Durante 10 años la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) realizó una serie de registros sobre las agresiones que enfrentan las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica.
Mediante estos, se evidencia la vulneración hacia el ejercicio de la libertad de expresión, de sus territorios, sus derechos, su vida privada, entre otros; estos cometidos principalmente por organismos y actores del Estado, quienes buscan proteger los intereses económicos y políticos de los gobiernos y de empresas nacionales y transnacionales.
Es por esto que, IM-Defensoras y otras organizaciones de derechos humanos exhibieron sus luchas y obstáculos. Pues son ellas las que han creado un mecanismo de protección integral feminista, así como redes de cuidado entre mujeres, para apoyarse y resguardarse. Sin embargo, también exigen al Estado se les reconozca sus luchas y se garantice protocolos para su protección integral.
Por Karen García / @karen_gdlt
Gráficas, portada y fotografías Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), presentó el informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan – 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2021-2023)”. Mediante el cual, documentan y evidencian la serie de agresiones vividas por las defensoras de derechos humanos en países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador en los últimos 10 años.
Durante la presentación, diversas defensoras y organizaciones de derechos humanos como IM-Defensoras, el Consorcio de Oaxaca, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), Calala Fondo para Mujeres, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en compañía de la Fundación FORD y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), expresaron la importancia de este registro, de la visibilización de las violencias y de las redes de protección que se crean.
Yessica Trinidad, coordinadora de IM- Defensoras en Honduras habló sobre cómo han construido alternativas para una vida digna, así como de marcos jurídicos institucionales que les acompañan, pese a experimentar más de una década de guerras y conflictos armados en la región. Sin embargo, señaló, su lucha aún no termina. Pues en un país con “capitalismo colonial, patriarcal y racista”, las agresiones, amenazas y persecuciones perduran.
“Fueron estas redes que salvan las que permitieron que en este momento continúen con nosotras.”, expresó Yessica, ya que se registraron, en tan sólo una década, 200 defensoras asesinada y 228 defensoras que fueron víctimas de intento de asesinato.
Así también, Aurora de la Riva, co- directora de IM-Defensoras en México enumeró los principales derechos que más se violentan.
De acuerdo con sus registros, las agresiones hacia defensoras de la verdad, justicia y reparación, son las que más han sido víctimas de criminalización, violencia feminicida y la búsqueda de sus familiares desaparecidos, estos datos siguen en aumento. Señalan que estos representan el 23% de casos registrados, con: 6 mil 669 agresiones, las cuales van dirigidas mayormente hacia colectivas buscadoras en México, las Madres de Abril en Nicaragua y las familiares de las niñas asesinadas en la masacre del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala.
“Son mujeres que buscan que las violaciones hacia los derechos humanos no queden impunes frente a un sistema de procuración e impartición de justicia deficiente, omiso y corrupto. Pero que, además, también las violenta y discrimina desde su hegemonía patriarcal.”, comentó Aurora de la Riva.
Mientras que, la agresión hacia las defensoras de la tierra, el territorio y bienes comunes de la naturaleza, son las segundas más violentadas. Los casos documentados equivale al 15.6% del registro con 4 mil 504 ataques. Ellas, se enfrentan a los intereses económicos y a los poderes de facto. Como son las instalaciones “avasalladoras” de megaproyectos extractivistas en áreas agroindustriales, de minería, explotación forestal, entre otros, que afectan a los ecosistemas y a las comunidades indígenas, afrodescendientes y agrícolas.
“En este rubro, destaca la situación de Honduras. En donde, desde el asesinato de Berta Cáceres, las agresiones contra defensoras del territorio se han triplicado.”, expresó Aurora.
En tercer lugar, se encuentran las defensoras del derecho a la libertad de expresión, con el 14.1% de los registros, es decir: 4 mil 062 casos, lo que representa una cifra “alarmante” en la región. Pues tan sólo del año 2018 a diciembre 2023, en Nicaragua se cancelaron 223 organizaciones que trabajaban sobre derechos de mujeres, niñas y juventudes; también, se contabilizaron al menos 153 casos de desplazamiento forzado. Las defensoras no solamente fueron desplazadas de sus hogares, sino que se les quitó la nacionalidad y viven continuamente vigiladas o fueron encarceladas por motivos políticos.
Respecto a las defensoras del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se documentaron 3 mil casos (10.4%), mientras que, sobre quienes defienden el derecho a la participación política y comunitaria de las mujeres registraron 2 mil 614 ataques (9.1%) y sobre los derechos sexuales y reproductivos hay al menos un registro de 540 agresiones.
De acuerdo con IM-Defensoras, los mecanismos internacionales, nacionales y regionales de protección para las defensoras de derechos humanos en ocasiones no son 100% efectivos, ya que documentaron que el 19.2% de casos de agresiones en Mesoamérica durante 2012 a 2022, fueron contra defensoras que contaban previamente con estas medidas.
¿Quiénes son los perpetradores?
El 45% de las agresiones fueron por parte del Estado, lo que involucró a elementos policiales, autoridades municipales, departamentales, provinciales, etc., así como a las fuerzas militares, quienes protegen a élites económicas nacionales y transnacionales, principalmente, a aquellas que involucran capital europeo. Por lo que, muchas de las denuncias por agresión y asesinato quedan en total impunidad.
“Ello no es producto de Estados fallidos o incapaces, sino más bien del uso faccioso del Estado para reprimir a quienes ponemos en riesgo los intereses de los grupos privados como las empresas” expresó Yessica Trinidad.
Además del Estado, otros agresores son directamente las empresas (5.3%), puntualmente, extractivistas transnacionales; el crimen organizado (2.9%) y grupos fundamentalistas y anti derechos (2.4%), quienes agreden principalmente a defensoras de derechos sexuales y reproductivos.
Durante la conferencia, Alejandra Burgos, coordinadora de IM-Defensoras de El Salvador, evidenció que encontraron un patrón de agresión en la región, el cual se trata de la difamación, desprestigio y la vigilancia hacia las defensoras.
“Lo que nos demuestra que existe una infraestructura y recursos asignados para perseguir, acosar, monitorear y acechar la vida cotidiana a las defensoras.”, explicó la coordinadora y advirtió que estas pueden escalar hacia amenazas, violencia física, criminalización, detenciones arbitrarias y hasta tortura.
Explicó que el mes en que aumentan las agresiones hacia defensoras, sobre todo hacia movimientos feministas, es marzo, en el marco de protestas de derechos de las mujeres y disidencias. Agresiones que van desde detenciones arbitrarias hasta violencia sexual.
Durante la presentación, se dejó en evidencia la violencia que sufren las defensoras trans. Ya que, entre 2020 y 2022, el 40% de los asesinatos cometidos fueron en contra ellas, con un total de 23 transfeminicidios caracterizados por la tortura y saña.
Por su parte, Juana Esquivel, del CMDBCP, pidió justicia para su compañero y defensor del territorio en Honduras, Juan López, quien fue asesinado.
“Juan fue asesinado y no es un crimen únicamente contra la humanidad de Juan, también es un crimen contra nosotras, sus hermanas y compañeras. En contra de la organización, en contra de su iglesia, en contra de las comunidades que resisten a un megaproyecto del grupo EMCO que se ha ensañado con las comunidades”, expresó Juana Esquivel.
“En estas luchas, la protección integral feminista se hace una necesidad y una posibilidad para las mujeres que estamos en los territorios, de podernos saber acompañadas y cuidadas. De poder buscar la fuerza de nuestras abuelas, la sabiduría de nuestras ancestras y así sostener y florecer la vida.”, concluyó.
De igual manera, Yessica Sánchez, co- directora de Consorcio Oaxaca, resaltó la importancia de las redes de cuidado entre las defensoras. Según señalaron son más de 3 mil defensoras de 300 organizaciones quienes se han articulado en IM-Defensoras desde 2010 y han acompañado mediante la protección integral feminista, a más de 18 mil defensoras y sus familias desde 2018.
“Frente a toda esta violencia, hemos comprobado una y otra vez que las redes salvan.”, explicó Yessica, pues a pesar de estos datos que les duele no se paralizan, sino que los utilizan para entender las políticas represivas. A través de ellos, además, crean estrategias de protección que atiendan las necesidades específicas de las mujeres y disidencias sexuales, pero sobreto todo, acuerpan las luchas de sus pueblos.
Ante estas agresiones, IM-Defensoras exige al Estado:
- El reconocimiento y legitimación de sus aportes y sus luchas.
- El compromiso y la acción efectiva de Estados e instituciones para que dejen de atacarlas por proteger intereses privados.
- Mecanismos internacionales fuertes y con capacidad de respuesta ante el incumplimiento de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
- Apoyo sostenido y flexible a sus procesos de fortalecimiento y protección.
- El cese de las violencias que enfrentan al interior de sus espacios organizativos, comunitarios y familiares.
- La garantía de disponer de marcos legales y políticos, así como de protocolos, que garanticen su protección integral y la de quienes dependen de ellas.
Puedes leer el informe de IM-Defensoras aquí: https://im-defensoras.org/2024/04/resumen-ejecutivo/
