El juicio agrario por la invasión del territorio que le pertenece a la comunidad indígena de Mezcala inició hace casi 20 años. En este mes de octubre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito debe emitir una sentencia que será definitiva, pues no habrá más posibilidades de interponer recursos legales.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
Fotografía de portada: Mario Marlo
Con 10 meses de retraso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito debe resolver el amparo directo 121/2019 sobre la invasión del territorio que pertenece la comunidad indígena coca de Mezcala.
Se trata de una tierra de 10 hectáreas en el predio “El Pandillo” ubicado en Mezcala, municipio de Poncitlán, que se encuentran en disputa judicial desde hace más de 20 años. Después de que el 27 de noviembre de 2020 los tribunales decidieron que la resolución debía esperar un poco más, finalmente la sentencia debe emitirse este mes de octubre.
“El Segundo Tribunal Colegiado deberá dar la última sentencia y la definitiva, donde ni la comunidad ni el invasor Guillermo Moreno Ibarra tendrán posibilidad de interponer algún recurso, de ahí la importancia” explica el comunicado de los comuneros y habitantes de Mezcala.
Por su carácter decisivo y como siempre lo han hecho a través de sus años de lucha, las autoridades comunitarias del pueblo coca piden que la resolución considere todos los antecedentes y documentos históricos que confirman el derecho que tienen a preservar sus tierras.
El conflicto agrario en “El Pandillo” inició en 1999 cuando fue invadido por el empresario Guillermo Moreno Ibarra y Crescenciano Santana Sánchez como prestanombre. En 2002, bajo el expediente 653 comenzó el juicio promovido por los comuneros y habitantes de la comunidad con el fin de restituir de sus tierras.
Pasaron 12 años para que el Tribunal Único Agrario Distrito XV con sede en Guadalajara diera una sentencia favorable a los comuneros. La resolución del 10 de septiembre de 2014 condenó a Guillermo Moreno y Crescenciano Santana a restituir la tierra que habían tomado ilegalmente.
En los años siguientes Moreno interpuso recursos legales, como amparos directos (222/2015), para intentar revocar la decisión del tribunal. Sin embargo, el 14 febrero del 2019 la misma resolución a favor de la comunidad fue confirmada en todos sus términos por el Tribunal Superior Agrario (recurso de revisión 470/2014-15).
Sobre esa sentencia Guillermo Moreno nuevamente inició el juicio de amparo directo 121/2019. Ese procedimiento es el que debe resolver el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa este octubre a través de sus ponentes Jorge Cristóbal Arredondo Gallegos, el secretario con funciones de magistrado, José Ricardo Jiménez Leal y el magistrado René Olvera Gamboa.
En los 20 años de lucha el pueblo de Mezcala se ha enfrentado a intimidaciones, falsas acusaciones de delitos, privaciones injustas de la libertad e intentos de burlar la ley por parte de los invasores de su territorio.
En los primeros años de la disputa, Guillermo Moreno logró que el comunero de Mezcala, Nicolas Indalesio, lo asignara como sucesor. Con la muerte de Nicolas en 2012, Moreno obtuvo el título de comunero y argumentó “formar parte de la misma comunidad que lo demandaba”.
En respuesta la comunidad indígena logró en diciembre de 2019 que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito reafirmara que Guillermo Moreno Ibarra debía ser juzgado como particular invasor, tal como lo era en 2002 cuando inicialmente se le demandó por ocupar “El Pandillo”.
Entre las represalias contra los comuneros está el juicio penal que se inició en 2006 contra tres de ellos por una denuncia del aparente secuestro de Guillermo Moreno. Los acusados fueron encarcelados y hasta tres años después se emitió la sentencia que demostraba su inocencia.
En 2011 nuevamente detuvieron a 10 habitantes de la comunidad por el delito de “daño a las cosas”. La denuncia la hizo Moreno Ibarra luego de que un grupo de 50 personas desinstalaran una represa de agua. Este juicio penal duró seis años, pues fue hasta 2017 cuando se declaró la inocencia de los señalados.
En muchas ocasiones el invasor también ha enviado a un grupo armado a rondar por la comunidad.
Para que la lucha y la violencia finalmente terminen en las próximas semanas, las autoridades comunitarias de Mezcala piden que se confirme la sentencia que les devuelva sus tierras ocupadas ilegalmente.
Aquí puedes leer el comunicado completo de la comunidad indígena de Mezcala.
