Ciudad de México, 22 de enero de 2019. El periodista comunitario Rafael Murúa Manríquez, director de la radio comunitaria Radio Kashanay miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que transmite desde la comunidad de Santa Rosalía, Baja California Sur, quien fue desaparecido y posteriormente asesinado por sujetos desconocidos el 20 de enero de 2019, desde hace 2 años había sido víctima de agresiones y había contado con medidas de protección de las autoridades federales, denunció ARTICLE 19.
Rafael había sido víctima de agresiones por su labor de comunicador desde 2017. Estas se fueron agravando ya que desde el 1 de junio de ese año empezó a recibir mensajes intimidatorios de un sujeto presuntamente vinculado con la delincuencia organizada que le exigía eliminar una nota periodística sobre una persona sentenciada, así como publicar notas en contra de la Secretaría de Marina (Semar). A partir de ese momento, Rafael decidió autocensurarse, desplazarse temporalmente fuera de su municipio con apoyo de AMARC Capítulo México y solicitar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sus familiares informaron que el Mecanismo Federal de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) asignó algunas medidas de infraestructura en su domicilio y un botón de asistencia, que hasta el día de hoy no se han terminado de instalar totalmente.
Tras un periodo desplazado en 2017, Rafael decidió regresar a su ciudad natal para continuar con el proyecto de la Radio Kashana. Posteriormente, el 29 de octubre de 2018 publicó en su página #GonzoladorqMecanismo de protección a defensores y periodistas de la Segobue estaba siendo víctima de amenazas por parte del presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado a partir de una nota publicada titulada “La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado”.
La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur emitió un comunicado donde informó del hallazgo de un cuerpo sin vida en el kilómetro 40 del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio, en el municipio de Mulegé, identificando a Rafael Murúa como la víctima. En él, la Procuraduría estatal refirió que “procedieron al aseguramiento, embalaje y registro en cadena de custodia de tres envoltorios con vegetal verde y seco, con las características de la marihuana y otras evidencias”.
ARTICLE 19 y AMARC Capítulo México condenaron el comunicado, pues constituye un discurso oficial estigmatizante, tendiente a criminalizarlo y omite la calidad de periodista de Murúa así como las amenazas de las que estaba siendo víctima con pleno conocimiento del Estado.
En dicho comunicado la Procuraduría afirmó que el cuerpo del periodista fue encontrado con “diversas perforaciones en el torax”, pero la misma Procuraduría afirmó ayer en rueda de prensa que Murúa fue hallado con un impacto de bala en la cabeza. “Estas inconsistencias señalan la falta de rigurosidad de la investigación y son una violación al derecho de los familiares del periodista a conocer la verdad”, señalaron las organizaciones.
Las organizaciones exigieron que el Gobierno Federal dé a conocer inmediatamente la estrategia trazada para garantizar una política de Estado que prevenga, proteja, investigue y repare el daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y que el gobierno de Baja California Sur y las autoridades del municipio de Mulegé cumplan con sus obligaciones de proteger y garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el estado.
“Exhortamos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a ejercer su facultad de atracción respecto a la desaparición y posterior privación de la vida del periodistas comunitario Rafael Murúa Manríquez, y a investigar los hechos con diligencia, eficiencia y exhaustividad, tomando como principal línea de investigación su labor periodística y las agresiones previamente denunciadas”, agregaron. Finalmente se exigió al Mecanismo Federal de Protección rendir cuentas sobre las actuaciones y omisiones generadas por dicha institución en el caso, así como garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de la familia de Rafael Murúa, así como de las y los periodistas cercanos a él.
