El pasado viernes 17 de julio durante la “Marcha por la Dignificación Policial y la Paz Social” en Guadalajara, salieron a protestar trabajadoras y trabajadores de la seguridad pública en el estado de Jalisco; ellas y ellas relataron la situación laboral precaria a la que se enfrentan cuando ejercen sus funciones en medio de un contexto social violento y sin garantías de protección a sus derechos humanos laborales por parte del Estado.
Si bien, la labor policial es un trabajo de alto riesgo en el país y en el mundo, lo cierto es que, en el marco local, Jalisco se posiciona como el tercer estado con mayor incidencia delictiva hasta abril de 2020 con 101.39 carpetas de investigación iniciadas por cada cien mil habitantes, de acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG).
La organización UnidosXporlaSeguridad A.C., mantiene un registro de al menos 51 nombres de agentes policiales en Jalisco que, en el ejercicio de sus funciones, han perdido la vida de manera violenta, han sido desaparecidos o, que, en el marco de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 han fallecido a causa de la enfermedad. Todos estos entre 2019 y 2020.
Como lo compartimos en los testimonios siguientes, para las y los policías cumplir con el lema “Proteger y Servir” les ha llevado a poner en riesgo su vida y/o su libertad, mientras que, las autoridades gubernamentales y las instituciones policiales se mantienen omisas para garantizar a ellos y ellas el acceso a condiciones laborales dignas y prestaciones de ley y, a sus familias o deudos, protección social para su subsistencia y continuación de sus proyectos de vida. Estas son las historias de Jonathan, policía de la Fuerza Única de Jalisco lesionado en un enfrentamiento en Tlajomulco de Zúñiga en 2017, y de Francisco González, elemento de la Policía del Estado desaparecido desde el año 2016.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Jonathan Rodrigo Ramírez fue de esos, dice, que se “ponen la camiseta y arriesgan la vida”. Jonathan ocupaba el puesto de suboficial en la Fuerza Única Jalisco; en 2017, luego de acudir a atender un reporte de atención ciudadana al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fue “recibido a balazos” y mientras intentaba repeler la agresión para cubrir a sus compañeros, uno de los disparos le dio en la pierna izquierda.
Tras caer producto del impacto, una camioneta “le pasó por encima del pie” y lo arrastró entre 30 y 50 metros del punto donde fue lesionado. Tres años después, necesita una silla de ruedas para desplazarse y un bastón para ponerse de pie; acompañado de sus hijos acudió a la “Marcha por la Dignificación Policial y la Paz Social” que organizó el viernes pasado el colectivo UnidosXporlaSeguridad A.C. pues asegura que esta es una forma de evidenciar la precariedad laboral y la falta de condiciones dignas en la que ejercen sus funciones.
En su caso, señala que el gobierno del estado aún le queda a deber todo lo que por ley tiene derecho, pues sus lesiones fueron provocadas mientras se encontraba en servicio. Hasta ahora, tiene una pensión parcial de salario al 100%, más no el 100% de las percepciones que tendría que recibir: no le han dado su indemnización, su fideicomiso y su liquidación.
Jonathan Rodrigo Ramírez ocupaba el puesto de suboficial en la Fuerza Única Jalisco; aquí junto a sus familiares en la manifestación del 17 de julio (Foto: Dalia Souza).
A principios de enero de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la Recomendación General 1/2020 por la “Dignificación de las condiciones laborales de las y los policías”, producto de la queja iniciada 6098/2019/II.
En ésta evidenciaron los rezagos laborales que experimentan las y los elementos de las policías en el estado; habrá que advertir que sólo 81 de los 125 municipios atendieron la solicitud del organismo de derechos humanos. Entre los señalamientos más importantes se encuentran:
- No todas y todos los elementos policiales del Estado, así como de los municipios, cuentan con seguridad social y con afiliación al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).
- Falta fortalecer prestaciones con guardería, riesgo de trabajo, jubilación por vejez y pensión en sus diversas modalidades.
- El seguro de vida no forma parte de las prestaciones; por lo que, no en todos los municipios se otorga.
- No en todos los municipios se otorga el permiso por paternidad.
- El equipamiento con que cuentan en la mayoría de los municipios es escaso y está en malas condiciones.
- Los chalecos antibalas, en la mayoría de los casos, se encuentra
- No existe servicio profesional de carrera policial.
No obstante, previo a la publicación de esta recomendación general, la Comisión Estatal de Derechos Humanos lanzó el Pronunciamiento 4/2019, donde logró documentar (a través de notas periodísticas) que las y los policías en el estado sufren agresiones no sólo en el ejercicio de sus funciones, sino también en sus horas de descanso, incluso cuando se encuentran conviviendo con sus familias.
Situaciones que, consideraron “pone en evidencia el nivel de riesgo en las funciones que llevan a cabo nuestros cuerpos policiales en el estado, y con ello también la urgencia que existe por mejorar sus condiciones de trabajo”.
Por ello, solicitaron a los titulares del Poder Ejecutivo del Estado y a los 125 gobiernos municipales la mejora de “las condiciones laborales y de seguridad de las y los policías”, además de llevar a cabo la implementación de “una serie de acciones para prevenir y proteger la integridad física y psicológica de éstos”, así como “dotarlos de una serie de prestaciones laborales con el fin de dignificar su trabajo”.
En ese sentido, la organización UnidosXporlaSeguridad A.C., mantiene un registro de al menos 51 nombres de policías que en el estado han muerto de manera violenta, han sido desaparecidos o han fallecido a causa de haber enfermado de COVID-19 en el ejercicio de sus funciones; los decesos y desapariciones documentadas comprenden el periodo 2019-2020.
Listado de policías asesinados y desaparecidos en Jalisco en los últimos años (Foto: Mario Marlo).
Por su parte, la organización Causa Común, que desde 2018 lleva a cabo un recuento hemerográfico de los asesinatos de policías en México, con la ayuda de periodistas dedicados a temas de seguridad, estima que en los últimos tres años (hasta el 30 de junio de 2020) han sido asesinados mil 188 elementos policiales.
En 2018, Causa Común registró los asesinatos de 25 policías en Jalisco; mientras que, en 2019 el estado se posicionó como el cuarto con más fallecimientos violentos de agentes de seguridad pública con 29 casos; en este mismo año, el promedio de elementos policiales asesinados por día fue de 1.16.
En lo que va del año la cifra alcanza las 290 muertes con un promedio de 1.57 policías muertos cada día de manera violenta y Jalisco contabiliza 9 casos: tres de ellos ocurridos en Teocaltiche, dos en Tonalá, uno en Tlaquepaque, otro más en Tula, otro más en Jalostotitlán y otro más en Guadalajara en la colonia Oblatos. Sólo en cuatro de los nueve fallecimientos violentos logró documentarse su nombre:
+01/02/2020 Beatriz Adriana N. Teocaltiche
+18/03/2020 Dante Báez Tonalá
+15/05/2020 Amalia N. 42 Tlaquepaque
+31/05/2020 Oswaldo García Vallejo Jalostotitlán
Familiar de Francisco González Morales, elemento de la Policía Estatal de Jalisco, desaparecido desde el 27 de marzo del 2016.(Foto: Dalia Souza).
Los policías también son desaparecidos
De mayo de 2018 a noviembre de 2019, al menos 21 policías municipales, policías investigadores y exmandos policiales, fueron desaparecidos en Jalisco; seis de ellos han sido localizados con vida; cuatro sin ella, entre ellos, un exmando policial; y once más permanecen desaparecidos. Respecto a la cifra documentada de policías desaparecidos, ocho permanecían en activo ante las dependencias policiales, mientras que tres más ya no laboraban o habían sido dados de baja.
Rocío Amaya es esposa de Francisco González Morales, elemento de la Policía Estatal de Jalisco; según relata, el 27 de marzo del 2016 su marido fue víctima de desaparición producto de su labor policial. Sin embargo, algunos meses después de su ausencia forzada, la institución decidió iniciar un procedimiento en su contra por faltas, lo que lo ha dejado en un estatus de suspendido “hasta que no se defina su presunción de muerte o que en algún momento dado él llegara a aparecer con vida y fuera reinstalado” afirma la señora Rocío.
Además de lo que todo esto ha significado para su familia, el proceso de investigación para dar con su paradero ha estado plagado de omisiones, negligencias, dilaciones e injusticias. Por un lado, las personas que fueron detenidas y declararon haberle desaparecido a cambio de 120 mil pesos fueron puestas en libertad aún cuando señalaron haberle quitado la vida y haber abandonado su cuerpo.
Y es que, señala la señora Rocío, cuando se hizo la búsqueda en el lugar señalado, no pudo encontrarse a Francisco y tampoco el arma utilizada para ocasionarle daño:
“Hubo detenidos, salieron libres por falta de pruebas aun cuando uno de ellos declaró que le había dado un disparo, aun cuando declararon en dónde habían arrojado el cuerpo. Se hizo la búsqueda junto con bomberos y protección civil pero no apareció ni el cuerpo, ni el alma, fue por eso que se les dio la liberación del proceso. En el caso de mi esposo está comprobado que fue ligado a su trabajo, no fue nada personal, incluso, los detenidos mencionaron un servicio donde él detuvo a unos de una célula y fue debido a eso a que fue el levantamiento. Esta persona que los organizó les ofreció 120 mil pesos y al final les pago 20 mil pesos a cada uno para que se lo llevaran” narra.
A decir de Rocío Amaya, si bien se comprobó que este delito del que es víctima su esposo fue producto de su labor policial, esto no ha representado nada para las autoridades en el estado y tampoco para la institución a la que servía, pues como dijimos, fue esta misma quien decidió suspenderlo “por faltas” hasta que logre determinarse su “retorno con vida y reinstalación en sus funciones” o su presunción de muerte , un proceso legal que Rocío inició hace ya tres años sin mucha suerte. Mucho menos ahora que con la contingencia sanitaria por la pandemia ocasionada por el coronavirus, ha dejado inhabilitados los juzgados de Ciudad Judicial.
“El juicio por la vía civil llevo tres años y no he podido avanzar en nada. Desde marzo los juzgados están cerrados en Ciudad Judicial y el proceso no ha podido avanzar. Es necesario que existan garantías y ser haga válido el seguro de vida y prestaciones y ayuda a familiares, ya que, hasta que no se defina la presunción de muerte no se puede cobrar ningún tipo de apoyo. Estamos detenidos por el procedimiento que se le inició por faltas”.
Frente a todo lo anterior, la familia de Francisco González policía estatal en Jalisco, desaparecido por ejercer su deber, no ha recibido ninguno de los beneficios y prestaciones que por ley debería garantizarle el Estado para el que sirvió; y como lo experimentan miles de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, parece que tampoco existe voluntad política para localizarle, pues de acuerdo con el testimonio de su esposa, el expediente de investigación de este policía “está perdido”. Al parecer, le dicen las autoridades ministeriales, durante “la mudanza” de la ex Área de Desaparecidos a la nueva Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, su carpeta de investigación “se extravió”.
“La labor del policía es una profesión de alto riesgo en cualquier parte del mundo; sin embargo, en México enfrentan algunas de las tasas de incidencia delictiva más altas y lo hacen en condiciones muy adversas” afirma la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en la Recomendación General 1/2020 sobre la dignificación de la labor policial en el estado.
En Jalisco, la realidad no es menos adversa para los elementos policiales, asegura el organismo de derechos humanos, pues se “enfrentan a un creciente fenómeno delictivo que azota la paz y la tranquilidad de quienes lo habitan y transitan; y con ello también enfrentan mayores riesgos en su actividad”.
De acuerdo con el último reporte mensual del Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG), en abril de 2020 se registraron 111 mil 547 carpetas de investigación o averiguaciones previas en México; de las cuales 8 mil 527 corresponden a Jalisco. Se estima que, en el estado, 10.85% de los delitos denunciados afectaron la vida y la integridad corporal de las personas, un porcentaje apenas por debajo del promedio nacional de 15.23%.
Después del Estado de México (16 mil 653 carpetas de investigación) y la Ciudad de México (11 mil 817 carpetas de investigación), Jalisco es el tercer estado con más delitos denunciados y el número 11 con la mayor tasa delictiva: 101.39 carpetas de investigación iniciadas por cada 100 mil habitantes. Si bien, se calcula una disminución del 37.56% respecto a los delitos cometidos durante el mismo mes un año anterior, lo cierto es que Jalisco mantiene una media anual de 12 mil 376 carpetas de investigación iniciadas.
Diez municipios concentran el 51% de los delitos que ocurrieron al interior del estado, fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, los tres primeros fueron: Puerto Vallarta con 223 carpetas de investigación abiertas; Lagos de Moreno, con 144; y Tepatitlán de Morelos, con 119. Asimismo, Tequila es el municipio con la mayor tasa delictiva con 12.1 delitos denunciados por cada 10 mil habitantes.
Quienes marcharon el pasado viernes 17 de julio en la “Marcha por la Dignificación Policial y la Paz Social”, reconocen que no existen “policías malos”, sino, personas que durante años se han escudado en una placa y en un uniforme para lacerar los derechos humanos de las y los habitantes en el estado y en el país.
Por ello, como “ciudadanas y ciudadanos antes que trabajadoras y trabajadores de la seguridad en el estado”,reclaman a sus instituciones y al Gobierno estatal la “redirección del sistema de seguridad pública” a través de ladignificación y la no criminalización de la labor policial, pues sólo con ello, consideran, podrá lograrse “la mejora de la paz en el estado”.
