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Este miércoles fue publicado un decreto presidencial para la creación de una Comisión para el Acceso a la Verdad y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, periodo conocido como la Guerra Sucia, durante el que se asesinaron y desaparecieron a miles de militantes de organizaciones políticas y sociales que cuestionaron las políticas de Estado
Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página
Foto: Facebook Alejandra Cartagena
QUERÉTARO.- Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, la cual tendrá por objeto la investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos durante este periodo de tiempo.
Asimismo, se crearán cinco mecanismos para esclarecer los casos en los que se presume hubo graves violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada, la reparación integral del daño, la judicialización de casos y castigo a quien resulte responsable de dichas violaciones, así como la implementación de acciones que ayuden a conservar la memoria histórica.
La Comisión será presidida por la subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Alejandro Encinas, quien desde marzo del presente año ha sostenido encuentros con colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes a la Guerra Sucia para delinear los mecanismos que posibiliten la implementación del Plan para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia.
Además de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión será integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; así como por los titulares del Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
De igual forma se contempla la participación de cinco personas con reconocida trayectoria moral o profesional y un representante de las familias, víctimas y sobrevivientes que será asesorado por la la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Una deuda del Estado con las víctimas
El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente López Obrador se reunió con familiares de víctimas y sobrevivientes de la Guerra Sucia para anunciar la creación de esta Comisión.
Al materializar este acuerdo, el Ejecutivo Federal estaría formalizando la creación de una segunda comisión especializada para la investigación y esclarecimiento de la verdad en el país; la primera es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal reconoce que durante el periodo denominado como Guerra Sucia el Estado mexicano ha sido responsable de los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales de personas que pertenecían a movimientos u organizaciones políticas y sociales que cuestionaron las políticas de Estado y buscaban la transformación del régimen político.
Esta Comisión retomará las investigaciones que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada durante el periodo de Vicente Fox a partir de la recomendación 26/2001 de la CNDH.
De acuerdo con académicos, durante el periodo denominado como Guerra Sucia hay más de mil casos registrados de desaparición forzada, así como de ejecuciones extrajudiciales, tortura, privación ilegal de la libertad, entre otros; por lo que esta Comisión es tan solo el primer paso para alcanzar la justicia a las víctimas de la violencia ejercida por el Estado durante la segunda mitad del siglo XX.
A partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, y hasta el 30 de septiembre de 2024, dicha Comisión estará funcionando en el país, sin embargo, faltan aún de delinear los lineamientos de los mecanismos establecidos para garantizar la ejecución del Plan para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia.
