Trotamundos Político
Por Fabrizio Lorusso / @FabrizioLorusso
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Aquí puedes ver y escuchar esta columna:
En los 10 años que han pasado desde la noche de Iguala, en donde 43 estudiantes fueron desaparecidos forzadamente por autoridades del Estado mexicano, en colusión con grupos del crimen organizado, seis personas fueron asesinadas y decenas más resultaron heridas, han desfilado dos gobiernos de cuño ideológico distinto, el de Peña Nieto y el de AMLO, tres procuradores, y un fiscal general de la República, encargados de las investigaciones.
Entre incapacidad, mala fe, torpezas, inercias, obstruccionismos y encubrimientos, a la fecha las instituciones no han podido llegar a dar con el paradero de los muchachos. Tampoco ha habido verdad y justicia, pese a que, al menos en la primera mitad del mandato del presidente saliente, hubo avances relevantes y una muestra importante de voluntad política.
Un conjunto de actores, entonces, hicieron mancuerna, actuaron desde distintos frentes y nos acercaron, como sociedad, a explicaciones razonables e hipótesis plausibles sobre lo ocurrido, desmintiendo la “mentira histórica” construida por el exprocurador Jesús Murillo Karam: el GIEI; el exfiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo; la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa; los equipos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; las propias familias, la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Centro Pro y Tlachinollan.
Sin embargo, hoy, prácticamente, ninguno de estos actores y mecanismos, a excepción del movimiento de los padres, de sus abogados y grupos solidarios, está presente en el escenario, pujando por el esclarecimiento y la justicia.
Al contrario, las infundadas descalificaciones presidenciales en contra del Centro Pro, Tlachinollan y el GIEI, así como la defensa a ultranza de la cerrazón y la opacidad del poder castrense, se han sumado al boicot que hubo dentro de la FGR contra el trabajo y la persona de Omar Gómez, que lo forzaron a salir de la institución y del país, así como a la salida de Encinas de la Subsecretaría, tras ser amenazado y espiado por las fuerzas armadas y los abogados de los militares, y al progresivo desmantelamiento de la CNB.
La buena voluntad, humana y política, y las propias instituciones se han topado con resistencias en su interior y con una barrera verde olivo que impiden avanzar hacia la verdad y la justicia.
La negativa del Ejército a entregar 800 folios, que podrían aclarar el papel de sus efectivos en la noche de Iguala, así como el paradero de un grupo de diecisiete de los 43 normalistas, se ha juntado con la indolencia selectiva, léase política, del fiscal Gertz Manero en la procuración de justicia, en el contexto de una fiscalía sumergida en un entramado de complicidades y lealtades transexenales.
Por esto y por los innumerables agravios que siguen perpetuándose en México a daño de las y los testigos y sobrevivientes de la violencia y las desapariciones, cierro esta columna expresando cinco modestos deseos, a partir del campo de lo posible, de los anhelos y las luchas suscitadas en torno al caso Ayotzinapa.
Evidentemente, dar con el paradero de todos los estudiantes desaparecidos.
- Qué el gesto de Claudia Sheinbaum de estrecharles las manos a cada una y cada uno de los familiares de los 43 no signifique tan solo esperanza y un nuevo voto de confianza, sino también compromiso y resultados desde el día uno.
- Qué la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas ordene nuevamente y consiga sin dilaciones la entrega de todos los documentos en manos de la corporación militar para el esclarecimiento del caso.
- Qué las autoridades tomen en cuenta toda la investigación y, una por una, las recomendaciones finales que nos dejaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión de la Verdad (CoVAJ-Ayotzinapa).
- Qué todo crimen de Estado, como la desaparición de los 43, así sea reconocido y asumido, públicamente, con juicio y sanción a todos los responsables, hasta el máximo nivel de autoridad y jerarquía, para que la verdad y la justicia no queden a medias, como tristes simulacros o declaraciones de intenciones, sino que nos lleven a procesos dignos de reparación, no repetición, memoria y paz.
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