Crónica
Por Melina Gil Meza / @GilM_Melina
Fotografías por Daniel Viera
A paso aguerrido, irrumpe en la plaza principal. Las mujeres a su alrededor no ayudan a tornar discreta su llegada. Rodeándola, le sugieren calma. Las formas, las formas. Hay que cuidarlas, le piden. A ella… ¡a ella!
No bien convencida de la circunferencia de exhortos, María de Jesús García “Marichuy” avanza. Ya va decidida, con una de sus prerrogativas en cartulina blanca. Si algo ha aprendido estos años, a fuerza de angustia y tesón, es a no guardarse las verdades.
Y hoy menos, porque en el corazón de su terruño, en el pueblo de Temacapulín (Temaca), el Estado mexicano viene a reconocer que se equivocó —que falló por casi veinte años — al tratar de imponer el megaproyecto de la presa El Zapotillo.
Pero Marichuy trae una sensación agridulce.
“Vinieron a romper, a ponernos en contra, ¿cuándo se va a arreglar (la discordia) ?, ¿eso quién?”, se sincera. “No sé si se están sensibilizando un poquito pero, para mí, hay mucha dolencia (…)”.
Desde el año 2005, cuando se publicitó El Zapotillo para utilizar el caudal del río Verde, los pueblos de Temaca, Palmarejo (del municipio de Cañadas de Obregón) y Acasico (localidad de Mexticacán) comenzaron un camino de incertidumbre, en el que la narrativa oficial hacía creer que debían inundarles para distribuir agua en la capital de Jalisco y también en Guanajuato. Todos quienes llegaban al poder se aferraban a desplazarles. Cada uno con una nueva estrategia.
En 2021 se aceptaron modificaciones a la estructura de la presa, con lo que se aseguró la sobrevivencia de las tres poblaciones del occidente mexicano. Más aún, para resarcir la violencia acumulada en su contra, se delineó un Plan de Justicia que, entre otros puntos, obligó a que este día se pida una institucional indulgencia.
No obstante, las sinceridades potencialmente fingidas, Marichuy sí celebra lo inspirador de doblegar a las instituciones.
“Ya aprendieron los de aquí, los de acá, van a ver si no se defienden (…). Por una dignidad, una identidad y unos derechos que tenemos”, asegura la mujer que viajó por México y el mundo buscando aliados. Recuerda, también, cómo el aliento de Las Juárez (Margarita, Beatriz y Emma, hijas de Marichuy) se volvió profecía:
— Tú no te desesperes. Somos tres pelos, pero, ¡bien peinados!
En el escenario dispuesto, múltiples sillas aún permanecen vacías. Casi con la misma vacuidad que muchas de las palabras que en unos momentos serán pronunciadas. El sonido del evento ha sido exhaustivamente probado: con la mitad del afán de ese soundchek en el trabajo original de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y hasta esta parafernalia del arrepentimiento se hubiese evitado.
La pantalla también está lista y el templete dispuesto: ocho lugares para funcionarios, apenas cuatro para afectados. No sea que alguien malentienda que, un acto de disculpa del Estado mexicano, pretende ceder el protagonismo a quienes les jodieron la vida.
Llega Alfonso Íñiguez “Don Poncho”. Nadie ha entendido, nunca, dónde esconde los años. No se sabe, tampoco, si es su charla o su mirada, la que atiza la impresión de su ánimo vivaracho. Don Poncho hoy también está alegre, pero se escucha resignado ante la gran falla de que el Estado sea, al fin de cuentas, una consecución impersonal de decisiones de poder.
“Mi agrado hubiera sido que hubieran traído a José Luis Luege Tamargo (exdirector de la CONAGUA), que fue el que nos hizo sufrir. César Coll Carabias (exdirector de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco). A esos los quisiera ver aquí. Los que se van a disculpar, ellos o tuvieron la culpa”, subraya.
El evento va retrasado. Bajo el toldo blanco, la sensación térmica hace más pesada la espera. Unas heroínas reparten paletas heladas y su generosidad, entre bochornos, se siente en rangos superlativos.
Marichuy y Don Poncho se acomodaron al frente del público. También ahí están las valientes Socorro Jáuregui e Isaura Gómez, el inquebrantable Gabriel Espinoza… Habitantes que se volvieron personajes. Tras sus asientos se aprecian tantos rostros solidarios que han arropado por años, hasta llegar a la solución de modificar el proyecto de la presa para garantizar se utilice a menos de 40 metros y salvar la historia de los pueblos.
Atizada por la prensa que se ha arremolinado, los protagonistas de la lucha corean el ya emblemático Temaca vive, la lucha sigue. Marichuy se pone de pie y extiende su pancarta. Es momento de mediatizar la denuncia: los trabajos de remoción del pueblo están dañando la disponibilidad de las aguas.
“CONAGUA, ¿dónde está mi agua termal?”, reclama la leyenda del papel.
Entre los ecos que captura la prensa, se divisa la presencia de Claudia Gómez Godoy. En su momento, del Colectivo de Abogados — pilar de la defensa jurídica de la lucha —, actualmente, la responsable federal del caso y la implementación del Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Le aclaman desde las primeras filas. Su legitimidad no se oculta.
Otros funcionarios, menos populares, también van tomando sus asientos. Suman a Marichuy y a Don Poncho al templete, para intentar equilibrar la sobrerrepresentación de agentes institucionales que debió pensarse desde un muy poco sensible escritorio. Flanquean a Abigail Agredano “Abi”.
Una voz femenina llama a guardar el acomodo e invita a observar un video testimonial, que resume en instantes — apenas instantes —, el conflicto y la salida.
Alrededor de la plaza continúa la actividad del pueblo. Afuera de la tienda de la calle Morelos, dos hombres se acompañan con un par de bebidas. Una niña rueda en su bicicleta, otro niño aprovecha el espacio libre frente a los jardines y pasea en scooter. Su camiseta blanca se sacude un poco sobre su espalda, cuando avanza por el impulso de la pierna derecha. Repite el movimiento fascinado, porque encontrar un sitio para deslizarse sin que a uno le interrumpan es una fortuna en la vida. La vida que transcurre, en independencia de quién o quiénes tomen el micrófono para desarrollar elaboradas pantomimas.
A la videograbación le sigue la enunciación de personas afectadas, en representación de todas las víctimas. Luego, letanía de nombres de funcionarios del presídium. Están los presidentes municipales de Cañadas de Obregón y Mexticacán, así como representantes federales. Se les concede el aplauso requerido. No obstante, al Secretario General del Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra, le saludan los abucheos. El escenario no es a modo, lo sabe.
La plaza es brava y no por la coyuntura del día. Se fue forjando con historias de mucha dignidad. Una tan rabiosa que hasta ha hecho huir funcionarios, como en mayo de 2014, cuando una comitiva del gobierno jalisciense intentó instalar módulos asistenciales — ¿acaso hay otra forma de tratar a “minorías”? — y a gritos les echaron. “Agarren sus chingares y váyanse (…) ¡bola de perros!”, reclamaron en grupo.
Cuando el Secretario General toma el micrófono, es cuidado de sus palabras: dice que la administración estatal se suma al acto. Se adhiere, se agrega, se añade precavidamente, pero sin conceder una explícita petición de dispensa.
A su participación, le sigue la de Claudia. Hay un contraste en el ánimo del público. A ella la animan y habla con la seguridad de haber transitado al lado correcto de la historia. Recuerda el Tercer Encuentro Mundial de Afectados por las Presas, de 2010, cuando los ojos del mundo se pusieron en Temaca.
Luego, en un quiebre de voz, nombra a quienes “hoy acompañan de otra manera”. No llegaron, dice. Es que nos les dejaron. Les ahogaron. No con agua, sino de angustia. Les sumergieron en tristeza. 26 personas, desde el principio, fallecieron en un contexto de estrés, al inicio de la resistencia. Por fortuna, hoy el Estado reconoce que no debieron perder la vida. Gracias. Gran detalle. Sólo un poco a destiempo. Ligeramente.
La encargada del Plan de Justicia, anticipa una próxima visita presidencial. En persona, Andrés Manuel López Obrador regresará a rendirles cuentas. En tanto, ella asegura que la incertidumbre ha concluido y que, hoy, se afirma un parteaguas en las nuevas formas de construir política hídrica.
Que lo afirme públicamente es necesario, porque un fantasma aún recorre el Bajío mexicano.
Entre el público, Gustavo Lozano, de la agrupación Acción Colectiva Socioambiental, da cuenta de cómo la existencia de una crisis hídrica en León, Guanajuato, mantiene con vida la expectativa de trasvasar millones de metros cúbicos a dicha ciudad, en función del decreto oficial que asigna aguas de la cuenca del río Verde. El problema, comparte, es que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL) “se resiste a revisar autorizaciones de agua que dio, durante los últimos 10 años, con base en el agua que esperaba recibir de (la presa) El Zapotillo”. Los permisos se han facilitado — sin sorpresas — para proyectos inmobiliarios de usos mixtos: centros comerciales, hoteles, oficinas, departamentos…
El orador ha cambiado y, ahora, es turno del director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la CONAGUA, Ernesto Romero Cárdenas. Extiende una “sincera disculpa” ante lo que califica, más que todo, como un fallo de comunicación. No se dieron a entender, pues. Y luego, pierde su discurso en una enumeración de lo avanzado.
El tono triunfalista se articula con el ánimo del mensaje videograbado que envía María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ella resalta, sobre todo, que no se debe perder de vista que la presa viene de gobiernos anteriores.
Dos turnos más y se anuncia a Arturo Medina, de la Secretaría de Gobernación, específicamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, como encargado de presentar la disculpa, a nombre del gobierno mexicano.
Repasa las miserables actuaciones institucionales. Resalta la injusticia, exclusión y autoritarismo, el sufrimiento y la ansiedad, causada por un innecesario megaproyecto. La enemistad y polarización azuzada por oscuras estrategias del funcionariado que, sin importar más, violentó los derechos humanos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Acepta, después de casi dos décadas años, que el Estado se equivocó. Que el futuro no se impone y la historia no se inunda. Que las mediocridades del servicio público no se solventan despojando a los menos.
Que, sin las comunidades, no.
Se agotan las dichos de funcionarios y toca el turno —¡por fin! — a las poblaciones.
Inician quienes representan a Acasico. Habla primero María Edén Mora y le sigue, el muy apreciado, Don Luis Villegas. Por supuesto, participa con su característico sombrero. Son breves y sinceros. A grandes rasgos califican a la experiencia como “tremenda” y agradecen que en el desenlace se haya encontrado una alternativa.
Después, toma la voz Óscar René Sandoval, en compañía de Justino y Manuel Gómez. Hablan por Palmarejo. Óscar cuenta cómo, prácticamente la mitad de su vida, la ha sobrellevado con la amenaza de ser inundado. Se sincera y comparte que el proyecto de la presa les arrebató el territorio y, particularmente, a su pueblo, se le desplazó a Talicoyunque (el centro de población en el que pretendían reubicar a la población).
La soberbia de quienes les presionaron llegó al grado tal que — utilizando a la Fundación México Sustentable A.C. como un brazo de acción—, les programaron, para el 13 de junio de 2014, la celebración de una última fiesta patronal dedicada a San Antonio. Y les reasentaron, sin agua, sin capilla, envueltos en una malla ciclónica y vigilados por una empresa de seguridad privada. Estigmatizados, además, por no resistir…
“Pero estamos renaciendo”, asegura Óscar. Y pide que no les dejen de ver, “que se hagan cargo del compromiso que asumieron”. Subraya que se acepta la disculpa, pero no en calidad de cheque en blanco. A cambio, se exigen la firme garantía de no repetición.
Continúan, a nombre de Temaca, Abigail Agredano, ó Abi, para el ánimo familiar. Marichuy y Don Poncho también le acompañan a donde el micrófono.
Abi inicia fuerte. Porque hay que hacerse escuchar hasta los oídos que prefirieron no acudir. Por eso, agradece a quienes “han venido a dar la cara por aquellos que no han querido reconocer sus errores”. Y desata la cronología de humillaciones que, desde los gobiernos federal y estatal, se empeñaron en enarbolar.
Como aquella del 24 de enero de 2008, cuando Raúl Antonio Iglesias Benítez, entonces Gerente Regional del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA, dijo a la prensa que la gente de los pueblos tenía alternativas: largarse o ahogarse. “Les vamos a comprar salvavidas y lanchas”, retó públicamente, en lo que en su cabeza sonó como una magnífica broma. La impertinencia no faltó tampoco a nivel estatal, quien en voz del panista Emilio González les insistió a mudarse “a unas casas poca madre”. El mismo personaje que les incumplió, una vez y otra también, la promesa de escucharles.
Abi también trae a la memoria del público que la escucha en la plaza principal, la fecha del 1 de junio de 2011, cuando les citaron en Tepatitlán de Morelos a una mesa de diálogo y, también, convidaron a quienes ya habían vendido sus casas, para que les confrontaran.
Y un par de años después, cuando el 20 de abril de 2013, el difunto gobernador Aristóteles Sandoval y su secretario general de Gobierno, Arturo Zamora, bajaron de un helicóptero “para traer falsas esperanzas. Luego, ante la impotencia de cumplir su compromiso de no inundar a los pueblos, contrató en 2016 a la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos)”.
El episodio resuena en los recuerdos de Gabriel Espinoza, quien ahora presencia el acto en primera fila.
En el Palacio de Gobierno de Jalisco, el 29 de junio de 2017, Sandoval encontró — ó expresamente solicitó — el argumento de inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a raíz del estudio internacional. Realizó el anuncio con una narrativa de sostenibilidad porque, ¿quién podría oponerse a ésta? Y los habitantes de los pueblos, una vez más amenazados, se lanzaron con gritos de “traidor”. Gabriel encaró al gobernador, le plantó el rechazo a la reubicación y fue encapsulado. A jalones le bloquearon el habla. Sandoval salió apresurado, asegurando que asumiría el costo de la imposición por la que hoy, llega el mea culpa.
“Una disculpa nunca es suficiente, pero sí necesaria. Es un gesto político, social y, en materia de derechos humanos, sienta un precedente”, opina Gabriel, a la distancia, en este día vestido de historia.
Abi continúa el recuento. Campamentos, oraciones, marchas, bloqueos, carreras. Peritajes, amparos, recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). La controversia constitucional. La historia de la resistencia se desborda en episodios que desafiaron la sentencia mediocre que les conminaba a no reaccionar.
— Nos dijeron que, con el gobierno, no se puede…—dice Abi.
—¡Sí se pudo! — interrumpe Marichuy, consciente de la fuerza de aquellos tres pelos. Los que están bien peinados.
Se llama a un aplauso, para honrar a quienes no lograron ver este día. Antes de concluir, Abi exige que la consideración a los pueblos, que la inclusión de derechos con la que los funcionarios se han llenado la boca por casi dos horas, sea el piso. Nunca el techo.
Apenas se ha movido Abi y Marichuy se adueña del podio. Hay algo, hay mucho, por decir.
Se presenta con nombre y apellido, por si algún despistado la desconoce. Rápidamente, enmarca la lucha como parte de una desigualdad estructural, propiciada por élites. Acompaña su argumento con la entonación de una estrofa porque, al fin y al cabo, el escenario ya es suyo:
¡Cuánta falta nos hace Benito Juárez / Para desplumar aves neoliberales si a tu ventana llega una paloma/ Mira que no sea un buitre el que se asoma…!
Canta, y emociona a la audiencia.
Pero no se limita a vocalizar. “Aquí traigo mi papelito”, dice y, nuevamente, desenrolla la cartulina para explicar deficiencias en los trabajos de mejora, derivados del Plan de Justicia.
“Vinieron a fregarnos nuestra agua. Aquí hay 21 ojos de agua termales, vinieron los compañeros que andan trabajando y no sé para dónde mandaron el agua”, reclama.
“Este pueblo vivía de turismo, hoy ya no hay nada y yo lo único que les puedo decir, soy grosera, que, si la cagaron, que la limpien. Así de fácil”, resume y su claridad es respondida con aplausos. Muchos.
Desde la primera fila, también acuerpan la prerrogativa. “¡Queremos nuestra agua termal!”, corean.
La también madre de Las Juárez despide su intervención no programada y llama a no ceder. Ni un paso atrás, pide. Ni para agarrar vuelo.
El protocolo se agota. Los funcionarios han cumplido y su valioso tiempo no tiene margen para ser desperdiciado en la plaza principal (donde un pueblo generoso ofrece comida a los asistentes): hay que regresar a los escritorios para dirigir un estado, un país. A jugar a la gobernanza y tomar históricas decisiones porque ellos, ellos sí saben lo que a las mayorías conviene.
O pretenderán saberlo hasta que siguientes luchas, con mucha dignidad, les demuestren, cuantas veces sea necesario, la ciega arrogancia de cada uno de sus yerros. Y deban volver, a tratar de reparar, lo que nunca debieron romper.
