COLUMNA QUINTO PODER
Por Sheila Arias/@Cheilona
Responsable de Comunicación Social del Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C./@observatoriomzt
Yo estuve en Culiacán el 17 de octubre, ese jueves tenía pactadas dos reuniones de trabajo, la última era a las 16:30 horas, pero la ciudad fue sitiada desde antes por grupos del crimen organizado, así que todas las actividades se cancelaron. Había enfrentamientos por toda la ciudad, incluso a lo lejos se oían torretas y vehículos a toda velocidad. Supe del caos a las 15:00 horas mientras comía una ensalada teriyaki en un restaurante, me llamó la atención las expresiones de angustia de los comensales, como pocas veces se ve a los culichis, ellos siempre de buenas y desenfadados por su ciudad, esta vez no, ahora había silencio, y más tardes veíamos en las mesas los mismos videos del Culiacán en llamas, los que circularon por redes sociales.
Yo también tenía muchas preguntas, la primera saber si había transporte para regresar a Mazatlán, así que llamé a la central de autobuses, pero nadie respondió; busqué en otra línea y me dijeron que las rutas estaban suspendidas hasta el día siguiente al mediodía, supe entonces que estaba atrapada a más de 200 kilómetros de mi familia. Busqué asilo con unos conocidos y esa noche dormí en la ciudad del silencio, como nunca Culiacán quedó el calma, las luces se apagaron temprano y pocos, o casi nadie, salió de sus casas.
Al día siguiente se decían muchas versiones de lo que pasaba –porque no había terminado- el Gobierno federal había cambiado su versión de los hechos, confirmaba la “liberación” de Ovidio Guzmán y reconocía la famosa operación fallida, pero ¿realmente qué había pasado?, los ciudadanos teníamos y tenemos muchos dudas. En las calles de Sinaloa se habla de una realidad, quizá exagerada, pero resultado de información que no tenemos y que nadie ha dado con claridad.
Es aquí donde me permito vincular estos hechos con la transparencia como herramienta para conocer más de este caso, claro, hasta donde las leyes federales y estatales lo permitan en el entendido que se clasifica información cuando se compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; o cuando se obstruya la prevención o persecución de los delitos, entre otros aspectos importantes, eso no está a discusión, pero existen antecedentes donde la transparencia ha jugado un papel fundamental en el derecho a la información, ha ayudado a que se conozcan datos que inicialmente “no se podían” revelar, es el caso del presupuesto de la Guardia Nacional que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) recién resolvió que sea público; pero el ejemplo preciso es el caso de Villa Unión, Mazatlán, en 2017 cuando policías se enfrentaron a criminales con un resultado oficial de, al menos, 17 fallecidos, aunque también se supo que eran 19.
De este caso la autoridad fue poco clara, lo que llevó a un particular a solicitar por Transparencia el parte informativo de ese hecho, pero ni el Estado ni la federación lo entregó. El particular recurrió al INAI y en noviembre de ese año, el órgano garante ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional informar sobre su actuación en los hechos del 30 de junio en Villa Unión, también orientó al ciudadano a solicitar la información a la entonces PGR, a la Fiscalía General del Estado, y a la Secretaría de Marina.
Cito esto para reconocer que existen antecedentes de apertura de información en situaciones de seguridad, y que vale la pena intentarlo, que sí podemos hacer uso de la transparencia para saber más sobre este caso, pues mucha información nos ha llegado de periodistas que han escarbado para obtener datos extraoficiales y revelar más de la operación fallida. Me atrevo a pensar que la mayoría de la información que tenemos -de ese hecho- es de información no oficial.
Tenemos preguntas básicas:
¿dónde está y porque no ha sido público el parte informativo de ese jueves 17 de octubre en Culiacán?, ¿quiénes intervinieron?, ¿cómo reaccionó el Estado y las fuerzas federales?, ¿cuántas bajas realmente hubo en ese enfrentamiento?, ¿cuánto es el presupuesto público que se destina para fortalecer la capacitación de cuerpos de seguridad pública locales y federales?, ¿cuánto armamento se recuperó en las calles?,
es cierto que mucha información que ha dado la autoridad no cuadra con la magnitud del hecho y que otra buena parte está en el rango de reservada por obvias razones, pero apostemos a lo que sí podemos saber los ciudadanos en una versión pública.
En este caso preguntemos vía solicitud de acceso a la información apelando a lo que sí tenemos derecho saber, solicitemos versiones públicas fundamentadas en leyes federales y estatales de Transparencia; es cierto que las respuestas no despejarán todo, pero nos permite conocer información oficial, de primera mano, y aporta elementos para construir una opinión. En caso de la reserva, también es importante saberla y comunicar lo que la autoridad no está dispuesta a abrir a los ciudadanos. Las negativas también nos importan.
Entendamos que en la medida que los ciudadanos participemos la autoridad abrirá los datos, siempre en el respeto de las leyes vigentes y que el acceso a las versiones públicas sea costumbre más allá del “no se puede”. Los ciudadanos, unidos y organizados, somos poderosos, así que hagamos que sí se pueda y abramos datos.
Los leo en mis redes y reitero mi agradecimiento al buen ZonaDocs por compartir mi opinión en este espacio de periodismo en resistencia.
