialista en un hospital.
El segundo diagnóstico que recibió, luego de haberle practicado diferentes estudios en el área de maxilofacial, es que tenía una lesión en la parte derecha del rostro que le generaba una asimetría e inflamación. Ericka recuerda que aquella, fue la primera vez que alguien pudo entender la magnitud de su dolor.
“Él me tocó el hombro derecho y las cervicales y decía: esto fue una caída, ¿te caíste de cuántos metros? Esto es una lesión muy vieja, muy antigua, esta asimetría ha sido el progreso. Él me preguntaba, ‘¿te golpean en el reclusorio?’ Yo le decía: ‘no, no nos pegan, no nos tratan mal’. Ahí fue cuando le dije que fue durante mi detención, pues esta había sido con demasiada violencia. Él me dijo que había sido por esa situación”.
Y es que, este sufrimiento que el especialista estaba nombrando, dejó en evidencia lo que las autoridades encargadas de la procuración de justicia en Jalisco negaron reconocer y que el cuerpo de Ericka nunca calló: las secuelas de la tortura que ocho agentes del área antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía del Estado de Jalisco, perpetraron durante su ilegal detención e incriminación en el año 2006.
“Obviamente era algo que tenía claro, pues es algo que no he podido olvidar, pero ahí comenzó mi lucha”, confiesa Ericka.
A lo largo de estos casi 15 años privada de libertad, Ericka narra cómo se ha visto vulnerada y exhibida por las y los jueces que obvian, al dictar sus sentencias, las violaciones procesales que atraviesan su expediente y lo fundamental: que es una víctima de tortura. Con rabia, con tristeza y sin fuerzas, cansada de esperar a que la justicia haga su trabajo, dice, se ha permitido llorar, pero jamás detenerse en la búsqueda de su libertad.
“Siempre hay cosas que puedes hacer y tener mejores opciones”, recuerda que se dijo a sí misma el día que decidió escribir y enviar una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso y todas las violaciones de las que estaba siendo víctima. Esa misma carta la reenvío al Presidente de la República, en ese momento, Enrique Peña Nieto.
Asegura que, aunque recibió una respuesta ocho meses después, “comenzaron a ser más cuidadosos en el proceso”.
En la valoración que realiza su representante legal, la abogada Ángela García del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), “A todas las autoridades les ha importado muy poco que Ericka haya sido víctima de tortura, por eso tiene 15 años en la cárcel y sin una sentencia”.
En ese sentido, confirma que a lo largo del proceso han existido diversas irregularidades, a las que cataloga de delitos, como lo es la comisión de tortura y desaparición forzada; sin embargo, ambas violaciones graves a los derechos humanos han sido ignoradas por la autoridad judicial. Además, señala que el procedimiento de sentencia ha sido repuesto en al menos tres ocasiones y en ninguna los jueces han considerado el tema de tortura como un elemento fundamental para otorgarle la libertad.
Sólo en la segunda reposición del proceso, un juez ordenó la aplicación del Protocolo de Estambul. Al respecto, habrá que advertir que Ericka ha participado en tres peritajes psicológicos tendientes a identificar la presencia de estrés postraumático en razón de la comisión de los actos de tortura.
Uno de ellos, el 13 de julio de 2007, un año después de su detención, confirmó que Ericka “presentaba sintomatología característica de trastorno de ansiedad, clasificado y categorizado como trastorno de estrés postraumático”.
Nuevamente, 12 años después -el 14 de agosto de 2019-, el dictamen médico-psicológico basado en el Protocolo de Estambul que le fue practicado, concluiría y confirmaría que se “encontraron indicios para establecer una correlación entre los datos recabados, y lo narrado durante la entrevista, referente a posibles casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por los hechos investigados”, así lo documenta la Recomendación 33/2020 de la CEDHJ.
En el adverso camino hacia su libertad, Ericka y Tonantzin han presentado diversas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante su homónima en el ámbito local, por lo que, la Recomendación 33/2020 ha sido producto de su exigencia de justicia.
Sin embargo, advierten, ha significado “un choque de emociones”. Pues, si bien, en esta se “acredita que existió tortura” y, por tanto, la violación de sus derechos a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica y al trato digno, el pasado 17 de diciembre de 2020, la autoridad judicial volvió a confirmar su incapacidad para ofrecer un análisis conforme a derecho y en virtud del respeto a los derechos humanos. Negando subsanar el daño ocasionado a una víctima de graves violaciones y con ello, garantizar su vida, su integridad, el acceso a la justicia y a la libertad:
“El 17 de diciembre me vuelven a ratificar los 49 años 9 meses con 3 días que me dan de sentencia. Me resulta muy fuerte, ni siquiera tengo un calificativo para describirlo. Porque cada vez que me sentencian, lo que hace la juez es copiar y pegar la primera sentencia”.
A decir de Ericka, de su hermana Tonantzin y de Ángela, su abogada, los jueces durante los últimos 15 años sólo se han encargado de “copiar y pegar la resolución de la sentencia” una y otra vez. En esta última ocasión, sólo tuvieron a bien advertir la existencia de la Recomendación. Sin embargo, respecto a esta, precisan que no tiene un carácter vinculatorio, por lo que no pueden utilizarla como elemento de prueba:
“En esa última lo único que cambia es que dice que la comisión estatal de los derechos humanos no tiene esa injerencia y tampoco ese poder y que independientemente que exista la recomendación y esté en el juzgado, ellos no la pueden tomar en cuenta porque mis partes médicos estaban limpios”.
Ericka narra que hace 15 años, cuando es presentada ante el ministerio público e ingresa a que un médico legista emita su parte médico, este pudo ver lo lastimada que estaba, incluso llegó a advertirle “estás golpeada, qué te hicieron”.
En ese momento, ella hablaba muy poco, pero los golpes eran tan evidentes que no podían ignorarse. El médico continúo haciendo su trabajo, hasta que ingresó un agente de la policía para advertirle que ese parte médico “tenía que ir en blanco” y rompió con sus manos el que describía las lesiones que Ericka manifestaba ese día después de la tortura que cometieron al menos ocho policías en su contra:
“En ese momento no sabía qué ocurría, entonces, yo recuerdo que cuando me van a traer al reclusorio y todo ese trámite. Uno de los antisecuestros me mete a un cubículo con un doctor que me pregunta mis datos, yo se los doy y me dice ‘estás golpeada, qué te hicieron’. Comienza a tomar mis datos, yo recuerdo que hablaba muy poco porque tenía mucho miedo, de hecho, cuando me llevaron a ese lugar tenía mucho miedo porque pensaba que me iban a volver a pegar o me iban a volver a hacer cosas. Después de unos pocos minutos, entró el comandante de esa corporación, yo sé que era el comandante porque lo leyó y se lo rompió en la cara, le dijo ‘lo quiero en blanco, en blanco, no sabes cómo son las cosas acá’ y le dijo groserías, lo insultó”.
Con rabia e impotencia Ericka se pregunta por qué los jueces no pueden realizar una valoración profunda y justa sobre el caso, por qué condicionan su libertad a un parte médico que el propio sistema de impunidad se encargó de eliminar, por qué no bastan las otras muchas evidencias que han confirmado que fue víctima de tortura:
“Pienso: cómo pueden decir que no pueden tomar en cuenta mis tres protocolos de Estambul ganados porque mis partes médicos están en blanco, están sin lesión. Por supuesto que están sin lesiones porque el sistema es así, el sistema está muy corrompido y podrido, entonces difícilmente me pueden traer ese parte médico roto, con todos los insultos que le hicieron al médico qué más iba a hacer”.
Pero no sólo se trata de la autoridad judicial omitiendo reconocer la comisión de actos de tortura durante los procesos de investigación, detención e incriminación de una víctima de este delito. Se trata de una autoridad judicial, emitiendo una sentencia sin perspectiva de género, sin reconocer que esta víctima es una mujer, sin hacer una valoración amplia sobre las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para garantizar el derecho de acceso a la justicia, en materia de prevención y sanción de la tortura, pero, además, de violencia contra las mujeres en razón de género.
Entre las violaciones a derechos humanos y delitos a los que fue sometida, Ericka, también fue víctima de tortura sexual. Sin embargo, esta ha sido ignorada dentro del proceso legal y también, dentro de la Recomendación emitida por la CEDHJ. Si bien, el organismo de derechos humanos local reconoce que “la agraviada es una mujer que reclamó ser torturada”, omite, como también afirma en su resolución, considerar el género como un “elemento fundamental” en el análisis de la prohibición de la tortura y malos tratos cometidos en contra de las mujeres. Así lo expone, Ángela García, su representante legal:
“Me parece bastante grave que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no aplique la perspectiva de género. Ni siquiera mencionaron una recomendación tendiente a subsanar el hecho de la violencia sexual. Si acaso menciona una vez la palabra violación o ‘agresiones sexuales’, y cuando lo hace, lo hace de una manera muy general y no entran al estudio de fondo”.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha considerado que la violencia sexual, como una forma de tortura, es una experiencia extremadamente traumática, con graves consecuencias en virtud del daño físico y psicológico que deja en la persona víctima. De la misma manera, señala que se trata de situaciones difícilmente superables a través del tiempo, aun cuando no existan evidencias de lesiones corporales y/o enfermedades virales. En el caso particular de las mujeres, hay severos daños y secuelas psicológicas, y también sociales.
Así ha quedado asentado en el Caso Inés y Valentina vs. México de 2010 y en el Caso J vs. Perú de 2013 ante la Corte IDH, en ambos queda acreditada la violencia sexual sufrida por las víctimas tomando especial consideración en el contexto de las detenciones y declaraciones, otorgándoles un valor probatorio determinante en la acreditación de los hechos.
En otro caso mexicano icónico, el de las Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, la Corte IDH ha establecido que “la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima”, mientras que, cuando esta sucede cuando una mujer se encuentra detenida o bajo custodia de un agente del Estado “es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente”.
“Ser mujer” para Ericka, ha sido lo peor que le ha pasado a lo largo de este proceso. Sí, ser mujer en un sistema punitivo, de seguridad y de procuración de justicia patriarcal que se ha ensañado con ella por serlo.
Por “ser mujer” y no sólo eso, una profesionista y académica en filosofía y letras, se le ha dicho que es “enteramente peligrosa” y que por ello requiere estar en un reclusorio de alta seguridad. Incluso, se le ha señalado como “cabecilla”, como la mente detrás del delito por el que se le incrimina. Por otro lado, la sentencia de Ericka, es mayor a la que recibieron los hombres que aparecen en su caso, incluso, cuando ellos eran reincidentes:
“Eso me parece muy injusto, porque solamente es el perfil y después por ser mujer. Pienso ¿cómo pueden darme una sentencia tan elevada, a la par de un hombre? A mí me parece un desequilibrio porque con los hombres con los que estoy involucrada ellos ya tenían una reincidencia del delito, siento que eso lo vulnera aún más porque es injusto”.
Y es que, en México, las mujeres que han sido privadas de la libertad están sometidas a cumplir una “doble condena”, una en virtud del delito por el que se les incrimina y la otra, por ser mujeres. De acuerdo con un estudio realizado por la organización Reinserta publicado en 2020, las mujeres suelen recibir en promedio sentencias de 23 años en el caso de delitos graves, mientras que, los hombres enfrentan penas de 17 años por los mismos ilícitos.
“Eso por mucho tiempo he sentido mucha rabia, muchos años estuve muy peleada con el género, porque es algo muy absurdo y desequilibrado. Me parece muy increíble que le puedan dar más rapidez a un proceso jurídico de un hombre que a una mujer. Entonces, pareciera que por ser mujer merezco más castigo, ellos sí pueden ser juzgados a lo mejor con más ligereza y nosotras con más dureza porque somos mujeres” exclama Ericka.
Pero también, “ser mujer” al lado de otras mujeres, le ha permitido sanar desde la sororidad y la hermandad.
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Si bien, Tonantzin era una niña de 11 años cuando Ericka fue privada de la libertad injustamente, hoy es la mujer adulta que le acompaña en el seguimiento del caso judicial; en las gestiones constantes con organizaciones, abogados, instituciones; en el camino por visibilizar y denunciar los delitos de los que ha sido víctima; quien está ahí para velar porque sus derechos a una vida y trato digno sean respetados; y quien ha tomado la calle para manifestar su exigencia de justicia.
Por supuesto, también es la que ha estado ahí para acompañarle en sus decisiones, la que le escucha, la que le visita, la que sueña junto con ella planes futuros.
Tonantzin recuerda como flashazos las imágenes de esa noche que cambió la vida de Ericka, la suya y la de toda su familia. Estaba oscuro y llovía, había relámpagos y lo único que escuchaba decir a los adultos de su casa era que Ericka estaba detenida. Fue lo único que les dijeron a ella y a su hermano, después sólo vieron cómo sus padres tuvieron que irse rumbo a Guadalajara a buscarla, pues vivían en Autlán de Navarro, un municipio a tres horas de distancia del área metropolitana de Jalisco.
En ese entonces, Ericka era profesora en filosofía y letras de una universidad en Autlán. Tonantzin la recuerda como “el centro de su familia”, “un pilar en muchos sentidos”, en lo afectivo y en lo económico. Con un padre ausente y periférico que sólo aportaba lo mínimo para sobrevivir, dice Tonantzin, ella “se hacía cargo de todo”, tanto de aportar al gasto familiar, como de acudir a los eventos de la escuela.
Era como la jefa de la familia.
Por ello, después de su detención “ese pilar fuerte de la casa se había derrumbado”.
Pero eso apenas fue el principio. Recuerda, cómo los periódicos publicaban que su hermana “era una cabecilla” que “era el actor intelectual” del delito por el que se le incriminaba.
Al mismo tiempo, en la búsqueda por demostrar la inocencia de Ericka, su familia sufrió amenazas, persecución y vigilancia. En el proceso también pasaron varios abogados, sin que esto significara un cambio sustancial. Incluso, narra Tonantzin “hubo una abogada que quiso hacer cosas y la amenazaron, por lo que tuvo que alejarse de nuevo”.
Todo era caótico, recuerda, porque toda la atención de la familia se volcó sobre ella y sobre su caso. Gran parte de la economía familiar y ahorros se fueron en pagar abogados, incluso, tuvieron que vender su casa en Autlán para cubrir estos gastos. Las energías de los adultos del hogar también se concentraron en Ericka, por lo que, Tonantzin puede afirmar que ella y sus hermanos, “los niños de la casa” pasaron a un “lugar secundario”.
Estos eventos que laceraron directamente la integridad, la salud emocional y física en todos los sentidos, la libertad y el proyecto de vida de Ericka, también significaron “un antes y un después” para sus seres queridos. Y es que, luego del caos que significó su detención ilegal, la unidad familiar comenzó a destinar sus energías en acompañarle en su proceso de privación de la libertad:
“Ha sido muy complicado, muy complejo. Realmente coincido con muchas compañeras que también son familiares de personas privadas de la libertad, que cuando una persona entra a la prisión no solamente entra esa persona, sino toda su familia, su círculo cercano. Aunque no sea física le batallamos un chingo acá afuera”.
Hace poco, dice Tonantzin se detuvo a reflexionar cómo estas situaciones impactaron su salud emocional, su salud física, su infancia, su adolescencia y su juventud como parte de un núcleo familiar. Ahora, como una mujer adulta, reconoce que este evento fue tan extraordinario, tan inesperado, irruptivo que no tuvieron las herramientas para identificar que lo que estaban viviendo, precisamente, “no era cualquier cosa”.
No hubo oportunidad para dialogarlo o para tomar terapia, lo cierto es, señala Tonantzin “tampoco es que las condiciones económicas lo permitieran”, así que “cada quien lo vivió como pudo”.
Con el paso de los años, ella ha sido la única que se quedó con Ericka, para acompañarla y para darle seguimiento a su caso judicial en la espera de conseguir su libertad:
“Mis hermanos tienen mucho que no van a verla, mi mamá ya es adulta mayor, cansada por toda la situación, ella (Ericka) se estaba quedando en el olvido. Yo era la única que iba a visitarla, pero vi que su caso jurídico no avanzaba. Y dije, a la chingada yo tengo que hacer algo por su caso jurídico y por verla afuera”.
Acompañándola desde la libertad, ha caminado junto con ella y ha sido el enlace entre las demandas de su hermana y las oficinas de gobierno. Fue por ella y su insistencia, que Ericka recibió asistencia médica y la cirugía en la nariz que ayudó a sanar el dolor crónico con el que vivía producto de las secuelas físicas que le dejó la tortura.
Se ha peleado con las instituciones, envió al menos una decena de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco denunciando la negación consecutiva de sus derechos humanos en prisión, del derecho a la salud, a las visitas y a la dignidad humana y sólo así ha mejorado la calidad de vida que lleva Ericka dentro del penal en el que se encuentra privada de la libertad.
Porque Tonantzin identifica que tanto ella como su hermana además de ser víctima de graves violaciones a derechos humanos, también lo han sido de un “sistema patriarcal y punitivo de opresión contra las mujeres”.
Hasta ahora, Tonantzin ha llorado junto con ella de impotencia cada vez que un juez vuelve a dictar la misma sentencia y también han celebrado cuando por fin han conseguido que una autoridad voltee a ver su caso; como cuando en 2020 lograron que la CEDHJ emitiera una recomendación o cuando Tonantzin afónica consiguió asistir a una marcha para gritarle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que quería justicia para su hermana.
Tonantzin, esa niña que tenía 11 años cuando su hermana fue víctima de tortura y de la injusticia del Estado, hoy es la mujer que ha evocado gran parte de su vida a exigir a ese mismo Estado que la deje en libertad y pare las violencias que las ha obligado a vivir.
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La última sentencia dictada por el juez que reitera una condena de 49 años, 9 meses y 3 días en su contra, fue apelada por su abogada y se encuentra en espera de una resolución a apenas unos meses de cumplir 15 años en prisión. De resultar desfavorable, la defensa irá a instancias federales para que sea un tribunal colegiado en materia penal quien evalúe su caso.
Ninguno de los ocho agentes de la Policía Investigadora del Estado, adscritos al área de Secuestros de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía del Estado de Jalisco, señalados por haber cometido actos de tortura y tortura sexual en contra de Ericka, han sido merecedores de alguna sanción.
De acuerdo con la Recomendación 33/2020, la subdirectora Metropolitana de la Policía de Investigación de la Fiscalía Estatal, informó que cuatro “causaron baja de esa institución” y de uno más se dijo que “no se encontró registro alguno de un elemento con ese nombre”.
Hasta ahora los tres elementos policiales que permanecen en activo han negado los hechos, advirtiendo contradictoriamente que actuaron en estricto apego a los derechos, garantizando su integridad física, psicológica y sus “más mínimos derechos”.
Sobre la reparación del daño, ni Ericka, ni Tonatzin, ni su familia han recibido alguna medida establecida por la Ley General de Atención a Víctimas, incluso, señala Ángela García, aunque se cuenta con la Recomendación de la CEDHJ, ésta no incorporó medidas reparatorias e integrales que contemplaran las afectaciones que sufrió, ha sufrido y continúa padeciendo su unidad familiar cercana.
Se espera, por lo tanto, que exista una reparación económica, una disculpa pública de parte del Estado o los autores materiales, donde se reconozcan las violaciones y delitos que cometieron en perjuicio de Ericka y que acepten su responsabilidad; pero lo más importante, que encuentren una Unidad de Medida que le devuelva a Ericka los 15 años que ha permanecido injustamente en prisión.
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