Periodistas y organizaciones civiles se reunieron en la audiencia pública virtual “Exilio de periodistas e impacto a la libertad de expresión en las Américas” para explicar la situación de las personas periodistas que se encuentran en condición de exilio; ahí ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expusieron las vulneraciones a sus derechos y las implicaciones que ha tenido esto en su vida personal y profesional.
Además, realizaron una petición a los líderes de los estados centroamericanos para atender esta problemática de manera que se garantice el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa.
Por Alondra Angel Rodriguez / @AlondraAngelRo
Ilustración: Voces Unidas del Sur
“La represión y agresiones en contra de personas que ejercen la libertad de prensa y expresión ha derivado en que personas periodistas o medios de comunicación independientes y críticos tengan que salir forzosamente de países de origen, incluso que les sea retirada su nacionalidad con la finalidad de salvaguardar sus vidas”, esto lo expresó Cintia Alva, integrante de Artículo 19, en la Audiencia Pública Virtual titulada “Exilio de periodistas e impacto a la libertad de expresión en las Américas”, la cual se desarrolló en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 190 Período de Sesiones.
Quien forma parte de la organización que abandera la defensa de la libertad de expresión en México y Centroamérica además expresó que la situación que viven las y los periodistas en la región se torna complicada por la escalada de gobiernos autoritarios y dictatoriales existentes en Centroamérica y el Caribe. A ello, apunta, habría que sumarle los actos represivos de estos gobiernos se focalizan en las personas que cuestionan públicamente: la violencia, censura, corrupción e impunidad que se vive.
Lo anterior lleva a una vulneración de sus derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, de acceso a la información y prensa, lo que ha llevado al exilio y desplazamiento de las y los periodistas. Además, esta problemática se intersecta con la crisis migratoria general en la región, lo que dificulta el acceso de periodistas exiliados a protección internacional y el acceso a otros derechos, colocándolos en situaciones de incertidumbre que vulneran aún más sus derechos.
Desde 2021, se han documentado el exilio forzado de al menos 44 personas periodistas; de éstas 28 son hombres, 15 son mujeres y una se identifica con otro género.
Lo anterior, se pudo determinar con el trabajo que realizaron, en conjunto de Cubalex y Artículo 19, quienes tras un análisis puntual detectaron: “tácticas de hostigamiento cada vez más sofisticadas y sistemáticas, como el hackeo de cuentas en redes sociales, violencia en espacios físicos y digitales, desacreditamiento en medios de comunicación oficialista, así como el uso de la legislación interna para criminalizar el ejercicio efectivo en favor de los derechos humanos”, explicó Alain Espinosa de Cubalex.
Al respecto, el también activista comentó que estos datos reflejan además de una represión una dimensión que tiene que ver con el género, ya que este afecta específicamente a las mujeres:
“A partir de la violencia vicaria a la que son sometidas se ven obligadas a abandonar el país para proteger no solo su integridad física y profesional, sino también la de su familia”.
Agregó también que el exilio es un proceso donde “se ven afectados todos los ámbitos de la vida”, los procesos migratorios son largos e, incluso, traumáticos porque pueden llegar a presentarse políticas discriminatorias. En el ámbito económico y emocional, tanto su trabajo como su vida personal se precariza trayendo consigo problemas emocionales tanto por la situación como los procesos de reconfiguración de su vida y su labor.
Este tipo de agresiones llevan al abandono del periodismo independiente para de esa forma impedir el acceso a información diversa y el exilio es la única alternativa en comparación con otro tipo de situaciones como la prisión prolongada con condiciones deplorables,
“El exilio forzado de personas periodistas impide el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión, el debate diverso en temas de interés público que le da sostén a la democracia y además conduce a nuestra sociedad a la desinformación, viola el derecho al saber y posibilita las violaciones de derechos humanos”, concluyó Alain.
En los países de acogida como México y Estados Unidos la situación para las y los periodistas exiliados es inestable:
“dependen de fondos de apoyo temporales que se agotan rápidamente, así como otros problemas como dificultades para regular su estatus migratorio, problemas económicos y laborales, estrés emocional, separación familiar, preocupaciones de salud y amenazas a su seguridad personal”, comentó Gabriel Labrador de la Asociación de periodistas de El Salvador.
Por ello, se necesitan alternativas para garantizar los derechos humanos de las y los periodistas como financiamiento sostenible, fortalecimiento de la seguridad digital y la creación de plataformas de visibilidad para su trabajo.
Sin embargo, consideró que los estados han actuado con indiferencia, y hostilidad, específicamente del caso en El Salvador: “han exacerbado la estigmatización y los ataques contra el gremio periodístico contribuyendo a un entorno de represión y miedo”.
Según un informe de la Red Rompe el Miedo Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 2023, el 72.2% de los periodistas exiliados entrevistados fueron criminalizados mientras realizaban cobertura sobre corrupción e impunidad. El 77.8% recibió múltiples ataques, amenazas o intimidaciones, señalando que trabajaron en contextos hostiles y de acoso principalmente a través de redes sociales, la gran mayoría de estos identificó a los actores políticos como sus agresores.
Según Lucía Escobar, periodista exiliada de Guatemala, el actuar del estado ante este problema ha sido diverso, ya que si bien hay disposición para brindar medidas de seguridad no parece posible, ya que los organismos como Ministerio Público tiene una tendencia a criminalizar.
La periodista, comentó como en la cobertura de una manifestación la llevo a problemas como enfrentar cárcel por incitación del odio o crimen organizado en 2023:
“Durante 24 horas sufrí una serie de amenazas y avisos que convirtieron mi hogar en un montón de cajas y mi vida en una hoja en blancon(…) El exilio me dio la oportunidad de resguardar mi integridad y de salvar mi voz, aunque ha implicado muchísimos retos, el más grande es poder abrazar a mi madre ahora que tanto lo necesita”, expresó Lucía.
En relación a esto, Dina Meza de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras y PEN Internacional expresó que hay un patrón muy marcado de violencia contra la prensa que es reafirmado por las autoridades, lo que pone en riesgo tanto la labor periodística como la integridad de las y los profesionales
Lo anterior resulta ser un arma letal en el contexto de impunidad y debilidad de las instituciones que para silenciar la labor de las y los periodistas recurren a la elaboración de campañas de desprestigio lo que precariza la credibilidad del medio o del profesional.
“El patrón observado de violencia contra la prensa se ha exacerbado por el discurso estigmatizador de autoridades y funcionarios públicos que tildan de adversarios y delincuentes a las voces críticas poniendo en riesgo la integridad de periodistas, defensores y trabajadores de medios de comunicación”, expresó Dina.
Las reacciones del estado hondureño sobre el exilio de periodistas se han caracterizado por la descalificación de las amenazas sufridas por los mismos, así como desprestigio a través de argumentos que desacreditan su exilio.
Guillermo Medrano de la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia en Nicaragua comentó que entre abril de 2018 y junio de 2023 al menos 263 periodistas han sido obligadas al exilio, siendo los organismos gubernamentales quienes los orillan a esta acción por medio de represión y amenazas con la única intención de silenciarlos, algunas de estas son:
“Amenaza de encarcelamiento, asedio e intimidación en casa de periodistas, usó lenguaje estigmatizante difamación y calumnia en contra de periodistas y medios de comunicación independientes”.
Guillermo Medrano comentó que este patrón de comportamiento se ha extendido a las familias de las y los periodistas que se encuentran en el exilio, así como a periodistas jubilados o que incluso ya se hayan retirado del oficio periodístico teniendo además de amenazas y asedio acciones como retención migratoria, decomiso de pasaportes y la prohibición de volver al país por parte de los organismos de migración:“Esto se convierte automáticamente en un destierro forzado”, expresó.
Es importante hacer hincapié en que las oportunidades de las y los periodistas exiliados las oportunidades de trabajo con escasas, así como los financiamientos cada vez más escasos para poder realizar proyectos de investigación por lo que: “las condiciones para poder sobrevivir en el exilio se observan cada vez más retadora”, expresó Guillermo.
Además, los países de acogida no cuentan con las facilidades para realizar los trámites correspondientes de manera óptima:
“muchos periodistas después de casi 3 años de estar en el exilio aún no cuentan con una resolución oficial de refugio y esto también disminuye las posibilidades de entrar al mundo laboral”, concluyó el activista.
Por parte de las y los periodistas y las organizaciones que velan por los derechos humanos instaron a los gobiernos de cada uno de los países a:
- Establecer mecanismos de protección integrales y modalidades de apoyo efectivas para prevenir que personas periodistas en situación de riesgo tengan que exiliarse y garantizar su derecho a la libertad de expresión y prensa.
- Crear mecanismos accesibles para dar apoyo y asistencia a las personas periodistas en condición de exilio, pero se debe de garantizar que éstos faciliten su integración en los países de acogida y la continuidad de su labor profesional.
- Promover que los estados se abstengan a llevar a cabo actos que por acción u omisión desalienten el ejercicio de libertad de expresión y amplíen el nivel de vulneración de personas periodistas en sus países.
Además, directamente se le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impulsar la atención mediante esfuerzos coordinados, así como dar visibilización de la actual situación de crisis humanitaria que enfrenta Centroamérica con el tema del exilio. También exigieron fomentar la cooperación internacional y el apoyo financiero para organizaciones que asisten a las personas periodistas en el exilio.
“Queremos que implementen todas las medidas necesarias para que podamos volver a incomodar con nuestro trabajo y regresar sin miedo a represalias”, concluyó Lucía Escobar.
