Derechos humanos: del texto al hecho

La calle del Turco

Por Édgar Velasco / @Turcoviejo

En 2011 se realizó una importante reforma a la ya de por si reformada Constitución de 1917. Dicha reforma fue particularmente celebrada porque, se gritó a los cuatro vientos, ahora sí los derechos humanos adquirían carácter constitucional.

De entrada, el título del capítulo 1 dejó de llamarse simplemente “De las garantías individuales” para convertirse en “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. Luego, el Artículo 1 señala:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En el papel (bueno, en el PDF) se lee muy bonito, pero como ocurre con tantas y tantas leyes y normas en el país, lo que ocurre en la realidad dista mucho de apegarse a lo que dicta la Constitución.

Hace un par de días, asistí a un foro en el que diferentes colectivos de la región Occidente de la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) presentaron una panorámica del estado que guarda la defensa de los derechos humanos en esta zona del país, así como de los riesgos que enfrentan personas, grupos, colectivos y organizaciones vinculadas al tema. En la mesa hubo representantes de Colima, Michoacán, Baja California Sur, Guanajuato y Jalisco y el escenario, obvia decirlo, no es bueno.

De entrada, se identificaron tres patrones que están presentes en toda la región:

1. 1. La macrocriminalidad, que se manifiesta en el incremento de desapariciones, la proliferación de fosas clandestinas —ambos rubros en los que Jalisco tiene el primer lugar nacional—, el desplazamiento forzado y, en general, las diferentes violencias ejercidas por el crimen organizado en colusión, ya sea por acción y omisión, del Estado en sus tres órdenes de gobierno.
   2. La perpetuación de un modelo económico que fomenta, cobija y solapa el extractivismo y el despojo, así como las disputas por el agua, el bosque y los minerales, y que no tiene empacho en perseguir, acosar y asesinar a quienes buscan defender el territorio.
   3. Una violencia generalizada contra la sociedad civil, pero especialmente contra las mujeres.

Esos fueron tres de los puntos más importantes, aunque también se mencionó la proliferación de campos de reclutamiento forzado, tema del que se tiene conocimiento desde hace ya varios años y que recientemente ha vuelto a atraer el reflector.

Para el caso de Jalisco, también se mencionaron temas como la compra de software para espionaje y extracción de información, la represión de la protesta, la reciente manipulación e interpretación a modo por parte del gobernador Enrique Alfaro de la información sobre la percepción de inseguridad en el estado y la falta de diálogo entre las autoridades y la ciudadanía, específicamente los colectivos que buscan personas desaparecidas, para la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.

Durante la exposición de los diferentes escenarios que enfrentan las personas defensoras, Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red TDT, compartió que en mayo pasado la organización dio a conocer su balance del tema de derechos humanos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Fui a asomarme al documento, que pueden consultar en este enlace, y me traigo algunos datos que vale la pena analizar a la luz del texto del Artículo 1 de la Constitución.

De entrada, el texto constitucional señala:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Sin embargo, el informe de la Red TDT se asienta: “En el periodo que se extiende desde el 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023, se documentaron 92 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos (…). Estos actos fueron perpetrados por motivos políticos, es decir, como represalia por la defensa o el ejercicio de algún derecho humano. Los responsables fueron agentes del Estado de los tres niveles (sic), ya sea directamente o por aquiescencia, es decir, cuando se autoriza a particulares a actuar en su nombre. (…) La mayoría de las víctimas estaban involucradas en la defensa de la tierra y el territorio, el medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos indígenas”.

Del texto constitucional al hecho, vamos, hay mucho trecho.

El documento de la Red TDT presenta una panorámica nacional de temas como, entre otros, la desaparición de personas, los ataques a las personas que ejercen el periodismo, la represión de la protesta, la violencia de género, la movilidad humana y la militarización, así como un desglose por regiones. También dedica un apartado a revisar la actuación de diferentes instituciones gubernamentales relacionadas con la materia. Sobre la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el documento informa que, durante el sexenio que recién terminó, “su desempeño ha sido con procedimientos lentos y una falta de seguimiento adecuado a las quejas. Además, este organismo ha mostrado resistencia a registrar quejas y a menudo termina favoreciendo a la institución que viola los derechos humanos”. Esto, sin duda, es algo a tener presente ahora que arrancó el proceso para elegir —u, ojalá que no, reelegir— a la siguiente ombdusperson.

Durante la ronda de comentarios y preguntas, un señor (mea culpa: no logro recordar a qué lucha estaba vinculado. So riesgo de equivocarme, creo que tenía que ver con la defensa del río Santiago) hizo un comentario acerca de los artículos de la Constitución. Palabras más, palabras menos, dijo que, si bien es cierto que el Artículo 1 había quedado muy bonito, no servía de mucho porque el segundo párrafo del Artículo 102-B dice: “Los organismos a que se refiere el párrafo anterior (a saber: los organismos de protección de derechos humanos), formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”. Y hacía énfasis en esas dos palabras: no vinculatorias, es decir, pueden ser aceptadas… o no, porque no son obligatorias. El mismo párrafo señala que todo servidor público está obligado a responder las “recomendaciones” —que en el mismo nombre llevan su sino— y que, en caso de no hacerlo, será llamado a dar explicaciones, pero no se habla de sanciones porque, vaya, son precisamente eso: recomendaciones no vinculantes. Al final, concluía el participante, en México el tema de los derechos humanos es un bonito teatro.

Contrario a lo que pudiera parecer, lo expuesto en ese foro no era un llamado a la desesperanza, sino todo lo contrario. Y es que, si bien el escenario es desolador y no tiene visos de cambiar, lo cierto es que hay una buena cantidad de realidades fuera de la vida burocrática que permiten tener un poco de esperanza. María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), hizo un llamado a la organización comunitaria para hacer frente a la situación y puso como ejemplo el camino andado por las y los zapatistas. Y remató: “Hay otros caminos, hay victorias, hay frutos”. Así sea.