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La comisionada nacional de búsqueda de personas, Karla Quintana, reconoció que, desde 2006, se han encontrado 4 mil 806 fosas clandestinas con 8 mil 202 cuerpos exhumados en ellas en todo el país. En Veracruz, Tamaulipas y Guerrero se concentra una tercera parte de estas.
Por Efraín Tzuc / A dónde van los desaparecidos*
El miércoles 6 de octubre la comisionada nacional de búsqueda de personas, Karla Quintana, anunció que, hasta el 17 de septiembre de este año, en el país se habían encontrado 4 mil 806 fosas clandestinas con 8 mil 202 cuerpos.
En lo que va del sexenio del presidente López Obrador, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) contabiliza 1 mil 971 entierros ilegales —4 de cada 10 en el registro de la Comisión—, con 3 mil 259 cuerpos exhumados. El 40% de estos fueron identificados.
En una conferencia de prensa realizada en 2020, el subsecretario de derechos humanos, población y migración, Alejandro Encinas, afirmó que el hallazgo de fosas clandestinas responde a que las autoridades federales han “intensificado las labores de búsqueda en coordinación con los familiares”.
En el informe, presentado por la CNBP en una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Quintana recordó que “la Comisión Nacional de Búsqueda lleva un registro sobre contextos de hallazgos forenses”, refiriéndose a fosas clandestinas y otro tipo de hallazgos de la misma naturaleza.
De acuerdo con la funcionaria, la información presentada proviene de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), con la que conforman un registro interno que deberá alimentar el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas previsto en Ley general en materia de desapariciones.
Principales hallazgos
Los estados que concentran el número de mayor de fosas clandestinas son Veracruz, con 608; Tamaulipas, en donde fueron localizadas 528 y Guerrero con 459. Mientras que las entidades federativas en las que fueron exhumados más cuerpos son Jalisco, con 1 mil 388; Sinaloa, con 728 y Chihuahua, con 605.
Tres estados recuperaron un mayor número de cuerpos por fosa: Durango, con 19; Nuevo León, con 5.6 y Jalisco con 5.2.
El conteo es desde 2006, a partir del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente Felipe Calderón. La última vez que se había presentado esta información con desagregación por estado fue el 6 de enero de 2020.
En aquella ocasión, la comisionada informó que habían 3 mil 631 fosas, es decir, de enero de 2020 a septiembre de 2021, el hallazgo de entierros ilegales incrementó un 32.3%.
En esos veinte meses, sólo la FGR, y los tres estados de la Península de Yucatán no reportaron hallazgos adicionales de fosas clandestinas. En contraste, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Veracruz contaron más de 100 nuevas fosas.
¿Quién debe crear el registro de fosas?
De acuerdo con la comisionada Quintana, la FGR está obligada a crear un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas que se encuentra previsto en la Ley general en materia de desapariciones y que aún no existe.
Sin embargo, en un oficio de la propia CNBP con fecha del 29 de junio de este año, se reconoce que “no se ha determinado en cuál de todos los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas recaerá la administración y coordinación de su operación”.
Álvaro Martos, coordinador de investigación en el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (ODIM), dice en entrevista que la FGR y la Comisión Nacional se “tiran la bolita” sobre a quién le toca conformar este Registro Nacional.
Martos también es parte del Consejo Nacional Ciudadano, un órgano independiente que vigila el cumplimiento de la Ley general en materia de desapariciones; el Consejo, comenta, tampoco ha recibido información sobre el avance del registro de fosas.
A una solicitud de información hecha en febrero de este año, la FGR respondió a A dónde van los desaparecidos que no contaba con evidencia de algún avance para echar a andar el registro de fosas y que, de hecho, la facultad de hacerlo era de la CNBP.
“Al respecto, refirió que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas dependiente de la Secretaría de Gobernación, pudiera ser la autoridad encargada de sistematizar y construir el Registro Nacional de Fosas”, se lee en el oficio de respuesta.
De manera contradictoria, en abril siguiente, un representante del Centro Nacional de Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, adscrito a la FGR, informó al Sistema Nacional de Búsqueda, que desde 2019 se encontraba trabajando en un “ecosistema de información” que incluiría el registro de fosas, aunque no dio más información al respecto.
La FGR también está a cargo de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación. Estas tres herramientas que ayudarían a enfrentar la crisis forense mexicana, estimada en más de 52 mil cuerpos no identificados, llevan más de dos años de retraso para su puesta en marcha.
La Fiscalía ha asegurado que esto se debe a la falta de lineamientos para la operación de estos sistemas, mismos que debió haber creado la Comisión Nacional, junto con el reglamento de la ley general en materia de desapariciones, desde julio de 2018.
Revelar las cifras del horror
En noviembre de 2018, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos revelaron que, en una década, de 2006 a 2016, se habían encontrado 1 mil 978 fosas clandestinas, con 2 mil 884 cuerpos recuperados en 24 estados del país, sin contar restos.
Ese era hasta entonces el saldo de once años de “guerra contra las drogas”.
La investigación periodística, realizada a través de peticiones de información a las fiscalías del país, pudo mostrar por año y municipio cómo se distribuían los entierros ilegales en el país a través de un mapa interactivo.
También organizaciones civiles como Artículo 19, Data Cívica, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana han indagado los registros de las fiscalías para dimensionar el número de fosas en el país.
En septiembre pasado, las organizaciones lanzaron una plataforma ciudadana de fosas en la que es posible comparar los datos sistematizados de notas de prensa, de las respuestas a peticiones de información de las fiscalías estatales y, además, los registros proporcionados por la Fiscalía General. Como el mapa de fosas, puede consultarse por año y municipio.
Su conteo da cuenta que, entre 2006 y 2019, se registraron oficialmente 2 mil 357 fosas clandestinas con, al menos, 2 mil 603 víctimas.
“Puede ser que las fiscalías sí tengan información sobre ciertos municipios, ciertos lugares donde se han localizado fosas clandestinas pero o no tienen una sistematización adecuada de la información o más bien hay una política de no proporcionar información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos”, explica Jorge Ruiz, investigador de la organización Data Cívica y uno de los autores de la plataforma ciudadana de fosas.
La cifra recién presentada por la CNBP supera todas las estimaciones ciudadanas.
Transparencia selectiva
Desde julio de 2020, A dónde van los desaparecidos ha solicitado a la CNBP la base de datos y los documentos que ha recibido esta institución para integrar los registro de fosas clandestinas y cuerpos exhumados que presenta desde mayo de 2019. Sin embargo, la CNBP reiteró que no contaba con más documentos que las presentaciones utilizadas en conferencia de prensa.
“No existe una versión pública o una base de datos del registro nacional de fosas clandestinas y cuerpos exhumados presentado el 13 de julio del 2020 por la CNBP, lo que existe en un archivo o presentación que constituye el registro más reciente relativo al tema de fosas clandestinas y cuerpos exhumados” se lee en el primer oficio entregado por la institución.
Para Ruiz, de Data Cívica, es positivo que las autoridades federales publiquen información periódica sobre entierros ilegales y cuerpos recuperados, a diferencia de sexenios pasados en los que había que solicitar la información a cada fiscalía estatal.
Sin embargo, señala, la falta de los datos abiertos que originan el registro impide verificar y auditar los hallazgos. “Nos deja como en una laguna, es como un salto de fe de creerles lo que están publicando, pero en realidad no sabemos cómo están generando esa información”, opina el experto.
Este medio identificó que en las presentaciones había inconsistencias como la “desaparición” de fosas clandestinas de un reporte al otro. Esto sucedió en Guanajuato, que perdió su única fosa del informe del 14 de mayo de 2019 al presentado el 24 de junio siguiente; Tabasco que pasó de reportar once a solo aparecer con una. Entre el informe del 24 de junio de 2019 y el siguiente, del 30 de agosto, Tamaulipas dejó de contar dos.
Del informe del 30 de agosto de 2019 al 6 de enero de 2020, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Oaxaca y de nuevo Tabasco perdieron en total 73 fosas.
A la fecha, la CNBP y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dirigida por Alejandro Encinas, han presentado once informes con datos de fosas clandestinas, incluido el de ayer que da cuenta de más de 4 mil 800 entierros ilegales. A diferencia de los esfuerzos ciudadanos y periodísticos, en el informe de las autoridades federales sólo muestra el número de fosas por estado, sin la posibilidad de consultar la información por año y por municipio.
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* Efraín Tzuc es reportero en el proyecto A dónde van los desaparecidos y asistente de investigación en Quinto Elemento Lab.
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
