Por Fabrizio Lorusso /@FabrizioLorusso
El 29 de mayo Francisco Javier Barajas Piña fue asesinado con arma de fuego en el centro de Salvatierra, Guanajuato, cerca de su casa. Él tenía apenas 27 años. Como parte del Grupo de acompañantes de las búsquedas en Guanajuato, pude conocerlo durante varias jornadas en campo, a partir justamente de los hallazgos de 65 fosas con 79 cuerpos en Rancho Nuevo, Salvatierra, entre octubre y noviembre pasados.
Javier participó en campo directamente para buscar a su hermana, la maestra Lupita Barajas Piña, desaparecida el 29 de febrero de 2020 en Salvatierra. El magisterio, la familia, los colectivos del estado, las y los solidarios de varias partes emprendieron su búsqueda en las primeras semanas, sin resultados. Su caso fue visibilizado a nivel nacional pero no hubo avances en las investigaciones de la fiscalía. En agosto comenzaron las búsquedas generalizadas en campo en diferentes sitios del estado, dirigidas por la Comisión Estatal y la Nacional, en conjunto con las familias. Hasta finales de octubre hubo los primeros hallazgos en Salvatierra propiamente.
Lugares de exterminio e impunidad como El Conejo en Irapuato, Rancho Nuevo en Salvatierra, Cañada de Caracheo en Cortazar, La Ascensión en Acámbaro, Cerro Prieto en Moroleón, El Sauz en Celaya, San Antonio de las Maravillas en Juventino Rosas, entre otros, constituyen espacios de dolor que la memoria colectiva deberá rescatar y resignificar, iniciando un proceso de reparación, más allá de que se hayan cerrado las carpetas o las búsquedas allí. Más que nunca en Guanajuato y en el país es necesario un mecanismo de justicia transicional especial, adaptado al México del 2021, que devuelva dignidad a las víctimas y sobrevivientes de la violencia, así como pistas para la verdad y la no repetición.
Casi un año después de su desaparición, Lupita fue identificada entre los cuerpos rescatados. Mientras tanto, Javier había comenzado a colaborar como parte del equipo de la comisión estatal de búsqueda y se había integrado a la institución. Quienes acompañamos, los colegas de la comisión y todas las familias y buscadoras, hermanas del mismo dolor, que buscan a sus seres queridos en Guanajuato lamentan el vil atentado que lo dejó sin vida y piden que no haya impunidad.
Desde su condición de víctima indirecta de la desaparición de su hermana y de buscador, Javier se había convertido también en funcionario público al servicio de los colectivos y la comunidad, como defensor del derecho de las y los desaparecidos a ser buscados, de las familias a dar con su paradero y de la sociedad a destapar la desgarradora verdad de violencia, violaciones a derechos humanos y macrocriminalidad que había quedado oculta en la entidad. Aquí se busca en medio de la guerra y la emergencia.
“Guanajuato vive en un Estado de Emergencia desde hace años. Ocupa el primer lugar en homicidios a nivel nacional. Tan solo en el último año se han encontrado centenares de cuerpos y fosas clandestinas en la mayoría de los municipios de la entidad. Hay más de 2,500 personas desaparecidas y seis de cada diez casos han sucedido durante los últimos 3 años frente a la mirada de la Fiscalía”, detalla uno de los comunicados.
Somos testigos de la entrega incondicional de centenares de familias en Guanajuato que han decidido salir a buscar y no callar, así como del tremendo contexto en que lo tienen que hacer, pero asimismo atestiguamos la ineficacia de las autoridades de todos los niveles en garantizar un horizonte aceptable de convivencia civil, de seguridad, de persecución de los delitos y de bienestar. Todo eso es utopía en Guanajuato y sería lo mínimo para hablar de un Estado funcional, que evidentemente no existe.
Desde el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no se ha emitido, hasta la mañana del 2 de junio, ningún posicionamiento sobre el homicidio de Javier Barajas que diera una señal fuerte contra la impunidad, un mensaje antimafia claro y una presencia simbólica y material efectiva de parte del Estado.
De hecho, los colectivos de Guanajuato y grupos del resto del país, las comisiones de búsqueda estatales y la nacional, los Consejos ciudadanos de víctimas y de búsqueda estatales y el Consejo nacional ciudadano, fueron los primeros en expresar repudio por el asesinato y exigencia de protección, reparación, verdad y justicia hacia las autoridades. El comunicado, firmado por decenas de organizaciones y colectivos de familiares, del Grupo Multidisciplinario de Acompañantes en las Búsquedas, Guanajuato y Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, se pide:
- A la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que investigue el asesinato considerando la doble condición de víctima de Javier y su pertenencia a la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Guanajuato.
- Al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos que ofrezca medidas eficaces a los Colectivos de familias de personas desaparecidas que así lo soliciten, en coordinación con el Consejo Estatal.
- A los Sistemas Estatal de Búsqueda y de Atención Integral a Víctimas a que sesionen de forma conjunta para revisar las condiciones de seguridad que deben garantizarse en las búsquedas tanto a las familias como a quienes integran la Comisión Estatal de Búsqueda.
- A la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) que establezca un plan de reparación para la familia Barajas Piña, incluido el establecimiento de un Memorial de Paz, como lo ha solicitado en el Colectivo “Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia”.
Para concluir, auspicio un viraje institucional, que a lo mejor pueda acompañarse o impulsarse por instancias internacionales (Onu-Dh, CIDH, organizaciones no gubernamentales), ante el conflicto armado que viven Guanajuato y muchas regiones de México que nos duelen. Asimismo, esperan una respuesta pronta a su planteamiento los 12 colectivos de buscadoras activos en Guanajuato, pues ante este grave crimen, manifiestan:
1) Nos solidarizamos con sus familiares y amigos en la pena que nos llena su ausencia. Ninguna persona debe morir por exigir justicia.
2) Condenamos su asesinato y exigimos a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato una investigación pronta, eficiente y expedita para garantizar que su muerte no quede impune.
3) Pedimos al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, que cumpla con su deber de garantizar seguridad a las familias en búsqueda y exigimos medidas de reparación, dignificar su memoria y mecanismos de no repetición.
