El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento para las mujeres periodistas, con un total de 422 casos de violencia, 222% más que en el periodo de Felipe Calderón. Con alarmante impunidad, el 2% de los delitos contra la libertad de expresión han obtenido algún tipo de resolución, además de que en 30% del total de agresiones en este sexenio, las víctimas no conocieron la identidad de los perpetradores.
Por Marce Gómez
En su informe Herencia de un sexenio: Simulación y desplazamiento Violencia contra mujeres periodistas 2012-2018, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) documentó y analizó 422 casos de violencia, 6 de los cuales fueron feminicidios contra mujeres periodistas, exponiendo que enfrentan entornos amenazantes específicos, por lo que se requiere incorporar la perspectiva de género a los protocolos y mecanismos de prevención, sanción, reparación y garantía de no repetición.
El papel del Estado es impresionante. Los funcionarios fueron responsables de 39.10% de los casos; candidatos, militantes o simpatizantes de partidos políticos, en 16.35%; grupos armados civiles, en 6.40%; civiles en 8.53%; y en el restante 29.62% se trató de personas sin identificar. Además la CIMAC detectó que los principales agresores fueron funcionarios de instancias electorales, policías, personal de partidos políticos y elementos de seguridad privada de los candidatos
El informe deja ver que la violencia es generalizada, en 31 de los 32 estados del país se registraron casos y las condiciones amenazantes y hostiles para ejercer el periodismo hizo del sexenio de Peña Nieto el periodo donde más comunicadoras se vieron obligadas a buscar refugio para proteger su vida.
El periodismo es un pilar fundamental en la construcción de sociedades democráticas, por lo que la protección de quienes lo ejercen es una obligación de los gobiernos. Las garantías de seguridad y justicia para periodistas propicia la libertad de expresión así como el derecho a la información.
La simulación imperó en el sexenio pasado y el informe exhibe la gravedad de que el periodo gobernado por el priísta tenga semejantes cifras puesto que desde 2012 en México existen instituciones y regulación para la seguridad y protección de las y los periodistas, Ley de Protección, un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas además de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En contraste, la ejecución de dichas regulaciones es ineficiente pues no hay voluntad política de las autoridades, el presupuesto es insuficiente y no hay personal calificado.
Con todo, el Mecanismo de Protección ofrece datos relevantes que recupera el informe. Desde su inicio en 2012 hasta junio de 2018, ha brindado protección a 381 mujeres y 567 hombres, 126 son periodistas.
En el mismo reporte, el mecanismo indica que los seis estados con más solicitudes de protección admitidas fueron Ciudad de México (18.9%), Veracruz (10.8%), Guerrero (9.2%), Oaxaca (6.0%), Estado de México (5.6%) y Tamaulipas (5.0%).
“Es notorio que estas entidades, a excepción de la capital del país, son zonas sitiadas por estructuras criminales y caracterizadas por corrupción de los gobernantes, quienes en ocasiones forman parte de esas estructuras” resalta el informe de CIMAC.
Las cifras de la simulación
La CIMAC documentó un total de 422 casos de agresiones a mujeres periodistas, 6 de ellas asesinadas por razones ligadas a su actividad profesional. Denuncian el incremento del 222% en los casos, en diciembre de 2012 existían 2 casos, y para septiembre de 2018 los 422 antes mencionados. Prácticamente la mitad de los 422 casos documentados fueron agresiones perpetuados por grupos de personas y, a veces, frente a varios testigos.
La violencia psicológica fue la más común y 9 de cada 10 periodistas fue víctima de ésta, que acumuló 87.68% de los casos, le siguió la física con 35.07%, la patrimonial con 13.51%, la sexual con 7.11% y la económica con 2.61%.
Las agresiones son variadas y las más comunes el pasado sexenio fueron actos de intimidación 19.56%, amenazas 13.39%, hostigamiento 11.51%, agresiones físicas 10.15%, bloqueo informativo 8.69% , campañas de desprestigio 7.22% y uso desproporcionado de la fuerza pública 6.28%.
El riesgo que corren las periodistas en México es un atentado contra la libertad de expresión y la democracia, las cifras del informe lo confirman, 27.01% de las periodistas estaba trabajando temas de corrupción cuando fueron agredidas
“Las periodistas son violentadas porque escribieron o documentaron algo que, desde la perspectiva de los involucrados, no debía saberse” expresa la CIMAC.
La mayoría de las periodistas agredidas exihibía casos de corrupción, tráfico de influencias o abuso de poder, decisiones de gobierno e iniciativas legislativas. De ellas, 74% reporteras, 9.4% directoras, y 3.3% fotorrreporteras, y poco más de la mitad de ellas colaboraban en la prensa escrita, seguidas de 26% que lo hacían en medios digitales.
Si bien las regiones más afectadas son CDMX, Puebla y Veracruz, en Jalisco se registraron 9 casos de violencia contra periodistas, y los datos indican que la violencia se desplazó de entidades del noreste como Nuevo León y Tamaulipas a entidades del oriente como Veracruz y Puebla.
Falta de justicia y violación a los derechos
Una de las desafortunadas conclusiones del informe es que no existe una estrategia integral que proteja a los periodistas y que las autoridades e instituciones obligadas a garantizar la seguridad y la justicia no le dan la importancia a las denuncias y no tienen interés, financiamiento y personal para hacerlo, a pesar de ser una obligación de Estado y un compromiso signado con organismos internacionales.
Se violan los derechos a la libertad de expresión, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de que se evaden las obligaciones del estado de respetar, proteger, erradicar la violencia contra las mujeres, investigar, sancionar, reparar, prevenir y garantizar la no repetición.
Las recomendaciones con las que cierra el informe son: 1.-Garantizar que todas las Procuradurías y Fiscalías, incluyendo la FEADLE, investiguen los casos de agresiones contra periodistas para garantizar justicia. 2.-Vigilar que todas las Procuradurías y Fiscalías, incluyendo la FEADLE, utilice metodologías y protocolos con perspectiva de género en la investigación y valoración de pruebas. 3.-Realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género, al menos para todo el personal del Mecanismo de Protección, la FEADLE y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
A los medios les recuerda la importancia de a) capacitar y profesionalizar sobre derechos humanos e igualdad de género a todas las personas que colaboran en el medio de comunicación, b) impulsar la participación y empoderamiento de las mujeres al interior del medio de comunicación y c) crear códigos de ética que consideren la seguridad de las y los periodistas y el acompañamiento integral y respetuoso de las periodistas cuando son víctimas de violencia.
En Jalisco, el patrón de denostación al trabajo de las periodistas ha alcanzado álgidos momentos por la intolerancia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez a la crítica y la investigación que revela, sus errores, y tropiezos como político. Los casos de agresión contra la prensa en el estado principalmente son denuncias públicas de mujeres; en el gabinete de Alfaro Ramírez se mantiene en la nómina a Alberto Lamas –El Antena- un personaje que durante el sexenio de Emilio González Márquez acosó y orquestó campañas de desprestigio contra reporteras y comunicadoras sin que alguna autoridad, o la CEDHJ, detuviera sus funciones políticas para inhibir el ejercicio periodístico, desde un cargo público.
