Cuando las personas afectadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, Jalisco confirmaron que las autoridades no les apoyarían, muchos de ellos y ellas depositaron su fe y esperanza en la religión católica. Por ello, y para conmemorar a sus seres queridos fallecidos construyeron la “Capilla Guadalupana 22 de Abril”.
A 29 años de la catástrofe, la agrupación vecinal se encuentra limitada de vivir su duelo y celebrar el aniversario luctuoso de los hechos, pues un sacerdote, que asegura seguir ordenes de la Arquidiócesis de Guadalajara, los ha despojado de la capilla que equiparan a un mausoleo y consideran como “lo único que les dejaron”.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
Fotografía de portada e interiores: José Hernández-Claire (http://www.josehernandezclaire.com/22-de-abril/)
Este 22 de abril se cumplen 29 años de las explosiones de Guadalajara en el Sector Reforma, pero para los y las vecinas afectadas parece que fue ayer. Y es que fue una situación inimaginable e imposible de olvidar. Principalmente, para las personas sobrevivientes que hasta la fecha luchan por conservar la memoria de sus seres queridos fallecidos.
Como parte de esas batallas, desde hace un año y medio se enfrentan al despojo de la “Capilla Guadalupana 22 de Abril”. Los y las vecinas equiparan a este espacio en la calle C. Gante número 624 con un mausoleo. Entre ellas y ellos lo construyeron desde cero y lo han mantenido de manera colectiva desde que sucedieron las explosiones.
Sin embargo, el 19 de septiembre de 2019 un sacerdote que asegura, actúa bajo las órdenes Arquidiócesis de Guadalajara, pidió entrar al lugar con el argumento de hacer oración y se apropió de él desde entonces. A las personas que han luchado por el lugar durante años les ha negado la entrada e, incluso, contrató a guardias de seguridad para evitar su ingreso. Esto, lo narra Roberto Hernández, un vecino del barrio que impulsó la construcción de la capilla desde los años 90.
En este aniversario luctuoso de la catástrofe, así como Roberto, muchas familias de personas fallecidas en las explosiones se sienten totalmente limitadas para conmemorar su dolor y la vida de sus seres queridos. Por un lado, se les niega la entrada a los panteones por las medidas para evitar contagios de la COVID-19, y por otro, dudan poder celebrar la misa que cada año organizaban en su Capilla Guadalupana.
Para este grupo de personas damnificadas, es inconcebible que la iglesia obstaculice sus duelos y los despoje de esa manera. Sobre todo, porque esa fue la institución en la que depositaron su fe y esperanza después del desastre, cuando confirmaron que no tendrían apoyo de las autoridades.
Les han defraudado doblemente.
La lucha por el derecho a la memoria
Como la de muchos, la vida de Roberto Hernández está en su colonia del Sector Reforma en Guadalajara. En ese barrio nació, creció, ahí murieron sus abuelos, ahí conoció a su esposa y nacieron sus hijos. Por eso, cuenta que ver el lugar destruido y a sus amigos, familiares y vecinos muertos el 22 de abril de 1992, es algo que no puede describir.
Aquella mañana las explosiones afectaron casi ocho kilómetros de calles en las colonias tapatías de Analco, San Carlos y sus alrededores. Fueron provocadas por el derrame y acumulación de gasolina en el sistema de alcantarillado. El saldo oficial fue de mil 142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos afectados, así como la muerte de 212 personas, la desaparición de 69 y mil 470 lesionadas, aunque quienes estuvieron en el lugar calculan un número de afectados mucho mayor.
Ese día Roberto perdió a su hijo de dos años y a su hermana mayor. A otras personas tuvo que rescatarlas de los escombros reconocer sus cuerpos y transportarlos en camiones de transporte urbano o en camionetas pick up para sepultarlos.
“Fue algo horrible. Cuando logramos sepultarlos, no tuvimos tiempo ni de velaros”, recuerda él.
La situación inesperada y el proceso limitado de su duelo es, en parte, la razón que lo lleva a él y a otros vecinos a conmemorar los hechos cada 22 de abril. Las primeras veces que llevaron a cabo esas ceremonias lo hicieron encima de los escombros que quedaron de las explosiones. Luego en lotes del barrio que se convirtieron en baldíos.
Durante los primeros años se dieron cuenta de que nadie se preocupaba por las personas fallecidas y sus familiares. Si bien, ellos y ellas recibieron una indemnización, nunca se atendieron sus necesidades emocionales y psicológicas.
Roberto explica que ante su necesidad de memoria y sanación surgió la idea de construir un centro de culto en el que cada aniversario luctuoso las personas de la comunidad pudieran dedicar una oración a sus familiares, quienes habían muerto en ese mismo lugar, o a algunas cuadras de distancia.
“Nosotros no podemos olvidar, nosotros lo vivimos, fue algo improvisto, fuera de serie”, dice Roberto.
Fue hasta 2004 cuando el gobierno del Municipio de Guadalajara otorgó un predio a nombre de los y las vecinos del Sector Reforma y la Arquidiócesis de Guadalajara para realizar las misas conmemorativas.
A través de donaciones en especie, cooperativas y colectas el predio se convirtió en la “Capilla Guadalupana 22 de Abril” casi una década después, en 2016. Los miembros de la Arquidiócesis, a quienes los vecinos solicitaron ayuda hicieron caso omiso durante todo el proceso, incluso argumentaron que involucrarlos era invalido. Por ello, los vecinos crearon y equiparon el espacio de memoria por su cuenta.
“Nosotros prestábamos el lugar a diestra y siniestra, pero sin ningún fin de lucro. La iglesia no tiene por qué cobrarte por un bautizo, confirmación, nada. La capilla no es de la iglesia, todo lo construimos nosotros”, cuenta el señor Hernández.
Una vez construida se enfrentaron con muchos obstáculos para conseguir sacerdotes que celebraran los eventos religiosos. Cuando la Arquidiócesis finalmente asignaba a uno, los y las vecinos tuvieron que hacer quejas ante la misma institución religiosa por actos irresponsables e irrespetuosos contra el espacio sagrado por parte de los curas.
“El único con el que hablamos para que nos mandara sacerdote fue con el vicario general, porque la capilla sola se deteriora mucho. Él nos dijo que estábamos mal, que todas las iglesias que se construyen, si piden sacerdote pasaban a ser propiedad del arzobispado. Y que si queríamos hacer las cosas por nuestra cuentan el espacio sería el de una secta, no iba a estar reconocida por la iglesia católica” le dijeron a Roberto.
Los y las vecinas creen que esas quejas y desacuerdos fueron lo que dio pie a la toma de la capilla por parte del sacerdote que asegura “fue asignado por la Arquidiócesis”. Años atrás el mismo hombre había llegado a la colonia a “expulsarlos” del lugar. En ese entonces, las personas damnificadas por las explosiones se negaron y evitaron el despojo, pero en 2019 la fuerza de la agrupación vecinal había disminuido porque la mayoría de las personas directamente afectadas habían muerto o cambiado de domicilio. Así fue como perdieron el control de su espacio de memoria.
A partir de entonces muchas cosas cambiaron dentro de la capilla. Por ejemplo, durante algunos meses el sacerdote retiró un cuadro con los nombres de las personas fallecidas el 22 de abril de 1992 y lo volvió a colocar hasta después de una denuncia que Roberto Hernández hizo a los medios de comunicación.
Al parecer de este vecino, actos como el anterior dan a entender que el sacerdote no respeta, ni sabe que, para la comunidad, todo dentro de la capilla tiene un significado. Entre ello, los hexágonos en el techo que reproducen las calles del Sector Reforma que explotaron, el tragaluz que representa el lugar por el que las personas fallecidas ascendieron al cielo y la campana que se construyó con las llaves de los y las vecinas.
“La capilla fue lo único que nos dejaron. La construimos para mitigar el dolor y para que fuera parte de la reparación del daño que nos causaron”, explica Roberto.
Muchas veces la iglesia y las autoridades les han pedido que olviden con excusas como: “cerrar las heridas del pasado”, pero ellos y ellas no están dispuestos a hacerlo. Al contrario, en respuesta lo sucedido intentaron hacer una denuncia por despojo ante la Fiscalía del Estado, aunque ya sin esperanzas de que esa sea la solución.
Aunque es su obligación garantizar la seguridad y la justicia, el personal de la Fiscalía advirtió a Roberto Hernández que entrar en un conflicto legal con la Arquidiócesis de Guadalajara sería una pérdida de tiempo, porque no va a conseguir nada y solo se van a desgastar.
“Es un conflicto que no debe ni de existir, porque el sacerdote no tiene razón alguna para pelear por algo que ellos no hicieron, ni pidieron, ni lucharon” asegura Roberto.
Lo único que les queda es hacer un llamado al arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega para que asigne en la capilla a otra persona imparcial. Con eso podrían darse cuenta de que el único interés de los y las vecinas es conservar la memoria de las personas fallecidas por las explosiones y conmemorarlas en este y los futuros 22 de abril.
