#Vigilad@s
Inés M. es escritora e integrante de 5 de Junio Memoria, un colectivo que, bajo la consigna del no olvido y la lucha por la justicia, reúne a sobrevivientes de las detenciones arbitrarias, violencia policial, tortura y desapariciones forzadas cometidas por agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco los días 4, 5 y 6 de junio de 2020, durante las protestas de Justicia para Giovanni López.
Su historia, como la de sus compañeras y compañeros sobrevivientes, deja en evidencia las estrategias que el Gobierno de Jalisco y sus instancias de seguridad implementan para silenciar, amedrentar, desmovilizar y perseguir a las resistencias ciudadanas emergentes, a través de prácticas de vigilancia física y digital.
Espionaje, retención de equipos celulares e intervención de líneas telefónicas fijas, el uso de tecnologías de extracción de información, son algunas de las prácticas que documentó esta activista junto a organizaciones de defensa de derechos humanos y especializadas en vigilancia digital.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Ilustración por Ivanna Orozco / @itzsquiggles
“Los hechos del 5 de junio movieron muchas cosas en Guadalajara y en particular las vidas de las personas que participamos en esto”, confiesa Inés M., quien reconoce que el Gobierno de Jalisco, a cargo de Enrique Alfaro Ramírez no sólo replicó la estrategia ya conocida de “silenciar y amedrentar” a los movimientos de protesta social emergentes, sino que además, decidió implementar otros mecanismos para perseguir y vigilar a las personas que estaban dispuestas a continuar organizándose.
Inés M. es una de las mujeres sobrevivientes de los actos de violencia policial, detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas en contra de más de 80 personas el 5 de junio de 2020 en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Aunque al inició se creyó que se trataba de una respuesta oficial para acallar el movimiento de indignación y exigencia de justicia por la ejecución extrajudicial de Giovanni López en manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, la serie de eventos documentados por distintos organismos de derechos humanos públicos y de la sociedad civil, así como por los propios testimonios de sobrevivientes, dejaron al descubierto una operación estratégica e ilegal con el objetivo de conseguir el acceso a los dispositivos celulares de las personas manifestantes para extraer información que pudiera incriminarles.
“Los actos de tortura tanto física como psicológica que vivieron las personas que fueron detenidas y desaparecidas de manera forzada, precisamente eran con la intención de acceder a sus dispositivos telefónicos”, explica Denisse Montiel, abogada acompañante especialista en derechos humanos y tortura, co-directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Estas prácticas quedaron documentadas también en el Informe Especial sobre las Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en Guadalajara del 4 al 9 de junio de 2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ). El documento reconoce que “personal de seguridad pública y de la Fiscalía Estatal realizó actos ilegales y represivos cometidos en agravio de las personas que pretendían manifestarse y de aquellas que, sin participar en dicha manifestación, fueron también víctimas de esas arbitrariedades“.
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