#HastaEncontrarles
En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 28 de febrero de 2024, familias buscadoras exigieron al Estado Mexicano condiciones de seguridad resguardar la integridad y la vida de quienes buscan y localizan a las personas que han sido desaparecidas en el país.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Foto portada: Centro Prodh
Del año 2010 a la fecha, al menos, 22 familiares de personas que han sido desaparecidas en México fueron asesinados. Con esta terrible realidad, familias buscadoras se presentaron, la mañana del 28 de febrero de 2024, a la audiencia pública temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esto para exigirle al Estado Mexicano realice acciones concretas para proteger la integridad y la vida de las familias buscadoras.
Acompañadas por representantes de las organizaciones de derechos humanos como: Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, DPLF, Artículo 19 y Centro Prodh, estas familias buscadoras acudieron presencialmente al 189 periodo de sesiones de la CIDH con la esperanza de que su voz fuera escuchada por este organismo internacional; su contraparte, las autoridades mexicanas decidieron asistir de manera virtual y sin una representación de alto nivel, pues la titular de Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Reyes, sólo apareció en pantalla para dejar galletas a quienes designó para estar en la reunión, tal como lo evidenció el periodista Efra Tzuc.
En la audiencia también fue notoria la inasistencia de Fiscalía General de la República (FGR), pues ningún representante acudió ni presencial ni virtualmente.
En un comunicado de prensa, las familias buscadoras lamentaron que las autoridades no le den a la crisis de desaparición que vive el país, la atención que merece.
La participación de las y los buscadores presentes inició recordando que, desde el momento en el que se convocó a la audiencia a finales de enero de 2024 y a la fecha en que se realizó, en el país se asesinaron a dos personas buscadoras: Ángela Almeraz (9 de febrero) y Noé Sandoval (15 de febrero), y se desapareció a Lorenza Cano, de la cual se desconoce su paradero desde el 15 de enero.
“El caso de nuestro colectivo y del asesinato de Rosario Lilián es algo que vivimos las buscadoras en todo el país, nos siguen, nos amenazan, nos amedrentan, nos criminalizan y revictimizan, pero seguimos buscando”, enfatizó Alejandra Martínez, integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia en Sinaloa.
Alejandra, quien busca a su hermano Ismael Alejandro desde 2020, señaló que en el caso de su compañera, ésta “ya había recibido múltiples amenazas previo al ataque”, pero ninguna autoridad le brindó protección.
Por su parte, Bibiana Mendoza, integrante del colectivo “Hasta Encontrarte” en Guanajuato y quien busca a su hermano Manuel, habló sobre la negativa de las autoridades para reconocerlas como defensoras de derechos humanos e incorporarlas al Mecanismo de Protección a Personas:
“A la Comisión y al Estado Mexicano le decimos que somos defensoras de derechos humanos y que al negarnos la incorporación nos ponen en más riesgo”, expresó durante la audiencia.
En su participación, Javier Barajas y María del Tránsito Piña -padres del buscador Javier Barajas Piña, asesinado en 2021, tras buscar a su hermana Guadalupe-, ambos hablaron sobre los impactos de la impunidad, ya que hasta la fecha no hay sentencias condenatorias por los hechos.
Así mismo, durante la audiencia ante las y los representantes de la CIDH, las familias buscadoras hicieron énfasis en los riesgos y agresiones que viven, ya que:
“la falta de acciones concretas del Estado por atender la crisis de desaparición, le impone una dura carga a la búsqueda de sus seres queridos… esto en las familias conlleva mayores riesgos en tanto las buscadoras atestiguan que las acciones del Estado no son guiadas por una política para prevenir y dar respuesta a las desapariciones”.
Un ejemplo de ello, compartieron, fue la manera en que se realizó la depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pues más que una acción para dimensionar esta crisis se hizo para minimizarlas, pues sólo se “confirmaron”: 12 mil denuncias de las casi 115 mil.
En su participación, las y los funcionarios del Estado Mexicano sólo repitieron -como lo han hecho en otras ocasiones- que en el país existen marcos normativos, pero en ningún momento atendieron a los señalamientos de las y los buscadores sobre la falta de implementación de las leyes en la materia, la falta de funcionamiento adecuado de la institucionalidad y una falta de coordinación entre autoridades.
Sobre su solicitud para ser reconocidas como personas defensoras de derechos humanos, no hubo respuestas.
Al respecto, María Luisa Aguilar del Centro Pro señaló que en el país no se reconoce plenamente a las y los familiares de personas desaparecidas que buscan en terreno como defensoras de derechos humanos: “lo que impacta en que no se les brinden medidas de protección adecuadas”.
De parte de las comisionadas y otros funcionarios de la CIDH se manifestó preocupación por los riesgos planteados en la audiencia, así como por la falta del reconocimiento de las buscadoras como personas defensoras.
“Salir a buscar a sus seres queridos implica poner en riesgo su propia vida, y eso es intolerable”, expresó Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la CIDH, quien además agregó que el Estado Mexicano tiene que hacer tres cosas: 1) Acompañar activa y comprometidamente las búsquedas, 2) Fortalecer urgentemente la identificación forense y 3) Combatir la impunidad.
En tanto, Jesús Peña -representante de la ONUDH en México-, destacó que el desamparo del Estado Mexicano ha orillado a las familias buscadoras a “realizar llamados desesperados a los grupos criminales para que no las agredan y les permitan realizar su labor sin miedo”.
Finalmente, las familias buscadoras solicitaron a la CIDH que presionen para que el Estado Mexicana:
- Las reconozca como defensoras de derechos humanos.
- Realice esquemas de protección colectiva e inmediata, esto tomando en cuenta la diversidad de las buscadoras y de sus medios de búsqueda.
- Transparente la información sobre el número de solicitudes de protección de las personas buscadoras al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
- Sancione los asesinatos y desapariciones de las personas buscadoras, en particular, en los 22 casos identificados en la audiencia.
Y de manera específica, pidieron a la CIDH, realizar una visita urgente a México para observar de manera directa crisis de desapariciones que ocurre en el país.
