El pasado 29 de enero se cumplieron dos años de la entrada en vigor del Protocolo “Quédate en México” o Migration Protection Protocols -MPP, por sus siglas en inglés- que obligaba a las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano.
Si bien, el presidente estadounidense Joe Biden, suspendió la inscripción de nuevos casos bajo este protocolo el pasado 21 de enero, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), recordó a través de un comunicado, que hace dos años también se llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pronunciarse en contra de la participación del Estado Mexicano en políticas migratorias y de asilo inhumanas, degradantes y contrarias a las legislaciones nacionales.
Y es que, como han advertido las organizaciones para la defensa de los derechos humanos de las personas en movilidad, la revocación del Protocolo “Quédate en México” no exime de responsabilidad al gobierno mexicano para ofrecer asilo a las personas que lo soliciten en el país.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
El Estado mexicano a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de hacerlo mejor y restaurar la dignidad humana arrebatada a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional a través del Protocolo “Quédate en México”. Así lo ha advertido el Instituto par las Mujeres en la Migración (IMUMI), quienes recordaron el pasado 29 de enero, el segundo aniversario de la entrada en vigor de este acuerdo binacional migratorio.
Asimismo, señalaron que el próximo 4 de abril se cumplen dos años también del amparo (302/2020) promovido de manera conjunta con el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, en contra de la participación del Estado mexicano en una “política migratoria violatoria de derechos humanos y de la Constitución Mexicana”. Sin embargo, advirtieron que, aunque la acción a escalado y llegó en febrero de 2020 a la primera sala de la SCJN, el amparo continúa en revisión.
La acción jurídica advierte sobre las omisiones en las que incurrieron el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de las Mujeres en sus obligaciones como dependencias encargadas de proteger los derechos humanos de las personas y actuar con perspectiva de género, al acatar las directrices del Protocolo Quédate en México.
Es importante señalar que, en el marco de operación de este protocolo, considerado por las organizaciones como ilegal, más de 70 mil personas (42% mujeres y 33% niñas y niños) fueron devueltos de Estados Unidos a entidades de la frontera norte mexicana.
A la par del amparo iniciado por el IMUMI y el Programa de Derechos Humanos de la UNAM, diversas organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo diferentes acciones jurídicas con el objetivo de frenar esta política implementada durante el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump en consenso con el Gobierno Mexicano, a cargo de Andrés Manuel López Obrador.
Por otro lado, si bien las organizaciones han reconocido que el pasado 20 de enero de 2021 el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para ponerle fin a este protocolo, recordaron que aun queda un largo camino para restaurar el daño ocasionado a miles de familias, quienes, tras ser devueltas por esta medida binacional y violatoria a los derechos humanos, fueron secuestradas, violentadas e intimidadas por autoridades y grupos criminales.
“Ahora le toca al gobierno mexicano colaborar para revertir esa política y facilitar la información y el apoyo humanitario para que las personas con esos casos abiertos puedan llegar a sus citas y entrar a Estados Unidos para continuar con sus procesos legales”, sentenciaron.
Finalmente, también queda pendiente el cumplimiento del compromiso que México mantiene con su obligación de ofrecer asilo a las personas que lo soliciten en este país.
