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Por: Chantal Flores. – X: @chantal_f – Instagram: @chantyninja
Cuando Susan Contreras, de 21 años, salió de casa el 8 de marzo de 2023 olvidó acomodar algunas de sus cosas. Entre las prisas, dejó una botella de agua sobre la mesa, el maquillaje abierto, y otros objetos dispersos por su cuarto. Acompañada de sus hermanas, Coco y Lili, se dirigía a la Macroplaza, en Monterrey, Nuevo León, para participar en la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
Las tres hermanas, con carteles de protesta que ellas mismas habían elaborado con cartulina y brillantina, subieron al carro. Los pañuelos morados ondeaban por las ventanas mientras la canción “Mujeres” de Julieta Venegas resonaba a todo volumen. Reían, pues era la primera vez que marcharían juntas. Lo hacían no solo por las desapariciones de mujeres y niñas, o los 102 feminicidios registrados en Nuevo León tan solo en 2022. Sino también por la violencia y las agresiones que una de ellas había sufrido por parte de su exesposo, ante la inacción e indiferencia de las autoridades estatales.
“Íbamos sumamente felices”, recuerda Susan con su rostro iluminado, como si fuera el único vestigio de alegría de aquel día. Ella esperaba regresar a casa esa noche, ordenar las cosas que había dejado y abrazar el insomnio que acompaña a la adrenalina de gritar junto a más de 20 mil mujeres: “¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!”
Pero fue hasta las primeras horas del 10 marzo que Susan y su hermana Lili finalmente regresaron a casa. Al finalizar la marcha, las hermanas y otras asistentes fueron víctimas de detención arbitraria, golpes y amenazas de muerte por parte de miembros de Fuerza Civil, la policía estatal de Nuevo León. No fueron trasladadas ni presentadas de manera inmediata ante el Ministerio Público, y durante más de 12 horas sus familiares vivieron angustiados por la incertidumbre de su paradero.
8M 2023: Me cuidan mis amigas, no la policía
La marcha del 8 de marzo de 2023 transcurrió tal como se esperaba: un torrente de voces exigiendo justicia, cantos resonando al unísono, y una marea de pañuelos morados y verdes ondeando con puños alzados hacia el cielo. Vanesa Carrillo, de 21 años, fue sola a la marcha como lo había hecho el año anterior. Al igual que Susan, ella confiaba en que todo transcurriría sin ningún problema.
“Yo iba muy tranquila porque pues ya me la sabía, según yo. En la del 2022, el gobernador salió diciendo que cero represión. Uno daría por hecho que estando él en el mismo cargo iba a pasar exactamente lo mismo: saldo blanco. Y es cuando comienza la brutalidad policíaca,” cuenta Vanessa. “¿Será que yo quede confiada?”
La marcha concluyó en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno. Cientos de participantes se congregaron ante el edificio de cantera rosa, sede del poder estatal, para continuar con sus demandas. Se guardó un minuto de silencio en honor a las mujeres asesinadas en Nuevo León, seguido del pase de lista por todas las mujeres y adolescentes desaparecidas. Al unísono, resonó el grito de justicia una y otra vez, hasta que las gargantas no daban más.
En un círculo, algunas mujeres quemaron cartulinas mientras compartían desgarradores testimonios de las violaciones y agresiones sexuales que habían sufrido. Otras, en una acción política para visibilizar la violencia y desigualdad de género, realizaron actos de iconoclasia en los monumentos de la explanada. En la fachada principal del palacio, un grupo de manifestantes rompió algunos vidrios de las ventanas del primer piso, donde destacan medallones con rostros femeninos labrados en la noble cantera rosa. “Sí son formas, sí son formas,” coreaba el colectivo en apoyo a la acción. Al mismo tiempo, la puerta principal del palacio se incendiaba ante los gritos de la multitud: “¡Fuimos todas, fuimos todas!”
Una vez que la mayoría de la multitud se había dispersado, miembros de la policía antimotines, predominantemente hombres, emergieron por la puerta trasera del palacio y se encaminaron hacia la explanada. Vanesa cuenta que ahí empezaron los empujones entre policías y manifestantes. Ella buscó refugio en la entrada del palacio mientras esperaba a que su novio la recogiera.
“Eran hombres, los que inician las agresiones contra las que todavía estaban aglomeradas ahí,” afirma Vanesa.
Las manifestantes lograron hacer retroceder a los miembros de la policía antimotines hasta la parte trasera del Palacio. Al abrirse un espacio, Vanesa alcanzó a ver a una joven con el rostro ensangrentado y la ayudó a llegar a la ambulancia. Mientras estaba con la joven herida, Vanesa escuchó que había una chica más herida en ese lado del Palacio, por la calle Zaragoza, y es ahí donde se encuentra con una movilización de antimotines femeninas. En su avance hacia la parte frontal del palacio, estas oficiales comenzaron a detener arbitrariamente a las manifestantes.
“Tumban a una chava de la mochila, se la llevan arrastrando por el suelo, y es cuando a mí me detienen. Por inercia yo estiro los brazos hacia ella para levantarla porque sí se me hizo muy pasado de lanza: ¿Quién te dijo que una puta detención se realiza de esa manera?”, señala Vanesa.
Vanesa y la otra joven detenida fueron separadas abruptamente. Ella recuerda que al menos cuatro elementos la rodearon, la empujaron hacia abajo y comenzaron a golpearla en los brazos, la espalda, y las piernas en un intento de derribarla. Ella repetía una y otra vez que estaba dispuesta a ir con ellas, pero que le permitieran caminar por sí misma. Las policías la condujeron al interior del palacio por la puerta trasera, donde dos filas de elementos femeninos la recibieron. Vanesa fue obligada a pasar por en medio de estas filas mientras las oficiales la sometían a la humillante práctica conocida como “pamba loca.”
“No me imaginé lo que me iba a esperar al entrar a Palacio. Eso sí no la vi venir,” dice Vanesa. “A pura mano abierta, puño cerrado nada. De las cuatro que me llevaban detenidas, ya nada más se vuelven dos para llevarme de cada brazo y pasarme tal cual como pasarela, pero a puro madrazo. A puro golpe, a jalones de cabello. Era el desfile del desfogue de la ira contenida de ellas, o de su frustración”.
Posteriormente, fue llevada al Patio Central, que estaba completamente oscuro. La arrojaron con brusquedad al suelo, donde el agua estancada formaba charcos. Luego, la ataron con las manos y los pies en la espalda usando sus propias agujetas, impidiéndole cualquier movimiento. Se le prohibió hablar o incluso mirar a las demás detenidas. Mientras permanecía en el piso, Vanesa era testigo de los gritos de las jóvenes que eran ingresadas por la fuerza al Palacio. En ese espacio, las agresiones verbales y las amenazas de muerte se intensificaron.
“Si está pasando esto al interior de Palacio, ¿cómo vergas no? Con tantas desapariciones forzadas no por narcos, sino por elementos del Estado o del país, ¿cómo no va a pasar? Entonces cuando empiezan las amenazas de muerte, yo sí las creí,” cuenta Vanesa, con una voz que se empieza a quebrar.
Un total de 15 personas, incluyendo a adolescentes y una persona con discapacidad, fueron detenidas “de forma ilegal y arbitraria, haciendo uso excesivo de la fuerza,” de acuerdo a la recomendación No. 4/2023de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).
Las autoridades han recurrido con frecuencia a las detenciones arbitrarias para responder a la protesta social, indica el informereciente de el Colectivo para el Examen Periódico Universal (EPU), coalición conformada por más de 300 organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil enfocados en los derechos humanos en México. “Son tácticas intimidatorias para el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y protesta,” menciona el informe.
Susan y su hermana Lili fueron de las últimas personas en ser ingresadas al Palacio. En el momento de la detención, se encontraban en la Explanada disfrutando de unas papitas cuando fueron sorprendidas por las agentes antimotines.
“Yo escucho que hay un pitido, como que dieron una orden…Todos empiezan a correr hacia donde nosotras estábamos. Entonces dije: Yo no temo. El que nada debe, nada teme. Solo deja que pasen y la abrazo ”, cuenta Susan.
“Y otra vez dije, el que nada debe, nada teme. Por eso no corrí. Estoy abrazada de mi hermana y es donde los policías nos empiezan a rodear. De ahí yo ya no sé de mi hermana Coco la mayor…Solo vi a mi hermana, la abracé y los policías me empezaron a agarrar por la espalda.”
Susan fue arrastrada por el suelo por varias policías, que la jalaron de brazos y piernas, mientras ella escuchaba los gritos de su hermana. En medio de la violencia, las oficiales le jalaron la blusa, exponiendo su ropa interior, y le jalaron del cuello, donde traía su paliacate.
“Como yo estaba gritando y pidiendo ayuda me empezaron a ahorcar, ocasionando que se me cortara la respiración,” dice Susan. “Me ahorcaron con mi propio pañuelo. Yo ahí solo estaba pidiendo ayuda y vi que varias chicas intentaron meterse y me estaban defendiendo”.
Tras ingresar al palacio, las hermanas fueron recibidas con cachetadas y jalones de cabello por parte de las oficiales. Sin proporcionar ninguna explicación, de acuerdo a los testimonios de las personas detenidas, las oficiales procedieron a solicitarles sus datos personales, mientras les tomaban fotografías. Al mismo tiempo se burlaban y amenazaban con “subirlas al face.” Algunas de las detenidas, mientras yacían en el suelo, fueron sometidas con la rodilla de alguna oficial presionando sobre su espalda. Las oficiales lanzaban frases amenazantes como: “No que muy valientes”, “Ahora sí culeras”.
La CEDHNL documentó una serie de lesiones físicas sufridas por las personas detenidas, incluyendo moretones, escoriaciones, derrame en los ojos, rasguños, mordidas, contusiones, y edemas traumáticos. La Dra. Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, señaló que durante la marcha se acreditó una clara “violación al derecho a la libertad de reunión, a la integridad personal por el uso excesivo de la fuerza y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.”
Antes de ser sacadas del Palacio, algunas de las detenidas declararon haber presenciado la llegada de una persona “trajeada” que dio una nueva orden antes del traslado al ministerio público. Según testimonios, y de acuerdo a lo documentado por la CEDHNL, la persona mencionó: “A partir de este punto comenzamos a grabar con cámaras particulares y corporales y comenzamos con todo lo que tenga que ver con el respeto de derechos humanos”.
La CEDHNL no logró obtener acceso a ninguna grabación policial.
10 de abril de 2022: un nuevo manual para la represión.
En la marcha del 8 de marzo de 2023, Fuerza Civil tenía que implementar un nuevo protocolo policial, establecido tras la represión policial del 10 de abril de 2022. Este protocolo buscaba garantizar el derecho a la protesta pacífica con perspectiva de género y evitar la recurrencia de actos de violencia por parte de las fuerzas del orden.
El domingo 10 de abril de 2022, manifestantes se unieron a madres buscadoras del estado para exigir la búsqueda exhaustiva de todas las mujeres desaparecidas en Nuevo León. La desaparición y feminicidio de Maria Fernanda Contreras, la desaparición de Yolanda Martínez desde el 31 de marzo, y la recién desaparición de Debanhi Escobar habían generado una profunda indignación y movilizado a cientos de personas.
Tras acudir a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, un grupo de manifestantes decidió continuar la protesta hacía el Palacio de Gobierno. Alicia Leal, quien era titular de la Secretaría de Mujeres, había realizado un video en vivo a través de redes sociales mencionando que las puertas del Palacio estaban abiertas para dialogar y atender las distintas peticiones. Samanta, Jennifer Aguayo y Nancy caminaron junto a casi 100 mujeres para entregar un pliego petitorio donde exigían recursos para la búsqueda de personas desaparecidas. Al arribar al Palacio, se encontraron con un fuerte contingente de policías antimotines custodiando la entrada.
“Donde nosotras quisimos entrar fue cuando mandaron a todos los de Fuerza Civil con los escudos y se empezaron a poner en fila. Nos empezaron a empujar y nosotras empezamos también a . La desesperación fue ¿por qué no me estás dejando entrar? Y ahora me estás amenazando con escudos”, relata Samanta.
Nancy se encontraba en una llamada telefónica a unos pasos de distancia de la entrada cuando comenzó a oír gritos. De repente, el gas lacrimógeno le empezó a calar los ojos. “Volteo a ver el panorama completo y veo que los policías están golpeando a mis amigas”, agrega Nancy.
Las manifestantes fueron golpeadas con los escudos tácticos. Los antimotines las rodearon y acorralaron (encapsularon) y lanzaron gas lacrimógeno. Algunas manifestantes respondieron lanzando pintura o engrudo que llevaban para pegar fichas de búsquedas. Posteriormente, un miembro de la policía aventó a una mujer que rodó por las escaleras, y al caer, comenzó a convulsionar . Al mismo tiempo, iniciaron las detenciones.
“Los policías hicieron como una estrategia de abrir escudos, agarrar piernas, brazos, cabello, lo que fuera para jalar hacia adentro a las muchachas. Entonces, empezó una lucha de jalar hacia afuera a las chavas…lograron meter a dos”, relata Jennifer, cuya esposa fue también arrastrada hacia dentro del palacio.
La CEDHNL determinó en su recomendación No. 02/2023 que elementos de policía de Fuerza Civil realizaron las detenciones de forma arbitraria, haciendo uso excesivo de la fuerza. Las detenidas fueron jaloneadas e ingresadas violentamente por elementos de Fuerza Civil a un área en el interior del palacio donde supuestamente no se cuenta con cámaras de circuito cerrado y en donde fueron víctimas de las agresiones físicas.
Las manifestantes recibieron amenazas verbales durante el forcejeo y los ingresos forzosos hacia el interior del palacio. Samanta cuenta que las amenazas tenían carácter sexual y hasta incluían la posibilidad de ser desaparecidas si las veían en la calle. “¿Por qué me estás diciendo esto?”, se preguntaba Samanta al escucharlas. “Ya valiste v*rg*,” “Hasta aquí topaste”, “No vas a salir de aquí”, y “Te creías muy v*rg*” fueron algunas de las otras frases que profirieron.
“Las amenazas fueron de muerte y fueron claras y fueron de los oficiales,” afirma Jennifer. Y agrega: “Esto no está bien. ¿Cómo es posible que el palacio de gobierno se haya convertido en palacio de tortura?”
Disculpa a medias y la justicia que no llega
Siguiendo la recomendación No. 02/2023, la CEDHNL exigió una disculpa pública como parte de la reparación integral del daño a las víctimas. La autoridad responsable debía comprometerse a que los hechos del 10 de abril de 2022 no se repitieran. Sin embargo, la disculpa no cumplió con los requisitos.
Tras varias reuniones para acordar la forma de la disculpa, el gobierno estatal se comprometió a ofrecerla el 10 de abril de 2023. Pero el gobernador Samuel García no llegó.
“Los que sí llegaron fueron los 200 antimotines”, cuenta Jennifer. “Éramos 10 personas los que estábamos ahí. Llegaron más de 200 antimotines a atender esa manifestación. Imagínate nada más. Él no llegó.”
El 20 de febrero de 2024, el gobernador Samuel García participó en la presentación del informe de la Comisión para la Inclusión y la No Discriminación, donde anunció la creación de la Procuraduría de la Defensa de las Mujeres. Al evento también asistieron Jennifer y su esposa por su trabajo en el Movimiento por la Igualdad. Fue en este marco que el gobernador ofreció las disculpas, sin haberle notificado a las víctimas previamente.
Mendez Arellano, de la CEDHNL, señala que las convenciones internacionales exigen un acto específico para la disculpa pública, convocando a las víctimas. En este caso, la disculpa se ofreció en un evento distinto, sin invitar a las víctimas. A pesar de un recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por no cumplir con lo establecido por la CEDHNL, la Comisión Nacional consideró que la disculpa pública ya se había realizado.
Samanta se enteró de la disculpa horas más tarde por chat. Le indignaba que no se reconociera que varias manifestantes afectadas padecen trastornos mentales. “No es con el afán de que ¡ay pobrecitas!, sino también para que se den cuenta que, en general, el Estado no se preocupa por la salud mental y el tema de discapacidad. Le vale y te va a tronar hasta donde pueda. Hasta que ya no te acerques”, agrega Samanta.
De acuerdo al Colectivo EPU, en México las personas que ejercen su derecho a la protesta han sufrido múltiples violaciones a sus derechos humanos, como detenciones arbitrarias y tratos inhumanos o degradantes. Esto, afirma el reporte, ha logrado reprimir o disuadir las “voces críticas” de las y los manifestantes.
En el caso de la recomendación No. 4/2023, la Secretaría de Seguridad no aceptó la recomendación debido al escrutinio que supuestamente estaba la CEDHNL sometiendo a los miembros policiales.
“Lamentamos mucho que no se haya aceptado la recomendación, pues las víctimas están sin ser reconocidas y no se les dan medidas de reparación. Lo más grave es que si la autoridad no reconoce el hecho violatorio, se puede volver a presentar en la siguiente marcha. El elemento policial sabe que no le va a pasar absolutamente nada”, explica Méndez.
El 8 de marzo de 2024, la CEDHNL documentó malos tratos de nuevo, detenciones arbitrarias, y uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de Fuerza Civil. Cinco personas fueron detenidas, incluyendo dos adolescentes.
Las secuelas de la represión policial siguen presentes en la vida de muchas manifestantes. Vanesa lleva más de un año en terapia, y aunque este año regresó a marchar, la experiencia no fue lo mismo. “Lo que más me dolió después del 8 de marzo de 2023 fue volver este año y decir: ‘No quiero estar aquí, no me siento segura’. Se perdió lo que ya tenía,” relata.
Nancy y Samanta también marcharon con Vanesa para reclamar el espacio que les arrebataron. “Hoy por hoy estoy arrepentida porque deje que me ganara, deje amistades porque una institución me golpeó y me lastimó tanto que mi coraje fue hacia ellas, cuando no tenían ninguna culpa porque ellas también fueron víctimas”, reflexiona Nancy.
Samanta reconoce que las agresiones del Estado “las dejaron bien rotas” y comprende que varias víctimas no desean hablar por temor a represalias o por querer dejar atrás lo sucedido. “El Estado es el que te vulneró, y es algo tan grande que la gente ni siquiera lo percibe”, confiesa.
Susan, por su parte, aceptó que no habría justicia por parte del gobierno ni de otras instituciones, y comenzó a forjar su propia definición de justicia. “Hablarlo, visibilizarlo y enseñarlo se ha convertido en la clave para mí,” explica Susan.
El golpe fue duro para las colectivas feministas. Nancy relata que, además de los daños físicos, el impacto emocional y psicológico fue profundo y duradero. Algunas manifestantes reconocen que ya no participan de la misma manera tras estos hechos violentos. Samanta y Nancy coinciden en que estos actos lograron quebrar vínculos entre activistas feministas.
“Es que es lo que hace el Estado, ¿no?,” cuestiona Samanta. “O sea, rompe mentes para que se fracturen colectivos, porque si tú fracturas la mente de esos colectivos, o sea, de las organizadoras, vas a hacer que se separen”.
Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto “Periodistas contra la Tortura” con el acompañamiento de la organización Documenta. El contenido de este reportaje es responsabilidad de sus autores y no necesariamente refleja el punto de vista de Documenta. Aquí puedes consultar la pieza original.
