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Por Kenya Robles/ Causa Natura Media
Tras siete años de litigio entre la empresa estadounidense Vulcan Materials y el gobierno de México, el pasado 23 de septiembre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró el Área Natural Protegida (ANP) “Felipe Carrillo Puerto”, con más de 53 mil hectáreas, en Quintana Roo. Expertos consideran que la declaración sería insuficiente si se considera la falta de presupuesto y vigilancia que adolecen estas áreas en el país.
La disminución del monto asignado a las áreas naturales protegidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) entre el 2018 y el 2024 corresponde a 148 millones 472 mil 702 pesos nominales, al tiempo que el sexenio sumó 50 nuevas ANP para llegar a un total de 232.
“Esta administración saliente del expresidente Andrés Manuel López Obrador inició un sexenio, si mal no recuerdo, con 180 áreas naturales protegidas (182), y terminó este sexenio con 232 áreas naturales protegidas. Y vaya, todavía hasta el año pasado, hasta diciembre de 2023, con el número de ANP que existían en ese entonces, que ya llegaban a las 200, sólo se tenía de presupuesto contemplado alrededor de 10.7 pesos por hectárea… ni para la gasolina, ni para 1 litro de gasolina que requiere que un área protegida sea vigilada”, menciona Gina Ileana Chacón Fregoso, directora de política pública para la organización civil Wildlands Network.
La carencia del presupuesto para los Planes de Manejo es resultado del insuficiente financiamiento para la Conanp y que también se traduce en menos apoyo a los programas de manejo. La nueva ANP Felipe Carrillo Puerto ha surgido sin uno y, con ello, sin las indicaciones de lo que se debe realizar dentro de la misma.
“Es ni más ni menos, el documento primordial para poder manejarlas, conservarlas. Y sería como una receta, digamos, si estuviéramos hablando en términos médicos, como una prescripción de lo que necesita, de lo que se puede hacer en ellas y de lo que no se debe de hacer en ellas”, explica Chacón Fregoso.
En términos generales, el presupuesto destinado al medio ambiente y recursos naturales se redujo un 11% en 2024. De esta bolsa el 89% se destina a Conagua, que contrasta con el 1.40% a la Conanp y el 1.28% a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución federal que se encarga de procurar justicia y vigilancia ambiental, de acuerdo con el Análisis de Presupuesto para el sector ambiental 2018-2024 de Oceana.
Vigilancia
Profepa destina un tercio de ese presupuesto para su único programa de vigilancia, apunta el análisis. El papel de vigilancia de la institución es indispensable, debido a este, en el 2018 se determinó que la empresa Vulcan Materials Company en su filial Sac-Tun (antes Calica), ubicada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, de Quintana Roo, hizo un aprovechamiento mayor al permitido de roca caliza, de acuerdo con la relatoría del Gobierno de México tras una audiencia del Tribunal Arbitral del Capítulo XI del T-MEC. Por ello fue clausurada y sancionada.
Vulcan, el mayor productor de agregados de construcción de Estados Unidos respondió a esta clausura con una demanda contra el Estado mexicano que reclamó una compensación de más de mil 500 millones de dólares.
La empresa alegó que el acuerdo celebrado en 1986 entre el Gobierno Federal, las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) y de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno de Quintana Roo y la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V (Calica) era suficiente para realizar sus actividades de manera ilimitada temporalmente. Sin embargo, en México no existe una autorización en materia de impacto ambiental que sea indefinida.
Además de la falta de un plan de manejo, no hay intenciones de restauración dentro del área. Guillermo DChristy, activista de 59 años, miembro del colectivo de Ciencias Ciudadanas, Cenotes Urbanos y el movimiento Sélvame del Tren, ha sido testigo de los estragos que la empresa Sac-Tun (antes Calica) ha dejado en su cantera de aproximadamente dos mil hectáreas.
“No hay ningún plan para restaurar… restaurar el agua que ves en esas grandes lagunas… Aquí, Sac-Tun ha estado extrayendo tanto material pétreo que ya llegó al nivel del manto acuífero. Entonces, lo que se ve ahí es el acuífero. ¿Cómo resarcir eso?”, explicó DChristy.
Los mantos acuíferos están naturalmente protegidos por capas de suelo o roca que impiden la contaminación. Sin embargo, al exponer el agua al ambiente exterior, se abre la posibilidad de que entren contaminantes.
Futuras ANP
El número de las nuevas ANP en este sexenio aún es incierto, De acuerdo con Chacón, es necesario esperar dos documentos para saber un aproximado. El primero es el presupuesto de 2025 destinado para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Proyecto de Egresos de la Federación (PPF).
Si bien no es obligatorio que en éste se contemple el número de ANP estimadas a declarar, sí ha ocurrido anteriormente.
“En los documentos anteriores del Proyecto de Presupuesto de Egresos ha aparecido como dentro de la Conanp algunos de los objetivos. Dice ‘bueno, esto será para dar seguimiento a la creación de tantas áreas naturales protegidas el año fiscal siguiente’. Pero al final se vio, por ejemplo, que en el 2024 se decretaron más de lo que decía el PPF del 2024. Entonces ese sería un primer documento para tener una aproximación”, expuso Chacón.
El segundo documento, detalló, sería el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas disponible a finales de 2025 que podría ofrecer una proyección de los objetivos de trabajo del comisionado nacional de ANP, Pedro Álvarez Casa.
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Este texto fue originalmente publicado en Causa Natura Media.
