A pesar del discurso que sostenía Andrés Manuel López Obrador sobre retirar a los militares de las calles, el pasado 11 de mayo mediante un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ejecutivo federal le atribuyó la seguridad pública a las Fuerzas Armadas junto con la Guardia Nacional, hasta marzo del 2024.
Desde que inició la Guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón -y continuara en el de Enrique Peña Nieto-; los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas provocadas por la salida a las calles de las Fuerzas Armadas, evidenciaron que esta estrategia para “combatir la violencia”, genera más por sí misma.
Tamaulipas es uno de los estados que por más de una década ha sobrevivido a la cruenta Guerra contra el narco y al despliegue de militares como estrategia de seguridad pública. Estos son los breves relatos de Luis, Marigel, Pilar, Josefina y Lucía, quienes han vivido de cerca la estrategia fallida de la militarización en el país.
Por Fernanda Lattuada / @MariferLattuada
Ilustración de portada: Simón Padres
“Tenía 13 años, aún estaba oscuro, era temprano por la mañana. Mis papás y yo nos dirigíamos a la escuela y tuvimos que detenernos en uno de los semáforos de la avenida principal de la ciudad, Avenida Miguel Hidalgo. Con la luz en rojo y frente de nosotros, sin esperarlo, sólo podía verse una sombra que colgaba del puente.
“No veas” decían, sobre algo que era imposible de no observar. Mientras nos alejábamos veía a los militares llegar para retirar el cuerpo. Desde aquel día la ciudad se llenó de militares, me sentía bastante incómodo, me daba asco saber lo sucio que estaba nuestro gobierno” así recuerda Luis ese día que para él se convirtió en la primera gran muestra de la oleada de violencia en Tampico.
El mismo año que para Luis representó el inicio de la violencia, en el 2010, los homicidios dolosos en el país aumentaron un 25% con 20 mil 143 muertes violentas registradas, mientras que, la tasa de homicidios dolosos se triplicó de 8 a 24 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, según el Informe “Perpetuar el fallido modelo de seguridad” realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
En este mismo informe, para la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Laura Atuesta, la estrategia militar genera más violencia por sí misma, ya que el número de homicidios sí se incrementa por la existencia de enfrentamientos entre actores estatales y no estatales; es decir, en los lugares donde la intervención estatal ha sido más intensa, se han provocado más enfrentamientos y por ende se ha registrado un aumento en las tasas de homicidios.
Además, los datos analizados en el mencionado informe indican que cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) intervino en enfrentamientos, el número de homicidios a nivel municipal aumentó un 9%, así sucedió en Tampico, Tamaulipas, ciudad donde a lo largo de 10 años, los porteños han tenido que tomar medidas para sobrevivir a esta guerra.
Las historias se cuentan por montones, una de ellas es la de Marigel; ella relata que en el colegio donde trabaja tuvieron que ser implementados protocolos de seguridad para que las y los estudiantes supieran cómo actuar ante una situación violenta, después de haberla experimentado de cerca:
“Una semana antes de vacaciones de semana santa las clases tuvieron que suspenderse debido a que no era seguro transitar por las calles Fui testigo de uno de los tiroteos cerca del colegio. Los niños tuvieron que refugiarse en los salones, los que estábamos en los pasillos corrimos a buscar un lugar seguro y después de esto tuvimos que permanecer en resguardo por algunas horas”, narró Marigel.
“Sembrados de temor, ansiedad e incertidumbre”, Marigel y la ciudad, fueron testigos de “secuestros, incendios, balaceras, asesinatos, persecuciones a cualquier hora del día” en las calles donde los militares pasaban con sus armas a la vista, recuerda:
“Esto nos enviaba un mensaje que más que darnos seguridad, nos daba incertidumbre y mucho miedo”.
LA VIOLENCIA PERPETUADA
“Soldados… Casa… Cochera… Ven…” fueron las palabras que advirtieron a Pilar de la presencia de militares en su hogar, tras descubrir que la vivienda aledaña era una casa de seguridad de uno de los cárteles del crimen organizado:
“Estaba en mi trabajo cuando vi helicópteros del ejército, pero jamás pensé que fuera a ser en mi casa, hasta que una vecina me avisó en palabras claves por teléfono Los militares entraron a la casa de otro vecino, lo amedrentaron y encañonaron por error. Ese día nos fuimos de nuestra casa por miedo, me quitó el sueño durante mucho tiempo”, compartió Pilar.
De acuerdo con la investigación “Uso y abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales en enfrentamientos con presuntos miembros de la delincuencia organizada” realizada por los investigadores del CIDE Catalina Pérez, Rodrigo Gutiérrez y Carlos Silva, las operaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública reflejan índices de letalidad altos, ya que están diseñadas para cumplir funciones distintas a los mandos civiles y son entrenados bajo una lógica de guerra.
Con base en solicitudes de acceso a la información pública, los autores señalan que el índice de letalidad del Ejército entre los años 2008 y 2011 fue de 6.3 civiles muertos por cada civil herido. Mientras que, en el primer trimestre de 2014 representó un valor de 11.6 muertos por cada herido.
Durante 2010 y hasta mayo de 2011, dos terceras partes de los civiles fallecidos en enfrentamientos se concentraron en dos estados: Nuevo León y Tamaulipas. En tanto, en tan sólo cinco meses de 2011, en Tamaulipas los enfrentamientos dejaron un saldo de 25 civiles fallecidos por cada herido.
A partir de los registros de prensa, los autores advirtieron que el índice de letalidad del Ejército ha crecido interrumpidamente desde 2008 (3.4) hasta 2011 (19.5), 2012 (16.1), 2013 (11.8) y 2014 (7.3).
Jesús perteneció al batallón de infantería número 39 durante cinco meses porque deseaba formar parte de la Marina, y en su opinión “la seguridad pública debería estar a cargo de profesionales, no en armas precisamente, como un militar, al no estar acostumbrado al trato diario con las personas”, aunque lleven clases de derechos humanos, advierte “su instinto no es ese”.
El despliegue militar no ha sido un factor para revertir el aumento de violaciones a derechos humanos, sino que, han aumentado los abusos, de acuerdo con el Informe “Perpetuar el fallido modelo de seguridad”; incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la lucha contra el narcotráfico y la consecuente militarización han dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos.
Según las quejas y denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 2007 y diciembre de 2017 se han emitido 130 recomendaciones en contra de las Fuerzas Armadas de 145 hechos que califican como graves violaciones a derechos humanos.
Diez años después de los eventos que le arrancaron la tranquilidad a Luis y a su familia esa mañana en la Avenida Miguel Hidalgo, el acuerdo presidencial anunciado por el mandatario nacional permite a las Fuerzas Armadas realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen. Sin embargo, manifiesta el colectivo #SeguridadSinGuerra, dicho acuerdo no establece el carácter extraordinario; no incluye tampoco, mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas claras y no subordina a las Fuerzas Armadas al poder civil, como lo exige la constitución.
“Represión es la palabra que relaciono con militares Realmente la militarización viene a darles todo el poder para enfrentar todo tipo de situación, ya sabemos, con esa libertad y ese poder que se le está otorgando volvemos a caer en todas esas situaciones que propician más violaciones a derechos humanos como desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales”, opinó Josefina De León, directora de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas.
Para ella, el estado de Tamaulipas ha permanecido silenciado y la militarización representa un retroceso sobre todo para el acceso a la justicia por el alto grado de impunidad:
“Tenemos un antecedente de que, lamentablemente no hay denuncias de desaparición forzada como tal porque los Ministerios Públicos se dedicaron a no encontrar elementos que pudieran catalogarse como tal, sino como personas no localizadas o privadas de la libertad.”
Violencia e indiferencia son sinónimos de la palabra militares, afirma Lucía, quien vivió 18 años en Tampico:
“Al vivir en una ciudad militarizada era normal tener esta sicosis que a partir de cierta hora había un toque de queda impuesto por la misma ciudad, porque el momento que tú veías camionetas de soldados significaba que algo malo pasó o aquí iba a valer”, narró.
Finalmente, para Marigel, esa libertad en las calles un día cambió y marcó la vida de muchos. Adultos, niñas, niños y jóvenes tuvieron que aprender a vivir de una manera distinta. A ella no le gusta que todo esto sea visto como una normalidad, ni que se juegue con la violencia. Por ello, alienta a sus alumnos para construir paz y justicia.
Durante los últimos tres años, la ciudad costeña se ha levantado poco a poco. El crecimiento ha continuado, la economía se ha reactivado y el turismo trata de sobresalir. Sin embargo, los recuerdos de personas como Luis, Marigel, Pilar, Josefina o Lucía, dejan en evidencia las heridas de más de 13 años de guerra, como prueba del fracaso de una estrategia de seguridad fallida.
Así como ellas y ellos, los testimonios de cada habitante de Tamaulipas reflejan el costo de sobrevivir a la militarización y mantienen vivo el recuerdo de cada víctima de violencia. Dedicado a la memoria de las víctimas de la militarización.
