Diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos presentaron la Ley «Mata-Flores», que promueve la privatización y el uso de los recursos hídricos del país por parte de transnacionales y echa por tierra propuestas que permiten un mayor control ciudadano
Por Arturo Contreras Camero / Pie de Página
La comisión de recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados, que encabeza el morenista Feliciano Flores Anguiano, presentó una Ley General de Aguas que es casi copia de la actual Ley de Aguas Nacional, la cual limita la participación ciudadana en las decisiones sobre el uso de ese recurso y favorece a las empresas.
La propuesta, elaborada por el panista Mario Mata, echa por tierra un esfuerzo ciudadano de más de ocho años para cambiar los mecanismos del manejo de aguas en el país.
Por el contario, la propuesta que intentan aprobar esta semana en comisiones, sólo tiene una adenda enunciativa sobre el derecho humano al agua y lo demás permanece como está, alertó este viernes la coordinadora Agua Para Todos.
Agua Para Todos es un grupo de organizaciones de la sociedad civil que ha trabajado la última década en una ley «ciudanice» la explotación y el manejo del agua.
La historia
En 2012 se reformó la Constitución para integrar el acceso al agua como un derecho humano. Desde entonces, la Ley de Aguas Nacionales, que actualmente rige la gestión hídrica en el país, debió haberse cambiado para garantizar este derecho; pero no ha sucedido.
Desde el pasado 4 de febrero de 2020, la coordinadora Agua Para Todos, que aglutina esfuerzos ciudadanos de gestión y defensa del agua, le entregó al diputado Flores Anguiano una propuesta ciudadana de ley que pone en el centro de la gestión a los ciudadanos.
A la par, otros partidos en la cámara de diputados sometieron propuestas. El Movimiento Regeneración Nacional, Morena, presentó dos propuesta de ley; el Partido del Trabajo una más y Mario Mata, diputado chihuahuense del Partido Acción Nacional, presentó otra.
Desde entonces, las comisiones trabajan para conciliar las cinco propuestas, sin embargo, este jueves, durante una reunión de la comisión hídrica, en la que no existía el quórum requerido, los diputados Flores y Mata sometieron esta propuesta a votación, misma que esperan dictaminar este 25 de noviembre, para después llevar al pleno de la cámara de diputados entre el 2 y el 11 de noviembre.
“La propuesta defiende la hidrocracia neoliberal que no quiere perder sus privilegios”, acusa Carlos Vargas, académico e integrante de Agua Para Todos.
“En las comisiones ya están forzando a que dictaminen una calca de la Ley de Aguas Nacionales con un parche –la adenda del derecho humano al agua–. Va a salir un monstruo que no es la ley que merece México”.
Por una Ley Ciudadana del Agua
El texto del PAN mantiene el modelo de reparto de agua que se creó en 1994 con la creación de la Comisión Nacional de Aguas, mismo que entrega concesiones a empresas manufactureras, mineras, refresqueras o a grandes organizaciones agrarias, casi bajo demanda, lo que permite explotar el recurso sin tomar en cuenta a otros ciudadanos o campesinos que también dependen de las misma fuentes del recurso para sus necesidades básicas. Actualmente, el 2 por ciento de los concesionarios de agua (en su mayoría empresas y grandes productores agrícolas) administran el 70 por ciento del líquido por medio de un mercado de concesiones que opera gracias a vacíos en la actual ley.
La iniciativa de ley ciudadana del agua, que está respaldada por más de 200 mil firmas avaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE), se empezó a trabajar desde 2012 con cientos de reuniones entre organizaciones civiles como las que defienden el agua de Yucatán de la amenaza de las granjas porcícolas, o las que promueven la desprivatización del recurso en Puebla. También empresas ciudadanas autónomas de infraestructura urbana de agua como las Tecámac o Amecameca.
La idea detrás de esta propuesta es sencilla: que la regencia del agua caiga en manos de la comunidad a través de consejos locales de agua que formen un Consejo Nacional de Aguas. Esto implicaría la desaparición de la Conagua y el reacomodo del sistema de concesiones.
La propuesta panista elimina los artículos referentes al derecho de acceso a la información pública y sustantiva, estos artículos protegen la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones sobre la explotación del recurso; y también se eliminan los artículos que protegían el derecho de comunidades indígenas y afromexicanas a decidir sobre los recursos en sus tierras.
El documento también elimina un capítulo de la ley en que se habla de la responsabilidad de quienes usan el agua industrialmente en la prevención y eliminación progresiva de la contaminación del agua. Muchas de estas propuestas provienen del ejercicio ciudadano hecho por Agua para todos.
La coordinadora Agua para todos, agua para la vida está organizando una movilización ciudadana en redes sociales como presión en contra de esta táctica legislativa que rompe con un esfuerzo ciudadano de más de 8 años. Se puede buscar más información en la etiqueta #NOaLaLeyMataFlores.
