Desde Mujeres
Por Gabriela Ruiz / @DesdeMujeres
Estamos ante un evento que se puede afirmar será histórico, la posible elección de la primera mujer Presidenta que sería titular del Poder Ejecutivo Federal y conducirá las políticas públicas y administrará la gran nación que es México, y en cuestión no menor también será la titular del mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea del país, todas estas responsabilidades aunadas a muchas otras, son sin duda de alta responsabilidad constitucional, legal, económica, social y pública.
En este caso, se ha luchado durante muchos años por lograr una mayor representatividad de las mujeres en la toma de decisiones, en puestos o cargos que incidan en la vida pública, bien sea a través de una institución pública, una organización civil o en el sector empresarial, pero además agregaría que dicha representación deberá ser real con un alto porcentaje de independencia que le permitan instrumentar políticas que logren modificar algunas de las circunstancias estructurales y sistémicas que han impedido mayor participación en las decisiones de poder hacia cauces en clave feminista y garantista.
Lo anterior, conducirá al análisis de los resultados de las cuotas de género de la composición legislativa. Al respecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) en la síntesis de los “Efectos de la paridad de género en la legislatura mexicana: avances y retos” en 2017 concluía los siguiente:
- Una mayor representatividad de las mujeres puede generar un efecto de incentivo para detonar procesos transformadores de participación política de las mujeres.
- No obstante, dicho espíritu no corría bajo la misma intensidad y velocidad en la cultura organizacional, es decir políticas administrativas, interacción entre pares, acciones internas articuladas y enfocadas al principio de paridad.
- Se supeditó la agenda de género a la agenda del grupo parlamentario; en este punto apuntó la necesidad de “superar la insuficiencia de liderazgos femeninos con fuerzas y capacidades suficientes para impulsar un trabajo colectivo entre parlamentarias.”
- No se había generado una agenda de género común, por la prevalencia de la lógica partidista.
- La agenda de igualdad de género debe significar espacios de representación con diversidad social.
A siete años de distancia, podemos observar que estas conclusiones siguen conformando premisas, es decir, aunque se han logrado algunos cambios dichos aspectos no han logrado materializar grandes avances. Uno de los grandes aspectos en opinión, es que los partidos políticos continúan operando una agenda en los más altos niveles que buscan otros derechos sociales, pero que no han transitado hacia la igualdad y equidad de género, ya que sus composiciones continúan siendo excluyentes y discriminatorias, quizá por que son reflejo del espectro social, y es más fácil conseguir votos bajo lo que socialmente es “más aceptado” en sus círculos más cercanos.
Es así, que la visión de las personas que votaremos en las próximas elecciones deberían retomar la necesidad de circunscribir a distintas voces pluriculturales, pero que además se provoquen grupos de seguimiento en todo el país que exijan a los liderazgos masculinos y femeninos una agenda que contenga puntos que permitan el desenvolvimiento y crecimiento del liderazgo de las mujeres, incluyente en el que se establezcan metas claras para los distintos sectores y ámbitos en los que nos desenvolvemos las mujeres, con pactos regionales, atendiendo a la realidad tan distinta que impera en las entidades federativas del país.
Finalmente, retomo la conclusión del artículo de Olivera, G., Cruz, Y. y Rojas, A. (2021) “Su liderazgo y perspectiva en los congresos es fundamental para garantizar una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía”, sin que esto implique que su avance o retroceso sea solo responsabilidad de este liderazgo, ya que si estructuralmente no existe la viabilidad jurídica para hacer cambios no será posible que estos se materialicen.
