Eva: Las Maternidades forzadas constituyen una práctica de tortura
Eva tenía 15 años cuando fue víctima de abusos sexuales y violación por parte de su tío. Producto de esta violencia sexual resultó embarazada. Cuando fue a interponer la denuncia, Eva tenía 21 semanas de embarazo y aunque sus padres solicitaron a la Secretaría de Salud Jalisco la interrupción del embarazo de Eva, advirtiendo que “no era su deseo continuar con el mismo” y manifestando que se ponía en riesgo su salud física, psicológica y emocional, la autoridades le negaron el servicio. Le dijeron que sólo podían dar al producto de la violación en adopción.
Tras la negativa, Eva no tuvo otra opción más que viajar a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo. Gracias al acompañamiento del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tuvo la oportunidad que acudir a una clínica donde le informaron que podrían practicarle el aborto, pero sólo mediante un procedimiento quirúrgico semejante al de una cesárea.
En el caso de las niñas, como lo fue Eva, las maternidades infantiles forzadas constituyen tortura. Por un lado, “exhiben la ineficacia de las políticas estatales de prevención” y, por el otro, “el control de los cuerpos de las niñas trasladado al Estado, que ejerce sobre ellas la violencia patriarcal, hasta lograr que sean madres”, así lo afirma el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
Aunque Eva consiguió abortar, ha experimentado durante y posterior a estos eventos: episodios de ansiedad, depresión y aislamiento. Todo esto generó la modificación de su proyecto de vida, la afectación de la economía de su familia, la ruptura de los lazos familiares y de sus relaciones sociales.
Por Ximena Torres y Dalia Souza
Aquí puedes escuchar la versión sonora de esta historia:
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Eva acababa de cumplir 15 años la primera vez que su tío abusó de ella. Era una niña, dice, como cualquier otra que iba a la secundaria, que estaba en sus años de pubertad.
La violencia sexual que experimentó de este sujeto que le doblaba la edad, fue recurrente y continuada a lo largo de varios meses. Hasta que un día, con dolores en el estómago -atribuidos a una enfermedad del colon-, sus papás la llevaron a una consulta médica donde supieron que estaba embarazada. Tenía 21 semanas.
“Yo me quedé callada, no pude hablar, no pude ir a la escuela esa vez, me quedé ahí, me quedé muda, no pude hablar, no pude decir, seguí con mi vida” cuenta Eva cuando recuerda el abuso y la violación sexual.
Cuando supieron de la violación sexual, sus padres llevaron a Eva a presentar una denuncia a la Fiscalía del Estado y, a la vez, solicitaron la interrupción del embarazo a la Secretaría de Salud Jalisco, argumentando que no era su deseo continuar con el mismo, pues ponía en riesgo su salud física, psicológica y emocional.
La mandaron al área de ginecología al Centro de Justicia para la Mujer. Ahí la revisaron para descartar una infección de transmisión sexual. Luego, sin que ella lo pidiera le dijeron el sexo del feto y le informaron que su única opción era ponerlo en adopción cuando naciera, porque le aseguraron que en Guadalajara el aborto era una práctica ilegal.
Sin embargo, la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 indicaba desde entonces que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deben brindar el servicio de aborto médico a solicitud de la víctima interesada. Además, el Código Penal para el Estado de Jalisco indica su artículo 229 que el aborto no es merecedor de un castigo cuando el embarazo es resultado de una violación.
El Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) ha trabajado desde el año 2016 por visibilizar que miles de niñas en la región, enfrentan un embarazo forzado como consecuencia de eventos de violencia sexual, pero además, por legislaciones restrictivas y sancionatorias que impiden las interrupciones y las obligan a continuar con una maternidad forzada, impactando directamente su estado de salud y su proyecto de vida.
Es decir, visibilizar que el embarazo infantil forzado, así como las maternidades infantiles forzadas son constitutivas de tortura, radica en reconocer que “detrás de todos estos embarazos, se exhibe o devela la ineficacia de las políticas estatales de prevención en todos los países de la región y de México”, advierte Citlalli Santoyo Ramos defensora de derechos humanos en CLADEM.
Al tiempo que, deja en evidencia que “el control del cuerpo de las niñas se traslada al Estado”, sentencia.
En el fondo, la tortura que le hicieron pasar a Eva fue por una cuestión de poder, en la que el personal médico, desde una posición de dominio frente a sus pacientes y escudados en la objeción de consciencia, olvida que el Estado es laico y anteponen sus creencias personales sobre la vida y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres, más aún cuando han sido víctimas de un delito.
“No solamente hay una vejación, una violación por parte de particulares, esta vejación, estas violaciones son sostenidas por un sistema patriarcal pero que se traslada al Estado. Es decir, el Estado continúa ejerciendo sobre ellas la violencia patriarcal hasta que logra que sean madres. Por eso se ve como una forma de tortura” manifiesta la defensora.
De 2016 a agosto de 2020, el Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, practicó 46 interrupciones solicitadas por niñas, adolescentes y mujeres de los 13 a los 40 años de edad. Sin embargo, esta cifra contrasta con las 5 mil 520 carpetas y/o averiguaciones previas abiertas por el delito de violación y las 15 mil 443 por abuso sexual infantil, reportadas del año 2010 al 31 de agosto de 2020, de acuerdo con datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Mientras que en Jalisco 21 mil 251 adolescentes de 15 a 19 años y 483 niñas menores de 15 años se conviertan en madres cada año según la Secretaría de Salud. Al final, 16.71% del total de los nacimientos en el estado son de madres menores de edad.
"No se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes sino de niñas siendo obligadas, coercionadas o manipuladas por adultos, mediante el uso de la fuerza (física o moral), el chantaje, la manóinpulaci y las amenazas en un marco de normalizaci de la violencia y de la baja efectividad en materia de procuración de justicia", advierte Ipas México en el estudio “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos para el caso Jalisco”.
En ese sentido, el estudio destaca que en el estado el 38% (302 casos) de las niñas entre 10 y 14 años que tuvieron un hijo nacido vivo, reportaron que el hombre (el padre) tenía entre 18 y 52 años, sólo el 24% reportó que la pareja tenía entre 15 y 17 años.
Citlalli Santoyo puntualiza que las cifras podrían ser mucho más elevadas: sin embargo, explica que es difícil conocer la magnitud de la violencia sexual en contra de niñas y mujeres, así como de los abortos practicados debido a la metodología del registro, pero también, a la invisibilización de los casos y la cifra negra de quien no consigue denunciar o acudir a los servicios de salud por temor a vivir maltrato, criminalización y/o tortura, como le pasó a Eva.
Ángela García, abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), quien ha sido su acompañante legal en medio de este proceso, explica que la negativa para interrumpir el embarazo de Eva, provino de la Secretaría de Salud Jalisco, pero también, del Hospital General de Occidente, una de las siete unidades de salud capacitadas en el estado para llevar a cabo Interrupciones Legales del Embarazo (ILES).
Asimismo, señala que posterior a ambas negativas, procedieron a interponer un amparo donde se alegaba el derecho de Eva a interrumpir el embarazo por tratarse de una violación; sin embargo, la jueza a cargo decidió rechazar la petición advirtiendo que se trataba de un “embarazo avanzado” y que, además, “era una vida”. Obviando reconocer los derechos sexuales y reproductivos de Eva como mujer y víctima de un delito:
“Entonces la jueza dijo que no qué porque era una vida la que estaba ahí, bueno ese tipo de argumentos católicos, conservadores, que nada tienen que ver cuando hay una violación de por medio”.
Posteriormente, tuvieron que irse a la revisión de la resolución del amparo y el Tribunal Colegiado decidió darles la razón, aunque la respuesta ya era muy tarde.
Por fortuna Eva no estaba sola. En todo momento tuvo el apoyo de sus padres, así como del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) quien pagó los gastos para que Eva pudiera ir al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a practicarse el aborto. Aun así fue un proceso muy traumático para ella.
En la Ciudad de México Eva fue a dos clínicas. En la primera le dijeron que no era posible practicarle el aborto por el desarrollo del embarazo, que para entonces ya tenía 23 semanas, -luego del tiempo que pasó para que Eva tuviera una respuesta de las autoridades de salud-. En la segunda por fin accedieron, pero le informaron que tenían que hacerlo de manera urgente y a través de un procedimiento quirúrgico parecido a una cesárea, lo que provocó que Eva tuviera que permanecer una semana hospitalizada.
“Jamás había ido a la Ciudad de México, ni nada, conocí a México de la peor manera, no me gusta México, no me gustaría volver a México, de esa manera no” dice ella.
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Después del abuso y el tortuoso camino para conseguir el aborto, a Eva se le transformó la vida. Reconoce que siempre fue una niña seria, pero después de lo que pasó sintió que se estancó. Desarrolló estrés postraumático y entró a la preparatoria con una herida del vientre y la mente aún fresca. Dejó de convivir con quienes eran sus amigos y amigas, y por un largo tiempo no quiso relacionarse afectivamente con nadie.
“No es fácil vivir esta situación, siempre piensas en la muerte, en quererte quitar la vida, porque es un dolor muy fuerte por lo que pasas. Ya no es tu vida igual, todo cambia”, dice ella.
Cuando hay un embarazo infantil producto de una violación sexual y se ha prohibido su interrupción, denuncia CLADEM, como parte de su campaña “Embarazo Infantil es Tortura”, la niña que se convierte en madre es víctima, además, de tres violaciones a sus derechos humanos: 1) a la imposición de una relación sexual no deseada que violó su libertad sexual; 2) a verse obligada a llevar a término un embarazo que no buscó; y 3) a obligarla a ser madre contra su voluntad.
Si bien, Eva no llevó a término el embarazo, pues consiguió interrumpirlo gracias a la intervención y acompañamiento de organizaciones alternas al Estado, la cicatriz de la cesárea con la que le hicieron el aborto le quedó en el cuerpo como un recordatorio de las violencias a las que fue sometida una y otra vez por su agresor y por las autoridades de salud.
Hasta hoy, esa marca es motivo de sentimientos de culpa y miedo por el estigma que puede provocar. En algún momento la hizo pensar que no podría tener ninguna relación afectiva y todavía le preocupa lo que le dirá a sus hijos cuando le pregunten sobre ella.
En ese sentido, es importante explicar que un embarazo infantil forzado, tiene evidentes consecuencias inmediatas en términos de la salud física, explica Santoyo Ramos. Padecimientos como fístula obstétrica o problemas en el crecimiento de las niñas y adolescentes producto del proceso de gestación del feto -debido a la absorción del calcio y otros nutrientes- produce afectaciones sustanciales en estos cuerpos que aún continúan en desarrollo.
Aunado a ello, las niñas y adolescentes experimentan afectaciones en su salud mental: depresión, ansiedad y cuadros de estrés postraumático, en particular para quienes fueron atacadas sexualmente. El estigma social es otro componente presente en los casos de violación y embarazo infantil forzado, advierte Citlalli Santoyo, que se suma a “la culpabilización y la autoestigmatización de las propias víctimas”.
Las víctimas, señala la defensora, creen tener la culpa de lo que les está pasando, al tiempo que son obligadas por sus agresores a callar, a guardar el secreto: “esto hace que se vaya configurando unas formas de empeoramiento de la salud mental de las niñas y adolescentes”, manifiesta.
En tanto, refiere que, estos casos a menudo tienen vinculación con “dinámicas de abuso sexual incestuoso”, donde los victimarios son los familiares varones cercanos: tío, hermano, padrastro, padre, primos, etc. Escenarios como estos complejizan la situación y el desarrollo de la salud mental de las niñas, visible en estrés postraumático, depresión y ansiedad crónica como ha sucedido con Eva.
Otras de las consecuencias e impactos inmediatos y duraderos en la vida de las niñas y adolescentes víctimas de embarazos forzados, se manifiestan en sus entornos comunitarios, educativos, afectivos y relacionales.
Tras estos hechos victimizantes, Eva también reconoce un antes y un después en su vida. Desde sus planes a largo plazo, que incluían comenzar a estudiar la preparatoria, hasta aquellos a mediano y corto, como asistir a la graduación de sus hermanas o a su propia graduación, ambos se vieron suspendidos y modificados. Ella no tuvo otra opción, dice, más que viajar a México para que le practicasen una operación invasiva que le dejó una huella en su cuerpo que no la ha dejado olvidar.
Y es que, Eva reconoce que la mejor decisión fue interrumpir ese embarazo, haber abortado, antes que pasar por el proceso de gestación y concluir con una adopción, como pretendía la Secretaría de Salud Jalisco. Sin embargo, también identifica que pudo haber sido más sencillo y menos traumático para ella y para su familia:
“Una persona normal puede decirte: ¿por qué lo abortaste? que fue lo que me dijo mi abuela, “¿Para qué lo abortabas?, me lo hubieras dado a mí, yo lo hubiera cuidado”, pero ellos no saben por lo que pasaste", comenta Eva.
Recuerda que, cuando las autoridades de Jalisco le dijeron que no podía practicarse la interrupción en Guadalajara y surgió como única posibilidad la opción de viajar al Distrito Federal, sus hermanas menores estaban a punto de salir de la escuela. Con tristeza, relata que ni ella, ni su mamá pudieron acompañarles. Hoy, después de cinco años continúa sintiendo culpa por ello y, advierte que, ciertamente estas situaciones también tuvieron un impacto su entorno familiar:
“La que me acompañó fue mi mamá a México porque mi papá se quedó a cuidar a mis hermanas. Vi el trauma también en mis hermanas, porque mi hermana de 19 años no me habla como es, no nos llevamos como es, me echa la culpa que me llevé a mi mamá y que la dejó sola, todo revuelto. Afecta a toda la familia”.
La economía familiar sufrió afectaciones también, ya que el negocio de la familia, una taquería, permaneció abandonado por varias semanas. Luego, Eva, su padre, su madre y sus dos hermanas tuvieron que salir huyendo de la casa donde vivía, pues esta era la misma donde se encontraba su agresor. Sin dinero y con pocas opciones, tuvieron que vivir por un año en la propiedad que una tía les prestó, una casa a medio fincar con sólo un cuarto y una cocina.
Cuando a Eva se le cuestiona qué podría sanar el daño que le ocasionaron esta suma de violencias sociales y estructurales insertas en un contexto de violencia de género, basado en la noción de apropiación y control del cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas como “objetos” de posesión y sometimiento, Eva responde que en la medida y proporción de esta realidad debería ser la reparación.
Al respecto, Citlalli Santoyo, reconoce la urgencia de que existan procesos de acompañamiento,-en este caso de parte del Estado como autoridad responsable “como torturador” y obligada-, que atiendan las necesidades “post trauma, post evento, post violencia” desde un enfoque de integralidad y especialidad, sin embargo, no existen. El problema de que esto no se lleve a cabo con las sobrevivientes y sus familias, precisa, es que estos eventos de violencia pueden volver a repetirse:
“Es el sistema en el que estamos inmersas, un sistema machista, un sistema patriarcal que abusa y cosifica los cuerpos de las mujeres y las niñas y eso es lo que podemos tener en ese escenario. Hay que entender que es por falta de una atención integral que debería de corresponderle a los Estados quienes tienen la obligación de garantizar los derechos de las niñas y los niños que han sufrido abusos o violaciones”.
Con ello, destaca la importancia de que estos casos sean atendidos de manera individualizada y cualitativa, desde un enfoque diferencial e interseccional. De esto dependerá cuáles serán las garantías de reparación, no repetición y de sustitución que se ofrezcan para cada caso: “no hay recetas, hay lineamientos de avanzada que deben cumplirse”.
Al mismo tiempo, pone especial énfasis en que se tomen en cuenta los procesos e impactos colectivos y familiares que tienen estos eventos desde un enfoque psicosocial y para la reparación.
En ese sentido, Ángela García, la representante legal de la ahora joven, señala que luego de haber ganado el amparo ante el Tribunal Colegiado, este ordenó una indemnización económica para Eva y para su familia, así como una disculpa pública en los términos que determina la Ley General de Víctimas. Es importante señalar que todas estas medidas han sido canalizadas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del orden federal y no de la local, cuya única función ha sido servir como puente entre dependencias, advierte la abogada.
Aunque ciertamente, Eva ha recibido del Estado cada una de las medidas reparatorias planteadas en el ordenamiento del poder judicial, incluídas la disculpa pública y las medidas compensatorias, han transcurrido ya seis años y su agresor sigue prófugo de la justicia. Además, reconoce que el proceso ha sido demorado y revictimizante. Cada notificación, cada oficio que llega con su nombre, es revivir una vez más todo lo que experimentó en 2015. Más aún porque estos documentos continúan llegando a la casa donde vivía su agresor.
¿Qué podría reparar el daño a Eva?, ella sólo desea olvidar y tener por fin “una vida normal”, dice, disfrutar a su familia y ejercer su carrera como profesional de enfermería, incluso, está en sus planes cursar una licenciatura en esta especialidad además de la carrera técnica que logró concluir. Hasta ahora, continúa recibiendo acompañamiento de la organización GIRE, quienes le han demostrado que no está sola y que siempre estarán ahí para cuando lo necesite.
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El Programa de Interrupción Legal del Embarazo (Programa ILE) en Jalisco fue una conquista de las agrupaciones de mujeres y organizaciones feministas en el estado, posterior a que lograran la emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia Contra las Mujeres en ocho municipios de la entidad: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca en el año 2016. Ello, tras evidenciar el incremento exponencial de casos de feminicidio, de desaparición de mujeres y, particularmente, de víctimas de violación, abuso sexual y abuso sexual infantil.
No obstante, reconocen las organizaciones a favor de los derechos de las mujeres, que ha sido complejo operar y materializar este programa tan de avanzada que se logró en Jalisco para la Interrupción Legal del Embarazo y que subyace a la NOM-046-SSA2-2005.
En opinión de Citlalli Santoyo, esto se debe a las “resistencias a nivel de creencias y de moralidad de las y los trabajadores de salud”, pero también, a la inexistencia de leyes que garanticen el derecho de las mujeres, jóvenes y niñas a un aborto libre, seguro y gratuito. Mientras tanto en Jalisco, un estado donde en los últimos 15 años no se ha legislado en la materia “las motivaciones anteponen creencias personales ante los derechos de las poblaciones más vulnerables” como lo son las niñas, jóvenes y adolescentes víctimas de violencia sexual.
El embarazo infantil forzado como tortura, deja en evidencia el nivel de violencia, ausencia de autonomía, discriminación y “apropiación del cuerpo de las niñas”, no sólo por parte de sus agresores varones, sino, además, el control de los cuerpos de las niñas en manos del Estado que les obliga a asumir una maternidad que no es deseada, ni buscada.
