En Pie de Paz
Por Carmen Chinas /@carmenchsa
La valiosa experiencia de haber coordinado durante dos años el Laboratorio de Conocimiento “Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina” del Centro Maria Sybilla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS) me ha permitido acercarme a una visión de paz que se enfoca a pensarla como un proceso permanente en el que el accionar de los pueblos es fundamental para lograr sociedades pacíficas en las que se reconozcan sus derechos fundamentales.
La idea central que orientó el trabajo de las investigaciones en el Laboratorio es que la cultura de paz es una cultura que debe promover la diversidad pacífica, así como maneras de vivir, patrones de creencias, valores y comportamientos, acompañados de acuerdos que promuevan el cuidado, bienestar mutuo y una igualdad que incluya la apreciación de las diferencias y el reparto equitativo de los bienes de la tierras entre sus miembros y con todos los seres vivos (Elise Boulding) y que la paz está determinada por cuestiones de etnia, género, clase social e identidad sexual.
En América Latina la paz ha sido una condición cambiante fuertemente condicionada a las condiciones de saqueo y dominación impuestas por el pasado colonial. Durante la conquista, la paz apareció vinculada con la justicia cuando Fray Bartolomé de las Casas abogada por frenar la destrucción de los pueblos originarios. En el siglo XIX, la guerra permeó los procesos de construcción del Estado, por lograr la Independencia y el reconocimiento a la soberanía nacional y en el siglo XX la idea de la paz se relaciona con la búsqueda de bienestar social mientras fuertes dictaduras militarizadas se imponían por momentos en la región.
La desigualdad social y otras desigualdades (de género, étnicas) han destacado entre los factores más importantes para impedir una convivencia pacífica y son, también desde una perspectiva histórica, una de las mayores causas del estallido de violencia dentro de las sociedades, en el caso de América Latina la presencia de industrias extractivistas y de fuertes intereses del capital trasnacional es una condicionante que limita el desarrollo de los pueblos.
Pensar en los procesos de paz en América Latina en el momento actual nos lleva a la reflexión sobre las acciones que desde las comunidades se realizan para preservar la memoria y exigir justicia frente a crímenes del pasado (desaparición forzada, tortura, ejecuciones), pero también a mirar a conflictos en el presente como: la violencia contra las mujeres, desplazamiento forzado, personas desaparecidas, incremento en homicidios, xenofobia hacia los migrantes, racismo y discriminación.
Construir la paz en América Latina implica reconocer la lucha de las mujeres que reclaman alto a todas las formas de violencia; ya sea directa, psicológica, económica, sexual, obstétrica y cultural, así como establecer un marco legislativo en cada uno de los países que garantice a la mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo, acceso pleno a la educación, reconocimiento al trabajo de cuidados, al doméstico, salario digno y entornos laborales libre de acoso y hostigamiento.
En el caso de los menores, es necesario pensar en procesos de formación escolar que incluyan la educación para la paz; por ejemplo en Colombia como parte de los acuerdos de pacificación los programas de estudio en las escuelas de educación básica abordan categorías de convivencia pacífica, participación ciudadana, diversidad, identidad, memoria histórica, reconciliación, desarrollo sostenible y ética. Educar para la paz debe propiciar la reflexión sobre formas de solución de conflictos distintas a la violencia (s), que niños y niñas se reconozcan iguales en derechos, fortalecer en las nuevas generaciones el compromiso por la defensa del medio ambiente, el cuidado de la familia y de contribuir al bienestar de su comunidad.
Construir la paz implica atender las necesidades de las y los migrantes en los diversos territorios, tanto a las víctimas de desplazamiento forzado como a las personas que buscan mejorar sus oportunidades de vida, garantizar los derechos humanos sin distinción de género, etnia o nacionalidad, proteger la trabajador migrante y su familia, otorgar asilo político cuando así se requiera, establecer mecanismos de protección para las mujeres y menores especialmente frente al tráfico ilícito y trata de personas.
Es necesario que los gobiernos detengan la militarización de la seguridad así como la violencia policiaca, que superen las políticas de enfoque punitivo de la seguridad pública para acercarse más a la idea de la prevención social, a procesos de justicia restaurativa, de mecanismos alternos de solución de conflictos y garantizar el acceso a la justicia para todas las personas independientemente etnia o condición económica o social.
Transitar hacia sociedades pacíficas requiere de un fuerte compromiso por parte de las autoridades en el ámbito de su responsabilidad y competencia para realizar acciones orientadas a favorecer la convivencia pacífica, por ejemplo la recuperación y apropiamiento social del espacio público, programas de arte y cultura accesibles a todos los sectores de la población; atender las causas de fondo que generan violencia como la profunda desigualdad económica existente con políticas que lleven a mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos sociales (educación, salud, trabajo digno); es necesario reconocer que los procesos que permiten avanzar en la construcción de paz son posibles por el esfuerzo colectivo que se realiza en las comunidades por movimientos, organizaciones sociales, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos desde sus espacios de lucha.
