Cuatro de los ocho policías señalados por los hechos de represión del 5 de junio en Jalisco, durante las protestas para exigir justicia por Giovanni López, fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad; la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y su presidente, Francisco Javier Armenta, lamentaron que se obviara la comisión del delito de desaparición forzada, como diversos organismos de derechos humanos señalaron públicamente.
Los otros cuatro fueron vinculados a proceso durante una audiencia el pasado 14 de agosto. Por lo que, el abogado representante de ocho de las 15 víctimas acreditadas, Luis Octavio Cotero, señaló en entrevista que se buscarán los recursos para apelar tal decisión.
Dicha carpeta de investigación es llevada por la Fiscalía Anticorrupción del estado, mientras que, de manera alterna, la Fiscalía del Estado de Jalisco indaga sobre la responsabilidad de uno de los mandos policiales que es señalado por los hechos de aquel día de junio, Salvador “N”.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
A través de redes sociales, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y su presidente Francisco Javier Armenta, recordaron al Poder Judicial y al Gobierno del estado de Jalisco que, a tres meses de los actos de represión cometidos en contra de jóvenes manifestantes en Guadalajara, no olvidan que aún está pendiente la sanción a los agentes del Estado que participaron en sus detenciones arbitrarias, actos de tortura y desapariciones forzadas.
Y es que, señalaron que este lunes 7 de septiembre se llevó a cabo la segunda audiencia de vinculación a proceso para cuatro de los ocho policías que son investigados por la Fiscalía Anticorrupción por los hechos de represión policial del 5 de junio.
Según anunció Luis Octavio Cotero, abogado representante de ocho de las 15 víctimas acreditas en la carpeta de investigación, los agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco lograron ser vinculados por el delito de abuso de autoridad, luego de que la Fiscalía Anticorrupción presentara pruebas que acreditaron su responsabilidad. En ese sentido, Cotero señaló que la Fiscalía Anticorrupción logró lo anterior tras presentar testimonios de trabajadores de la Fiscalía del Estado, quienes a través de más de 100 horas de video pudieron identificar la participación de estos agentes:
“Hicieron un trabajo acucioso, minucioso, con una cantidad muy importante de pruebas que no le permitían al juez dictar una resolución que no fuera en el sentido de vincular a proceso a estos elementos de la fiscalía. Por ejemplo, todos los datos de prueba que aportó la fiscalía con testimonios de mismos elementos de la fiscalía que decían que quienes participaron en ese evento eran policías (…) La defensa alegaba que nadie les señalaba, pero hay otras tantas pruebas, como el video que se le presentó a policías investigadores quienes dieron los datos, apellidos y todo”.
Habrá que advertir que, la primera audiencia se llevó a cabo el pasado 14 de agosto y los otros cuatro elementos de seguridad estatal no fueron vinculados a proceso por este delito, aunque el abogado aseguró que se buscará apelar la decisión del juez.
Por otro lado, precisó que, si bien, tanto la defensa como los imputados reiteraron en más de una ocasión su inocencia, no lograron señalar en su lugar a los “verdaderos responsables”, esto luego de que el abogado los cuestionara sobre quién fue la persona encargada de dar la orden de detener arbitrariamente, torturar y desaparecer forzadamente a las víctimas del 5 de junio a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco:
“Los mismos defensores e inculpados tratan de evadir su responsabilidad. Yo le dije a los abogados “la realidad es que aquí están las pruebas y sus defensos (sic) lo saben, que digan quiénes son y que digan quién dio la orden”, recordó.
Con ello, Francisco Armenta, lamentó que el Gobierno de Jalisco olvide que los hechos perpetrados ese día fueron violaciones graves a derechos humanos y no sólo “abusos de autoridad” como la Fiscalía Anticorrupción decidió calificar:
“Lo que nosotros decimos es que lo que sucedió el cinco de junio fue una desaparición forzada. Al principio argumentaba el Fiscal Anticorrupción que la línea a seguir era la de un delito del fuero común que era privación ilegal de la libertad, aunque el delito que se asienta en la carpeta es uno incluso por debajo de éste y que decidieron que fuera el de abuso de autoridad”.
Las y los Jóvenes en Jalisco tenemos memoria y no olvidaremos lo que ocurrió el pasado 5 de junio en nuestro estado, digamos las cosas como son: fue un intento de desaparición forzada y no permitiremos que este hecho quede impune. pic.twitter.com/VllCU66gB0
— Javier Armenta (@JavierArmentaMX) September 7, 2020
En esto coincidió, Cotero, quien aseguró que la decisión fue tomada de manera dolosa desde la Fiscalía del Estado de Jalisco, al buscar incriminarlos por un delito con una penalidad “que da risa”. Según explicó, el abuso de autoridad puede alcanzar una sanción de tres meses a tres años, sin embargo, ésta puede purgarse en libertad:
“Dolosamente lo hizo la Fiscalía del Estado: el integrarles una carpeta de abuso de autoridad con una penalidad que da risa, porque eso y nada es lo mismo. Esas sanciones (la del delito de abuso de autoridad) se purgan en libertad, nada más apercibidos (los policías señalados) de que si cometen otro delito o si no van a las citas que les haga el juez pueden ser sancionados y podrían cumplimentar (la sanción) detenidos”.
El presidente de la FEU advirtió que continuarán en la búsqueda de todas las vías jurídicas y políticas hasta que se sancione a todos los responsables de detener, torturar y desaparecer forzadamente a más de un centenar de jóvenes manifestantes el pasado 5 de junio en Guadalajara:
“Buscaremos las vías jurídicas y las políticas, agotaremos todas las instancias, nosotros vamos a agotar todos los recursos, todas las instancias hasta que los responsables estén sancionados. Quien crea que uno o dos policías fueron los responsables, quien crea que un foro es suficiente para que no se repita que venga a Puente Grande, aquí están los presuntos responsables que deben ser sancionados”.
Finalmente, respecto a la reparación del daño a las víctimas, aseguró que aún no existen las condiciones para garantizar la no repetición de estos hechos, así como, tampoco se ha planteado la posibilidad de una disculpa pública de parte del Gobernador del Estado hacia quienes sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad del estado.
Es importante recordar que el Fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís anunció el pasado 10 de junio que, el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, aceptó atraer la carpeta de investigación iniciada por “los abusos cometidos en contra de estudiantes que venían pacíficamente a manifestarse a las instalaciones de la Fiscalía en la calle 14”.
Hechos que, aunque el titular de la Fiscalía del Estado ha asumido como “abusos”, organizaciones de la sociedad civil en Jalisco como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y, de manera particular, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, han catalogado no sólo como detenciones arbitrarias, sino, además, como desapariciones forzadas.
