El 30 de julio se estableció como el Día Mundial Contra la Trata de Personas; sin embargo en Jalisco se ha guardado silencio en el tema.
La falta de recursos para atender a las víctimas; la inoperancia, ineptitud, impunidad y corrupción invisibiliza los crímenes y el gran negocio que hay detrás de este delito.
Adriana Navarro Ramírez / @ADNavar
Foto portada: Rafael Del Río /@RafaeldelRoFoto
Alejandra de 15 años y su hermana Sofía de 7 años salieron de la escuela.
Caminaban juntas de regreso a su casa cuando una camioneta abrió sus puertas y descendieron varios hombres. Las golpearon y obligaron a subir al vehículo. Les vendaron los ojos. Las amarraron de pies y manos. Las forzaron con más golpes y gritos, a no llorar, a mantenerse silencio.
El hecho ocurrió en 2017, en Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, ubicada a 530 kilómetros de la Ciudad de México.
Los padres reportaron a la Fiscalía de Jalisco la desaparición de ambas niñas.
El Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) estima que hasta el momento hay 9 mil 413 personas que siguen siendo buscadas en Jalisco, y cifras oficiales detallan que son más de 73 mil 292 en todo el país.
Alejandra logró escapar y contó su testimonio a Luz María Dueñas Olvera, psicóloga clínica del área Atención Integral del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA (COESIDA).
“Es el caso de dos hermanitas que llegaron a solicitar atención a esta unidad por secuestro, violación y el posible delito de Trata de Personas. La chica de 15 años escapó y acudió con nosotros acompañada por sus familiares y personal de la Fiscalía para que le entregáramos una serie de vacunas y tratamientos para mitigar el daño físico y psicológico”.
Contó que fue secuestrada junto con su hermanita en una calle cercana a su domicilio cuando regresaba de la escuela. Que eran cuatro hombres los captores. Que le vendaron los ojos con una cinta gris. Que la sujetaron de manos y pies. Que perdió la noción del tiempo. Que las llevaron a un espacio maloliente. Que estaba semidesnuda y mal alimentada. Que estaba acompañada con otras cuatro niñas a quienes sometieron a torturas y a violaciones sexuales cometidas por varios hombres. Detalló que eran golpeadas brutalmente. Que les decían que matarían a sus padres y que para desorientarlas las subían a un vehículo y les daban varias vueltas por la ciudad.
Alejandra (nombre ficticio utilizado para resguardar su identidad, al igual que el de Sofía, su hermana) escuchó que los delincuentes planeaban entregar “mercancía” a otro grupo criminal. Al poco tiempo, se enteró que ellas eran el “producto a vender”. Escuchó que el otro bando delictivo no llegó a la cita y, por ello, las asesinarían por ser “mercancía dañada”.
Al saber esto, el ritmo cardíaco de Alejandra se disparó. Sólo tenía en mente sacar a su hermanita de ese encierro, aún no sabía que Sofía -su hermana- ya no estaba ahí con ella, pues la habían liberado antes por la zona de Atamajac debido a que no la consideraron necesaria para el intercambio económico.
Alejandra escuchó a los hombres decir que antes de asesinarlas tratarían de contactar -de nuevo- al otro grupo delictivo. Con golpes y empujones, a ella y a sus compañeras, las subieron a la camioneta. Se las llevaron con los ojos vendados. Cuando el vehículo se detuvo, Alejandra pudo ver por el rabillo del ojo que la puerta estaba medio abierta. Entonces tomó la mano de otra niña que estaba junto a ella y le dijo: “vámonos”, pero la otra pequeña quedó paralizada a causa del miedo.
Alejandra soltó la mano de su compañera, abrió la puerta, corrió, cayó, se levantó, volvió a correr y después de varias cuadras pidió auxilio en una casa donde le ayudaron a contactar a la policía.
“Lo que conocemos de esa historia es que sus compañeras -por los tonos de voz y los gritos de terror – eran más chiquitas que ella”, explica la psicóloga.
Por la evolución de las lesiones y por la fecha de notificación de la desaparición de ambas niñas, el Ministerio Público estimó que Alejandra pasó tres días privada de su libertad. El Hospital General de Occidente donde están las oficinas de COESIDA se encargó de la parte física y psicológica.
Luz María explica:
“las víctimas de violación sexual sufren desgarres genitales en órganos sexuales internos y externos, esguinces, moretones, contusiones, quemaduras, mordeduras en mamas, piernas, ingles, cuello y codos. Trastorno por estrés postraumático, ansiedad, alteración de la conciencia y depresión profunda”.
El protocolo gubernamental para la intervención en crisis (la parte psicológica) propone de 13 a 20 sesiones básicas para recuperación del trauma de la víctima, además da soporte a su red de apoyo que pueden ser familiares, tutores o padres. También da seguimiento en el área médica y legal. Cabe mencionar, que la víctima – en muchas ocasiones- necesita continuar de manera particular con terapias emocionales para resolver las secuelas de lo vívido.
Hasta el 2017, COESIDA se hacía cargo de la intervención emocional y física, ahora lo hace la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia Sexual, un espacio médico que también está ubicado dentro del Hospital General de Occidente.
Luz María cuenta que en ese entonces COESIDA atendían entre 9 y 20 casos nuevos por día, y lo hacían siempre y cuando hubiera una denuncia ante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía General Del Estado de Jalisco y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF): “Imagínate cuántas personas no hacían denuncian y no llegaban a solicitar atención”.
Actualmente, la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia Sexual atiende gratuitamente a todas las víctimas independientemente si tienen seguro o no; o si denunciaron o no.
Refugio Ibarra Castillo, coordinador de esa unidad detalla que en los últimos dos años se registraron entre mil 200 y mil 400 nuevos casos; es decir, atendieron en promedio a dos personas por día. Principalmente, las víctimas son mujeres. Nueve de cada 10 casos corresponde a ellas. Las edades de mayor vulnerabilidad oscilan entre los 9 y 20 años. De los municipios que más acuden a pedir atención son de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque.
Los protocolos para la parte médica establecen hasta seis meses de seguimiento para garantizar el estado físico de salud. Las primeras 72 horas luego de una agresión sexual son fundamentales para reducir en 95% el riesgo de contraer VIH; y 120 horas para tomar la pastilla del día siguiente y evitar un embarazo. Si la víctima accede la Unidad da aviso al Ministerio Público.
Refugio Ibarra narra que este año atendieron a dos mujeres migrantes provenientes de Nicaragua atacadas sexualmente y una de ellas – por esa vejación – quedó embarazada. El médico sospecha que habían sido víctimas de trata de personas:
“Desgraciadamente las jóvenes estaban aterrorizadas y no hablaban mucho. Cuando es difícil establecer las formas de la violencia o el perfil de los victimarios nos da pauta a pensar que han sido víctimas de trata de personas”.
Personal médico adscrito a esa unidad que prefirió dar su declaración en el anonimato indicó que el Gobierno del Estado de Jalisco sigue la política de invisibilizar el tema de violencia sexual y trata de personas. Prefieren no admitir el problema para no interferir en su imagen pública. No ofrece suficientes recursos ni materiales, ni humanos para atender a la cantidad de víctimas. Los recursos para la compra de medicamentos van desfasados a las necesidades de la gente. Las autoridades por años ha desestimado a las personas que han sufrido este tipo de delitos .
El caso de Alejandra es extraordinario, porque sólo el 1% de las víctimas de trata de personas logra escapar, y otro 1% es parte de un rescate, según indica la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).
La trata de personas es conocida como la esclavitud moderna. Consiste en la captura, traslado o acogida de seres humanos por medio de la amenaza, la violencia o la coacción (estafa, abuso de una posición dominante, engaño) para someterlos con fines de explotación, a trabajos forzados, prostitución u otras tareas.
La UNDOC indica que en 2016, el número de víctimas por trata de personas reportadas a nivel global alcanzó su nivel más alto cuando se detectaron más de 24 mil. Además destaca que cada 24 horas son reclutadas 66 personas para ser explotadas.
México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de este delito, a lo cual contribuye su situación geográfica, y dado que se ha convertido en paso obligado de los migrantes centroamericanos que desean llegar a la frontera norte, existen casos en que éstos son enganchados por redes delincuenciales durante su trayecto y sometidos a explotación.
Pero también, dada la cercanía con los Estados Unidos de América, las mafias de otros países optan por trasladar a las víctimas a México —donde los controles son menos rigurosos— para transportarlas al otro lado de la frontera.
De acuerdo al Global Slavery Index, el 57.31% de la población mexicana es vulnerable a ser víctima de este delito y estima que 341 mil personas en México estén viviendo bajo el esquema de esclavitud moderna.
De acuerdo, con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, los fines del delito son en 74% para prostitución y explotación sexual; el 11% para la explotación laboral; 10% para trabajos o servicios forzados; 2% adopción a menores; 2% utilización a menores para delitos y 2% para mendicidad forzada.
Invisibilizar la trata de personas
Jalisco no cuenta con una base de datos suficientes que den cuenta sobre la realidad de las víctimas, ni la extensión del delito de trata de personas, explica María Antonia Chávez Gutiérrez doctora e investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.
“Cuando no hay datos específicos de un problema se asume que el delito no existe. Es una manera sencilla de desdibujar y minimizar un tema. En Jalisco no sabemos a ciencia cierta sobre las denuncias, ni sobre las posibles consignaciones. No hay registros en la Fiscalía que detallen bajo cuál de las 11 modalidades de trata de personas realizan sus investigaciones”, dice la investigadora.
Las 11 modalidades (aunque podrían ser mucho más) se refieren a la esclavitud; la condición de siervo; la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; la explotación laboral; el trabajo o servicios forzados; la mendicidad forzosa; la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas; la adopción ilegal; el matrimonio forzoso o servil; tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.
El Gobierno de Jalisco no ha realizado acciones concretas para dar continuidad a los procesos de justicia, señala Chávez Gutiérrez:
“A lo sumo ofrecen capacitaciones, pero la realidad es que muchos funcionarios responsables de ayudar las víctimas ni siquiera saben qué es la trata de personas, ni cómo fundamentar el delito por lo que lo terminan argumentando con otras infracciones”.
El Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que:
“no es extraño que los ministerios públicos confundan la trata de personas con el lenocinio u otros delitos. Con frecuencia, ignoran los mecanismos de sometimiento y enganche utilizados por los tratantes, particularmente a través del engaño y la manipulación, por lo que presumen que la víctima ha desaparecido por voluntad propia”.
La autoridad tiene actitudes prejuiciosas y prácticas discriminatorias (“se fue con el novio”, “está ahí porque quiere”) que, de facto, retrasan u obstaculizan la persecución del delito”, explica el documento de la CNDH.
La desconfianza que tiene la sociedad hacia las autoridades desincentiva la denuncia, indica María Antonia Chávez, quien también es representante del Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de Personas. Incluso en ocasiones las víctimas han presenciado o sufrido la participación de servidores públicos en la explotación.
Otro elemento que dificulta la denuncia es que ocurre en la clandestinidad donde las víctimas están privadas de su libertad:
“Además, muchas víctimas no son conscientes de qué están siendo explotadas pues reproducen patrones culturales. Están acostumbradas a nacer y vivir en determinados espacios de explotación y por ello no alcanzan a identificar los delitos. Quienes logran de alguna manera de salir de una circunstancia de explotación o darse cuenta de ella, tienen miedo de sus propios explotadores”.
Tampoco se denuncia porque a veces los familiares son responsables de la explotación.
“En Jalisco, es común que en los pueblos sean los mismos familiares o las amistades que promuevan la migración hacia Estados Unidos y que también esos familiares están involucrados en redes de trata. El perfil de los victimarios no se visibiliza como delictivo, incluso, las víctimas creen que le hicieron un favor y que deben agradecer la oportunidad de salir aunque sea bajo pésimas condiciones”.
En Jalisco de 2015 a 2019 se abrieron ocho carpetas de investigación por el delito de trata de personas. Tres de los casos fueron en el municipio de Guadalajara; dos en Puerto Vallarta; uno en Lagos de Moreno; uno en San Gabriel y uno en Tlajomulco de Zúñiga, esto de acuerdo al Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y a la base a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estas carpetas no dan cuenta de la magnitud del problema, continua la investigadora:
“Aunque existen acciones y protocolos estos sólo funcionan la teoría. El trabajo de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas queda en el escritorio y a la fecha no ha habido ni una reunión virtual. Son las organizaciones sociales las que terminan resolviendo algunos delitos contra los derechos humanos”.
Para Rosi Orozco, presidenta de la organización mexicana Unidos contra la Trata, Jalisco representa el peor estado por su nula acción en el tema de prevención, protección y y sanción del delito de trata.
“Cuando hay voluntad política se cierran los giros negros. Lamentablemente y como ha sucedido en Jalisco, el crimen organizado ha cooptado a las autoridades. Invita a policías, diputados, ministerios públicos, presidentes municipales, alcaldes a los tables dance como es El Candys donde los corrompen.
Por ejemplo, les sientan a una niña en las piernas y le sacan fotografías. Entonces esa autoridad ya no te sirve de nada. ¿Cómo vas a poder hacer algo, si está del lado del crimen? Si tu escapas de estas mafias, ¿cómo denuncias? si, ni siquiera hay un lugar donde te puedan proteger, no refugios en Jalisco.
En Suecia, Noruega, Irlanda, Islandia, Canadá, Francia y recientemente Israel hay castigos económicos para los clientes. Si en Jalisco se aplicarán estas leyes se castigaría a la demanda, es decir se cobrarían multas a quienes soliciten los servicios que ofrecen los giros negros”.
En Europa, las multas van de entre los mil 500 a 3 mil 750 euros, con ese recurso se forma un fondo económico para que las víctimas tengan oportunidad de estudiar, tener un trabajo y una opción de vida sin violencia, explica la activista.
“Pero allá en Jalisco vemos que está abierto el Cadillac, un table dance que cerró en la Ciudad de México por el delito de trata de personas y en Tlaquepaque opera con toda la impunidad. Es gravísimo lo que está sucediendo en el estado. El tema de trata de personas nos involucra a todos como sociedad. Si seguimos tolerando la trata de personas podríamos perder a nuestros propios familiares. Perdemos el valor que tiene cada ser humano porque permitimos un sistema prostitucional donde los cuerpos de mujeres y niñas son vistos como objetos mercancía con precio. Eso deteriora la imagen de la mujer en la mente de los hombres y se refleja en la violencia que se vive en los hogares”.
