Manos Libres
Por Francisco Macías Medina /@pacommedina
Foto portada: Jessica morales / Somos El Medio
Los Organismos Públicos de Protección de los Derechos Humanos (OPDH), más conocidos como comisiones, surgieron en la década de los noventas como respuesta a la impunidad, falta de acceso en la administración de justicia y la necesidad de arrebatar espacios al poder político-público para transformarlos en ciudadanos.
Surgió toda una generación de defensoras y defensores que durante años dieron sentido y consolidaron la identidad de esos organismos, como instancias éticas, en donde la voz, el llamado y la conciencia en favor de la dignidad de las personas fueron los elementos principales.
Con la mutación de la partidocracia y la dispersión del poder originada por la incipiente transición a la democracia, se transformaron más en burocracias del discurso y las formas; en lugares de importación de cuotas políticas y de manejo de recursos dignos de una realeza sin contrapesos, hasta llegar a construir todo un sistema de designaciones de funcionarios (no defensores/as), cuya genealogía e intereses son dignos de grupos del pasado.
Desde hace años -con muy pocas excepciones-, su independencia, la autonomía y el sentido de defensa, más bien son intermitentes.
A la par de esta situación, durante todas estas décadas resurgieron las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de las fuerzas armadas y policías locales, masacres originadas por grupos paramilitares o conflictos de territorio, hasta llegar en el marco de la “guerra contra el narco” a las sistemáticas desapariciones, en su mayoría forzadas.
La violencia en contra de las mujeres pasó de lo “intra” a exacerbarse en los feminicidios, debido a las situaciones estructurales y debilidades institucionales. Se elaboraron leyes, planes y sistemas, incluso se visibilizaron casos como el de los feminicidios en Ciudad Juárez, los cuales sembraron avances que requieren de instituciones sólidas y compromisos firmes en favor de la igualdad de género.
La toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la señora Erika Martínez que clama justicia por el abuso sexual de su hija de 7 años o por Yesenia Zamudio, madre de Marichuy Jaimes, asesinada en 2016, así como por Marcela Alemán y Silvia Castillo quienes buscan a sus familiares entre los miles de desaparecidos, nos dice que ya no hay tiempo para la manutención de instituciones que no proporcionan respuestas para solucionar la emergencia humanitaria o que construyan una justicia a escala de sus necesidades.
Nos anuncian que ya no debe ser prioridad el mantener las relaciones políticas y abandonados los callejones de la impunidad, que es tiempo de invertir el orden para construir acciones, presupuestos y decisiones desde lo que implica sobrevivir a la violencia
Mientras tanto, las colectivas feministas nos marcan una nueva senda: ocupar espacios para darles nuevo sentido, destruir lo insignificante para dotarlo de nuevas imágenes, rostros, discursos que reflejen la realidad, además de atender el cuidado y la solidaridad.
Podemos seguir con discusiones sobre la importancia de los derechos humanos y su forma de defenderlos, hoy toca reaccionar a la pregunta que Erika le hizo al Presidente de la República ante una falsa indignación por intervenir un retrato:
¿Por qué no nos indignamos cuando abusaron de su hija?
