De una Ley Federal a una Ley General en materia cinematográfica

Columna AMEDI Capítulo Jalisco

Por Israel Tonatiuh Lay Arellano / @TonatiuhLay

Profesor-investigador del Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la Universidad de Guadalajara. Miembro de la AMEDI Capítulo Jalisco.

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La cinematografía en nuestro país se encuentra en el ámbito exclusivo de la Federación en lo concerniente a su legislación, de acuerdo con el Artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es una realidad que su producción, distribución y exhibición es dispar entre las entidades federativas de nuestro país. Mientras algunas tienen un fuerte potencial en cuanto a la producción, otras lo tienen en la exhibición. Así mismo, los apoyos son inequitativos, así como las oportunidades no son parejas para el acceso a los apoyos gubernamentales, concentrándose principalmente en la capital del país.

No es la primera vez que se plantea una descentralización no sólo de los recursos financieros para la producción cinematográfica, sino para los proyectos audiovisuales en general, así mismo, se ha propuesto en más de una ocasión una figura, sea instituto, comisión, secretaría, subsecretaría u otra, para impulsar las cinematografías locales y regionales, pero poco puede lograrse si desde la propia normatividad todo se centraliza.

Desde 2014, cuando se presentó una iniciativa integral de reforma a la Ley Federal de Cinematografía, todas y cada una de las iniciativas para modificar esta norma han sido “congeladas” y luego desechadas, sin la debida deliberación parlamentaria. Este fue el destino de la Iniciativa de Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, presentada el 29 de enero de 2014, junto con otras 17 propuestas surgidas entre esa fecha y noviembre de 2018.

La obsolescencia de la ley ha permitido que se lleve a cabo una torcida aplicación de la oferta y la demanda, que no se ha sujetado sólo a esta premisa económica, sino a una indebida campaña contra las películas mexicanas, sin importar la calidad de éstas, en los complejos cinematográficos comerciales. Una inmersión a este tema en Internet arrojará diversos casos. Así mismo, la desactualización de esta norma favorece la falta de regulación en el número de copias de películas extranjeras que se exhiben. Un ejemplo es el estreno de Avengers Endgame, que se estrenó a finales del mes de abril en 6,840 pantallas y posteriormente se proyectó en 7,012, lo que representa el 98.7% de las 7,106 que existen en el país. Otro hueco es la falta de regulación de la publicidad.

Pero ¿Se le puede ganar al duopolio de la exhibición en México o al menos crear condiciones de equidad en la producción, distribución y exhibición? Quizás no y posiblemente se requiera de otro mecanismo de financiamiento, creación, comercialización y proyección. Esta pretensión de circuito independiente comercial requiere forzosamente de otro tipo de mecanismo.

Una de estas propuestas es el proyecto denominado Plan Nacional para un Cine Regional Mexicano, impulsado por la Asociación Cinema Realidad SC,el cual apuesta por la consolidación de proyectos cinematográficos estatales y regionales, en los que se incluye desde la formación académica de los cineastas hasta la constitución de institutos locales que apoyen y difundan las producciones fílmicas, esto desde una visión cooperativista y con un objetivo de comunicación alternativa que tome en cuenta el derecho humano a la imagen, a la comunicación y a la cultura. Sin embargo, mientras se cuente con una ley que no sólo es de facultad legislativa exclusiva de la Federación, sino que por su propia estructura es centralista, este tipo de proyectos no tiene cabida.

Por lo anterior, para fundamentar este proyecto se requiere también poner en la mesa  de discusión una propuesta de iniciativa de ley para sacar a la cinematografía de la Fracción X del Artículo 73º Constitucional, con el objetivo de proponer la creación de un nueva Ley General de Cinematografía, la cual por sí misma delimitaría el marco normativo mínimo en esta materia que, al ya no ser de facultad exclusiva de la Federación, permitiría a los estados de la República legislar en este tema en concurrencia. Esto obviamente derogaría la actual Ley Federal de Cinematografía.

Esta idea no es descabellada si tomamos en cuenta los abusos de las distribuidoras y las exhibidoras comerciales, que dejan de lado no sólo los postulados de la ley vigente, sino a su mismo espíritu, el cual, si bien no está alejado de una definición de industria cinematográfica comercial, tampoco de la idea de un sector que potencialice cada una de sus cadenas. La ley General aseguraría el crecimiento comercial pero también abriría las puertas del desarrollo del cine local y regional. La pregunta es si los actores de este sector apoyaran la apertura normativa para el beneficio de todos o darán prioridad, como hasta hoy, sólo a sus intereses económicos y neocolonialistas.