El informe “Incineraciones de cuerpos no identificados en Jalisco. Crímenes sin justicia”, presentado este martes en la Ciudad de México por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C (Cepad), denuncia que en Jalisco más de mil 500 cuerpos entre 2006 y 2015 fueron incinerados, de los cuales sólo al 9 por ciento se le practicaron pruebas genéticas y científicas que permitieran su identificación. El caso será presentado ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, buscan con ello sancionar a quienes resulten responsables de esta práctica que han catalogado como masiva, sistemática y violatoria a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
Por Dalia Souza
Sin criterios claros sobre el destino y resguardo, de enero de 2006 al 31 de octubre de 2018, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) incineró un total de mil 560 cuerpos de personas no identificadas en el estado de Jalisco, a los que se suma la cremación de una osamenta y 32 restos óseos de personas no reclamadas por sus familiares y de los cuales se desconoce a cuántas personas corresponden, denunció en su informe la organización Cepad A.C..
Si bien, precisan que la información obtenida a través de diversas solicitudes de información, presenta discrepancias e inconsistencias, han conseguido documentar que un porcentaje mayor al 90 por ciento de los cuerpos cremados no contaban con pruebas científicas y genéticas que garantizaran su correcta identificación.
Estas cenizas se encuentran actualmente resguardadas en tres sitios: las instalaciones del IJCF (710 cuerpos incinerados) y en dos panteones municipales en el estado de Jalisco.
El informe también señala que hasta antes del año 2015 cuando se denunció esta práctica por parte de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco y medios de comunicación, sólo al 10 por ciento de los cuerpos que ingresaron a las instalaciones del IJCF se les practicó un examen de ADN; puesto que esto sólo se hacía si “era necesario” o si “los datos orientativos -del cuerpo- no ayudaban con la identificación”.
Asimismo, se evidencia que los restos eran cremados 10 días después de no haber sido identificados y luego de que el IJCF tramitaba ante el Ministerio Público y la Secretaria de Salud, la liberación del permiso que permitía legalmente esta práctica y la emisión de las actas de defunción.
Según denuncian, esta práctica generalizada, sistemática e, incluso, reglamentada se llevó a cabo con la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Puesto que, si bien, la CEDHJ anunció que iniciarían un acta de investigación (51/2015/I) relacionada con la entrega de cenizas de personas desaparecidas con el fin de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) ofreciera una explicación sobre los protocolos de incineración de cuerpos, tras un año y medio de la investigación la comisión dictó un acuerdo en el que se estableció que: “hasta ese momento no se advertía la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de violaciones a derechos humanos en agravio de alguna víctima”.
Advirtieron que aunque la práctica cesó en el año 2015, ésta no se detuvo porque se apelara a la protección de los derechos humanos de las personas víctimas y sus familiares, ya que, han precisado que, fue en realidad el nuevo Sistema de Justicia Penal quien, en virtud, de las pruebas científicas debe garantizar el resguardo de los cuerpos de forma íntegra.
En el mismo sentido, la Ley General de Víctimas señala en su artículo 21 que: “en caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada”.
Finalmente, César Pérez Verónica Director de la organización Cepad, advirtió que ante el contexto de impunidad que impera en Jalisco y, particularmente, sobre la sanción a los responsables de estas prácticas, el caso será llevado ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México por violaciones graves a los derechos humanos por parte del gobierno del estado de Jalisco, el gobierno federal y quien resulte responsable. Se buscar, además, que los comités de tortura, desaparición forzada y derechos humanos intervengan en el proceso.
El informe completo puede consultarse aquí.
