Las 300 organizaciones, colectivos y redes de protección de derechos humanos que integran el Colectivo EPUMx, se pronunciaron frente a los avances y desafíos que persisten en la promoción y protección de los derechos humanos en México.
México recibió 318 recomendaciones durante el Examen Periódico Universal (EPU), situación que refleja el carácter de urgencia con la que el Estado Mexicano debe atender y actuar frente a las problemáticas que impiden la protección, la seguridad y la vida de todas las personas.
En su pronunciamiento en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos llamaron a “poner al centro” los derechos humanos en el ejercicio de la política pública como máxima garantía de protección, especialmente en contexto de violencia y militarización del país.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
En México “aún persisten retos y obstáculos a nivel nacional y territorial” en materia de garantías de protección de los derechos humanos de las personas, reconoció el Colectivo EPUMx. Estos asuntos pendientes quedaron en evidencia durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), donde el Estado Mexicano recibió 318 recomendaciones por parte de la comunidad internacional.
En su mayoría, señaló el Colectivo EPUMx, a través de su pronunciamiento por el Día Internacional de los Derechos Humanos “reflejan la multiplicidad de temas que requieren atención y acciones concretas para garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción”.
Aunque afirmaron que los avances han sido significativos, también fueron críticos en reconocer que esto se ha logrado gracias a la lucha de “miles de personas, colectivos, redes y organizaciones que han trabajado por un México más justo y equitativo”.
Para el colectivo queda claro que ante el contexto actual de violencia “es urgente que se adopten medidas que coloquen los derechos humanos en el centro de las políticas públicas”. Esto significa, explicaron, que se dejen a un lado, todas aquellas políticas que privilegien, promuevan y profundicen “el poder militar sin controles”, así como “las políticas punitivistas violatorias de derechos humanos”. Puntualmente, aquellas que tienen que ver con la extensión de la prisión preventiva oficiosa y que fueron señaladas por la comunidad internacional y rechazadas por el Estado mexicano. Agregaron que aún prevalece una deuda pendiente -que debe ser atendida- para eliminar la tortura y el uso indebido de la privación de la libertad.
“La violencia afecta de manera desproporcionada a comunidades enteras y representa un desafío que requiere respuestas inmediatas y sostenibles que pongan al centro la dignidad humana”.
Aunado a ello, llamaron al Estado a implementar acciones dirigidas a dar seguimiento y cumplimiento a aquellas recomendaciones en materia de protección a personas defensoras y periodistas, quienes expusieron “enfrentan riesgos y violencia por ejercer su labor”. Insistieron en atender las recomendaciones rechazadas por el Estado respecto a la investigación de casos de espionaje contra personas defensoras y periodistas.
En el mismo orden de asuntos pendientes, exhortaron a las autoridades a impulsar acciones para proteger a los pueblos y poblaciones indígenas “cuya autodeterminación, territorio y cultura siguen siendo amenazados”. Lo mismo que para las poblaciones LGBTIQ+ a quienes piden reconocer su derecho a defender derechos, más aún en un ambiente de creciente violencia y discriminación.
En cuanto a la protección de las infancias, especialmente, de las niñas, llamaron a redoblar esfuerzos para erradicar los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, condicionadas por la violencia de género.
Las organizaciones firmantes expresaron que también resulta necesario garantizar la inclusión, protección, respeto a una vida digna y atención a las personas con discapacidad, a las víctimas de desplazamiento interno forzado y a las personas migrantes.
“Instamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que actúen con responsabilidad y transparencia, priorizando la protección de los derechos de las personas y la implementación de políticas públicas basadas en el respeto, la igualdad y la justicia, conforme a las obligaciones internacionales a las que se ha comprometido el Estado” sentenciaron.
El Colectivo EPUMx finalizó su pronunciamiento afirmando que “es momento de actuar con determinación para que todos, todas y todes podamos gozar de un mundo más justo, seguro, equitativo y sustentable”.
