El cura que negocia con el narco

#AlianzaDeMedios

En un estado donde es imposible no convivir con el narcotráfico, el sacerdote Filiberto Vázquez acuerda treguas, liberaciones, búsquedas de desaparecidos y hasta un manantial de agua para una comunidad. En esta tierra se vive lejos de dios y cerca del narco

Texto y fotos: Aitor Sáez / Pie de Página

GUERRERO. -“Moisés… Nissan Frontier blanca… camisa blanca con bordados y pantalón marrón claro… con tres personas, uno de ellos periodista extranjero… cada dos horas, por favor… Moisés”

Filiberto Velázquez oprime el botón de pánico que cuelga de su cuello para finalizar la llamada, la única medida de seguridad que le brindaron tras ser agredido por integrantes de la CRAC-PF en febrero de 2021.

El teléfono del sacerdote sonó la tarde del sábado 27 con una súplica de auxilio desde San Jerónimo Palantla. La policía comunitaria de la contigua Alcozacán había atacado su puesto de revisión y llevaban una hora disparando desde el cerro. El cura se dirigió de inmediato hacia el poblado, pero medio centenar de personas, muchas armadas, que bloqueaban el camino, lo interceptaron, lo retuvieron un largo rato y lo intimidaron al enterarse de que iba en apoyo de la población de San Jerónimo.

Sólo pudo zafarse de la turba escoltado por elementos de la policía estatal, gracias a la alerta activada por organismos de derechos humanos, que también presionaron al gobierno federal para incorporar a Filiberto en el mecanismo de protección. Su evaluación de riesgo se demoró hasta julio y apenas incluyó la vigilancia policial esporádica de la oficina en Chilapa de su recién creado Centro de Derechos de las víctimas de violencia ‘Minerva Bello’.

El 27 de febrero de 2021, el padre Filiberto recibió un llamado de auxilio de San Jerónimo, que estaba siendo atacado con disparos desde el cerro por parte de la CRAC-PF. En el cruce de ingreso a la comunidad, fue interceptado por una turba de policías comunitarios armados que lo hostigaron y tuvo que ser rescatado por la Guardia Nacional. Cinco meses después y también por su activismo, el Mecanismo de Protección a defensores de DDHH le brindó medidas cautelares, entre otras, el botón de pánico que cuelga de su cuello.

—El mecanismo no funciona. Nunca se ha dado una medida clara de protección, se reducen a rondines y un botón de pánico que tienes que apretar varias veces hasta que te responden. No son medidas preventivas. Si me atacan ahora, ya estaría muerto —se queja durante los más de tres minutos que tardan en contestarle.

El lampiño padre, corpulento y de amplias mejillas, debe reportar cada salida de la ciudad que comporte cierto peligro. Hoy, vuelve a San Jerónimo por primera vez desde el incidente.

***

Filiberto acaba de oficiar la misa de las ocho de la mañana en la parroquia de Zumpango del Río, cerca de Chilpancingo, y un par de monaguillos le tienen preparada una raída maleta que acarrea en sus visitas a comunidades remotas.

El capellán de 37 años, originario del Estado de México, estudió Filosofía y desde 2010 pasó siete años en Estados Unidos para formarse entorno a la teoría de la violencia. Durante sus últimos dos cursos se involucró en el movimiento por los 43 estudiantes de Ayotzinapa y ayudó a tramitar el asilo a algunos familiares de los desaparecidos.

—No creo que a dios le moleste —bromea cada vez que se enciende un cigarrillo y baja la ventanilla, la antesala de que se viene algo importante en la conversación.

El sacerdote Filiberto Velázquez se formó en Estados Unidos y regresó a México para colaborar en causas sociales, creando incluso un centro de derechos humanos. Al llegar a Guerrero por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se percató de que en la región la autoridad era el narco.

Regresó a México en 2017 para secundar al padre Alejandro Solalinde, activista por los derechos de los migrantes, de quien se distanció cuando éste se implicó de lleno en la campaña de López Obrador. En febrero de 2018, con el asesinato de dos párrocos en la carretera de Taxco a Iguala —a menos de dos horas de la capital del país— se dio cuenta de que para acabar con la violencia en Guerrero hacía falta mucho más que “aceptar al otro como diferente”, el antídoto que le habían enseñado en los seminarios de la Saint Johns University de Minnesota. Tras el doble homicidio se arrimó al obispo de Chilapancingo-Chilapa, Salvador Rangel, un referente en los procesos de pacificación.

En enero de 2019 empezó a servir de vicario en Chilapa, que dos años antes había sumado una tasa de 134 homicidios por cada 100.000 habitantes: por mucho la ciudad más letal de México y del mundo. Fue en ese infierno donde el joven mosén se percató de quién mandaba en Guerrero:

—Es un estado donde es imposible no cruzarse con el narcotráfico. Los cárteles han impregnado la región como otra estructura más de la sociedad, cada vez con mayor impunidad y menor preocupación por esconderse. En la mayoría de los municipios hay una injerencia del narco en las campañas políticas. Cuando benefician a un cierto candidato para que sea alcalde, luego vienen los cobros, pidiendo el control de la seguridad pública, de las obras… y así es como se enquistan. Al final los funcionarios son trabajadores del crimen. No es con los políticos con quienes hay que negociar, sino con sus jefes, los capos de la droga.

En San Jerónimo Palantla, en la Montaña Baja, asesora legalmente a las familias de los asesinados por la CRAC-PF. El 8 de febrero de 2015, la policía comunitaria irrumpió en la comisaría municipal y abrió fuego indiscriminadamente, matando a cuatro hombres y una mujer embarazada.

Filiberto tuvo el primer acercamiento con los narcos durante su participación en las búsquedas de las madres de desaparecidos en Iguala, quienes tenían informantes dentro de las bandas que les soplaban las coordenadas donde habían enterrado cuerpos. En 2021, medió con Los Ardillos para liberar con éxito a un par de secuestrados.

—Hay dos opciones: poner una denuncia y que no suceda nada, porque las autoridades no moverán un dedo para investigar, o contactar al cabecilla de la zona y saber si tiene información. Les explicamos que son familias pobres, que tengan piedad y normalmente los sueltan en cuestión de días —dice.

El religioso ha sufrido en carne propia la podredumbre del Estado de Derecho y el poderío delincuencial.

Se enciende otro cigarrillo.

A mediados de mayo de 2021, agentes ministeriales arrestaron a su sobrino a las afueras de Ciudad de México, lo torturaron durante cuatro horas y, siempre según su versión, lo entregaron a la fiscalía por un delito fabricado, un robo posterior a la detención. Días después cuatro hombres armados se acudieron el domicilio familiar para proponerles un soborno de 1.5 millones de pesos por su liberación.

El obispo de Chilpancingo (capital de Guerrero), Salvador Rangel, mantiene una estrecha relación con Los Ardillos, que considera sus amigos y pacificadores de Guerrero, en concreto de Chilapa, municipio al que penetraron en 2014 en una jornada que dejó 13 muertos. El obispo negocia con el cártel para liberar a secuestrados o apaciguar disputas.

En una cantamisa presidida por los tres poderes fácticos en la Montaña de Guerrero —el obispo Rangel, el alcalde de Quechultenango y Celso Ortega, caudillo de Los Ardillos—, Filiberto pidió ayuda a este último para identificar a los hostigadores de su familia. Pese a que los hechos ocurrieron en otro estado, lejos de su zona de influencia, a los pocos días ya le habían dado varios nombres y los modelos de sus vehículos. Los datos contribuyeron a aportar nuevas pruebas en la investigación que el sacerdote lleva por cuenta propia, como sucede a menudo en el México de la inoperante justicia.

—Los cárteles se conocen, mantienen canales de comunicación y controlan muchas de las cosas que pasan en este país. Ellos controlan a policías ministeriales, encarcelan a inocentes para obtener dinero. Se convierte en una necropolítica, un negocio de la muerte —opina—. Están coludidos con la justicia. La ley se aplica, si ellos lo ordenan. Te dicen: ‘Denuncia y nosotros nos encargamos que la autoridad haga su trabajo’.

Acabamos de pasar un retén de la Guardia Nacional, justo enfrente de una barricada de sacos de mortero de la CRAC-PF, ocupada por una patrulla de la policía estatal. El cura acelera en cada check-point.

Suena el botón de pánico casualmente en la bifurcación entre Alcozacán y San Jerónimo Palantla donde Filiberto fue retenido.

“Moisés… sí… sí… sí… sí, gracias… Moisés”

Un oxidado y horadado letrero oficial da la bienvenida al ahora pintarrajeado ‘TERRITORIO COMUNITARIO CRAC-PC-PF’. Nos espera una patrulla estatal en el cruce para escoltarnos hasta el centro del poblado.

***

“Oremos al Señor para que expulse a los narcotraficantes y acabe con la violencia que afecta a nuestro pueblo. Oremos al Señor para que acabe con la sequía y traiga buenas lluvias para nuestras cosechas…”

El obispo Rangel sermonea desde un altar sobre decorado con listones de tela que también colorean unas calles desérticas ante la visita del clérigo. Un centenar de mujeres, acicaladas con huipiles blancos de pomposos bordados y cubiertas con una mantilla negra, abarrotan la iglesia. Las que no han traído silla de plástico se sientan en las baldosas.

***

La comunidad se congrega para recibir un plato de pozole al concluir la misa. Las mujeres y niños se sientan en la hierba y comen con las manos mientras que los hombres se esconden con pudor de que los vean almorzar. El obispo Rangel se encierra en una sala junto a los dirigentes del pueblo y despotrica con cierta prepotencia contra las policías comunitarias en general y contra la CRAC-PF en particular. Les guarda una notable animadversión por ser protestantes y los acusa de sembrar marihuana, amapola, así como de masacrar a los diez músicos, pese a que el titular de la fiscalía de Guerrero ya responsabilizó a Los Ardillos, con quienes el clérigo mantiene una estrecha relación.

Después de la misa, en la que el obispo ha pedido orar para acabar “con la escasez de agua y el narco”, la comunidad de San Jerónimo se congrega para comer maíz hervido. La jornada se vuelve una improvisada festividad.

—¿Cuándo empezó a hacer contacto con los narcotraficantes? —le pregunto.

—Cuando llegué a Guerrero, en 2015, descubrí que todo el estado estaba en manos de los narcotraficantes. Ellos imponen a sus candidatos en ciertos puestos. Aquí controlan las minas, otro gran problema. Hay una clara colusión de los grupos delincuenciales con la institución (…) Las primeras veces que hablé con capos fue para que no mataran a un par de sacerdotes que habían amenazado de muerte. Luego, pedí refuerzos a un exgobernador para que el gobierno federal enviase gente de inteligencia para acabar con la tremenda violencia en Chilapa. Gracias a eso los acorralaron (a Los Rojos) y tomaron prisionero a su cabecilla que daba las órdenes desde el penal de Acapulco donde estaba recluso. Después hablé con los capos de aquel lado (de Los Ardillos) para que mantuviesen la paz en Chilapa como lo hacían en sus territorios. Me pidieron cosas positivas a cambio, como arreglar una carretera, un centro de estudios y medicinas.

—¿Cómo se ganó su confianza?

—Me acerqué a ellos de manera sencilla, humilde y dialogando poco a poco se ha creado esta amistad. Todos ellos son católicos y también necesitan nuestros servicios para casarse, bautizar, funerales… y yo les pido a los sacerdotes que les asistan espiritualmente. Ellos han apreciado que los sacerdotes no abandonen las comunidades pese a la inseguridad.

—¿Cómo catalogaría a Los Ardillos?

—Me doy cuenta y el mismo gobierno se da cuenta, por eso tienen el aprecio de la federación, que estos amigos no secuestran, no piden derecho de piso, no asesinan por asesinar, sino que van creando un ambiente de paz. Su jefe (Celso Ortega) me decía lo que ningún político me ha dicho: ‘Hay que reconstruir Guerrero, me gustaría hablar con los distintos grupos para ver como podemos pacificar’. Desgraciadamente hay otros grupos que quieren meterse y volver a la violencia de antes. Entonces es normal que haya algunos asesinatos, pero estoy seguro que son de estas personas que quieren romper la armonía. Congenio con ellos (Los Ardillos). Se metieron en la amapola, porque la gente se lo pide y llevan una bonita relación con los pueblos, pero su negocio ni siquiera está en Guerrero.

—¿Dónde está?

—Solo ellos lo saben… no puedo decirlo —sonríe con picardía.

—¿Pero, los considera un cártel o una autodefensa?

—Es un cártel, sí, pero se se dedican a hacer más bien cosas positivas que negativas.

—¿Ha tenido que mediar con ellos en algún secuestro?

—Sí, lo puedo decir. Cuando me doy cuenta a tiempo de secuestros, hemos hablado para que los liberen, hemos evitado algunas muertes, otras son inevitables.

—Pero, entonces, ¿el grupo sí secuestra?

—No, bueno, no en ese… a ver, vamos a decir —titubea, acomodándose el cuello de la sotana—. Secuestra, pero, sólo a los malhechores.

—¿Concuerda con el lema de seguridad de ‘abrazos, no balazos’ del presidente López Obrador?

—No. La salida es que haya una mano más fuerte contra estos grupos y buscarles alternativas a sus formas de manutención ilegales. Hay que dialogar con las víctimas, pero también con los victimarios. Muchos de ellos tienen razón en su rebeldía. Uno me decía que se metió a esto (de sicario), porque el grupo contrario mató a su hijo y a su esposa. Otro teniente me contaba llorando que le habían matado a sus hermanos.

 —¿Se ha llevado bien con todos los grupos criminales?

—Hace un año tengo problemas con el grupo delincuencial de Tlacotepec, que expulsaron a centenares de familias de siete comunidades desde Filo de Caballos. Fui a apoyar a los desplazados y señalé que los tlacos eran narcotraficantes, no comunitarios. Eso no les gustó y me sentenciaron, me amenazaron con que me iban a tomar prisionero y me iban a reeducar —vacila con sorna.

Los tlacos, escindidos de Los Rojos, incursionaron en noviembre de 2018 por el llamado “corredor de la muerte” hasta Xochipala, popularmente conocida como Xochibala por sus altos niveles de violencia. La embestida tenía por objetivo ganar terreno en el control del Cinturón de Oro de Guerrero, una zona minera en constante disputa.

—¿Tiene miedo de que lo maten?

—Es el costo de la paz. Tanto el gobierno federal como estatal me han ofrecido carros blindados, guardaespaldas, pero lo he rechazado. Mi éxito es poderme acercar a la gente. Mis escoltas son dos religiosas. Sí, claro tengo miedo de que me suceda algo. Siempre hay que cuidarse de cualquiera, porque esos atentados pueden venir tanto de los grupos delincuenciales como de las instituciones.

Las explicaciones del obispo arrojan más confusión al interés de Los Ardillos por combatir a las policías comunitarias, sobre todo siendo la amapola un negocio en caída libre. Las explicaciones van desde la necesidad de invadir poblados para obtener sus recursos públicos y cobro de tributos, hasta su obsesión por aniquilar a todo aquello que huela a rojo, su histórico cártel enemigo, aunque ya muy tocado. Un antiguo comisario en la zona, Delfino Sánchez, integrante de la CIPOG-EZ, argumentó en entrevista a El País que su objetivo es “controlar el agua para sembrar enervantes”.

***

“Ya le dije a este cabezón que hay que seguir trabajando por la pacificación. Si entran los otros, se pondrá esto como antes”, le reprendió el obispo a Filiberto, agarrándole de los pelos frente a Javier García González, alcalde de Chilapa y candidato del PRI a diputado local. Rangel regañó a su discípulo por apoyar la campaña de Diana Hernández, aspirante del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) e hija de los activistas asesinados, Ranferi y Lucía Hernández.

Filiberto discrepa de las turbias alianzas de su jefe y de su idea de pacificación:

—Mientras exista una fuerza pública o del crimen organizado controlando la paz, no será una paz verdadera, es impuesta. Que hayan bajado los índices delictivos no significa que no haya muchas otras formas de violencia. En Chilapa, en lugar de la policía, la “paz” la mantiene un cártel, pero, a base de infligir terror para que te portes bien.

Por otro lado, comprende la postura del obispo, que cuando llegó a Guerrero fue recibido antes por el narco que por el gobierno. El sacerdote canaliza a través de Rangel cualquier solicitud a Los Ardillos, quienes a su vez le reportan los párrocos incomodantes para que les dé un tirón de orejas.

“Moisés… sí… sí… sí… sí… Moisés”

El alcalde de Chilapa se presentó ante Filiberto al poco de aterrizar en la parroquia para decirle que ya sabía quién era. Al cabo de unos meses el mismo político volvió a lanzarle otra amenaza velada: “Ya me han preguntado por ti (los del cártel) y les he dicho que cooperas por aquí”. Durante esa época el fiscal de Guerrero sugirió que estaban investigando a Javier García por su posible nexo con Los Ardillos. En muchas de los encuentros entre religiosos, sus propios compañeros han exhortado a Filiberto a suavizar el tono de sus homilías.

—Me he sentido más intimidado por el gobierno que por el crimen organizado. Por medio de terceras personas me han mandado mensajes claros de no meterme con tal grupo o de no denunciar públicamente tal cosa. Todo está condicionado a los intereses personales que afectes —indica el impetuoso eclesiástico, frustrado por la falta de respaldo de su diócesis para denunciar los atropellos.

***

El obispo Rangel asegura que el negocio de Los Ardillos no se encuentra en la amapola, ni siquiera en Guerrero, pero se niega a concretar cuáles son los intereses del grupo que, tras ganar la guerra a Los Rojos, ha atacado con extrema crueldad a las policías comunitarias de poblados indígenas.

Unas niñas atizan con una rama al rebaño de cabras que pastan y al rebasarlas se giran para tapar sus rostros. A diferencia de los pueblos aledaños, el conjunto de autoconstrucciones que conforman Mexcaltepec se ubican sobre la loma en lugar de en el fondo del valle. La subida nos remolca hasta una placita repleta de hoyos y montones de tierra que aguardan los recursos para unas obras inconclusas desde hace tiempo. El silencio permite oír hasta el chirrido de las ollas. La calma saltó por los aires cuando a mediados de 2020 los comunitarios de la vecina Alcozacán los conminaron a incorporarse a su policía.

—Decidimos por asamblea que no queríamos unirnos. No tenemos ni para comer, menos vamos a andar con armas. Colegas de otras partes nos avisaron que entrar a la comunitaria daba mucho problema —cuenta Francisco Tepeyicac, encargado de la unidad de riego.

Uno de los representantes de Mexcaltepec muestra las fotografías de su manantial vandalizado, con las paredes rotas y concreto para taponarlo, una de las reprimendas para presionar a la comunidad.

Como castigo por su rechazo a la CRAC-PF, les rompieron el pozo y vandalizaron el manantial tapando el tubo con piedras. Los 300 habitantes de Mexcaltepec se quedaron sin su principal fuente de agua.

—Colocaron un alambre para cercar el manantial. Es fácil cortarlo, pero no queremos meter mano por miedo. Nos amenazan que si vamos por agua, nos van a detener y a multar —prosigue Francisco, a quien han conovcado reiteradamente a reuniones en Rincón de Chautla que rehúye por pavor a no regresar.

La otra opción es pagarles los 40.000 pesos que les exigieron para autorizarles el suministro de su propio manantial; un monto impagable para campesinos con apenas cultivos de subsistencia, que ya se han echado a perder por la falta de agua. En 2021, la comunidad sólo ha podido sembrar en época de lluvias y durante la seca más de la mitad de los adultos se han visto forzados a migrar a los campos de Sinaloa. Hasta los muchachos de catorce o quince años se han ido a las ciudades a buscar trabajo, lamenta Francisco, que se acomoda obsesivamente el sombrero vaquero asustado por denunciar la problemática.

Filiberto también apoya a la comunidad de Mexcaltepec, después de que sus vecinos de Alcozacán, poblado regentado por la CRAC-PF, los empezaran a hostigar desde 2020 tras rechazar asociarse a la policía comunitaria.

Varias mujeres de folclóricos dedantales bajan la pendiente en busca de un agua que, cuando se marchita el riachuelo, les cuesta más de una hora encontrar. Cerca de sus casas sólo brota agua sucia, con lodo rojo, que a menudo no tienen más remedio que utilizar.

—Los niños se enferman mucho, porque a veces no tenemos agua para tomar o para cocinar. Las viejitas también sufren mucho, porque tienen que ir muy lejos para lavar su ropa y cargan mucho peso. Cuando se pone peligroso en los pueblos, ni siquiera podemos ir a buscar —explica Rosalía Silverio, con cuatro hijos pequeños, mientras llena un par de cubetas.

Tres días después de nuestra visita, ejecutaron a un campesino en la vereda que lleva al manantial despojado.

Filiberto apoya a Mexcaltepec en su proceso judicial para recuperar el acceso al vital líquido. Empieza a caer la tarde y me apresura para irnos pronto de la zona. El rosario que pende de su retrovisor se agita con los volantazos. El sacerdote se enciende otro cigarrillo:

—El miedo es una generalización cuando vives en un narcoestado y sabes que tu trabajo conlleva un riesgo. Esa situación te hace bajar el switch del miedo para poder continuar con tus labores.

“Moisés… sí… sí… ya no requiero que me sigan dando seguimiento… sí, gracias… Moisés”

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Este texto se publicó originalmente en Pie de Página, se reproduce en virtud de la #AlianzaDeMedios de la que forma parte ZonaDocs:

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