La devastación en Veracruz a causa del fracking, no solo es responsabilidad de Pemex. Hay empresas españolas, como Oleorey de Florentino Pérez, que contaminan y no regresan las ganancias a las mismas comunidades donde destruyen los recursos naturales, actúan con opacidad y poca responsabilidad social.
Por: Majo Siscar / Taula por México
Fotografías: Duilio Rodríguez / Pie de Página
Fecha: 23 de junio de 2019
PAPANTLA, VERACRUZ.- El tufo se siente desde lejos. Un vapor ácido penetra por las fosas nasales, enrojece los ojos, reseca la garganta y baja por el esófago hasta generar sensación de náusea. El arroyo El Cepillo se ha convertido en un flujo de petróleo. Es el riachuelo que da de beber a más de dos mil personas que viven en El Remolino, una localidad rural a orillas del Golfo de México. Reventó una de las docenas de tuberías que serpentean bajo las casas, ríos y cultivos del sureste mexicano.
“En las noches es peor, sube el gas y nos arden más los ojos y para el bebé imagínese, no para de llorar”, dice Julia, una señora que vive a escasos cien metros ladera arriba del arroyo. Pero lo peor es quedarse sin agua. A El Remolino, como en muchos pueblos rurales mexicanos, no llega la red municipal. Así que los vecinos construyeron una canalización que les abastece desde el riachuelo. Cada familia paga una pequeña cuota mensual de mantenimiento, pero no tienen planta potabilizadora, ni estudios que aseguren su calidad. Ahora, con el vertido de petróleo el agua no sirve ni para echarla al retrete.
La riqueza que genera el petróleo pocas veces beneficia a las regiones de dónde se extrae. Francisco Xochicahua, comandante comunitario en El Remolino, Papantla, camina sobre una tubería que chorrea petróleo sobre el arroyo de la comunidad. Foto: Duilio Rodríguez.
El Remolino es una de las 73 poblaciones rurales del municipio de Papantla, la cuna de la civilización totonaca que construyó ciudades monumentales que ahora son reclamo turístico, sobre un subsuelo de petróleo y gas.
Mil años después, 45 por ciento de los habitantes de Papantla sigue siendo indígena. Y 5 de cada 10 viven bajo el umbral de la pobreza y no tienen una tubería que les lleve agua a casa, según las estadísticas del Consejo Nacional de Población. Lo que sí tienen son tuberías de aceite bajo sus pies y pozos entre sus pastos.
No siempre fue así, la historia de la industria petrolera mexicana comenzó justo aquí, cuando en 1868, los totonacas le mostraron al doctor estadounidense Adolfo Autrey de dónde sacaban el chapapote que usaban para ungüentos y pasta de dientes. Fue en esta región donde se instaló la primera refinería del país, en 1880, y a finales del siglo XIX se encontró uno de los grandes yacimientos que permitieron el auge petrolero mexicano: la “Faja de Oro”. Tras tal apelativo, a unos 40 km de Papantla, se instalaron campamentos de las grandes petroleras estadounidenses que luego se convertirían en la ciudad de Poza Rica.
La urbe que podría haber sido Houston, si no hubiera estado en México. Ahora, con solo 200 mil habitantes, Poza Rica es una de las ciudades más contaminadas del país, llena de atascos y dónde los comercios, las escuelas, o las farmacias conviven con pozos petrolíferos.
En otros países las empresas petroleras desarrollaron toda una industria de investigación y tecnología a su alrededor, Pemex se ahogó en la corrupción, la burocracia y el despilfarro. Aún así, en 2005, Papantla contaba 3 mil 220 pozos petroleros en explotación.
El presidente que gobernó entre 2006 y 2012, el conservador Felipe Calderón, abrió la extracción de hidrocarburos a la inversión privada. El siguiente mandatario Enrique Peña Nieto amplió este modelo al promulgar la Reforma Energética en 2013, que además otorgó a la extracción de hidrocarburos la categoría de actividad preferencial sobre cualquier otro uso de la tierra, incluso sobre el medio ambiente.
Empresas privadas, responsabilidades opacas
En seis años se adjudicaron a 73 empresas 107 bloques para la extracción petrolera, un área de 88 mil kilómetros cuadrados. Antes hubo contratos a terceros para construir plataformas, centrales, u otras obras asociadas que tienen muchos más años de recorrido. De hecho, una de las empresas pilares de Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Dragados Offshore, comenzó a andar en México en 1998 de la mano de Pemex, con la construcción de una plataforma de proceso y compresión de gas.
Desde entonces la presencia de ACS en el país ha crecido exponencialmente. México es el sexto país en volumen de negocio para el corporativo español, que tiene activos por mil 441 millones de euros, conseguidos en su gran mayoría gracias a contratos públicos. No es casual que el actual presidente de Avanzia, la marca bajo la que ACS se presenta en México, fuera subgobernador del Banco de México con la apertura liberal en la década de los 90 y ministro de Hacienda entre 2000 y 2006.
El petróleo y el gas son solo un pedacito del pastel de ACS en México, que explota a través de Grupo Cobra y su filial Iberoamericana de Hidrocarburos (IHSA). IHSA tiene, en su totalidad o a medias con otras empresas, al menos seis bloques petroleros que, según la agencia Efe, le permitirían una producción de más de 40 mil barriles diarios. El subsuelo de Papantla es solo uno de estos bloques: San Andrés.
El bloque San Andrés se adjudicó a la empresa Oleorey, una sociedad creada entre el grupo mexicano Alfa y Monclova Pirineos Gas, filial de Cobra. Estas dos corporaciones ganaron otro contrato en la misma licitación, solo que 200 kilómetros más al norte, en el bloque Tierra Blanca, municipio de Álamo. Allí crearon la empresa Petrolíferos Tierra Blanca, que como Oleorey, son solo nombres fiscales. No tiene ni página web, y su dirección no viene completa ni en google maps. Es como una muñeca rusa.
Este método de crear diferentes personalidades jurídicas, más allá de para contratos ad-hoc, como en estos casos, es el modus operandi de ACS. Al ser un holding empresarial, es decir, un grupo de sociedades en el que existe una empresa dominante con empresas subordinadas, dificulta la rendición de cuentas y responsabilidades y permite, por ejemplo, seguir concursando a licitaciones públicas pese a que en enero de este año 2019 la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México inhabilitó a una de sus subsidiarias, Avanzia Instalaciones, durante un año y tres meses como sanción por malas prácticas en la licitación de contratos del aeropuerto.
“Se conoce como velo corporativo. Las empresas pueden hacer lo que quieran al esconderse en cajas negras. En la mayoría de las industrias extractivas se invisibiliza el verdadero propietario. Esto dificulta las negociaciones, que de por sí, nunca pueden ser en condición de igualdad entre una comunidad y una multinacional”, explica Omar Escamilla, de la consultora Empower, que trabaja en transparencia empresarial.
“Si solo dejaran aquí unos centavitos de lo que extraen, esto sería primer mundo”, dice Francisco Xochicaua en El Remolino, mientras caminamos entre naranjos para llegar al arroyo contaminado por la última fuga.
Xochicaua es el comandante de la policía comunitaria, una ronda voluntaria que se encarga de vigilar la comunidad ante la falta de servicios del Estado. No lleva arma ni uniforme. Los mayores problemas que enfrenta son los pleitos de borrachos y dar fe de incidentes petroleros como el que nos muestra. El derrame no es comparable con los grandes incidentes que acaparan portadas como el del Deepwater Horizon de la British Petroleum en el Golfo de México (2010), pero igualmente no se cumple la debida diligencia de la empresa, no se respetan los derechos ambientales de las comunidades, ni el derecho humano al agua.
Esto contradice el propio código de ética de IHSA, filial de ACS, que especifica que la empresa “evita la contaminación y racionaliza el uso de recursos naturales y energéticos” o que “genera riqueza en las comunidades donde labora de la forma más óptima y eficaz”. También contraviene las políticas de gestión ambiental de Cobra o sus valores éticos y los propios acuerdos firmados por el grupo ACS como el Pacto Mundial de la ONU sobre empresas y derechos humanos.
Fermina Pérez Atzin tiene 50 años y ya de pequeña iba a vender frutas y postres a los obreros petroleros que ganaban, al menos, cinco veces lo que un jornalero del campo. Pemex se instaló en esta zona rural en la década de los 60 bajo el áurea de progreso que desprendían sus camiones, maquinaria e instalaciones.
De hecho, en la zona establecieron una colonia para los petroleros que incluso tenía clínica, algo que todavía no abunda en estas localidades. Ahora está en ruinas. Y el bienestar solo llega en forma de remesa que mandan aquellos que emigraron a Estados Unidos, cuya frontera está a 12 horas de autobús.
“Uy, antes aquí era bien bonito, había muchos peces en el arroyo, hasta camarón, y más selva”, explica la tía de Fermina, María Pérez, mientras calienta tortillas en el fogón de leña.
Su marido, Apolinar Tiburcio, flaco como un fideo, recuerda que cuando llegó Pemex, empleó a mucha gente de la comunidad, hombres como él, para abrir zanjas para los gasoductos. Ahora ya ni da trabajo ni indemniza cuando les contamina, explica mostrando un papel donde exigen a Oleorey que pague sus naranjos u otras plantaciones echadas a perder por los vertidos de petróleo.
Mientras los pagos se atrasan, Oleorey y Pemex evaden sus responsabilidades entre una y otra. El caso más flagrante es otra filtración de gas y petróleo que gotea incesantemente desde abril de 2015 en otro arroyo cercano, Tejones, que bordea la carretera regional y exhibe su contaminación en público. Los vecinos de la región han puesto infinidad de oficios quejándose, pero la fuga lleva más de mil 600 días. Pemex ha colocado unos diques que evitan que el aceite siga el curso del río, pero el agua contaminada sigue río abajo.
Esta dispersión de responsabilidades ya se deriva de los contratos creados por la administración Calderón. Mientras en la cláusula 14.1 Oleorey –o Tierra Blanca en el otro bloque, porque tienen contratos idénticos– se compromete a “asegurar que los hidrocarburos no se derramen o desperdicien (…) y a evitar el daño a los mantos que contengan depósitos de agua”, la cláusula 14.3. considera que, como finalmente todos los hidrocarburos producidos por la empresa son propiedad de Pemex, la paraestatal será “responsable por daños o afectaciones”.
Francisco Cravioto, investigador y miembro de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, señala que “estos contratos fueron corrupción legalizada, Pemex dejó sus instalaciones y trabajo a los contratistas que ahora dan el servicio de extracción sin arriesgar nada y sin dejar nada a la gente local.
Algunas de las condiciones de estos contratos fueron cuestionadas por la Auditoría Superior de la Federación en su fiscalización de las cuentas públicas de 2012. Pero eso es solo una muestra ínfima del modo de operar de Pemex durante años de asociación público privada, en que llegó a fraudes tan escandalosos como pagar nueve millones de dólares en el 2011 para remolcar hasta aguas mexicanas una plataforma petrolera desde Emiratos Árabes Unidos que en realidad nunca salió de México.
Los contratos que firmó Oleorey y Petrolíferos Tierra Blanca establecían que los contratistas debían aportar al menos el 1 por ciento del beneficio a las comunidades locales, que se canalizarían a través de los Programas de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente.
El nombre de este programa y el de Oleorey capitanean la barda de la escuela primaria de Emiliano Zapata, a 4 kilómetros de Remolino. La empresa sufragó la mitad de la valla de la escuela, construyó dos aulas y un techo para la cancha deportiva que protege a los niños del aplomado sol del trópico. Hicieron algunos arreglos, como cambiar unas láminas de amianto por otras de zinc y algunas ventanas, pero la escuela, a la que asisten 99 alumnos de 6 a 12 años, no tiene comedor, ni agua en los baños.
“No nos preguntaron qué necesitábamos, vinieron a construir el domo (techo) y ya, pero por ejemplo no hicieron gradas, que nos podrían haber servido como auditorio”, se queja la maestra Maria Isabel Patiño Valle, y explica que ni siquiera les han dado un protocolo por si hubiera una explosión.
La central de turbinas de San Andrés, que bombea el gas que se extrae junto al petróleo, está a menos de un kilómetro de la escuela, y a menos de cien metros de algunas viviendas. En marzo, por ejemplo, hubo un pequeño incendio que se controló, pero vecinos como Patiño sienten que “hay riesgo”.
Junto a la central hay un quemador para ventear el gas sobrante que las 24 horas tiene una flama de varios metros. Los vecinos de Emiliano Zapata ya no recuerdan una noche oscura ni el silencio. Al igual que la profesora de primaria, el director de la Telesecundaria se queja de su ruido y su contaminación.
Un colegio que de por sí ofrece una educación precaria. Pese al empeño del profesorado, las telesecundarias y telebachilleratos son un modelo educativo de segunda en los que unos videos sustituyen a maestros especializados en las comunidades apartadas y a las que se dedica menos presupuesto. Los jóvenes rurales que quieren ir a la universidad preparan su prueba de acceso con un solo profesor que tanto les da lengua española como física y química. ¿Cuántos llegarán a ser ingenieros petroleros?
Felipe Gutiérrez es uno de los mayores críticos hacia la extracción petrolera en Emiliano Zapata. En la fachada de su casa pintó un busto del Che Guevara con un “No al fracking”. De más de 300 pozos en operación en San Andrés, 172 se hacen con fractura hidráulica, según el mapeo de la organización Cartocrítica a partir de los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
En 2010 esta Comisión ya hizo un informe sobre la explotación de petróleo en los yacimientos de la región donde señalaba los riesgos sociales, ecológicos, políticos y sobre las economías locales. Todo ello sin que Pemex ni sus subcontratistas hubiesen puesto en marcha medidas para atender las problemáticas sociales y ambientales asociadas.
“El fracking se realiza en México desde la década de los 90, aunque ni se decía, ni se registraba como tal. Por ello no se tienen estudios de impacto ambiental. En los Estados Unidos sí se ha demostrado que pone en riesgo la salud y el medio ambiente, hay evidencias claras que aumenta los casos de cáncer de mama y las enfermedades respiratorias; pero aquí no hay legislación, y con el secreto industrial no sabemos ni qué sustancias químicas emplea cada empresa. Además, se prioriza el agua para la industria antes que para el consumo humano”, explica la ingeniera Beatriz Olivera, del Centro de Análisis Fundar.
A la falta de información se suman las estrategias de división y criminalización de la protesta de los vecinos. Por ejemplo, en 1978 Pemex expropió el 20 por ciento del territorio de Emiliano Zapata e indemnizó a la mitad más uno de los propietarios de la tierra comunal para ganar la asamblea que la rige. El resto, que también sufre las afectaciones del petróleo, no recibió dinero alguno. Tanto Pemex como Oleorey juegan al desgaste, regatean los pagos por afectaciones y cuando los dan los retardan hasta la impaciencia y en última instancia recurren a la criminalización.
Felipe Gutiérrez y el entonces comisario de Emiliano Zapata, Gumersindo González, fueron acusados formalmente por daños a la propiedad ajena, como represalia por haberse movilizado junto a toda la comunidad en 2014 para cortar la carretera durante tres días hasta que les dieran solución a uno de los derrames de entonces. La demanda no prosperó por falta de evidencias, pero amedrentó al vecindario ante futuras movilizaciones.
Mientras tanto, en las comunidades cuesta ver mejoras. El Libro Blanco sobre los contratos otorgados en 2012 en la zona norte de Veracruz asegura que, desde el 1 de octubre de 2012 (fecha de inicio de Oleorey) hasta el 30 de junio de 2018, debería haber invertido 3 millones de dólares –uno por ciento de su contrato– en desarrollo sustentable para las comunidades y el medio ambiente, de los cuáles habría ejercido 2 millones 382 mil 172 según el mismo documento. Esta reportera no pudo averiguar el desglose de los servicios en que Oleorey y Pemex han gastado ese dinero, pero tal cantidad debería ser visible en un bloque petrolero donde viven unas 15 mil personas.
Sin embargo, en la docena de localidades en las que Oleorey saca petróleo, los testimonios se repiten: vacas que no tienen dónde beber o pastar, otras reses envenenadas puntualmente, naranjos que se secaron al reventar una tubería, y derrames en los arroyos.
Y para compensarlo, indemnizaciones puntuales, camiones cisterna con agua y techos y paredes en las escuelas con el logo de Oleorey reluciente.
La historia es calcada en la comunidad de Tierra Blanca Booxter, el epicentro de las extracciones de petróleo y gas natural de Petrolíferos Tierra Blanca, la misma empresa que Oleorey.
Entre 2014 y 2018 el PACMA repartió en todo el estado de Veracruz unos 287 millones de pesos, y la gran mayoría (196 millones) se han ido a obras de infraestructura. En el área rural de Papantla las calles son de tierra, y son los vecinos quiénes deben limpiarlas si no quieren que la voluptuosidad de la selva las devore. Lo que sí construyeron con fondos del programa en todas las localidades fueron comedores comunitarios, que servían almuerzos varios días a la semana a precio simbólico, en lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto llamó la Cruzada contra el Hambre. Nada más alejado de la realidad campesina.
Para la periodista veracruzana Flavia Morales, “estas comunidades son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos, y son tan sistemáticas que ya lo han asimilado y asumen las migajas y la contaminación con naturalidad”, dice en entrevista.
La reportera fue becada por el International Center for Journalists para investigar cómo el gobierno de Veracruz desvió fondos petroleros y encontró que, entre 2015 y 2016, el exgobernador Javier Duarte, hoy preso por corrupción, no comprobó más de 50 millones de euros. Además, encontró obras abandonadas, con sobrecostos o con fallas de construcción graves. El siguiente gobierno veracruzano, de Miguel Ángel Yunes, también usó esos recursos para sus fines electorales y otorgó las obras a empresas afines. Aunque estos fondos no vienen de empresas contratistas, revelan el mismo patrón de discrecionalidad.
El nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, ha erigido la recuperación de Pemex como bandera. El mandatario quiere sanear sus cuentas y volver productiva la producción que ha caído a sus mínimos históricos. Originario de una región petrolera, conoce bien “cómo se abandonó a la gente y los apoyos se quedaban en el camino y no llegaban, porque los intermediarios se quedaban con el dinero”, como dijo a finales de enero cuando se comprometió a revitalizar estas comunidades.
En Papantla todavía lo esperan mientras el agua para lavarse la cara sigue llegando en camiones cisterna.
