La tortura es una de las violaciones graves a derechos humanos más frecuentemente señalada en las quejas que recibe la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); en el año 2019 fue identificada y referida 50 veces por las víctimas.
En tanto, la Fiscalía del Estado de Jalisco, recibió en este mismo periodo, dos recomendaciones al respecto, una de éstas vinculada a delitos cometidos por razón de género.
Tras la ejecución extrajudicial de Giovanni López en manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, quedó al descubierto que la tortura es una práctica recurrente y habitual dentro del sistema estatal de seguridad; no sólo porque así lo confirman los hechos denunciados por sus familiares y documentados a través de los organismos públicos de derechos humanos, sino porque además, fue evidente durante los actos de represión a la protesta social durante las manifestaciones en repudio a estos actos los días 4, 5 y 6 de junio.
La CEDHJ reconoce que el 37.5% de las víctimas de los hechos de violencia policial cometidos el día 5 de junio, denunciaron acciones equiparables a la tortura. Asimismo, el Juez de Control a cargo del caso de la detención de seis jóvenes el sábado 6 de junio durante las mismas manifestaciones, dio vista a la Agencia Anticorrupción para iniciar una investigación sobre la probable comisión de tortura en su contra.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Human Rights Watch (HRW) en su informe sobre México del año 2018, señaló que la tortura es una práctica “habitual” que se comete en el país en contra de las y los detenidos “para obtener información y confesiones”; de acuerdo con este organismo internacional de derechos humanos “se aplica más frecuentemente en el período desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público”.
Word Justice Project (WJP) diseñó una metodología para medir la prevalencia de tortura o malos tratos en el proceso penal en México. Fue a través de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que WJP logró identificar que durante el periodo de 2006 a 2016, 79% de las personas privadas de la libertad fueron torturadas o maltratadas durante su detención, traslado o estancia en el Ministerio Público.
Y es que, de acuerdo con la ENPOL, el 64% de las personas privadas de su libertad, denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestadas; 36% indicó que se le estranguló, sumergió en agua o fue asfixiada; 19% dijo que fue víctima de descargas eléctricas; y el 59% señaló haber recibido diversos golpes, entre ellos, puñetazos o patadas.
Con ello, HRW, refiere en su informe que, entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la ex Procuraduría General de la República habría iniciado más de 9 mil investigaciones sobre tortura.
La tortura, informó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) está prohibida desde 1948, mismo año en el que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así mismo, la organización señala que, estos actos pueden constituir un crimen de lesa humanidad.
Por ello, CEPAD recuerda que el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que “comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin”:
- Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento.
- Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona
- Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.
EN JALISCO SE TORTURA
El Informe Especial de la CEDHJ sobre el caso de Alejando Giovanni López Ramírez, detenido arbitrariamente y víctima de una ejecución extrajudicial por elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, advierte que, en su contra “fueron cometidos actos de tortura” perpetrados a través de “golpes y lesiones” que fueron ocasionadas “de manera consciente y desproporcionada” por los agentes de seguridad municipal y los cuales derivaron en su fallecimiento:
“Al golpear en repetidas ocasiones al agraviado, los agentes policiales generaron actos de tortura, violando su derecho a la integridad personal”, refiere el informe.
El documento, indaga sobre los hechos que terminaron con la vida de Giovanni López, hombre de 30 años habitante de Ixtlahuacán de los Membrillos, mientras se encontraba bajo custodia de agentes de seguridad pública. De acuerdo con el organismo público descentralizado, la serie de eventos documentados permiten “confirmar que la privación de la vida de Giovanni López se traduce en una ejecución extrajudicial por parte de los elementos de seguridad pública municipales”.
Precisa, además, que la detención de Giovanni López por elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos ocurrió el 4 de mayo de 2020 pasado, mientras éste se encontraba en la parte exterior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Los Olivos en el mismo municipio; y se llevó a cabo “con el argumento de que cometía una falta administrativa y por una presunta agresión contra los policías”. Sin embargo, “al día siguiente, cuando sus familiares acudieron a la comandancia para conocer su situación legal, fueron informados de que había fallecido”.
Por lo anterior se señala que Giovanni fue víctima de “la violación a los derechos humanos de la seguridad jurídica en su modalidad de garantías judiciales y vertientes de formalidades esenciales del procedimiento, presunción de inocencia, y libertad personal, así como en su modalidad de principio de legalidad, y de la vida y dignidad”.
Si bien, tras hacer públicos estos hechos quedó al descubierto que la brutalidad policial y la tortura son prácticas recurrentes y habituales dentro del sistema estatal de seguridad; no sólo porque así lo confirman los testimonios de sus familiares, quienes, advirtieron que los agentes de seguridad habrían detenido al joven por no usar un cubrebocas en la vía pública, sino porque, además, fueron evidentes durante los actos de represión a la protesta social durante las manifestaciones para exigir justicia por Giovanni lo los días 4, 5 y 6 de junio.
Habrá que señalar que la detención del joven y las acciones de violencia policial suceden durante la implementación del acuerdo estatal DIELAG ACU 026/2020, presentado por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro el día 19 de abril en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Al respecto, el Informe Especial sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en Guadalajara del 4 al 9 de junio de 2020 de la CEDHJ, expone que “personal de seguridad pública y de la Fiscalía Estatal realizó actos ilegales y represivos cometidos en agravio de las personas que pretendían manifestarse y de aquellas que, sin participar en dicha manifestación, fueron también víctimas de esas arbitrariedades“.
Aquella tarde del 5 de junio, mientras se desarrollaba la segunda manifestación pública en rechazo de la brutalidad policial y la exigencia de justicia para Giovanni López, el modus operandi utilizado por estos elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco consistió en lo siguiente, de acuerdo con la documentación realizada por la CEDHJ:
“… en privar de su libertad y ocultar a varias personas, subirlas por la fuerza a camionetas y vehículos sin placas, quitarles o destruirles sus pertenencias; particularmente teléfonos celulares, amenazarlos e intimidarlos de causarles daño a su integridad personal, y llevarlos a diferentes lugares alejados del área de la manifestación donde los dejaron a su suerte y, en muchos casos, sin saberse de su paradero o destino”.
Esta serie de acciones se tradujeron, denuncia la defensoría en “violaciones graves de los derechos humanos”. De las cuales se desprende que:
El 37.5% de las víctimas denunciaron “elementos equiparables a tortura” (psicológica, con aseveraciones de que serían “desaparecidos” y/o “descuartizados”); el 81.3% narró que fue amenazado o amenazada; 56.3% manifestó agresiones físicas y/o golpes; y el 75% dijo haber sido despojado de sus pertenencias, principalmente para revisión de teléfonos celulares.
Muestra de la clandestinidad y la desprotección de derechos en el que incurrieron estas autoridades obligadas a garantizar la seguridad y la justicia de las víctimas de la violencia, es que ninguna de las personas aprehendidas ese día fueron ingresadas al Registro Nacional de Detenciones.
Sin embargo, esto tampoco significó una garantía y protección de los derechos de las personas que fueron detenidas y llevadas a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco en las manifestaciones del sábado 6 de junio en los alrededores de Palacio de Gobierno en Guadalajara.
“Sinceramente yo estaba pensando que iba a perder la vida por las cosas que nos dijeron las personas que nos detuvieron. Nos dijeron que nos iban a mochar en pedazos. Yo temí por mi vida… Nos golpearon, nos torturaron, me desnudaron, me tenían con los ojos vendados” relató Roberto, uno de los seis jóvenes detenidos el sábado 6 de junio.
Roberto, al igual que Mario, Yair, Jonathan, Ángel Eliu y Nicolás, permanecieron detenidos en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco en la calle 14 desde la madrugada del domingo 7 de junio, posterior a su arresto la noche del sábado 6 a las afueras del Palacio de Gobierno en el centro histórico de la capital de Jalisco.
Ahí permanecieron hasta la noche del lunes 8 de junio, cuando sin cumplir el plazo legal de 48 horas y sin presentar notificación alguna a su defensa y familiares, fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande donde se llevó a cabo una audiencia de control el martes 9. Fueron acusados de pandillismo, desobediencia o resistencia de particulares, ataque peligroso, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, daños a las cosas y daños al patrimonio urbano, éste último, imputado como cargo extra a uno de los jóvenes
Sin embargo, como informamos en ZonaDocs, gracias al trabajo de exigencia solidaria que realizaron ciudadanos y ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y la Red YoVoy8deMarzo, junto con las familias de estos seis jóvenes, quienes se reusaron a aceptar los arrestos arbitrarios, injustos y violentos de los que fueron víctimas, quedaron en libertad.
Aunque, el Gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció la mañana de ese mismo día (martes 9 de junio) que retiraría los cargos en contra de los jóvenes, la realidad es, advirtieron sus representantes legales, que los delitos por los cuales estaban siendo señalados permitían la posibilidad de un acuerdo a través de un método alterno, como finalmente sucedió en este caso.
Tanto los jóvenes, como sus familias y sus acompañantes señalaron las violaciones a derechos humanos cometidas, desde aquellas que se perpetraron al momento de su detención, como la serie de faltas a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la legitima defensa. Como prueba de lo anterior, habrá que advertir que el Juez de control a cargo del caso dio vista a la Agencia Anticorrupción para que se encargara de investigar la probable comisión de tortura en contra de las víctimas.
UNA PRÁCTICA POLICIAL RECURRENTE
La tortura, es una de las violaciones graves a derechos humanos más frecuentemente señalada en las quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); en su informe anual más reciente, ésta fue referida por las víctimas 50 veces. En tanto, las detenciones arbitrarias acumularon 168 menciones y las violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 464.
Durante este mismo año fueron emitidas 40 recomendaciones sobre casos que involucraron 915 quejas por violaciones a derechos humanos, dos de ellas están relacionadas con actos de tortura (Recomendaciones: 21/2019 y 29/2019) y fueron dirigidas a la Fiscalía del Estado de Jalisco, particularmente señalando el actuar de la Policía Investigadora del Estado (PIE). Una de éstas, además, está vinculada a delitos cometidos por razón de género.
Recomendación 21/2019. Fiscal del Estado de Jalisco
Por las violaciones a los derechos humanos a la legalidad, la integridad, la seguridad personal (comisión de actos de tortura) y al trato digno, todas éstas en relación con el “debido cumplimiento de la función pública”.
De acuerdo con el documento público, logró “comprobarse un acto de tortura cometido por elementos de la Policía Investigadora del Estado (PIE), en contra de un hombre detenido arbitrariamente”. Las violaciones fueron perpetradas el 9 de abril de 2014, cuando “policías ingresaron a la propiedad de la víctima, armados y encapuchados, revisando el lugar, para luego trasladarlo a la Fiscalía en la calle 14. Ahí, el personal policial lo golpeó en diversas partes de su cuerpo, en varias ocasiones”.
Recomendación 29/2019. Fiscal del Estado de Jalisco
Emitida por la violación a los derechos humanos legalidad, la integridad, la seguridad personal (comisión de actos de tortura) y al trato digno, todas éstas en relación con el “debido cumplimiento de la función pública”.
En octubre de 2018, una mujer fue detenida arbitrariamente en el municipio de Chapala por “personas encapuchadas” que después sería identificados como “personal de la Policía Investigadora del Estado (PIE)”, los servidores públicos la “torturaron y cometieron tratos crueles, inhumanos o degradantes” en su contra.
“Mientras le preguntaban sobre personas que no conocía, fue golpeada y amenazada con que, si no se autoculpaba de los hechos que le adjudicaban, matarían a su familia. Después la trasladaron a otro lugar desconocida (sic) para ella, donde continuaron golpeándola, maltratándola verbalmente y psicológicamente. Luego fue llevada a un nuevo lugar, donde le sobrevino una hemorragia interna. Le informaron que se encontraba en el área de Antisecuestros de la Fiscalía del Estado (FE); y la obligaron a firmar unos papeles, mientras continuaban los maltratos. Después de dos días la llevaron al Centro Estatal Integral de Justicia Regional en Chapala (Ceinjure), donde le practicaron un parte médico de lesiones. Durante la audiencia de control, varios de los hechos fueron alterados por quienes la detuvieron. Después, la trasladaron al Reclusorio Femenil en Puente Grande”.
¿CÓMO RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS CORPORACIONES POLICIACAS?
Michael fue una de las 28 personas detenidas durante las protestas del jueves 4 de junio en Palacio de Gobierno. Antes de cumplir el plazo legal de 48 horas, fue puesto en libertad junto con los demás jóvenes (entre ellas y ellos menores de edad), luego de que el Gobernador del estado, Enrique Alfaro retirara presuntamente los cargos.
A Michael lo detuvieron entre las 7:00 y las 7:10 p.m. del jueves 4 de junio, venía de trabajar y de repente, dice, un grupo de diez policías lo detuvo para después someterlo contra el suelo, así narra lo que experimentó aquel día:
“Me detienen el jueves (4 de junio de 2020) entre las 7:00 y 7:10 de la tarde, tarde noche. Yo venía de trabajar, iba pasando y de repente se forma la riña y me tumban al suelo aproximadamente 10 policías, y me ponen los aros y comenzamos a caminar. Una chava de prensa se pone al frente de mí y me pregunta que si estoy bien, yo le digo que sí, que yo no hice nada. Yo venía de trabajar, se lo dije a los policías, les dije que revisaran mi mochila, les dije que pudieran hablar a las personas que venían conmigo. Me dijeron que no, que me iba a llevar la no sé qué, me subieron a una patrulla y me metieron a Palacio de Gobierno. Ahí me comienzan a golpear, me dan unos golpes en el pecho.
Comienzan a llegar las otras personas que detuvieron, las demás y a los que estaban entre la riña los comienzan a golpear un poco más fuerte. Veía que caían uno o dos. Estábamos formados entre 22 y 25 personas y nos trasladaron en camionetas de peritos hasta acá (las instalaciones de la Fiscalía) y nos empiezan a decir que vamos a pagar todo y nos dicen palabras altisonantes”.
Después de lo vivido, afirma “no tener nada en contra de los policías”, pues dice que hubo muchos que se portaron bien con él y muchos que no, “como quien dice, hay policías buenos y hay policías malos”, confiesa honestamente.
Sin embargo, señala que su vida, esa que consideraba cotidiana, no volverá a ser la misma:
“Va a ser difícil andar afuera con seguridad, pensando que por venir de trabajar me van a detener. Es algo ilógico pensar que ya no vas a tener la confianza de salir a la calle sin miedo”.
Aunque Michael no fue “llevado a Puente Grande” como constantemente amenazaban los policías que le detuvieron el jueves y durante su estancia en los separos de la Fiscalía del Estado de Jalisco en la calle 14; la realidad es, asegura, que mucho tiempo le llevará recuperar la confianza en las autoridades, así como, el valor para volver a salir a la calle sin miedo a que éstos cometan cualquier arbitrariedad en su contra.
