Esta fue la experiencia que tuvo en Alerta Amber Jalisco (área especializada en la búsqueda de menores de edad desaparecidos), Estela Ruiz, madre de Christian Alexander Valencia Ruiz, joven de 16 años que fue desaparecido el 31 de diciembre de 2019 en la colonia Heliodoro Hernández Loza, en Guadalajara, cuando acudió al llamado de un hombre que supuestamente le compraría su motocicleta. 

Desde entonces, la familia Valencia Ruiz ha sido víctima del mal funcionamiento de las áreas de búsqueda de personas desaparecidas, pues desde aquel 31 de diciembre son contadas las acciones que se han hecho para encontrar tanto a Christian Alexander, como a su tío Raudel Sandoval Barrera, quien también fue desaparecido, pero el 3 de enero de 2020, cuando emprendió la búsqueda de su sobrino.

Cristhian Alexander, lamentablemente, también es uno de los 804 menores de edad que han sido desaparecidas y desaparecidos en Jalisco durante la última década, y, a su vez, forma parte de las y los siete infantes y adolescentes que, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), desaparecen todos los días en el país. 

Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, en el país se han reportado como desaparecidos 12 mil 762 niñas, niños y adolescentes. Luego de casi 15 años, y pese a la implementación de protocolos de búsqueda como Alerta Amber y Protocolo Alba, la incidencia del delito continúa creciendo. 

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en 2019 (año en que fue desaparecido Christian Alexander), también fueron separados de sus familias, 138 menores de edad. La constante en estos casos es el poco avance en la búsqueda e investigación. 

El testimonio de Estela refleja la desarticulación que existe entre quienes deben buscar a los niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Jalisco, pero también hace evidente la falta de acciones de seguridad para inhibir la comisión de este delito, pues en plena pandemia, la incidencia de desaparición en menores de 18 años no se detuvo. De acuerdo con los registros oficiales, en 2020 se registraron 132 casos de menores de edad desaparecidos.

Uno de los casos más sonados en ese año fue el de Daniel Rodríguez Sandoval, de 16 años, quien junto con su amigo Bryan Carrillo de 18 años. Fueron desaparecidos en Teocaltiche el 18 de julio de 2020, mientras trabajaban recolectando chatarra. 

Sobre ellos tampoco se sabe nada, pese a que sus familiares, tras realizar diversas manifestaciones frente a Casa Jalisco, obtuvieron del propio gobernador, Enrique Alfaro, la promesa de que él mismo encabezaría la búsqueda de ambos jóvenes. 

Este testimonio pertenece a Aracely Rodríguez, mamá Daniel Rodríguez Sandoval, mujer combativa que le preguntó de frente al gobernador de Jalisco por qué no se estaba haciendo nada por buscar a su hijo y a su amigo. Las respuestas y las acciones que prometió Enrique Alfaro nunca llegaron.

Esa misma impotencia también la tiene María de los Ángeles Carrillo, madre de Bryan Carrillo, quien se quedó a la espera de que las instancias oficiales emitieran una ficha de búsqueda para su hijo.

Los protocolos en materia de menores de edad desaparecidos señalan la importancia de emitir las alertas como una forma de extender las acciones de búsqueda. Sin embargo, también especifican una serie de criterios para no comprometer la seguridad de quienes deben ser buscados de manera inmediata. No obstante, deben tener vinculación con las carpetas de investigación, pues es así como se determina si la emisión de la alerta genera un riesgo real. 

En los casos aquí referidos, la negativa para no publicar las Alertas no se dio con algún sustento legal o análisis de riesgo, simplemente fue algo que se les comunicó de manera verbal por la encargada del área, Amparo Ramos.

En el análisis realizado a las Alertas Amber y las fichas de búsqueda de Protocolo Alba (focalizado en la desaparición de niñas y adolescentes), encontramos que de enero de 2015 a mayo de 2021, sólo se han emitido 178 Alertas Amber, es decir, el 22.1% de las 804 desapariciones reportadas.

Por su parte, Protocolo Alba únicamente publicó nueve fichas, lo que implica que sólo el 2.8% de las 336 menores de edad que fueron desaparecidas en Jalisco en el mismo periodo de tiempo, fueron difundidas a través de cédulas de identificación públicas. 

¿Por qué estos porcentajes de emisión de alertas o fichas son tan bajos? Es una pregunta que se buscó realizar a ambas instancias. Sin embargo, al cierre de esta investigación, no han dado respuesta a nuestras solicitudes de entrevista.

Una de las posibles respuestas es que las propias instancias encargadas de hacerlo no saben con certeza cuántos menores de edad hay desaparecidos en la entidad.

La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de una solicitud de transparencia, reportó que de enero de 2015 a abril de 2021, tenían un total de 448 niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos. Sin embargo, sólo tienen 407 indagatorias activas.

Por su parte, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (que depende de la misma Fiscalía General)  reportó contar con 321 reportes de personas menores de edad desaparecidas, pero sólo 291 carpetas de investigación.

La diferencia es de 127 menores desaparecidos y de 116 carpetas de investigación.

¿Por qué difieren en sus datos ambas instancias si deberían de compartir la misma base de datos? Es una respuesta que tampoco han dado las autoridades.

Estas inconsistencia también se trasladan a la información que la Fiscalía reporta en los registros estatales y nacionales de personas desaparecidas, pues mientras en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) se reportan, en los últimos 10 años, mil 086 niñas, niños y adolescentes desaparecidas y desaparecidos, en el registro nacional sólo aparecen como víctimas de este delito 804 menores de edad. Una diferencia de 282 desapariciones. 

Otro dato que tampoco coincide con la información que otorga la Fiscalía, son los reportes sobre desaparición de menores de edad que se hacen a la línea de emergencia 911, instancia que afirma -mediante una solicitud de transparencia- que en los últimos cuatro años recibieron 6 mil 579 llamadas en donde se hacía referencia a la desaparición de algún niño, niña o adolescente.

Sobre este total de registros, las dependencias no fueron capaces de señalar en cuántos de estos casos sí se realizó una denuncia formal, así como tampoco explicaron por qué sólo 655 reportes en el 911 contienen en la ficha básica de atención el sexo de la o el menor de edad. Esto implica que el registro de incidencias sólo en uno de cada 10 reportes se conoce este dato.

Lo mismo pasa con la edad estimada de estas víctimas, pues únicamente 2 mil 083 (31.7%) de los 6 mil 579 reportes cuentan con un registro sobre la edad.

 ¿Cómo puede activarse una Alerta o una ficha en Protocolo Alba o un proceso en la Comisión Estatal de Búsqueda si esta primera autoridad respondiente, el 911, no cuenta con un correcto registro de los reportes de desaparición de menores?

El siguiente gráfico expresa la diversidad de estadísticas con las que cuentan las instituciones jaliscienses sobre la desaparición y reportes de desaparición de menores en la entidad, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara; si bien, muchas de las llamadas al 911 no derivan en la confirmación de la existencia del delito, sí ofrecen un panorama de las veces en las que la ciudadanía ha sido testigo de la presunta comisión de desapariciones de menores de edad en la vía pública.

Diferencias entre las incidencias delictivas en torno a los reportes y denuncias de menores desaparecidos

El problema es que todas estas inconsistencias impactan de manera directa los procesos de búsqueda de las familias, tal y como lo explica María Cortez, madre de Karla Macías Cortez, quien fue desaparecida el 24 de julio de 2017 cuando tenía 17 años y un embarazo de 4 meses.

Para María es claro que si las cosas se hubieran hecho como marca la ley, quizá, hubieran existido mayores posibilidades de encontrar a Karla, pues su desaparición se reportó no sólo en la Fiscalía, sino también en los sistemas de emergencia. Sin embargo, pasó más de un mes para que el protocolo de búsqueda se activará por completo.

En la última década, los seis municipios donde más menores de edad fueron desaparecidas y desaparecidos son: Guadalajara (158), Zapopan (115), Tlajomulco de Zúñiga (76), El Salto (55),  Tlaquepaque (54) y Tonalá (41). 

Esto significa que la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene la mayor incidencia delictiva, pues concentran el 62.1% del total de desapariciones de menores de edad en el estado.

En cuanto al sexo de las y los 804 menores de edad desaparecidos y desaparecidas en la entidad, 468 corresponden a varones (58.2%), mientras que 336 corresponden a niñas y adolescentes mujeres (41.8%), esto de acuerdo con el RNPDNO.

Como ya señalamos, existe disparidad en las estadísticas que cada instancia gubernamental tiene en relación a la cantidad de niñas, niños y adolescentes que han sido desaparecidas y desaparecidos en la entidad; lamentablemente, estas no son las únicas diferencias en los registros, pues tampoco coinciden las características físicas de quienes dicen estar buscando, lo cual debería ser un dato relevante pensando en la posibilidad de delinear perfiles de las víctimas de desaparición en estos rangos de edad. 

Con base en las 170 fichas de búsqueda recabadas (del 5 de julio de 2012 al 26 de mayo de 2021) de personas menores de edad reportadas como desaparecidas y localizadas con vida o, lamentablemente, sin ella, pudimos corroborar diferentes características físicas de cada subgrupo, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico:

Al hablar de menores de edad desaparecidas y desaparecidos la realidad es que, dependiendo de ciertas características físicas, algunas y algunos son aún más vulnerables, tal y como lo ha denunciado la directora de Back Home, Mayra Hernández, quien además no ha dejado de insistir en la relevancia que tiene que las líneas de investigación alrededor de la desaparición y la trata de personas se trabajen de manera coordinada y paralela, pues al hacerlo habrá mayores posibilidades de localizar y rescatar a quienes han sido desaparecidas y desaparecidos para ser explotadas y explotados bajo las diversas modalidades de la trata. Por ejemplo, el comercio con fines sexuales o el trabajo forzado. 

Esta cuestión debería ser analizada y trabajada, pues las víctimas de desaparición en el estado coinciden con las edades de las víctimas de trata, quienes también oscilan entre los 12 y 17 años.

Pero nada de esto, hasta ahora, aparece en los boletines de la Fiscalía del Estado, la cual considera que no hay sospecha alguna de trata cuando algunas de las menores localizadas señalan que se ausentaron a otros estados porque sus parejas así se lo pidieron; es decir, sin vincular esta ausencia con un probable enganchamiento.

En el país, desde 2012, existen diversos protocolos para la búsqueda específica de menores de edad desaparecidas y desaparecidos. El primero en implementarse fue el Programa Nacional Alerta AMBER México, el cual es el instrumento para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes.

Este protocolo implica el intercambio de información entre instancias sobre las y los menores desaparecidas y  desaparecidos y con otras autoridades. Además, establece que dichas Alertas emitidas sean enviadas a medios de comunicación y  organizaciones civiles para realizar una búsqueda colaborativa y ciudadana, así como a empresas de transporte (terrestre y aéreo) para evitar el traslado y salida de las y los menores de edad tanto del estado, como del país.

Así mismo, existe el Protocolo Alba que se focaliza en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad.

En julio del 2021, se aprobó y publicó oficialmente el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PANNA), elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda, con el objetivo de unificar los criterios con los que se busca a las y los menores de edad en el país. 

Pese a todos estos instrumentos legales, la realidad para Estela, María, Aracely y María de los Ángeles no ha cambiado mucho. 

Con el fin de denunciar aquello que les han quedado a deber las instituciones del Estado en la búsqueda de sus hijas e hijos, estas mamás han anotado cada una de las obligaciones que las leyes y protocolos dicen que se debe hacer, pero que las autoridades no hacen o nunca han hecho en sus casos.

Una de estas obligaciones incumplidas ha sido la no emisión de las alertas o fichas búsqueda, pues aunque en los lineamientos de Alerta Amber se señala que la activación debe ser inmediata -y más cuando la solicitud la hacen las familias de las víctimas-, quienes están al frente de estos organismos no cumplen con lo que dicta el protocolo y niegan sin fundamentos la activación y publicación de la Alerta. 

Los requisitos legales para realizar y activar una Alerta Amber son: 1) ser menor de 18 años; 2) que se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravió, privación ilegal de la libertad de cualquier circunstancia donde se presunta la comisión de algún ilícito ocurrido en el territorio nacional, y 3) que exista información suficiente sobre el o la menor de edad (nombre, edad, sexo, entre otros).

Tanto Estela como Aracely, a la fecha, no han tenido la posibilidad de activar la alerta de sus hijos, incluso, en el caso del hijo de Aracely, le han dicho que ya no vale la pena tenerla.

Otra falla en la aplicación de los protocolos es que ninguna de las madres tiene conocimiento si esta negativa llega a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que ahí se confirme o modifique dicha respuesta negativa, tal como lo estipula el protocolo.

En la última actualización del protocolo de Alerta Amber, realizada en mayo del 2018, se establece que tanto la activación como la búsqueda de las y los menores deben de ser inmediatas, sin que transcurra plazo alguno, como las 72 horas de espera que siguen sosteniendo las encargadas y los encargados del área como tiempo de espera para saber si las personas aparecen sin que se les busquen oficialmente. 

Doña Mari, madre de Karla, no comprende con totalidad cómo funcionan los protocolos, pero lo que sí sabe es que nunca vio anunciada en ningún lado la ficha de búsqueda de su hija, e, incluso, ignora si esta sigue activa. 

Para Anna Karolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia Para La Paz y El Desarrollo (Cepad), lo narrado por madres como Doña Mari es la prueba de que la creación de protocolos especiales y/o adicionales para la búsqueda de menores de edad no son útiles para la ciudadanía, si las autoridades encargadas siguen omitiendo sus responsabilidades. 

“El programa alerta nacional en Jalisco no dio muchos resultados en la búsqueda inmediata y han tenido deficiencias en la operación de Alerta Amber en el estado. Ante el contexto en el que vivimos, no se han generado las acciones necesarias para atender la desaparición de niños, niñas y adolescentes”.

En ello también concuerda Juan Carlos Benitez, encargado del área de personas desaparecidas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, quien expresa que, a partir de un análisis que realizaron, notaron que entre el personal que debe realizar la búsqueda de las y los menores de edad hay desconocimiento sobre los protocolos existentes, así como del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Las irregularidades que hemos identificado van desde no emitir la alerta de manera oportuna, no tomar en consideración la propia información que los familiares aportan para que se integre a la carpeta de investigación y no implementar las acciones inmediatas de búsqueda, y todo por no saber o por dejar de lado la implementación de la ley y los protocolos que deberían conocer”.

¿Fallan los protocolos o las autoridades? 

Bryan, de 11 años, fue desaparecido el 9 de mayo, en la colonia Rancho de la Cruz, en Tonalá.  Miriam, su madre, narró que al día siguiente fue a interponer la denuncia a la Fiscalía, y de manera inmediata le activaron la Alerta Amber, además pasado los días, le marcaban por teléfono para comentarle que ésta seguía activa. 

Afortunadamente, el 31 de mayo de 2021, en la Plaza de Tesistán, Bryan Alexander fue localizado junto con su captor Gustavo J., quien fue detenido. Ese día, el menor regresó a casa con su familia. 

Cuando las madres que han sido entrevistadas para este reportaje supieron del caso, se alegraron porque todo reencuentro implica, para ellas, una victoria. Sin embargo, no dejaron de cuestionarse qué hubiera pasado si en los casos de sus hijas e hijos la Alerta se hubiera emitido a tiempo, como sucedió con Bryan.

Ese no saber por qué en unos casos sí y en otros no, deja evidencia, además de la mala aplicación de todos los protocolos, el trato diferenciado y excluyente para algunas víctimas, en este caso para adolescentes próximos a cumplir la mayoría de edad. 

Sin embargo, la realidad para la mayoría de las familias es aquella en donde no se busca ni investiga, tal y como lo narra Aracely, quien lleva más de un año en la búsqueda de su hijo.

Para las familias es claro que el interés de las autoridades por buscar a sus seres queridos sólo ocurre cuando presionan social y mediáticamente. De lo contrario la inacción se prolonga al igual que el silencio, al menos así ha sido para María de los Ángeles, madre de Bryan Carrillo.

Mismo sentir tiene María, madre de Karla Macías.

Para estas madres, y para las organizaciones civiles que acompañan sus procesos, está claro que el Estado les ha fallado con su inacción, indiferencia e ineficiencia.

Frente a esta situación, durante el 2020 la organización CEPAD expresó la urgencia de poner en funcionamiento un mecanismo eficaz de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes en Jalisco, y, junto con éste, instaurar acciones para su operación mediante la ley en materia de desaparición. 

Sin embargo, a más de un año de las recomendaciones del CEPAD, y de las denuncias que sobre el tema también ha realizado la CEDHJ, el Gobierno de Jalisco sigue sin implementar nuevas medidas.

Ante esta dura realidad, la esperanza reside en las luchas individuales, familiares y colectivas que se realizan para buscar a las infancias y adolescencias desaparecidas en el estado; esto pese al reclamo constante de “sigilo” y “secrecía” que les hace la Fiscalía, incluso, ante la amenaza de no organizarse en colectivo: 

El amenazarles con dejar de hacer su trabajo si deciden organizarse es violatorio a sus derechos humanos y un acto de intimidación, tal y como lo denunciaron María de los Ángeles y Aracely, madres de Bryan y Daniel, a quienes personal de la Fiscalía les prohibieron tanto vincularse con algún colectivo de familias, como acudir a la CEDHJ a interponer alguna queja, pues para los funcionarios el hacerlo “sólo entorpecería sus búsquedas”.

A más de un año de la desaparición de ambos jóvenes en Teocaltiche, no hay avances.

Cuando un menor de edad desaparece, no debería de importar ni su edad, género o la situación en la cual se encontraba al momento de ser desaparecida o desaparecido. Sin embargo, para las autoridades en Jalisco parece ser todo lo contrario. 

En los boletines de prensa que la Fiscalía suele compartir para informar sobre la localización de una o un menor, suelen destacar que estas desapariciones ocurrieron de manera “voluntaria” producto de los supuestos conflictos personales y/o familiares que generaron la ausencia de la o el menor, lo que minimiza y estigmatiza la crisis de desaparición de infantes y adolescentes, obviando, además, la vinculación de este delito con otros crímenes, como la trata de personas. 

“Un niño no se va por sí solo”, es lo que tiene bien claro Estela, madre de Christian Alexander, pero también es lo que repiten el resto de las madres, quienes sólo reciben cuestionamientos de funcionarios que hacen énfasis en su relación personal o en la educación que les daban a sus hijas e hijos.

Desde mayo de 2011 hasta el 26 de junio de 2021, la Fiscalía General ha emitido 101 boletines de prensa donde informan sobre la localización con vida de igual número de niñas, niños y adolescentes.

En esta comunicación oficial se asegura, sin ofrecer pruebas, que la mayoría de estas y estos menores se ausentan por voluntad propia y retornan a sus hogares de la misma manera; por tanto, como un mantra que pretende excusarlos de su responsabilidad, simplemente recomiendan: “padres deben hacer un mejor trabajo cuidando a sus hijos e hijas”. 

De esta manera, la desaparición de las y los menores de 18 años es minimizada, pues registran sus casos exitosos bajo los criterios de “se fueron con una amiga”, “pretendía escapar con el novio o la novia” o “se fue porque la ponían a hacer el quehacer”.   

Mediante una solicitud de transparencia, Alerta Amber señala que de enero de 2019 a diciembre de 2020, en el estado, fueron localizados 648 menores de edad. Sin embargo, el Registro Nacional contempla un total de 2 mil 120 localizaciones (2 mil 069 con vida y 51 sin ella).

La diferencia, incluso en esta información que publicitan como un éxito, es de mil 472 casos. Sin embargo, no existe ningún tipo de informe que explique a la ciudadanía qué hay detrás de estas desapariciones y bajo qué condiciones se localizaron a las y los menores. O si, por ejemplo, hay diferencias entre las desapariciones de infantes, adolescentes y jóvenes, o qué ocurre en cuanto al sexo de las y los menores, y las probables dinámicas delictivas que puedan explicar su supuesta “ausencia voluntaria”.

Organizaciones que trabajan para la erradicación de la trata de personas como Back Home o Fin de la Esclavitud han señalado en reiteradas ocasiones que, si esta información no se ofrece (resguardando obviamente la identidad de las personas), se limitan las acciones que la sociedad puede hacer para cuidar a las y los menores de edad, algo que la Fiscalía coloca en sus boletines como una obligación de las madres y padres, pero que también es su obligación porque el Estado debe realizar acciones tanto para prevenir la comisión de este delito, como para investigarlo de manera integral.

¿Qué es lo pasa entonces? Pasa que al no aplicarse los protocolos de acción e investigación de manera adecuada, la mayoría de los casos se investigan de manera individual y sin un análisis de contexto que identifique modus operandis, patrones, relaciones territoriales, grupos del crimen organizado y/o incidencias delictivas que complejizan la investigación de estos hechos como vinculados y no asilados.

Tampoco se emplean criterios etáreos diferenciados. Conforme a las indagatorias realizadas, la edad de la menor desaparecida o el menor desaparecido es un factor determinante para que las autoridades, en verdad, investiguen el caso. Mientras mayores sean, menor es el avance en la investigación, esto porque se tiende a criminalizar a la adolescencia y la juventud. 

Esto es algo en lo que concuerdan los testimonios de Estela, María y Aracely, pues la investigación de sus hijos e hija, a pesar de ser menores de edad, se investiga más bajo una lógica adultocentrista que pretende responsabilizarles de su propia desaparición:

Las palabras de María, madre Karla, son compartidas por muchas compañeras de búsqueda, quienes coinciden en señalar que se dedica más tiempo a buscar una vinculación de las desaparecidas o los desaparecidos con el delito del que son víctimas, que a buscarles como es su obligación.

Así mismo, señalan que las autoridades actúan de manera más eficiente si la persona menor de edad desaparecida es una o un infante o, incluso, bebés, punto que entienden perfectamente las autoridades al estar en una condición de vulnerabilidad mayor, tal y como pasó con la búsqueda de Bryan Alexander de 11 años, donde los protocolos, afortunadamente, se aplicaron de manera diligente.

Sin embargo, a Estela, María, Aracely y María de los Ángeles les gustaría que esto sucediera en todos los casos, pero lo que han vivido hasta ahora les deja saber que sus hijas e hijos son, y han sido, doblemente desaparecidos y desaparecidas dentro de la Fiscalía, tanto por su edad, como por las pocas acciones de búsqueda que se han hecho para localizarles.  

Alrededor del mundo, miles de niños, niñas y adolescentes son víctimas de trata cada año para llevar a cabo trabajos forzosos o peligrosos, tareas domésticas, labores agrícolas o producción de materiales de construcción, o para ser explotados y explotadas sexualmente (pornografia infantil y prostitución) .

El informe “Global report on trafficking in persons” reveló que, en el año 2018,  2 de cada 10 víctimas de trata detectadas a nivel mundial eran mujeres menores de edad. 

La proporción de niños, niñas y adolescentes detectadas y detectados como víctimas de trata ha aumentado significativamente en comparación con las personas adultas. Aproximadamente, un tercio de las víctimas totales a nivel mundial eran niños, niñas y adolescentes, mientras que sólo el 20% eran hombres adultos. 

Por su parte, el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), publicado en diciembre de 2016, expone que cada año más de 21 millones de personas son víctimas de las redes de trata que operan hasta en 124 países.

La Organización de las Naciones Unidas aseguran que en América, México es el quinto país de flujo de trata de personas entre Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Asimismo, señalan que México es tanto punto de origen como de destino final para las víctimas de este delito. 

¿Qué es la trata de personas? 

De acuerdo a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos, en su artículo 10 define a la trata de personas como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”. De igual forma, destaca cuáles son las modalidades de trata que deben ser combatidas:

1. La esclavitud.
2. La condición de servicio.
3. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.
4. La explotación laboral.
5. El trabajo o servicios forzados.
6. La mendicidad forzosa.
7. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas.
8. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años.
9. El matrimonio forzoso o servil.
10. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos.
11. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

¿Cuál es el panorama en México? 

En el país, la trata de personas es uno de los principales delitos que más se cometen. En 2019 se denunciaron 401 casos de presuntas víctimas por trata de personas. Para 2020 el número se incrementó a 454 casos. Y en el periodo enero a abril de 2021 la cifra llegó a 170.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados con más casos por trata de personas, de enero a julio de 2021, son: Estado de México (92), Nuevo León (78), Ciudad de México (52), Baja California (32), Puebla (29), y Chihuahua (14). Jalisco se posiciona en el noveno puesto a nivel nacional con 7 casos de trata de personas; sin embargo, este número no contabiliza la cifra negra de casos no denunciados.

Cabe señalar que en estas mismas entidades mexicanas, un gran número de víctimas por trata de personas son jóvenes menores de 17 años.

¿Cuál es la situación en Jalisco? 

En 2020, el estado se ubicó entre las cinco entidades con menor incidencia, con ocho carpetas de investigación. De estas, tres casos ocurrieron en Guadalajara, dos en Puerto Vallarta y en municipios como Lagos de Moreno, San Gabriel y Tlajomulco de Zúñiga, en los que se registró un caso por municipio.

Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), ha llamado la atención sobre que en los casos de trata de personas en Jalisco la proporción de niños abusados es mayor en comparación con otros estados del país. 

“En Guadalajara hay de todo: hay pornografia, hay niños que son explotados en bares, que los trafican, que los llevan de un estado para el otro, algunos llegan a Guadalajara, y los de ahí son movidos a otra parte.  Pero un rasgo único que recuerdo era que no solamente son niñas las que son explotadas, sino también niños” explicó. 

Estas circunstancias señaladas por la académica coinciden también con lo que Back Home y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) han denunciado sobre la incidencia de este delito en Jalisco, donde de manera específica la Zona Metropolitana de Guadalajara, Chapa y Puerto Vallarta representan focos rojos a nivel nacional.

Actualmente, Guadalajara es el municipio con mayor número de menores de edad desaparecidas y desaparecidos (158) en el estado; Puerto Vallarta se posiciona en el doceavo lugar (19) y en seguida se encuentra  Chapala (11). 

Por su parte, Edith Brambilla y Ricardo Cervantes de AHIC.A.C., señalan que otros de los puntos que han encontrado es el centro de Tlajomulco, lugar donde “los chicos van y no regresan”. Ambos activistas señalan que algunos de estos casos pueden estar involucrados en el reclutamiento por parte del crimen organizado para la realización de actividades delictivas.

Otro foco rojo (por una razón completamente distinta), es la zona que va del centro de la ciudad de Guadalajara hasta la Glorieta de La Minerva, pues, aseguran, existe muchos niños y niñas en situación de calle que fueron obligados a trabajar o a ejercer la prostitución. 

Tanto Bambrilla como Cervantes coinciden en que la mayoría de las y los menores de edad que desaparecen  terminan dentro del crimen organizado, en una pandilla o realizando prostitución forzada, razón por la que no se puede desvincular la trata de personas de la investigación y búsqueda de las personas menores de edad reportadas como desaprecidas. 

Asimismo, consideran que una gran parte de estas y estos infantes ya no se encuentran en el estado, y que, de acuerdo a sus investigaciones, podrían haberles trasladado a estados como Puebla, Ciudad de México o Estado de México. 

A nivel nacional, la Ciudad de México es la entidad con la mayor incidencia del delito de trata de personas, ya que de 2015 a 2019, acumuló 368 casos; le siguen Chiapas (256); el Estado de México (208); y Puebla (147).

La trata de personas es perpetrada en diversos niveles y pueden dividirse en cuatro amplias categorías: explotación laboral, explotación sexual, adopción ilegal y crimen organizado.

A continuación, presentamos cada una de ellas.

¿Cuál es el modus operandi de los perpetradores en estas cuatro modalidades? 

El medio más utilizado para atraer a sus víctimas es el Internet, ya sea a través de anuncios de trabajo falsos y/o lucrativos, hasta el alcance directo de los traficantes bajo el pretexto de buscar amistades en redes sociales. 

También pueden contactarse con las y los menores que publiquen en sus redes sociales, como el hombre que contactó a Cristhian Alexander para comprarle su motocicleta. Al momento del encuentro todo parecía normal, pero Estela, su madre, comenta que cuando el menor lo acompañó por el dinero, este jamás regresó a casa. 

En el caso de las y los menores de edad, se contactan con ellas y ellos, en la mayoría de las ocasiones, por sus redes sociales. Utilizan a menudo el engaño en combinación con la focalización y el abuso de las necesidades de la víctima, las cuales pueden ser emocionales, económicas o ambas. Lo que hacen es prestarles la mayor atención posible, les hacen creer que ellos pueden solucionar todos sus problemas, incluso, les prometen una “mejor” vida. 

“Se hacen pasar por una amiga o amigo, van conociendo a su víctima, sus fragilidades y hacen lo posible hasta encontrarse y después se la llevan” comentó Elena Azaola del CIESAS. 

En el caso de los menores que son reclutados en las calles, el modus operandi cambia; así lo explica Otilia Arrellano, quien expone que existen dos formas: las amenazas y el miedo. Las y los menores aceptan, asegura Arellano, porque no quieren que les pase nada a sus seres queridos. La otra manera es que quienes se los llevan se aprovechan de la falta de cariño que viven estas niñas y niños. 

En los casos de trata, el 22% de las víctimas son desaparecidas mediante el uso de violencia extrema. En este proceso, los traficantes abusan de las vulnerabilidades de las víctimas. 

En Jalisco, los perpetradores lo que buscan en sus víctimas menores de edad es la fragilidad emocional, la falta de vínculos afectivos con sus seres queridos, “pues esto crea un vació en las y los infantes, el cual aprovechan para atraer y manipular a los mismos”, explica Elena Azaola. 

Otra característica importante es que las y los menores de edad provengan de un entorno familiar “roto” o “fracturado”, pues ahí, señalan las expertas es donde puede existir cierto descuido o una falta de protección hacia la niñez; también buscan niñas, niños y adolescentes de bajos recursos económicos, y ahí “el enganchamiento” es mediante la promesa de una “vida mejor”.

El perfil de las víctimas de trata sexual suele estar enlazado con víctimas femeninas, por lo general, que van de los 12 a los 17 años, misma edad que tenía Karla cuando fue desaparecida.

En cuanto a la explotación laboral, las víctimas suelen ser hombres de entre 12 y 19 años, edad que tenían los hijos de Estela, Aracely y María de los Ángeles al momento de ser desaparecidos.  

Ante la creciente problemática, Otilia Arrellano y Elena Azaola la participación ciudadana es primordial, así como la no criminalización de quienes son víctimas para la erradicación de este delito: “La denuncia ciudadana sería el primer paso y que el gobierno y las asociaciones civiles hicieran el resto. Ya se trabajaría en conjunto. No nos espantamos con las noticias y lo primero que se piensa es que ojalá que no nos pase a nosotros”. 

Cuando sale la denuncia de que se encontró el cuerpo de un joven, lo primero que sale es el morbo es cuestionarse “¿Qué estaba haciendo?” o“¿Por qué lo mataron?”, pero nunca se piensa más allá, donde está la familia: “¿por qué sucedió?”, “¿correrá peligro la familia?”. El hacerse estas preguntas, al mirar más allá, es todo lo puede hacer la ciudadanía para después exigir que se haga justicia. 

De igual forma, Otilia Arellano comparte que es fundamental el actuar inmediato de las autoridades encargadas, puesto que en caso de que sean desaparecidos o desaparecidas se les debe de localizar lo más pronto posible para que no terminen dentro de una red de trata.

“En el momento que exista una denuncia por desaparición que se pongan a buscar, a investigar y que se le dé protección a la familia. Podemos prevenir. ¿Cómo? Viendo que sucede con los jóvenes que están sin estudiar, que no tienen un hogar o que están en una adicción, porque ese es uno de los principales aspectos que los vulneran: la carencia en la que viven. Debemos ver, más bien, que esto no exista”.

Por su parte, Elena Azaola recalca la importancia de cuidar a la niñez, construir entornos seguros e integrales para su sano desarrollo y, de ser posible, denunciar cualquier maltrato. 

“Yo diría dos cosas fundamentales: en primer lugar, desde luego, amar, cuidar, proteger y  estar atentos con las niñas y los niños educarlos. Hablarles de estas posibilidades,  no descuidarles, no dejarles solos, no dejarles en manos del vecino o del amigo. Por otro lado, denunciar funciona, y también hacer visible lo que pasa, pues las amenazas son brutales, estos tipos son capaces de absolutamente todo. Y  eso hay que tenerlo muy presente, si uno va a denunciar, no debe jamás denunciar sólo como un individuo sino como un grupo difícil de identificar”.

El tráfico de personas es una grave violación de los derechos humanos, a la que ahora sólo le hacen frente las organizaciones civiles, pero sobre todo las familias de las y los menores que han sido desaprecidas y desaparecidos en Jalisco.

¿Qué pasa cuando una o un infante desaparece? Los familiares ponen carteles y no descansan hasta encontrarle. En ocasiones, el gobierno ayuda y, cuando realiza su trabajo de manera correcta, la o el infante regresa a su hogar, como ha pasado con 2 mil 030 menores de edad que han sido localizadas y localizados en Jalisco en la última década. 

Heide Padilla de 9 años, Isaí Contreras de 14 años, Adriana Torres de 12 años y Diego Mejiaz de 4 años, son algunos de los menores que fueron exitosamente localizados y que el día de hoy están en casa con sus familiares. 

Otro caso exitoso es el de Bryan Alexander, menor que desapareció frente a su casa, el domingo 9 de mayo de 2021. A Bryan se lo llevó su entrenador de fútbol, quien lo subió a un camión y durante 22 días lo tuvo cautivo y con paradero desconocido.

Su madre, Miriam, recibió todo el apoyo de Fiscalía y en cuanto acudió a la institución activaron la Alerta Amber, la cual se mantuvo activa hasta que fue localizado el 31 de mayo. 

¿Qué pasa con las 804 madres que aún no encuentran a sus hijos desaparecidos? Entre ellas, se encuentran en esta situación Estela, Aracely, María de los Ángeles y María, quienes así recuerdan a sus amores.

Por ellos y ella, es que sus madres persisten en una lucha que afrontan con o sin el apoyo de las autoridades, pues como sostiene Aracely esto lo hacen solas porque “desgraciadamente ni el gobierno, ni la Fiscalía están poniendo nada de su parte”.

De ahí que en ella no deja de estar presente la pregunta de quién o quiénes ya no dejaron volver a su hijo y su amigo, pero después de ello tiene más peso la promesa de amor que ha hecho: “tú vas a regresar mi niño, los estamos buscando”.

Para María de los Ángeles es claro que harán todo lo posible para que Bryan y Daniel regresen a su lado. Por ello, no dejarán que el gobernador Enrique Alfaro olvide la promesa que les hizo, pero tampoco dejarán que la Fiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo, permanezca en su puesto, pues para ella es claro que no puede con el trabajo de buscar a quienes hoy faltan: “El gobernador se comprometió a darme resultados y hasta la fecha no lo ha hecho. Si la fiscal Blanca, no puede con él puesto que renuncie”.

Estela, por su parte, es clara en su sentir y ya no espera mucho de las autoridades, porque en su camino acompañando a las madres que integran el Colectivo Entre Cielo y Tierra se ha percatado de que las autoridades no están de su lado, ya que “no se imaginan ni tantito el dolor que una madre siente de que le hayan arrebatado a su hijo”. Por ello, su lucha está junto a quienes sí están luchando, tanto para frenar las desapariciones, como para localizar a quienes les faltan, en su caso su hijo Christian Alexander y su cuñado Raudel.

Ella -al igual que Aracely, María de los Ángeles y María- se mantiene en pie con amor y esperanza, porque identifican que cada vez son más las personas que están saliendo a las calles a gritar los nombres de quienes faltan. Y mientras eso suceda, seguirán buscando no sólo a su tesoro, sino a los más de 804 menores que han desaparecido en la última década en Jalisco. 

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Agradecemos a las madres que nos compartieron su testimonio y confiaron en nuestro trabajo. Esto es por ellas y para ellas. También agradecemos a las expertas y expertos que nos compartieron su testimonio, y a las instituciones que nos apoyaron con su conocimiento.