Causa en Común presentó los hallazgos obtenidos durante todo 2020 sobre las atrocidades cometidas en México que detectaron a través de un trabajo de monitoreo de medios.
El proyecto buscó “dar contexto a las cifras frías, las cuales tratan de ser minimizadas e invisibilizadas constantemente por los diferentes niveles de gobierno”, comentó María Elena Medina directora de Causa en Común.
Por Samantha Anaya / @Sam_An16
“Nos encontramos en un contexto donde la indiferencia de las autoridades, literalmente, mata. Los asesinatos de periodistas, que cada vez ocurren con más frecuencia, todo esto se traduce en un atentado contra la libertad de informar de todas y todos, contra la libertad de opinar y de ser críticos”, precisó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común en la presentación del informe final de Atrocidades en México 2020.
En el ejercicio de monitoreo de 3,060 notas periodísticas detectaron 5,380 atrocidades cometidas contra 6,325 víctimas; ante esta realidad, Morera expresó:
“Se debe hacer el rescate de la policía, voltear la militancia y rescatar las ONG que se dedican a la procuración de justicia, para así defender nuestra libertad, pues tan sólo estos aspectos dan cuenta de la crisis que vivimos como país. Si no comenzamos con ello, nuestra sociedad jamás va a poder sanar”.
Los estados con mayores incidencias fueron Guanajuato (369), Chihuahua (238) y Guerrero (208). En Jalisco se registraron 178 atrocidades.
Teresa García, investigadora de Causa en Común, ahondó en los objetivos, los hallazgos, las propuestas y las exigencias de la sociedad mexicana ante un contexto sumamente violento.
Por tanto, la investigadora recordó que el estudio entiende por atrocidad:
“El uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceraciones o maltrato extremo, a una persona o a un grupo de ellas, y así provocar terror”.
Entre los objetivos del recuento Galería del Horror: atrocidades registradas en medios periodísticos está el “rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante este cúmulo de horrores, así como transformar la indagación en una exigencia ciudadana permanente”, precisó la investigadora.
Respecto al número de atrocidades registradas por mes se encontró que, pese a las restricciones de movilidad de la pandemia por COVID-19, fue el segundo semestre del 2020 en el que mayor número atrocidades se registraron: 1,787.
A su vez, la investigadora de Causa en Común compartió el número y el tipo de atrocidades que destacaron en cada mes:
El tipo de atrocidad con más registros fue el hallazgo de fosas clandestinas. De enero a diciembre de 2020, Causa en Común registró un total de 1,350 cuerpos o restos humanos exhumados de estos entierros clandestinos.
El estado que concentra el mayor número de registro de fosas clandestinas fue Jalisco con, al menos, 499. Ejemplo de ello, fue el hallazgo de 28 cuerpos en una fosa en Tlajomulco de Zúñiga, el 18 de enero, y que al finalizar los trabajos de exhumación, el 25 de noviembre, se recuperaron 171 cuerpos.
Una segunda fosa fue localizada el 17 de julio en El Salto; ahí se localizaron 74 cuerpos; en ese mismo municipio, pero en el mes de octubre se hallaron los restos de 131 personas en una fosa en el fraccionamiento Los Sabinos.
Otra de las atrocidades que resaltan en el listado del informe son las masacres, pues, durante 2020, se registraron al menos 672 masacres donde perdieron la vida 2,633 víctimas.
El estado que concentró la mayor cifra de registro de masacres fue Guanajuato con un total de 176 masacres y 686 víctimas.
Uno de estos casos registrados en ese estado fue en San Fernando, el 25 de enero, cuando fueron asesinadas nueve personas. Otro más tuvo lugar en la gasolinera de Apaseo el Alto, cuando fueron masacradas ocho personas, el 18 de mayo.
El 1 de julio fueron asesinados 28 internos de un centro de rehabilitación en Irapuato. Y, el 27 de septiembre, fueron asesinadas 11 personas en Jaral del Progreso.
Aquí el listado de atrocidades cometidas en cada uno de los 32 estados:
Asesinatos de menores de edad y mujeres
En cuanto a los asesinatos de niñas, niños y adolescentes se estima que de enero a diciembre del año pasado, se orquestaron 410 asesinatos contra este grupo de la población: ocho menores calcinados, siete descuartizados y 103 asesinados en masacres.
El estado que concentra el mayor número de registros de este tipo de asesinatos fue Guanajuato con 46 víctimas (de ellas 25 fueron asesinadas durante masacres).
Resalta el caso registrado en Celaya, donde un estudiante, sus dos hermanos y un menor de 16 años fueron asesinados al interior de un taller automotriz, durante un ataque armado el 6 de junio.
Respecto a las atrocidades cometidas en contra de mujeres, niñas y adolescentes se registraron 911, dentro de las cuales las más frecuentes fueron el asesinato de mujeres con crueldad extrema, con al menos 171; el asesinato de niñas y adolescentes, con al menos 142; y casos de tortura, con al menos 127 casos.
El Estado de México encabeza la lista de atrocidades cometidas contra mujeres, con un total de 125: el asesinato de mujeres con crueldad extrema (con al menos 25); el asesinato de niñas y adolescentes (con al menos 25); esclavitud y trata (con al menos 22 casos); y calcinamiento de mujeres (con al menos 9 casos).
Uno de los casos es lo ocurrido el 14 de febrero, cuando una menor de 17 años fue golpeada, violada y asesinada por su tío, y quien arrojó el cuerpo de la menor a un lote baldío en Tultepec.
Otro caso es el registrado el 30 de noviembre en Tecámac donde dos niñas fueron asesinadas con un arma punzocortante al interior de su domicilio, presuntamente por su hermano de 17 años.
Al respecto, Teresa García precisó que este proyecto:
“Presenta un mosaico de dolor y crueldad, que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva. Lejos de la mitología sobre el crimen organizado, muestra que una buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales”.
También, compartió qué es lo que buscan conseguir con esta recopilado de atrocidades registradas en un sólo año:
“Exigimos la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas; así como. Así mismo, reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan deficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación inadecuada, equipos e infraestructuras insuficientes”.
Dolor y furia: la realidad de las familias de las personas desaparecidas en México
En la presentación del informe se contó con la participación de Margarita López, defensora de derechos humanos y buscadora de personas desaparecidas en México, durante su participación compartió su experiencia al buscar a su hija, Yahaira Guadalupe Baena López, desaparecida el 13 de abril de 2011:
“Hace 10 años comencé a buscar a mi hija por mi propia cuenta, porque las autoridades me decían que no contaban con los recursos para buscarla. Mi hija fue secuestrada en Oaxaca por un grupo armado, en el que estuvieron involucrados los gobiernos Estatal y Federal, caso en el que sólo han detenido a unos cuantos de todos los involucrados. Mi hija de 19 años de edad fue torturada y violada por más de 30 hombres”.
Asimismo, Margarita expresó cuál ha sido su experiencia al tratar con las autoridades que deberían encargarse de la búsqueda de su hija:
“Cuando recién te encuentras ante una situación como esta te preguntas por qué las autoridades hacen caso omiso; te dice ‘te vamos a ayudar, pero no digas nada’. En muchas ocasiones me quisieron entregar los cuerpos de otras muchachas, cuerpos que tenían rastros de tortura y algunos estaban mutilados. Después de esas experiencias, y a lo largo de todos estos años de buscar a mi hija, contacté a las madres de las jovencitas que me querían entregar como si alguna de ellas fuese mi hija, para así entregarles a otras madres (en la mismas situación que yo) a sus niñas, porque tal vez esas madres no contaban con los recursos para salir a buscar a sus hijas”.
Margarita también compartió qué es lo que sucedió con su vida después de que comenzó a buscar a su hija:
“Cuando comienzas a buscar a tu familiar, tu vida cambia totalmente: se van tus amistades, debes invertir casi todos tus recursos económicos para hacer las búsquedas, y debes aprender desde cero diferentes terminologías que utilizan las autoridades y demás implicados en las desapariciones de personas. Desde el momento en que perdemos a nuestras hijas o hijos enloquecemos, porque ya no vivimos: sobrevivimos, y entonces tomamos una pala y un pico para buscar sus cuerpos, y de esa manera es como sacamos nuestra furia, porque no existe terapia alguna que nos ayude a superar su pérdida. Hay mamás que van por primera vez a las búsquedas y que, la momento en que encontramos un cuerpo, quieren cavar con sus propias manos para saber si es su hijo o hija”.
Por otro lado, López expuso a lo que se ha tenido que enfrentar en los últimos 10 años, en los que sigue buscando a su hija y, a la par, acompaña a las familias cuyos seres queridos también están desaparecidos:
“Me han referido a lugares donde habían niñas y adolescentes menores de edad que tenían secuestras para trata de personas. Me mandaban a las mal llamadas ‘casas de citas’ en Oaxaca, donde llegaban muchos funcionarios públicos. También desde que comencé a realizar las búsquedas, he vivido 5 atentados; el último fue hace 3 meses, y ahora todas nosotras, que buscamos a nuestros familiares, nos enfrentamos a un nuevo problema: la desaparición del fideicomiso para las familias de las víctimas de desapariciones forzadas, por lo que ya no contamos con elementos de seguridad. Muchas otras familias ya no reciben el apoyo económico que les daban, a causa de la desaparición del fideicomiso que hizo pedazos Andrés Manuel, el que no sólo provenía del recurso federal, sino también de instancias internacionales. Este recurso que se nos daba ni siquiera era suficiente para compensar el dolor de no saber dónde está tu ser querido, pero ahora ya ni siquiera existe”.
Respecto a lo que sucede una vez que ya han sido identificados los cuerpos por parte de sus familias, la defensora de derechos humanos afirmó que:
“Hay cuerpos que desde hace un año ya han sido identificados, pero que no han sido entregados a sus familias. Muchos de los cuerpos son desaparecidos por segunda vez en fosas clandestinas o se donan a las universidades para ser analizados en las facultades, y después de seis meses son cremados”.
El evento concluyó señalando que, a pesar de la pandemia, los crímenes continuaron e, incluso, aumentaron, así como la necesidad de crear políticas públicas en materia de seguridad pública para cada estado “y no las promesas sin fundamento del actual gobierno”.
Por tanto, fueron claras en señalar que cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal en, al menos, estos rubros: a) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas; y b) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes.
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Aquí el link para poder ver y descargar el informe completo realizado por Causa Común:
