#FIL2024
Durante rueda de prensa realizada en la FIL, activistas y defensores de derechos humanos denunciaron los asesinatos y desapariciones de activistas en el municipio de Ayotitlán. Además exigieron justicia y criticaron la falta de protección efectiva, así como los proyectos industriales que en la zona amenazan el medio ambiente.
Por Aletse Torres / @aletse1799
En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, integrantes del Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Verdad en el Estado de Jalisco, laRed Jalisciense de Derechos Humanos, el Colectivo Luz de Esperanza y el Colectivo Justicia para El Pueblo encabezaron la rueda de prensa titulada: “Desapariciones Forzadas y Asesinatos de los Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco” ; en ella, condenaron la violencia sistemática contra defensores de derechos humanos en el estado.
En particular, denunciaron los asesinatos y desapariciones de activistas en Ayotitlán, quienes han sido víctimas por oponerse a proyectos de explotación ilegal de recursos naturales y leyes que afectan a la población local.
En la zona, recientemente 33 miembros de la comunidad indígena de Ayotitlán fueron amenazados de muerte por interponer una demanda en el Tribunal Agrario de Colima para la recuperación de sus bienes comunales.
Asimismo, mencionaron el nombre de activistas como: Alejandro Gobel, Higinio Trinidad, Celedonio Monroy y J. Santos Isaac, todos ellos luchaban por los derechos humanos, la defensa de la tierra y el medio ambiente. No obstante, todos fueron asesinados y/o desaparecidos debido a su lucha contra la tala ilegal de árboles, la ley de verificación vehicular u otros proyectos que afectan directamente a las comunidades.
Alejandrina Maciel del Colectivo Justicia para El Pueblo tomó la palabra durante la rueda de prensa para relatar el asesinato de Alejandro Gobel, activista que fue víctima de un crimen ocurrido el 3 de noviembre de 2024.
“Lo más fácil fue deshacerse de él. Aparentemente fue por robarle su motocicleta, pero nosotros no nos lo creemos”, afirmó.
Ademas, Maciel exigió que se esclarezca el asesinato y que las autoridades actúen con diligencia para evitar que estos casos queden impunes: “Estamos aquí para levantar la voz y no queremos que dentro de 5 o 10 años este crimen se convierta en otro caso más de impunidad”.
Por su parte, Gerardí Raxinmes, representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, destacó la importancia de exigir justicia para los casos de desaparición forzada y asesinato de defensores del medio ambiente.
Para él, las autoridades investigadoras deben cumplir con su obligación de realizar las investigaciones necesarias con la debida diligencia para esclarecer estos crímenes.
“No solo exigimos justicia, sino que demandamos que las autoridades actúen con responsabilidad y con un enfoque de respeto a los derechos humanos”, manifestó.
También hizo un llamado urgente a las autoridades entrantes para que garanticen el acceso a la verdad y la justicia en todos los casos de violencia contra defensores de derechos humanos.
Héctor Flores, padre buscador e integrante del Colectivo Luz de Esperanza, denunció la falta de transparencia en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco, pues a pesar de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre particulares establece la participación de las familias en las investigaciones y la formulación de políticas públicas en este ámbito, en Jalisco las familias son sistemáticamente ignoradas.
“Las familias no son escuchadas y, en muchos casos, las autoridades municipales y estatales han retirado las fichas de búsqueda y las han sustituido por nuevas versiones de los hechos, sin que se haga una verdadera búsqueda”, sentenció.
Adriana Sugey, activista en defensa del medio ambiente, también participó en la rueda de prensa para alertar sobre los impactos negativos de los proyectos industriales que se están implementando en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como el Programa de Ordenamiento Territorial.
Este proyecto incluye la creación de un corredor industrial en municipios como Juanacatlán, Tlajomulco y Tonalá, que según Sugey, podría tener consecuencias ecológicas devastadoras, como la contaminación del río Santiago y la afectación de áreas naturales: “Estas decisiones están siendo tomadas sin consultar a las comunidades afectadas y sin tomar en cuenta el daño que pueden causar al medio ambiente”, aseguró.
Todxs lxs ponentes subrayaron la ineficacia de los mecanismos de protección para defensores y periodistas en Jalisco. A pesar de que algunos activistas, como Higinio Trinidad, estaban inscritos en el programa federal de protección, las autoridades no pudieron garantizar su seguridad.
Esto refleja una falla sistémica en la implementación de políticas de protección, que se ve acentuada por la impunidad que prevalece en el estado.
“Los mecanismos de protección no están funcionando. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad, la violencia contra los defensores de derechos humanos seguirá aumentando”, concluyeron.
Finalmente, reiteraron la urgencia de que las autoridades de todos los niveles de gobierno en Jalisco y a nivel nacional tomen acciones concretas para garantizar la justicia, la verdad y la protección de los defensores de derechos humanos, que a diario enfrentan riesgos por ejercer su derecho a defender los derechos de la ciudadanía y del medio ambiente.
“La impunidad y la criminalización de la lucha social no deben continuar, y es necesario que las autoridades trabajen para erradicar la violencia y asegurar que la verdad y la justicia sean accesibles para todxs” finalizaron.
