Entre los miércoles de biblia en Casa Jalisco donde los secretarios y funcionarios de confianza la leían por instrucción de Emilio González Márquez y la revelación de relaciones extramaritales de Jorge Aristóteles Sandoval, los jaliscienses han conocido el lado personal de los gobernadores a través de escándalos que se cruzan en algún momento, con su forma de hacer gobernanza. Quien pronto mostró que antepone sus preceptos en la política fue Enrique Alfaro Ramírez con las primeras decisiones de su administración (2018-2024) degradando el Instituto Jalisciense de las Mujeres a dirección de área.
Por Jade Ramírez / @jadercv
¡Papacito, hazme un hijo!, le gritó una señora debajo del templete a Enrique Alfaro cuando salió a saludar alrededor de la media noche a la verbena popular que organizó su equipo de campaña en una calle del barrio de Analco en Guadalajara, donde arrancó la primera carrera para ganar a la gubernatura en 2012, aunque la perdió.
El candidato de Movimiento Ciudadano respondió el grito sosteniendo el micrófono, señaló a su esposa y dijo: “gracias…lo bueno es que ella aguanta todo y no se enoja”. Entonces retumbaron las carcajadas y albricias tanto arriba en el templete como abajo entre el bullicio; fue tomada su respuesta como un carisma y una reacción merecedora de aplausos. Nadie le llamó la atención.
Ahí, desde el minuto cero cuando inició la búsqueda para convertirse en gobernador, el ex presidente municipal de Tlajomulco, en pocas palabras definió a qué parámetro cultural responde quien busca ser el líder de Jalisco: a una visión machista. No perdió oportunidad de capitalizar simpatía y agradar con tal de obtener votos ante el grito de su seguidora, aunque colocó en el lugar de la que “…aguanta todo” a su pareja y esposa, Lorena Martínez.
A siete años de ese episodio y en medio de una ríspida gestión, se logró en el Congreso de Jalisco -donde goza de mayoría el partido que lo llevó al poder y al que, supuestamente renunció, Movimiento Ciudadano (MC)-, la abrogación a la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), aprobada en diciembre de 2001 y echado a andar hasta marzo del 2002; se trata del mecanismo de adelanto para las mujeres según las indicaciones de los observatorios internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Naciones Unidas, para cambiar las narrativas y comportamientos desiguales entre géneros que eviten pública e íntimamente que cualquier hombre denigre, violente y abuse de la mujer.
Las voces en oposición a lo dispuesto por el gobernador giran alrededor del engañoso discurso que argumenta un incremento del presupuesto con la disposición de 282 millones de pesos en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, dependencia que absorberá el IJM y, también, a los migrantes, personas con discapacidad e indígenas, diversidad sexual (sic) pero que según el Presupuesto de Egresos 2019, y las partidas por programa, solo se trata de 35.9 millones de pesos para este año en una dirección de área, ya no instituto, que debe atender además de las necesidades de los grupos llamados por el gabinete social de Alfaro “vulnerables”, todos los programas dirigidos a las mujeres: prevención de las violencias, diagnósticos, capacitación, talleres para dependencias del gobierno. A ello se suma la operación de los recursos federales para operar la Alerta de Género Contra las Mujeres emitida finalmente el 28 de noviembre de 2018.
Movimientos y ONG de la agenda de derechos humanos, le dan la espalda y reclaman
Al día siguiente de la votación que desapareció el Instituto Jalisciense de las Mujeres y en un hecho insólito -dentro del propio Congreso de Jalisco- convocaron a rueda de prensa: feministas, activistas, académicas, integrantes del Consejo Ciudadano del Instituto, movimientos sociales, ex militantes de MC y diputadas del PRI, PAN y MORENA, para contra argumentar las justificaciones que presentan las y los defensores del proyecto de Enrique Alfaro de que la Secretaría de Igualdad Sustantiva, absorba todas las tareas de un instituto en el Programa para la igualdad entre mujeres y hombres.
En 2018 se reportaron 15 millones 393 mil 096 pesos como los recursos destinados sólo por el estado al Instituto Jalisciense de las Mujeres a Ángela Quiroga, comisionada nacional de la CONAVIM -vía oficio 438/2018-, pues ésta solicitó los datos cuantitativos destinados a la Alerta de Violencia Contra las Mujeres.
Entre becas para hijas e hijos de víctimas de feminicidio que se destinaron 3 millones de pesos; 250 mil pesos para un diagnóstico sobre las deficiencias en las diligencias de muertes violentas de mujeres; 386 mil pesos para el fortalecimiento y seguimiento de las órdenes de protección; 176 mil pesos para elaborar el protocolo de feminicidio e impartir talleres por parte de una particular; 412 mil pesos para el Centro de Justicia para las Mujeres; 561 mil pesos para el módulo de atención en el hospital Zoquipan para niñas y mujeres víctimas de violencias sexual –del que se han promovido quejas ante la CEDHJ por negligencia, maltrato y omisión del personal médico-; 173 mil pesos para que un particular observara el comportamiento de las redes sociales durante el periodo de la campañas electorales; 816 mil pesos para el acompañamiento técnico del Programa de Contención Emocional para el personal de la administración pública que lleva casos de violencia de género; 527 mil pesos para la “estrategia territorial Corta la Violencia contra las mujeres en estéticas y salones de belleza”; y poco más de dos millones para campañas mediáticas sobre prevención de violencia hacia las mujeres, es el desglose de los casi 16 millones de pesos.
Pero los debates más allá de los números etiquetados para la política pública dirigida a las mujeres en Jalisco, se centran, también, en las construcciones conceptuales de lo que es, o debería hacer el IJM; cómo no ha logrado posicionarse entre las mujeres, y de cara a su desaparición cómo se volverá más complejo atender y transformar el contexto social, pues las emergencias de violencia sistémica a las niñas, adolescentes y adultas, con las desigualdades multifactoriales entre mujeres y hombres en Jalisco, siguen siendo la tendencia.
El IJM y toda la política pública, sí deben mejorar
Candelaria Ochoa Ávalos, una feminista que emergió de la academia como directora del Centro de Estudios de Género en la Universidad de Guadalajara, a la política militante -primero como regidora en el ayuntamiento de Guadalajara y después como diputada federal en la pasada legislatura por MC-, fue quien acercó a Enrique Alfaro la propuesta de transformar el instituto en secretaría pero para elevar los rangos y jerarquías de incidencia, no para acotarlo, explicó vía telefónica en exclusiva para ZonaDocs.
Un instituto a debate
Ángela García es abogada. Lleva casos de litigio para Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre otros. Es integrante del Colectivo Latinoamericano Emma Goldman, ha pasado por diversas organizaciones de mujeres y lleva involucrada en la agenda de género más de diez años.
“Sinceramente del instituto me he mantenido alejada; no te puedo decir que lo voy a extrañar”, así me responde cuando le pregunto por el Instituto Jalisciense de las Mujeres a horas de que lo desaparecieran con veinte votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, el 29 de enero de 2018.
Me cuenta que de las incongruencias operativas del IJM es la paga a comisionados del Centro de Justicia para las Mujeres, pues asume tareas que no le corresponden.
“Hay que pelear por la Secretaría de la Mujer, el instituto está caduco, lleno de vicios” es lo que sostiene Ángela al preguntarle por el modelo de subsecretaría que se llamará “para transformar con perspectiva de género” y asegura que es por lo que debería estarse peleando.
La razón de fondo para eliminar el Instituto Jalisciense de las Mujeres según García: “es que no le interesan las mujeres, tenemos un gobernador macho y mocho”, quien reconoce también, que no tiene una figura en la política que sea mujer y le inspire respeto, por lo tanto no hay quién incida en sus decisiones.
Ángela García como defensora de los derechos de las mujeres, no da un cheque en blanco a Fela Pelayo y María Elena García, en quienes recae la tarea de reformular el IJM para satisfacer la visión del gobernador: “Para mí cuando bajen los feminicidios y veamos que no van en aumento”, será el indicador de que la reingeniería sirvió, apunta la abogada que promueve debida atención y la aplicación de la NOM 046 en Guadalajara.
La NOM 046 dicta los criterios que deben prevalecer para la atención médica a niñas, adolescentes y mujeres que han sido atacadas sexualmente y por la cual pueden invariablemente solicitar la interrupción del embarazo no deseado pues se trató de un abuso la fecundación. Desde el instituto a partir de la reforma a la Norma, se acudía a organismos civiles feministas para que acompañaran los casos que les llegaban en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Ahora con la desaparición y ruptura con grupos civiles, se desconoce cómo se restituirá la relación y cuánto pueda impactar esto en víctimas que necesiten apoyo clínico.
Los problemas para las mujeres en la cultura machista van más allá de las relaciones personales e íntimas, de pareja o noviazgo, continúa reflexionando en entrevista para ZonaDocs, la abogada: “Tú vas a una institución y te das cuenta de inmediato los roles de género que denigran y desfavorecen a las mujeres, llámese acoso sexual, estigmas, criminalización”, es lo que también le ha tocado presenciar como servidora pública en los municipios.
Foto: Elizabeth Ortiz
La Secretaría de Igualdad Sustantiva, una oficina llena de improvisación
Una semana antes de que los diputados del Congreso de Jalisco aprobara desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres activistas que representan a la comunidad LGBTTTI se manifestaron a unos pasos del recinto legislativo para dejar en claro que sus demandas enfocadas en combatir la discriminación; la falta de atención a la salud de calidad y respetuosa; aplicación de protocolos cuando acuden a denunciar violencia o extorsión en el ministerio público; armonizar las normas en materia de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los matrimonios igualitarios y la adopción en familias homoparentales; así como facilitar los trámites de identidad de género en el INE, lo cual en Jalisco aún es imposible hacerlo, deben ser impulsadas por la gestión de Fela Pelayo, aunque tiene serias dudas de que esto vaya a ser así.
Quien quedó a cargo de la Dirección de Inclusión de Diversidad Sexual –en un estado donde la diversidad pasó a disidencia-, es un funcionario sin aparente experiencia que además, “desconoce” la labor que han emprendido ellos por años. Luis Guzmán del colectivo Voto Incluyente lo explicó, advirtiendo que, ya les tocó hacer incidencia durante campañas con Alfaro, con el PRI, con el PAN, y con toda la clase política que desconoce los derechos de las personas con una orientación sexual que no responde a la heterosexualidad.
La representante del Consejo Ciudadano del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Rosa González Carranza, promovió una queja ampliamente documentada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por la desaparición del instituto; reclaman violencia política e institucional contra las mujeres. Le pidió al segundo visitador, Eduardo Sosa, quien a diferencia de otras quejas, salió el 31 de enero a recibir el documento personalmente, que la CEDHJ se apegue a sus facultades y promueva una acción de inconstitucionalidad sobre el dictamen aprobado para desaparecer el instituto.
Para ella, la forma como está operando el círculo de legisladores y funcionarias a favor de la determinación de Enrique Alfaro de desaparecer organismos públicos descentralizados, responde a la lealtad y pleitesía que le guardan.
Mirza Flores la diputada local por Movimiento Ciudadano, calificó públicamente a Guadalupe Ramos Ponce, profesora de la Universidad de Guadalajara y activista defensora de los derechos de las mujeres como “vulgar” que “daba pena”, lo que representa una forma de violencia institucional que responde a las presiones que está experimentando la legisladora por concretar el proyecto de su jefe.
“Hay intereses de clase, en el caso de Enrique Alfaro se siente muy seguro de sus creencias pero la verdad no existe, la vedad se construye todos los días, su postura es patriarcal de gobernar de una visión de pobrecitas mujeres vamos a protegerlas; me extraña de Salvador Caro – ex priísta presidente de la Mesa Directiva en el Congreso y militante de MC- verlo metido ahí que él anduvo en la calle con nosotras en el Colectivo por la Defensa del Dinero Público y el Estado Laico cuando el macrolimosnazo. Creí haberle recordado cuando lo visité en el Congreso antes de la votación que hemos recorrido caminos juntos, pero no fue así: lo vi desesperado y tenso porque aprobar lo que no debía haberse aprobado”, concluyó Rosa González Carranza.
Para los científicos sociales, la disidencia sexual es un término o concepto desarrollado en los recientes años refiriéndose al sector queer de la diversidad, pero la raíz de donde proviene que es la resistencia ante la sociedad racista, clasista y discriminadora de todo aquello que se sale de los parámetros establecidos, abre un nuevo paradigma para las mujeres.
Quienes pidieron un debate abierto y claro alrededor de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres son conscientes de la escalada de violencias machistas contra las mujeres; lo que encuentran en el fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez y el gobernador, es estigma en los feminicidios al sostener que los asesinatos de mujeres responden a su vínculo con la delincuencia organizada sin datos, sin evidencias y sin investigaciones concluidas.
Ahí, en esas declaraciones, en esas justificaciones vacías y formas de legislar a espaldas de las voces involucradas, se asoma que durante el sexenio recién iniciado de Enrique Alfaro Ramírez lo que le sigue a las mujeres: es combatir las políticas deficientes y resistir.
