Ha pasado ya un año desde que un contenedor frigorífico con 273 cuerpos de personas no identificadas deambuló por tres municipios de Jalisco. A la fecha, la única funcionaria pública que ha sido sancionada por esta grave violación a los derechos humanos ha sido aquella que de manera irregular realizó los pagos por la renta de los dos contenedores frigoríficos en los que, en total, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) hacinaron 322 personas entre 2016 y 2018; sin embargo, todos aquellos funcionarios que ordenaron confinar ahí, sin control y en condiciones que sólo degradaron más los cuerpos, permanecen en total impunidad.
Las acciones gubernamentales que se tomaron para evitar la repetición de la crisis forense, pero sobre todo, la saturación de los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) han sido insuficientes porque, nuevamente, se ha superado la capacidad de las instalaciones del IJCF tras el reciente hallazgo de 119 bolsas con restos humanos.
Aquí el reecuento de lo que ha pasado desde que se supo que en Jalisco, los cuerpos de las personas no identificadas eran confinados en traileres frigoríficos.
Por Darwin Franco Migues /@darwinfranco
Uno tras otro se fueron apilando los cuerpos de personas no identificadas hasta llegar a 322. La forma en que todos estos cuerpos fueron hacinados en dos contenedores frigoríficos, entre 2016 y 2018, violentó todo tratado internacional en materia de preservación de cuerpos y restos humanos, pues en ellos se prioriza el respeto a la dignidad del cuerpo, el cual debe ser colocado en bolsas especiales que favorezcan su preservación y en espacios dignos que garanticen su localización y trazabilidad.
En Jalisco, sin embargo, esto no sucedió porque cada una de estas 322 personas fueron envueltas en bolsas negras que se ataron con cintas plásticas para luego ser depositadas, como si fuesen objetos, dentro de dos contenedores frigoríficos donde, sin ningún tipo de orden o criterio de diferenciación, simplemente los fueron acumulando para salir al paso de los contantes ciclos de saturación que experimenta el SEMEFO desde 2007.
La imagen que comprueba lo anterior es aquella donde un trabajador del IJCF camina por encima de los cuerpos que yacen amontonados de manera horizontal dentro de uno de los contenedores que fueron utilizados por más de dos años como sitio de resguardo final.
Familiares de desaparecidos de Jalisco y de otros estados vecinos en manifestación a las afueras del IJCF tras darse a conocer el hacinamiento de los cuerpos en dos contenedores frigoríficos (Foto: Dalia Souza).
Las medidas de los contenedores frigoríficos que el Gobierno de Jalisco rentó a las empresas Logística Montes S.A. de C.V. y Cold Red Transport son de 13.95 metros de largo, 2.55 de ancho y 2.72 de alto; si se atiene una a la lógica humanitaria de preservación y dignidad; y siguiendo los lineamientos del Comité de la Cruz Roja Internacional que ha utilizado estos contenedores en situaciones extraordinarias de crisis humanitarias como: guerras o desastres naturales, el número máximo de cuerpos que se debieron haber resguardado no debió ser mayor a 120, ya que eso implica que hay espacio suficiente para cada cuerpo y una separación a través de estructuras para que éstos no estén encimados o revueltos; en Jalisco, uno de los contenedores, conforme a los registros del IJCF, fue llenado con 273 cuerpos. El segundo se quedó en 49; en ambos casos, los cuerpos fueron colocados y sin control.
En el reportaje Jalisco: desaparecer hasta volverse cenizas dimos cuenta de cómo la FGJ y el IJCF habían creado un sistema, amparados en la Ley de Salud, para deshacerse de los cuerpos de personas no identificadas que de manera constante generaban una saturación en las instalaciones del SEMEFO; la primera de estas soluciones consistió en incinerar -entre 2006 y 2015, los cuerpos de 1,559 personas; las cuales fueron reducidas a polvo sin contar con expedientes de identificación forenses completos e, incluso, sin cumplir con la normatividad que específica que no puede incinerarse un cuerpo al cual no se le ha asignado datos fundamentales como: edad aproximada, género y, sobre todo, causa de muerte.
Tras la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas que prohibió de manera explícita la incineración de cuerpos de personas no identificadas y por las denuncias de familiares de desaparecidos de la entrega de cenizas que no contaban con perfil genético; la FGJ y el IJCF tuvieron que encontrar una nueva manera de deshacerse de los cuerpos que ya no cabían más dentro de sus instalaciones, al no contar con panteones forenses o gavetas para su inhumación, la respuesta fue rentar un par de contenedores frigoríficos que colocaron sin mayor protección en el estacionamiento del IJCF; en ellos, confinaron –entre 2016 y 2018- los cuerpos de 322 personas.
El primero de los cuerpos que fue llevado al contenedor uno, que se adquirió en 2015, fue localizado, el 25 de febrero de 2015, en el cruce de las calles Nardo y San Onofre en la colonia Nuevo Paraíso en el municipio de El Salto. Este hombre de 35 años, murió por una contusión difusa de cráneo.
Su cuerpo, conforme marca la solicitud de transparencia IJCF/UT/1441/2018, quedó debajo de 272 cuerpos más que, tras no hallar cupo en las gavetas frigoríficas del SEMEFO comenzaron a ser colocados en bolsas negras dentro de los contenedores.
Sin registros o con registros mínimos, estos cuerpos quedaron hacinados hasta que el 31 de agosto de 2018; fecha en que, sin explicación alguna, salieron del IJCF hacia una bodega en la colonia La Duraznera en Tlaquepaque. Ahí duraron hasta el 14 de septiembre.
Los fétidos olores despertaron las quejas de los vecinos, quienes denunciaron este hecho a las autoridades municipales, quienes ordenaron: la clausura del lugar y el retiro del tráiler.
Los sellos de clausuran fueron violentados por elementos de la Fiscalía, los cuales trasladaron dicha cámara frigorífica al municipio de Tlajomulco de Zúñiga donde, sin más, la abandonaron en un lote baldío aledaño al Fraccionamiento Paseos del Valle.
Nuevamente, lo olores putrefactos evidenciaron al contenedor. Los vecinos de la zona creyeron que se trataba de un contenedor dejado por el crimen organizado; la sorpresa que se llevaron fue aún más grande porque ese contenedor repleto de cuerpos de personas no identificadas pertenecía a la Fiscalía General de Jalisco (FGJ).
El contenedor duró abandonado en el Tlajomulco de Zúñiga alrededor de 18 horas hasta que fue retirado por elementos de FGJ, quienes lo trasladaron a la bodega de evidencias de dicha dependencia en el municipio de Guadalajara; las autoridades aclararon que éste siempre fue el destino final del contenedor; sin embargo, las dimensiones del contenedor, los obligaron a quitar una viga. La realización de esta obra retardó la llegada del tráiler y, por ello, éste se dejó tantas horas en el lote baldío, ya que no había donde colocarlo.
El contenedor frigorífico, tras el escándalo, fue regresado el 17 de septiembre a las instalaciones del IJCF donde permaneció hasta el mes de octubre cuando los 322 cuerpos colocados en los dos contenedores comenzaron a inhumarse en panteones municipales de Guadalajara y El Salto. En total, en ambos panteones, se inhumaron 519 cuerpos de personas no identificadas. Los 322 de los dos tráileres y 197 cuerpos que, entre septiembre y diciembre de 2018, no fueron reclamados por nadie en el IJCF.
Gavetas del Panteón Guadalajara donde fueron inhumados algunos de los cuerpos que estuvieron dentro de los contenedores frigoríficos (Foto: Darwin Franco).
Descontrol en el registro y resguardo de los cuerpos
Cuando el escándalo de los traileres adquirió notoriedad nacional e internacional, familiares y colectivos de desaparecidos, tanto de Jalisco como de estados aledaños, comenzaron a concentrarse de manera masiva a las afueras del IJCF -entre septiembre y octubre de 2018- para exigir información sobre cada uno de los cuerpos confinados en los contenedores.
La exigencia derivó en la creación de la Comisión de Inhumación, integrada por autoridades y familiares de desaparecidos; su objetivo ha sido devolver la identidad a cada uno de estos cuerpos y supervisar la correcta integración de las carpetas de identificación forense. La sorpresa, no obstante, fue mayúscula porque lo que inicialmente descubrieron fue que en cada uno de los 519 cuerpos de personas no identificadas que fueron inhumados existía:
- Desorganización y falta de control de las áreas periciales
- Desvinculación entre las distintas áreas del instituto encargadas de la dictaminación pericial
- Rezago de tres años en generación de dictámenes
- Falta de control en los ingresos de cuerpos al IJCF, con la ausencia de asignación de un número único para su identificación
- Ausencia de buenas prácticas en las áreas encargadas de identificación o integración del archivo básico para la identificación
- Falta total de registros administrativos para el control de dictámenes, muestras genéticas procesadas y trazabilidad de los cuerpos dentro del IJCF
Esto significa que no había cuerpos con expedientes forenses completos; no existía control de registro que garantizase que éstos fueron colocados en determinado tráiler y, mucho menos; había certeza si todos los cuerpos tenían un número único de identificación.
Sandi, por ejemplo, desapareció el 28 de mayo de 2018 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En el texto “Los cuerpos son historias: más allá del terror de los tráileres” de Adrián Carrera , se explica que ella fue localizada sin vida, el 30 de mayo. Sandy fue víctima de feminicidio.
Su cuerpo que debió ser entregado a su familia tras reconocerla, a través de fotografías forenses y una inspección física; sin embargo, no les fue entregada hasta el 5 de junio de ese año, ya que el cuerpo de Sandi –madre de cuatro hijos- estaba dentro de uno de los contenedores frigoríficos. Su localización tardó mucho: “Denos tiempo de localizarla, es que con tanto cuerpo es difícil”, les precisaron en el IJCF.
La madre de Sandi jamás perdonará que el cuerpo de su hija se haya descompuesto justo en el lugar donde tenían la obligación de preservarlo con dignidad.
Esto mismo le pasó a Alejandro Soto, quien desapareció desde el 19 de diciembre de 2014; su cuerpo siempre estuvo en el IJCF. Ahí llegó a los pocos días de su desaparición, pero nunca fue identificado porque quienes debían integrar su carpeta de identificación, no hicieron bien su trabajo. Tras el escándalo de los tráileres, la familia Soto regresó al Semefo para revisar si Alejandro estaba entre las 322 personas hacinadas en los traileres.
El trabajo de la Comisión de Inhumación, propició que, luego de cuatro años, el expediente de identificación de Alejandro fuera integrado correctamente, lo cual permitió que éste recuperara su identidad; su familia, no obstante, ya no pudo ver su cuerpo por última vez porque lo que les entregó la FGJ y el IJCF fue una bolsa negra en un ataúd sellado, ya que sus restos fueron descomponiéndose dentro de uno de los contenedores frigoríficos.
Familias formadas a las afueras del IJCF para solicitar mirar las carpetas de identificación forense de los 322 cuerpos de personas no identificadas que se confinaron en los dos contenedores frigoríficos (Foto: Dalia Souza).
El convenio y la burocratización en el manejo de los cuerpos
“El convenio específico de colaboración para la identificación de cadáveres de personas desconocidas y/o conocidas” fue celebrado entre la Fiscalía General de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el 2 de enero de 2017. Quienes firmaron este documento fueron el ex Fiscal General, Eduardo Almaguer; el ex director del ICJF, Luis Octavio Cotero Bernal; y la ex Fiscal Central, Maricela Gómez Cobos.
En dicho documento, que es público desde entonces, se señala la necesidad de contratar los servicios de una cámara frigorífica porque dentro del IJCF existían diversos cuerpos que no habían sido reclamados por nadie; su presencia en el lugar –se precisa en el convenio- resultaba problemática porque estaban ocupando un espacio necesario para la preservación de nuevos cuerpos y que éstos, sin embargo, seguían ahí porque el Ministerio Público (adscrito a la Fiscalía General) no podía ordenar su traslado a ninguna otra parte porque la Fiscalía no contaba con ningún espacio para su preservación; así que mientras se disponía de un lugar se decidió que:
“La Fiscalía contratara un contenedor móvil con cámara de refrigeración en el cual conservará y guardará los cadáveres que ya se encuentran en su disposición y con las debidas pericias realizadas por el IJCF”, y que ´”éste se ubicaría temporalmente en el estacionamiento del IJCF”.
Al hacerse público el deambular del contenedor frigorífico con 273 cuerpos; la ex Fiscal Central, Maricela Gómez Cobos, aseguró que el resguardo y conservación de los cuerpos era competencia única del IJCF y que la Fiscalía no tenía responsabilidad alguna; sin embargo, el convenio citado con anterioridad reafirma lo que señalan legislaciones locales como el Código de Procedimientos Legales de Jalisco, así como normativas nacionales como la Ley General de Víctimas; la Ley General de Desaparición Forzada; la Ley General de Salud y el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, donde se precisa que instancias como Fiscalías y Procuradurías son quienes tienen la responsabilidad del resguardo y conservación de los cuerpos de personas no identificadas o reclamadas, ya que la responsabilidad de las instancias forenses radica sólo en la elaboración de las pruebas forenses y en el resguardo de sus resultados.
De ahí que en la cláusula tercera de dicho convenio celebrado entre Fiscalía y el IJCF fue necesario precisar que ésta (la Fiscalía): “Deslindará de cualquier responsabilidad penal, administrativa y civil al Instituto a partir de que éste le devuelva la custodia y resguardo de los cuerpos al Ministerio Público”, lo cual, a decir del ex director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, ya había sucedido y que el traslado de los cuerpos dentro del contenedor frigorífico fue responsabilidad total de la Fiscalía y no del instituto forense.
A pesar de esto, el primer funcionario en ser cesado por esto fue, justamente, Luis Octavio Cotero Bernal quien fue señalado por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como uno de los responsables de estos hechos; sin embargo, tras su despido Cotero Bernal señaló que la Fiscalía se “está lavando las manos al evadir la responsabilidad que tiene al haber autorizado el traslado de los cuerpos porque nosotros en el instituto, no podíamos actuar sin el aval del Ministerio Público”. A la par, el ex funcionario del IJCF, había denunciado el poco trabajo de la FGJ en la búsqueda de su hija, Índira Cotero Ortiz, quien fue desaparecida el 12 de julio de 2018. A la fecha, ésta sigue sin ser localizada.
Conforme a las Políticas Generales del Funcionamiento del Servicio Médico Forense y la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la única autoridad facultada para determinar el resguardo, entrega y destino final del cuerpo de una persona identificada o no identificada que ingresa y permanece en el SEMEFO es el Ministerio Público; no obstante, es el IJCF quien sugiere cuál podría ser el destino final, tal y como se precisa en el artículo Vigésimo Noveno del reglamento del SEMEFO:
“Para la procedencia del destino final de los cadáveres no reclamados, aún y cuando hayan sido de personas identificadas, el encargado del área administrativa del SEMEFO dentro del día hábil siguiente de haberse cumplido las setenta y dos horas que refieren estas políticas deberá solicitar por escrito a la Agencia del Ministerio Público la autorización del destino final y notificar lo conducente a las autoridades correspondientes”.
El señalamiento público de familiares de desaparecidos sobre la responsabilidad compartida entre la Fiscalía General y el IJCF, y el escándalo internacional que provocó el deambular de la contenedor frigorífico con 273 cuerpos obligó a que el ex gobernador, Aristóteles Sandoval, cesara de su cargo al ex Fiscal General, Raúl Sánchez Jiménez, quien durante toda esta crisis estuvo de vacaciones.
Conforme a la ley, tanto la Fiscalía General de Jalisco como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tenían responsabilidad del resguardo no sólo de los cuerpos de las cámaras frigoríficas sino también de todos los que actualmente están bajo su resguardo.
En conferencia de prensa celebrada el 19 de septiembre de 2018, se aclaró que sí existían dos cámaras refrigerantes y que en ellas estaban los cuerpos de 322 personas; ya que en el contenedor que fue de un lado contenía los cuerpos de 273 personas. En palabras de Dante Haro, ex Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General, los principales responsables de estos hechos fueron el personal del IJCF, ya que éstos actuaron sin el aval de la Fiscalía e, incluso, fueron omiso en sus funciones porque de los 322 cuerpos que tenían en las cámaras y los 122 que yacían -en ese momento- en sus instalaciones, sólo el 13 por ciento (60 cuerpos) cuentan con todos los registros forenses completos.
Por su parte, el ex gobernador, Aristóteles Sandoval, señaló que no habría tolerancia:
“No estoy dispuesto a tolerar este tipo de errores que sacuden y horrorizan a la opinión pública. La acumulación de cuerpos en las instalaciones del Instituto tiene una lógica de negligencia, indolencia falta de coordinación y nula capacidad de gestión. Las determinaciones que he tomado estos últimos días buscan ser sanciones que se ajusten a la dimensión de estas anomalías”,
Aclarando, además, que él nunca se enteró de lo que ocurrió con los cuerpos ni tuvo conocimiento del convenio que su propio gobierno firmó para contratar los frigoríficos.
Pese a las promesas gubernamentales (de la pasada y actual administración) sobre castigar a todos responsables de haber autorizado y avalado el hacinamiento de los cuerpos de 322 personas, no existe ninguna investigación penal en contra de los únicos funcionarios públicos que fueron cesados tras el escándado: ex Fiscal General, Raúl Sánchez Jiménez y el ex director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal; así como tampoco hay ninguna acción legal en contra de aquellos servidores públicos que firmaron el convenio donde se avaló la adquisición de contenedores frigoríficospara la preservación de los cuerpos: ex Fiscal General, Eduardo Almaguer (hoy regidor en el municipio de Guadalajara), y la ex Fiscal Central, Maricela Gómez Cobos; tampoco existe alguna sanción para todos aquellos funcionarios del IJCF y la FGJ que autorizaron y llevaron los cuerpos a los contenedores.
Hasta ahora, sólo Yolanda Salomé N., ex coordinadora General de Administración de la FGJ, ha sido procesada por estos hechos; a ésta se le acusó del uso ilícito de atribuciones y facultades, pues fue señalada por no sólo por omitir el contrato con la empresa propietaria de los tráileres frigoríficos que resguardaron los 322 cuerpos, sino también por realizar los pagos por arrendamiento y mantenimiento desde un fondo revolvente.
Sin embargo, la funcionario llevará el proceso en libertad al dictársele medidas cautelares que la obligan sólo a presentarse a firmar cada quince días; a no salir del país y a presentar una garantía económica de cinco mil pesos.
En total, el Gobierno de Jalisco devengó por ambos contenedores 750 mil 873 pesos: 222 mil 140 pesos fueron usados para pagar la renta de los contenedores y 528 mil 733 fueron destinados para abastecerlos de combustible; las empresas beneficiadas fueron Logística Montes S.A. de C.V. y Cold Red Transport S.A. de C.V.En ambos casos, no existieron contratos ni recursos presupuestado para estos fines. Todo se hizo al margen de la ley.
Sobre la impunidad en la investigación del caso, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), a través de un boletín de prensa, señaló:
“La indolencia y debilidad institucional de las autoridades estatales prevalece. En las instalaciones del IJCF sigue presente el rezago y acumulación de cuerpos de personas fallecidas no identificadas, su capacidad de brindar un trato digno a los cuerpos sigue rebasada y los procesos de identificación y atención a las víctimas no son realizados de manera adecuada. Aunado a esto, el caso se mantiene en plena impunidad y su investigación se realiza bajo los delitos de peculado y abuso de autoridad, situación que sin duda abona a la posible repetición de los hechos y no garantiza el derecho a la verdad y a la justicia”.
La actual administración encabezada por Enrique Alfaro, no obstante, sugiere que ya se está investigando el caso aunque, como bien señala CEPAD, la investigación no está centrado en la violación a los derechos humanos sino en los procesos administrativos y financieros.
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Una recomendación a medias
El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, señaló que, a la fecha, tienen más de 300 quejas por el trato inhumano dado a los 322 cuerpos de personas no identificadas contenidos en los tráileres.
En su Recomendación 10/2019, la CEDHJ precisó que las sistémicas negligencias y omisiones cometidas por personal de la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fueron los detonantes de la crisis forense que estalló, en septiembre de 2018, cuando se descubrió que dentro de dos contenedores frigoríficos fueron hacinados los cuerpos de 322 personas no identificadas.
Lo que señala el organismo de derechos humanos es que esta acción realizada tanto por la FGJ como por el IJCF constituye: “una violación del derecho al acceso a la justicia en relación con la identificación, clasificación, conservación y tratamiento de cuerpos de personas fallecidas”, ya que ambas instancias fueron omisas en la correcta integración del expediente básico de identificación; así como en la efectiva investigación de cada uno de los casos, en la cual debieron de tener competencia e injerencia tanto la Fiscalía Especializada en Desapariciones como la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos.
La incompleta realización de todas las pruebas de identificación forense; las negligencias en la trazabilidad de los cuerpos; la inexistencia de acciones periciales para precisar: 1) quiénes eran en vida todas las personas no identificadas; 2) qué fue lo que les pasó; 3) quién o quiénes son los responsables de su muerte; y 4) cuáles fueron todas las evidencias recabadas en las labores del levantamiento de cada uno de los cuerpos; son algunas irregularidades que la CEDHJ encontró como las principales causas de la no identificación de las personas que arriban al Servicio Médico Forense (SEMEFO); estas problemáticas, a su parecer, son acciones que de manera sistémica realizan ambas autoridades para dar celeridad al destino final de los cuerpos de personas no identificadas.
En su “Informe especial sobre el proceso de inhumación de personas fallecidas no identificadas”, realizado del 22 de septiembre al 07 de diciembre de 2018 en el contexto de la contingencia provocada por la acumulación de cadáveres en el IJCF”, la CEDHJ señala que de las 605 inhumaciones que se han realizado tras la crisis forense sólo el 10 por ciento (64 personas) han sido entregados a sus familiares; añadiendo que el actuar de la FGJ y el IJCF sobre el tema ha sido altamente deficiente porque solamente:
* En el 13 por ciento se realizaron investigaciones para lograr la búsqueda y localización de familiares, mientras que en 87 por ciento no existen registros que evidencien que desde el hallazgo de las personas fallecidas se hicieran las gestiones para obtener datos positivos en este rubro.
* En el 3 por ciento de las indagatorias se giraron oficios o se registraron las gestiones con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para verificar si los familiares de las personas sin identificar habían presentado denuncia.
* El 36 por ciento de las huellas dactilares que se tomaron y que fueron confrontadas dieron positivo; sin embargo, no se realizó ninguna investigación por parte de las autoridades que obtuviera como resultado la identificación de las personas.
* El 84 por ciento cuenta con el perfil genético, por lo cual es susceptible de confronta; sin embargo, no se encuentra documentada la realización de las confrontas.
Esto hace aún más evidente el sistema creado por la FGJ y el IJCF, pues resulta claro que dentro de todo el proceso de identificación forense se omitió la procuración de justicia y el acceso a la verdad, ya que al tratarse a los cuerpos como objetos y no como sujetos de derechos, la investigación para determinar su muerte quedó relegada al fast track burocrático que por años definió como destino final de los cuerpos: los hornos crematorios, los contenedores frigoríficos o los panteones municipales, no había diferencia porque el protocolo nunca fue la identificación de los cuerpos sino el buscar a éstos un acomodo para dar paso a los siguientes cuerpos que, tras la fuerte violencia que vive el estado, se acumularían nuevamente en el SEMEFO dando pie a una nueva crisis.
Sin embargo, la recomendación de la CEDHJ sólo se queda en el señalamiento de estos hechos, ya que no repara en las graves violaciones a los derechos humanos que su ejecución ha causado por décadas, lo cual hubiese implicado que se señalara de manera precisa, además de a los titulares de las instituciones involucradas, a todos los ministerios públicos que no sólo olvidaron su obligación de investigar sino que además avalaron los destinos finales de los cuerpos de personas no identificadas sin siquiera tener una integración adecuada de su ficha de identificación y sin contar con una adecuada averiguación previa sobre el delito del que fueron víctimas; esto en consecuencia, tuvo que haber tocado de igual manera a todos los coordinadores de las áreas implicadas y a cada uno de los policías investigadores encargados de la investigación pericial de los casos.
Los funcionarios públicos que en las conclusiones de la recomendación 10/2019 aparecen como los principales responsables de la crisis forense son:
- Raúl Sánchez Jiménez, ex fiscal del Estado;
- Maricela Gómez Cobos, ex fiscal central;
- Fausto Mancilla Martínez, ex fiscal regional;
- José Lino Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución del Delito de la FGJ;
- Salvador Marco Antonio Cruz Flores, director de Recursos Materiales de la FGJ;
- Bernardo Arzate Rábago, coordinador general de Administración y Profesionalización de la FGJ;
- Luis Octavio Cotero Bernal, ex director general del IJCF;
- Eduardo Mota Fonseca, ex director del Servicio Médico Forense;
- Francisco Javier Ortega Vázquez, ex coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales del IJCF,
Conforme a la CEDHJ, éstos se encuentran sujetos a investigación en los procesos administrativos y penales, ya que:
“incumplieron el deber de respetar y garantizar los derechos humanos a la igualdad y al trato digno; al acceso a la justicia por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia; negativa de asistencia a víctimas de delito; a la protección a la salud; a la verdad y a la reparación integral; a la legalidad y seguridad jurídica, relacionados con el irregular tratamiento, manejo, clasificación, conservación y traslado de cadáveres y su identificación, en agravio de las personas fallecidas (derechos post mortem) que se encontraban dentro del referido contenedor frigorífico, así como de sus familiares y de la sociedad en general”.
De estos funcionarios, sólo tres continúan activos; sin embargo, no hay constancia de que realmente estén siendo investigadas cada una de las personas señaladas por la CEDHJ.
La Recomendación 10/2019 estuvo dirigida a la Fiscalía General de Jalisco, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Fiscalía Estatal Anti-Corrupción, a la cual se le instó a resolver todos los procesos abiertos contra los señalados como presuntos responsables; a la fecha, esta instancia sólo ha realizado una investigación en contra de la ex coordinadora General de Administración de la FGJ.
Sobre la destrucción de los contenedores, la CEDHJ precisó que, si bien, no avalaron su destrucción, tampoco consideran que ésta conlleve la violación de algún derecho, ya que: “en ellos no se cometió ningún delito, sólo se dejaron ahí los cuerpos”. Hoy se sabe que sí solicitaron la destrucción de ambos contenedores, lo cual constituye una violación grave porque éstos eran materia relevante para la investigación del caso.
Algunas de las gavetas dan cuenta de la identidad de las 47 personas que sí lograron ser identificadas tras la crisis forenses que se generó al conocerse lo que la FGJ y el IJCF hicieron con los cuerpos de personas no identificadas (Foto: Darwin Franco).
¿Qué sabemos de las 322 personas estuvieron en los contenedores?
De los 322 cuerpos hacinados en los contenedores; 294 son hombres y 28 mujeres. Nueve murieron en 2015; 36 en 2016; 132 en 2017; 120 fueron localizados sin vida en 2018; de 25 se ignora tanto su edad, fecha y causa de muerte, esto conforme a los registros del IJCF.
Pero lo que sí es un hecho es que tres de cada cuatro cuerpos que llegaron a los dos contenedores fueron víctimas de homicidio doloso. Por lo tanto, alrededor de su muerte debe existir un investigación en el área de homicidios de la FGJ. La FGJ no ha dado a conocer avances en estas investigaciones.
De los 322 cuerpos de personas no identificadas que yacían en los contenedores frigoríficos, se logró la identificación de 47 personas (el 14 por ciento); el resto, 275, fueron inhumadas en los panteones municipales de Guadalajara y El Salto.
Actualmente en el nuevo refrigerador del IJCF se pueden resguardar 300 cuerpos; conforme a la solicitud de transparencia IJCF/UT/1085/2019 del 1 de enero al 31 de julio de 2019, el SEMEFO ya tenía bajo su resguardo 383 cuerpos de personas no identificadas, a los cuales se le han venido sumando todos aquellos que no fueron reclamados en agosto y septiembre de este año y, desde luego, los restos humanos localizados, el 3 de septiembre, en 119 bolsas en Zapopan.
La crisis forense, pese a que las declaraciones oficiales del gobierno de Enrique Alfaro la niegan, ésta sigue siendo una terrible realidad en Jalisco.
