En México, cada vez más las personas LGBTTTIQ se sienten libres de expresarse en la calle, en el trabajo y en general en el espacio público. Sin embargo, no todos los países cuentan con la misma libertad. Frente a esta realidad, la población diversa ha tenido que salir de sus países huyendo de la persecución que enfrentan por su orientación sexual e identidad de género.
Por Aletse Torres / @aletse1799
Ilustración Libres e Iguales Naciones Unidas
En el marco de la campaña “Transformemos las fronteras, derribemos muros que nos separan” el Albergue La Sagrada Familia, asociación civil sin fines de lucro que brinda ayuda humanitaria a personas migrantes provenientes de Centroamérica, llevó a cabo el conversatorio virtual “Diversidad Sexual y de Género en la Migración”.
Este espacio que tuvo como objetivo promover el respeto y los derechos humanos de la población migrante LGBTTTIQ+, se recopilaron las voces de Sara Islas, coordinadora del albergue temporal Casa Arcoiris; Heizel Sánchez Nava, vicecoordinadora de Mujeres Trans A.C. y el valioso testimonio de Valeria Lorety Diaz, activista e integrante de La Sagrada Familia.
“Más que un albergue, somos un hogar”
Casa Arcoíris es un albergue temporal desde 2019, nació por la necesidad de brindar alojamiento a migrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, luego de reconocer el número significativo de personas en situación de movilidad provenientes de Centroamérica que llegaron a Tijuana, Baja California con la Caravana del 2018.
Sara Islas, coordinadora del albergue, explica que en 2018 notaron la presencia de un grupo de personas que había sido “silenciado”, éstas venían huyendo de contextos sumamente violentos por su orientación sexual e identidad de género.
Son pocos los albergues que se capacitan para ofrecer atención especializada a este segmento de la población migrante, asegura Sara, lo que ocasiona una serie de violaciones a sus derechos humanos.
En el caso de las personas trans, al no reconocer su identidad y su nombre, -aunque en sus documentos de identificación tengan otro-, se esta cometiendo un acto de discriminación, afirma la coordinadora de la Casa Arcoíris:
“Si el papel dice Juanito Perez, pero ella ya es María, tiene que ser tratada como María, como una mujer. Son mujeres, huyendo de una transfobia, condiciones críticas y aquí se encuentran con situaciones peores”.
De la misma manera, a las familias homoparentales o lesbomaternales se les niega y excluye el alojamiento en los albergues, puesto que, solo una persona de los padres o madres puede quedarse, -pero no como pareja-, en palabras de la coordinadora “las familias diversas no entran en su hogares”.
Otro obstáculo al que se enfrentan, es la desconexión con sus núcleos cercanos, como familia o amigos, debido al rechazo que experimentan de parte de sus seres queridos; esto los, las y les orilla a migrar, y además, repercute en su salud mental, ocasionandoles enfermedades como la depresión.
Como respuesta a ello, Islas junto con un un equipo comprometido de activistas locales y una sólida red de organizaciones binacionales, trabajan para mantener el refugio y garantizar que los, las y les residentes reciban una atención integral. En este espacio se les provee de vivienda, apoyo psicológico, atención médica, servicios sociales, educativos y servicios legales para la solicitud de asilo en Estados Unidos y otros países.
La población que reciben es “diversa”, ha proporcionado alojamiento y servicios a más de 180 migrantes LGBTTTIQ+ de 16 nacionalidades, la gran mayoría en busca asilo en los Estados Unidos después de su estancia en el albergue.
Islas, espera que crezca la red de apoyo para migrantes LGBTTTIQ+, que les acompañen en sus procesos, les ayuden y sobre todo “apapachen”, porque para ella y su equipo la comunidad migrante “merece lo mejor de lo mejor”.
Continúa la violencia hacia las personas de la comunidad LGBTTTIQ+
Heizel Sánchez Nava, es vicecoordinadora en la asociación civil Mujeres Trans, desde su trabajo ha documentado la violencia sistemática que existe hacia la comunidad LGBTTTIQ+ y cómo ha aumentado por diversos factores, entre los cuales se encuentra la migración.
Entre mayo de 2020 y abril de 2021, se han contabilizado un total de 87 crímenes contra esta comunidad en el país, informó el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Fundación Arcoíris.
Igualmente, indicó que, de los 43 asesinatos registrados en todo 2020, uno ocurrió en Baja California; seis en Chihuahua; tres en Ciudad de México; tres en Guerrero; tres en Jalisco; cinco en Michoacán; uno en Nuevo León; y 21 en Veracruz.
Para Heizel, estos números son “alarmantes”, debido a que exponen la realidad en la que viven los, las y les miembros de la comunidad.
Asimismo, señala que la falta de formación especializada, sensibilización y capacitación en las autoridades encargadas de las instituciones migratorias, ocasiona una vulneración a los derechos humanos de las personas en movilidad.
“Nadie les ayuda, existe una mala atención, un maltrato por parte del personal administrativo, de salud o de cualquier instancia, podría decirse que hasta un morbo hacia las personas de la comunidad” comentó la vicecoordinadora.
Sánchez, invita a la población a sumarse a la exigencia de los derechos humanos básicos de las personas migrantes. De la misma forma, llama a respetar y acompañar en su lucha a quienes están en busca de mejores condiciones de vida.
“Ojalá mi historia les inspire para alcanzar sus sueños”
Valeria Lorety, tenía 17 años cuando “salió del closet” y ese mismo día sus padres la corrieron de su casa. Su situación fue complicada, y debido a la falta de apoyo de sus familiares decidió migrar a Tijuana, Baja California.
Estuvo viviendo por un tiempo bajo un puente, en el Arco de la Revolución específicamente, mientras luchaba por sobrevivir, simultáneamente luchaba con ella misma, “¿quien soy?” se preguntaba cada noche.
“Era muy fuerte lo que sentía dentro de mí, si estaba bien ser quien era, porque sufría tanto, porque me rechazaron mis padres” narró Lorety.
El proceso lo vivió sola y en depresión, vivió en algunos albergues pero en ninguno “encajaba”, no podía estar con las mujeres pero tampoco con los hombres.
Su experiencia, la impulsó a crear espacios que contemplaran las necesidades de la comunidad migrante LGBTTTIQ+. Además, se postuló como candidata a presidenta municipal con el objetivo de demostrar a la sociedad que las personas trans pueden y tienen derecho de estar en todos los espacios.
“Nosotras tenemos el mismo derecho que los demás, estamos hartas del rechazo y la exclusión en espacios que nos pertenecen” señaló la activista.
¿Qué hace falta?
Sara, Heizel y Valeria, coincidieron en que “falta mucho” en la agenda de Migración LGTBQTTTIQ+; sin embargo, consideraron como necesarias y urgentes las siguientes demandas:
- El desarrollo de estudios específicos sobre el tema, para conocer las verdaderas necesidades de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
- Proveer y garantizar instrumentos de trabajo para las personas encargadas de los albergues de atención y ayuda humanitaria a la población migrantes.
- Difusión de información sobre los derechos de las personas migrantes LGBTTTIQ.
- El reconocimiento y la investigación de los crímenes de odio.
- Capacitación y sensibilización a las autoridades y personal de instituciones públicas y de la sociedad civil (albergues, personal de salud, migración) que brindan atención a este sector de la población en movilidad.
- Acceso a los servicios públicos; y finalmente,
- Apoyarles y abrazarles en su camino.
“Tenemos que probar la no dicminacion, la inclusión, el respeto a sus derechos humanos. Ya es momento de reconocerles por las personas que son, porque no vamos a parar hasta tener un país donde todes sean apoyados” finalizó Heizel Sánchez.
