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Una periodista comparte de forma anónima que recibió información que indica que sus cuentas de redes sociales y correos, así como su teléfono, fueron intervenidos por órdenes del Gobierno de Jalisco. Esto fue después de que hizo una investigación sobre un contrato irregular entre una empresa y el gobierno estatal.
No fue un hecho aislado, ya que la organización Artículo 19 registró 143 agresiones contra la prensa mexicana en contextos digitales durante 2023, entre ellas 37 casos de acceso ilícito en contexto digital.
A la periodista le compartieron que la intervención tanto a su teléfono como a sus cuentas de redes sociales y correos fue hecha por una persona que recibió entrenamiento en Israel. La empresa Nuga Sys S.A. de C.V. vendió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía del Estado ocho licencias del Dispositivo Universal de Extracción Forense (UFED, por sus siglas en inglés), una familia de software creada por Cellebrite, empresa israelí especializada en el acceso, extracción, recopilación y análisis de información.
Por Mariana Recamier / @Marirecamier
Ilustración por Ivanna Orozco / @itzsquiggles
Una periodista que prefiere no decir su nombre recuerda bien el día que se reunió en una cafetería de Guadalajara con dos abogados de una empresa. Era 2019. Apenas un par de meses antes, había publicado una investigación sobre un contrato irregular entre esa compañía y el gobierno de Jalisco. Pensó que era algo rutinario, que esas personas querían ejercer el derecho a réplica. No fue así.
Los dos abogados la habían buscado porque querían contarle sobre otra reunión. Primero le aclararon que ya no trabajaban con la empresa de la que ella había identificado un contrato conseguido mediante una licitación simulada, en la que las dos corporaciones finalistas tenían la misma representante legal.
Luego le contaron sobre esa junta que se había dado poco después de que publicara la investigación. Le compartieron que al encuentro había asistido el dueño y empleados de la empresa y quien en ese momento era el gobernador de Jalisco: Enrique Alfaro.
“Tú hazte cargo de ella”, le dijo el gobernador al empresario y luego le dio a una tercera persona los correos de la periodista, sus redes sociales y su número de teléfono. Ese otro asistente, según los abogados, estaba capacitado en Israel en temas de seguridad y había ayudado al dueño de la empresa cuando hubo un secuestro en su familia.
“Me buscaron para decirme que ellos habían estado en esa reunión y eso había ocurrido. ¿Fue cierto? No lo sé. Yo nunca tuve una señal de que hubieran intervenido mi correo ni mis redes ni nada por el estilo. Yo no sé si estos abogados en realidad se habían deslindado de la empresa como me dijeron o era una advertencia de la empresa hacia mí”, cuenta la periodista en entrevista.
Después de la reunión, la reportera pidió ayuda a Artículo 19, una organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Un técnico de la agrupación le revisó el celular y la conclusión fue que sí había señales de intervención, pero era muy complicado saber si había sido dirigida por una persona para acceder a su información o por abrir un correo o un virus que no fue precisamente dirigido sólo a ella. El especialista le limpió el teléfono, le pidió cambiar de contraseñas y le dio una serie de consejos de seguridad digital.
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