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Prioritaria la demanda de vivienda económica en el estado, pero la oferta privada se concentra en casas de más de millón y medio de pesos, un costo no asequible para los trabajadores.
Por Mónica Cerbón / POPLab
Para la mayoría de los trabajadores en Aguascalientes comprar una casa se ha vuelto casi inalcanzable. Mientras la demanda de vivienda social y los créditos aprobados en Infonavit se estancan, la oferta de los privados se concentra en casas de tipo medio y residencial que tienen un costo base superior a los 1.5 millones de pesos, coinciden fuentes oficiales encargadas de la política pública de vivienda.
“A través de los programas que ha tenido el Instituto de Vivienda de casas de interés social destinadas, por ejemplo, para policías o para personal de gobierno que no tienen la posibilidad de una casa, porque no hay de bajo costo, se construyeron 100 viviendas y el Instituto sacó una convocatoria a la que llegaron más de 9 mil solicitudes, ahí nos dimos cuenta de esa demanda tan alta”, explicó Guillermo de la Torre, el titular de la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo (SEPLADE), en una entrevista concedida a POPLab el mes pasado.
Atender a esa demanda es el principal argumento de la administración estatal para construir el megaproyecto inmobiliario “Territorio de Gigantes”, en terrenos que cruzan la ciudad capital de sur a norte. La promesa es que al menos el 50% de la vivienda que se construya ahí será de bajo costo a cambio de que el estado subsidie el terreno a los constructores. El problema, por ahora, es la falta de agua. El proyecto hídrico diseñado por el Modelo Integral de Agua de Aguascalientes (MIAA) cumple un mes detenido por protestas en la comunidad de El Malacate, una zona de recarga natural que colinda con el Bosque de Cobos, un área natural protegida que ha estado en riesgo de desaparecer.
Que la principal demanda de vivienda no esté cubierta, no significa que no se estén construyendo casas, la industria inmobiliaria se encuentra en uno de sus mejores momentos de crecimiento, ha dicho Evaristo de la Torre Sifuentes, presidente estatal de la Canadevi y hermano de Guillermo de la Torre, el titular de la dependencia encargada de aprobar los permisos de construcción para los desarrolladores de vivienda. El INEGI, por su parte, calculó un crecimiento del 10.2% en el sector de la construcción en mayo de 2022 con respecto al mismo mes de 2023.
“Si los desarrolladores inmobiliarios siguen haciendo casas de tipo medio es porque se están vendiendo, en gran parte es una demanda más bien de inversión, de gente que ya tiene más de una vivienda, pero sí se están vendiendo. Como gobierno lo que queremos es enfocarnos en la demanda de interés social, los desarrolladores dicen que esa vivienda no les conviene, entendemos que nadie va a invertir si no tienen una ganancia”, explicó de la Torre, el titular de la SEPLADE.
Para un estado en donde el sueldo promedio es de 10 mil 887 pesos según datos publicados por la organización México, ¿cómo vamos? e información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI en 2023, adquirir una casa de tipo medio no es viable: su precio oscila entre los 1.5 y 2 millones de pesos y los préstamos hipotecarios cobran, en promedio, diez mil pesos mensuales por cada millón, dice Juan Carlos Rodríguez García, ex presidente e integrante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Aguascalientes.
El empresario, que durante el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre (2010-2016) fue titular de la entonces Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), afirma que la falta de oferta en vivienda popular es resultado del encarecimiento en el mercado de materiales y de las políticas creadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Durante 6 años el Gobierno Federal nos acusó a nosotros de que dejamos de atender al segmento social y en el Infonavit, con tal de defender esa decisión absurda, dicen que entregaron un número mayor de subsidios dispersos en todo el país, pero no sabemos en dónde y cuál fue el beneficio que hubo para que esas personas, no sabemos si están en una mejor condición”, dice en entrevista con POPLab.
El encarecimiento es cierto. De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), durante el primer semestre de este año el valor promedio de la vivienda con crédito hipotecario se ubicó en 1 millón 724 mil 643 pesos a nivel nacional, un valor 9.5% mayor que en la primera mitad de 2023. En Aguascalientes el aumento fue del 9.2%, un valor ubicado por debajo de la media nacional. Los materiales de construcción también han presentado un incremento de precios durante este año.
Sergio González Serna, delegado del Infonavit, tiene otros datos. Asegura que durante el gobierno obradorista lograron otorgar créditos de vivienda más accesibles y atractivos para la clase trabajadora, pero acepta que el encarecimiento de la tierra y de los materiales de construcción han ahuyentado a los privados del mercado de la vivienda social, lo que ha provocado que al menos dos terceras partes de los créditos disponibles en el estado estén detenidos.
“La demanda por vivienda de tipo popular es amplísima. En Aguascalientes tenemos un potencial de 150 mil trabajadores que podrían venir por su crédito y se los damos, de esos alrededor de 100 mil necesitan una vivienda de menos de 800 mil pesos, tirándole a 700 mil, por la que estarían pagando alrededor de 6 mil 500 a 6 mil 700 pesos mensuales. Esa es la realidad salarial en el estado y las desarrolladoras por un tema de costos están construyendo vivienda más de tipo medio residencial, que responde a un modelo de mercado (y no a la demanda)”.
En el centro de la discusión están los trabajadores. Rogelio Padilla, secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz –el sector económico más importante y de mayor concentración de empleos en la entidad– asegura que, para la mayoría, el acceso a una casa propia es muy complicado.
“El trabajador tiene que tener un sueldo por arriba de los 15 o hasta los 20 mil pesos para poder acceder a una vivienda totalmente austera, económica, es algo que nos está afectando muchísimo porque prácticamente un 50% de los trabajadores están entre los 8 y los 11 mil pesos mensuales, el 20% de 12 a 15 mil, y ya de los que rebasan los 15 mil a lo mejor traemos otro 20%. Los que están arriba de los 20 mil son los menos, traemos un 8 o 7%”, dice el titular del sindicato que representa a alrededor del 90% de los trabajadores de esa industria.
Los bajos salarios, explica Padilla, tienen como resultado créditos de vivienda también bajos, una alta rotación de personal en las empresas manufactureras y explotación laboral, pues los empleados se ven forzados a trabajar horas extras durante periodos prolongados sin ningún descanso.
“Tengo trabajadores que no descansan a veces un sólo día en seis meses. Es algo que hago ver a las empresas, hay algunas con rotación mensual del 12 o 13%, que le dan la vuelta al personal en menos de 8 meses. Y el trabajador tiene necesidad de vivienda, tramita su crédito y por factores como la antigüedad y sobre todo el salario, resulta que el Infonavit les aprueba créditos de $380 mil, de 500 mil o a veces hasta de menos de 200 y fracción, ¿con eso que se compran? Ya aplicar un crédito por debajo de los 500 mil pesos es muy complicado, ya no hay viviendas que cuesten eso”.
Rodríguez García, de la Canadevi –que aglutina al 90% de los constructores en el estado– explica que su mercado no es el de, por ejemplo, la mayoría de los obreros del sector automotriz, sino que está dirigido a quienes perciben arriba de 16 mil pesos mensuales y para personas que, en muchas ocasiones, ya cuentan con una vivienda propia.
“Nosotros estamos arriba de 5 salarios o más, de eso hacia abajo es lo que está dejando de cubrir principalmente el Infonavit. Canadevi sí tiene vivienda de menos de 1 millón de pesos, es la de menos en términos aritméticos pero sí tenemos, sobre todo en el oriente, esa es la opción. El valor de la tierra ya no permite construir en esos precios”.
El oriente de la ciudad capital –el municipio donde se concentra la construcción de vivienda– es la zona más precarizada: la que sufre mayor desabasto de agua, mayores índices de violencia y mayor rezago social. Las casas abandonadas en esa y en otras zonas de la ciudad son consideradas focos rojos para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), pues muchas de ellas se convierten en espacios de consumo de drogas, conocidos como “picaderos”.
Padilla, del sindicato automotriz, cuenta que trabajadores del sector han abandonado sus viviendas en la zona oriente a causa, por ejemplo, de la inseguridad.
“Algunos trabajadores que vienen de los municipios del norte y que se incorporaron a laborar en la capital compraron vivienda económica en fraccionamientos del oriente que apenas empezaban, pero finalmente las dejaron abandonadas porque nunca se adaptaron o porque es una zona con problemas de seguridad, entre otros”.
De acuerdo con datos del INEGI en 2020, de las más de 463 mil viviendas censadas en el estado, el 13% –es decir, 60 mil 327 casas– se encuentran abandonadas, de éstas más de 37 mil se ubican en la capital del estado, seguido del municipio de Jesús María, con casi 5 mil viviendas, y San Francisco de los Romo, con 4 mil 587. Ambas demarcaciones se ubican en el área metropolitana.
Para la Canadevi este es un “dato irreal”, pero para organizaciones ambientales y especialistas hídricos es el resultado del crecimiento no suficientemente regulado de la mancha urbana y de la industria inmobiliaria, con efectos adversos para el medio ambiente.
“Están propiciando un estilo de crecimiento que genera solamente riqueza para los dueños de la tierra y ellos mismos se están llevando el agua. Existe el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, que es donde se evalúan todos esos desarrollos que se están construyendo, pero la pregunta es ¿quiénes están ahí? No están los usuarios, no están los ciudadanos, no están las comunidades, pero sí están los inmobiliarios, ese siempre es el cuestionamiento, no pueden ser juez y parte, no hay imparcialidad”, considera Saúl Flores, especialista hídrico y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).
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Este trabajo fue publicado originalmente en POPLab que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
