La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su rechazo “ante las condiciones de repatriación de miles de mexicanos desde Estados Unidos” quienes según advirtieron en el comunicado de prensa DGC/310/2020 el pasado 29 de septiembre, son devueltos del país vecino del norte sin garantías de seguridad y en situaciones que les estigmatizan y violentan sus derechos humanos.
Los vuelos provenientes de Estados Unidos llegan a Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Michoacán, Tabasco y Jalisco; de acuerdo con el organismo de derechos humanos, trasladan a connacionales mexicanos que son detenidos en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que son devueltos de “forma inmediata sin que tengan conocimiento de sus derechos”.
Quienes acompañan a personas deportadas en Guadalajara, ciudad a donde llegan dos vuelos semanales con 135 personas bajo estas condiciones, señalan que se trata en su mayoría de personas migrantes indígenas, provenientes de Guerrero, Tabasco, Chiapas y Campeche, por lo que, las vías de retorno a sus comunidades de origen no son contempladas ni por el gobierno estadounidense ni por el mexicano.
Por ello, la CNDH exige a las autoridades país que revisen “los acuerdos generales y locales en esta materia, a fin de que se respete su dignidad y derechos fundamentales”, particularmente a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores quienes deberán “garantizar la seguridad de las personas repatriadas y evitar su estigmatización”.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal y Darwin Franco / @darwinfranco
Vienen uniformados, en pants grises y con playeras color azul marino, viajan esposados de pies y manos, usan pulseras que les marcan y estigmatizan y, durante los traslados, tampoco se les garantiza el acceso a los criterios de sana distancia para evitar el contagio del virus SARS-COV-2, afirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su comunicado de prensa.
A la ciudad de Guadalajara, el envío de estos aviones chárter con personas mexicanas deportadas comenzó a finales del año 2019, durante el mes de diciembre. Dos cada semana con 135 personas cada uno, afirman quienes desde el ejercicio humanitario les han brindado atención y servicio.
El origen de esta lógica de deportación comenzó con la reactivación del Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), un acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación mediante el Instituto Nacional de Migración (INM), a través del cual se “se repatrian personas mexicanas vía aérea a México desde Estados Unidos y después se acercan a sus lugares de destino”.
Según informó la Secretaría de Gobernación, a través de un comunicado con fecha del 19 de diciembre de 2019: “el restablecimiento del PRIM se da en seguimiento a la solicitud realizada por el secretario de Relaciones Exteriores al secretario de Estado de Estados Unidos para garantizar la repatriación de personas de manera segura y ordenada”.
El procedimiento, por lo tanto, es operado por el INM y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) y, recibe el apoyo de la red consular de México. De acuerdo con el mismo documento público, el primer y “único vuelo” que se realizó durante 2019 salió de Tucson y arribó a la ciudad de Guadalajara; sin embargo, ya se anunciaba que continuarían de manera regular durante el 2020.
Si bien, el Gobierno Federal afirmó que esta acción “es muestra del compromiso” que se mantiene “con los derechos de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos”, el P. José Juan Cervantes, coordinador de la Casa del Migrante Scalabrini de Guadalajara, quien participó en el conversatorio “Retos en la agenda migratoria en la ZMG” organizado por el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iteso, señaló que:
“La deportación al interior de México no es para proteger a los migrantes de abusos que viven en las fronteras, la deportación al interior de México es para desalentarlos de que vuelvan a intentar”.
El defensor de derechos humanos de las personas migrantes, reconoce que la información que existe sobre el PRIM es muy escasa; mientras que, hacia el interior del Gobierno mexicano, hay hermetismo para transparentar lo que está sucediendo con estos acuerdos que se mantienen con el gobierno estadounidense:
“Hay poca información acerca del PRIM y la información que hay tiene que ver con reportajes que el ICE ha hecho. Este programa es una coordinación entre el ICE con el INM y está muy centralizado y la información es muy hermética”
Aquellos primeros vuelos “piloto” del 2019 a Guadalajara (porque no sólo se trató de uno como aseguró el Gobierno Federal), continuaron con este mismo modus operandi durante los primeros meses del 2020: personas mexicanas uniformadas, encadenadas que llegaban al aeropuerto provenientes de Estados Unidos; después, tras el inicio de la contingencia sanitaria fueron suspendidos en marzo.
Sin embargo, para el mes de junio fueron reactivados y ya no sólo tenían como destino Guadalajara, sino también: Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Michoacán y Tabasco.
“A principio el PRIM era solamente en Guadalajara y comenzó como un proyecto piloto y eran dos vuelos que venían de Arizona. En marzo se suspenden los vuelos por el tema de la pandemia, pero se reactivaron en junio y en junio ya no se reactivaron sólo en Guadalajara, empezó a haber deportaciones a Ciudad de México, Morelia y a Villahermosa, Tabasco. Hace dos semanas empezaron a ampliar los lugares a donde deportan personas y también están deportando personas a Cuernavaca, Querétaro y a Puebla” afirmó Cervantes.
Si bien, en el comunicado del Gobierno federal se asegura que en el PRIM, las y los connacionales contarán con apoyo del INM y otras dependencias para acceder a información, servicios básicos y “transporte a sus lugares de destino”, lo cierto es, señalan los defensores, que esto no necesariamente sucede, pues los boletos de autobús que se les proporciona tienen como destino el lugar donde nacieron y no donde viven o donde residían antes de migrar; por lo tanto, su situación de vulnerabilidad aumenta.
La CNDH explicó en su comunicado que dichas lógicas de deportación generan contextos desfavorecedores para las personas migrantes, situaciones que “atentan contra los derechos” y que “contribuyen a su estigmatización y rechazo”, al tiempo que: “las exponen a ser víctimas del crimen organizado y obstaculizan el retorno a sus comunidades de origen”.
Se trata de hombres y mujeres jóvenes que provienen de comunidades indígenas del sur del país, campesinos que por años han trabajado su tierra en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche, y que, presuntamente, están siendo “llevados” por traficantes de personas, “polleros y coyotes” luego de empeñar sus propiedades, explicó el coordinador de la Casa del Migrante Scalabrini de Guadalajara, dentro del conversatorio:
“Lo que estamos detectando es que la gente que se va está pagando 2 mil 500 dólares para tres intentos de entrada a Estados Unidos. Si fallan en los tres intentos pierden los 2 mil 500 dólares. Si les va bien, si cruzan, entonces, tienen que pagar 7 mil 500 dólares más que pueden juntarlos en un año y dos años. El problema es que quienes se van es población indígena y por qué se van, es porque tienen tierras que pueden empeñar, no tienen efectivo, pero sí tienen tierras. Están empeñando”.
A la par, advirtió que las personas que vienen en estos vuelos son víctimas de “deportaciones exprés”; es decir, son personas que recientemente han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos y que sólo han permanecido “dos o tres días detenidos e inmediatamente son deportados”. Así lo confirmó la CNDH quien explicó que son “detenidos en instalaciones administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y devueltos de forma inmediata sin que tengan conocimiento de sus derechos”.
De a poco se les está poniendo en vulnerabilidad, afirmó el defensor en su participación:
“Son personas que vienen con mucha carga emocional, lo que me preocupa mucho es que vienen estigmatizados, uniformados y el trato que se les está dando es muy grave, en el caso de población indígena no expresan sus emociones luego, luego”.
Para las y los defensores de personas migrantes, quienes reconocen que han tenido que atender “la emergencia” que esto significa, estas recientes prácticas que sólo se habían documentado en la Ciudad de México y/o en las zonas fronterizas del país, responden a “acuerdos internacionales poco claros” y que “no se están haciendo públicos”.
“Entonces, aquí tenemos un problema de política pública muy compleja, no hay una política de migraciones, lo que estamos haciendo es: reaccionando a las políticas norteamericanas”.
En su opinión, estamos siendo testigos de una estrategia de campaña política del gobierno estadounidense, que busca “alcanzar un máximo total de deportaciones” y que, augura en este contexto, más personas migrantes víctimas de persecución y acoso.
“Imagínense que a cada lugar llegan dos aviones Chárter con 135 personas cada semana, parece ser que es una meta de campaña de Trump deportar a México 25 mil personas, ahorita ya llevan un poquito más de 13 mil deportados”.
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración, entre enero y julio de 2020 fueron registrados 103 mil 644 eventos de repatriación de mexicanos; del total, 91.2% fueron hombres (93 mil 904) y 8.8% fueron mujeres (9 mil 740). En este mismo periodo de tiempo, se contabilizaron 6 mil 540 eventos de repatriación de niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados.
Respecto a la entidad de destino de las y los mexicanos repatriados 11 mil 117 fueron enviados a Baja California; 8 mil 169 a Guanajuato; 7 mil 023 a Michoacán; 6 mil 856 a Guerrero; 5 mil 556 a Oaxaca; 5 mil 200 a Chiapas; y 55 mil 173 corresponden a “otras entidades”, sin especificar el destino de la repatriación.
Frente a este panorama, la CNDH ha insistido a través de su comunicado en “la urgencia de fortalecer el sistema de protección consular” para todas estas personas que están siendo devueltas a México bajo dinámicas de deportación que vulneran sus derechos humanos, su integridad y sus proyectos de vida; de esta forma, recuerdan a las autoridades que deberán apegarse a lo señalado por el Memorándum sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana, suscrito entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
En tanto, han solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores “revisar los acuerdos locales de repatriación que firman los consulados mexicanos con las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza”, mientras que, a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores implementen:
“Protocolos de actuación desde una perspectiva de derechos humanos y bajo los principios de Interés Superior de la Niñez y unidad familiar, para garantizar la seguridad de las personas repatriadas, sus bienes y objetos de valor, el acceso a servicios y derechos sociales, así como salvaguardar, desde el momento de su detención y hasta su reintegración, su integridad”.
Con ello, se exhortó al Instituto Nacional de Migración a “cumplir a cabalidad con su función de autoridad receptora” de mexicanos y mexicanas en el extranjero para que “sean canalizados ante las autoridades competentes de acuerdo con sus necesidades particulares o específicas y conducidos a su destino de origen”.
Finalmente, para las y los defensores ha quedado claro que en el país y durante esta administración federal, no existe un marco de políticas públicas o interés sobre las personas que han sido deportadas y, por ende, “pareciera que es una realidad que se invisibiliza” tras un discurso oficial nacionalista que “ve a los migrantes como héroes cuando envían remesas” y “como traidores cuando se van de la patria”.
