En sesión ordinaria la Cámara de Senadores aprobó de manera unánime la puesta en funciones de la Guardia Nacional bajo un mando civil. Previo a la aprobación, la madrugada de este jueves 21 de febrero las y los senadores firmaron de manera unánime el dictamen de reforma a la Constitución que establece que la Guardia Nacional tendrá un mando civil y no uno militar como han exigido ciudadanos víctimas y organizaciones. Destaca el documento un régimen transitorio de cinco años para que las Fuerzas Armadas operen en las tareas de seguridad pública y se establece que la corporación estará adscrita a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Defensores e integrantes del Colectivo Seguridad sin Guerra celebraron la decisión, asegurando que el nuevo dictamen puede colocar al país en la ruta correcta “dejando que la seguridad siga siendo una tarea y una responsabilidad civil”.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
Integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado pertenecientes a todos los grupos parlamentarios dieron a conocer el día de hoy por la mañana su decisión respecto al dictamen de reforma a la constitución sobre la Guardia Nacional, el cual, incorpora la demanda de un mando civil con parámetros de regulación para el ejercicio de las Fuerzas Armadas en el país.
El dictamen que aprobara la Cámara de Diputados, el pasado 16 de enero, y que a decir de expertos suponía una “constitucionalización de la militarización”, nada distinta a la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto –declarada inconstitucional por la Suprema Corte-, fue modificado y ahora pretende incorporar tanto las demandas de las víctimas, organizaciones y expertos, así como, las recomendaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad.
Entre éstas, destacan que la participación de los militares será extraordinaria, subordinada, restringida, regulada y fiscalizada, lo anterior, en función de lo establecido por dicho organismo internacional en la sentencia del Caso Alvarado.
El dictamen que incorpora la reforma del artículo 21 constitucional y que habría sido aprobado por los diputados entre el mes de diciembre de 2018 y enero de 2018, establecía que la Guardia Nacional “forma parte de la Administración Pública Federal, a través de la secretaría del ramo de seguridad, en lo que respecta a la planeación, programación y ejecución de sus funciones, y de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional, en lo que respecta a su estructura jerárquica, reclutamiento, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación …”
Sin embargo, el documento ahora modificado y presentado por las y los senadores establece que: “las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional… precisa además que, “la formación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y en lo conducente a la perspectiva de género.
Estará integrada por elementos de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina y señala que tanto las estructuras de disciplina, capacitación, régimen de responsabilidades y educación se homologarán a los utilizados por las Fuerzas Armadas.
Respecto al artículo 21, instruye a las instituciones de seguridad pública –incluida la Guardia Nacional- a fungir bajo un mando civil y a coordinarse entre sí, a través de la conformación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicho Sistema contendrá bases de datos criminalísticos y del personal de las instituciones de seguridad, también establece que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad publica si no ha sido debidamente certificado o registrado en el sistema”.
Con ello, deberá analizar el informe anual que el Presidente de la República presente sobre las actividades de la Guardia Nacional.
Este dictamen, además, establece en el artículo 5to transitorio que, el ejercicio de la Guardia Nacional en las labores de seguridad pública será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; prevé con ello un periodo de cinco años –posteriores a la entrada en vigor del decreto- para que la institución lleve a cabo sus funciones, luego de éste tendrá que retirarse de sus funciones paulatinamente.
Conferencia de prensa del senador Emilio Álvarez Icaza con integrantes del Colectivo #SeguridadSinGuerra /Foto: Serapaz
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En conferencia de prensa, convocada por el senador Emilio Álvarez Icaza y en la que participaron integrantes de diversas organizaciones civiles, defensores y víctimas de la violencia en el país agrupados a través del Colectivo #SeguridadSinGuerra, se celebró la modificación al dictamen presentado por los senadores la madrugada de este jueves y se realizaron algunos señalamientos al respecto.
Entre ellos destaca, la elaboración de un calendario para establecer el retiro paulatino de las fuerzas armadas -luego de haber cumplido el plazo máximo de cinco años en funciones-, éste tendrá que ser presentado por el ejecutivo nacional en concordancia con las necesidades de los gobernadores y presidentes municipales.
Edgar Cortez, defensor de derechos humanos e integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, señaló que este proceso gradual de salida, supone demás, una responsabilidad para los tres niveles de gobierno, particularmente, sobre la tarea de capacitar y fortalecer a las policías civiles. En el mismo sentido, sugirió que entre los retos más importantes está la ejecución y puesta en marcha de la decisión que se ha tomado en el pleno del senado:
Queda una gran tarea, que esto que se pueda aprobar hoy en el pleno del senado, tenga una ejecución efectivamente como todos esperamos. Fortalecer las policías civiles y en algún momento que los ciudadanos y las ciudadanas nos sintamos y estemos más seguros
Por su parte, José Antonio Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e integrante del Colectivo #SeguridadSinGuerra, ahondó al respecto y señaló que el proceso tendrá que ser vigilado por la sociedad y las organizaciones, ello, para garantizar la correcta aplicación del dictamen y el ejercicio de dicha institución, en concordancia con las necesidades de los estados y municipios:
Habrá que ver cómo se regulan esos artículos transitorios, cómo se aprueban y se publican los decretos de actuación de las fuerzas armadas para los diferentes territorios donde van a operar. Y, que contemos con verdaderos instrumentos confiables que verifiquen el buen comportamiento de las fuerzas militares en las tareas de seguridad.
Lisa Sánchez, Directora de México Unido Contra la Delincuencia e integrante del mismo colectivo, señaló que aún existen ciertos elementos en el dictamen que continúan siendo problemáticos respecto a los artículos transitorios 4to, 5to y 6to, en los que, se establecen los criterios sobre los cuales las Fuerzas Armadas seguirán participando en las tareas de seguridad pública. Sin embargo, aseguró que, desde las organizaciones se seguirá trabajando para lograr una propuesta civil y controles máximos de fiscalización para las Fuerzas Armadas:
Trabajaremos para lograr una propuesta civil de leyes secundarias que nos permita establecer los controles máximos de fiscalización de las fuerzas armadas, para que nos den temporalidad, subsidiariedad y controles externos e internos que lo que nos permitan sean muchísima transparencia, al grado de control máximo sobre la operación de los militares.
Finalmente, en un comunicado #SeguridadSinGuerra señaló que corresponderá a la sociedad civil mantenerse activa y participativa en todo lo que aún queda por construirse en torno a la reforma, “principalmente en el régimen transitorio de la misma”.
