Justicia alternativa y políticas de construcción de paz

En Pie de Paz

Por Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

Alcanzar la paz positiva en los ejes o pilares propuestos por el Instituto para la Economía y la Paz; así como promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, objetivo de la agenda 2030 para el desarrollo sustenatable de Naciones Unidas, requiere de políticas públicas que articulen recursos para que, a través de una “actividad interdisciplinaria que atendiendo al contexto de una sociedad determinada, analiza y diseña actividades  públicas que cumplan con las disposiciones legales existentes, sean económica y administrativamente racionales y eficientes, y políticamente viables” (Luis Aguilar Villanueva).

Una de las políticas públicas más eficaces para construcción de paz, es el desarrollo del potencial y la difusión de la justicia alternativa, ya que implica una forma integral y no violenta (como si lo es el proceseo judicial) de resolver conclictos, ya que considera las variables legales, pero además, la percepción, las posiciones, las expectativas, los objetivos, las necesidades y las emociones de las partes, lo que permite resolver los conflictos a profundidad, de manera más agil, menos costosa y con menor desgaste emocional. 

De acuerdo con la evidencia disponible para el caso del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, este nuevo paradigma para la solución de confictos contribuye a la construcción de paz por al menos seis vías, a saber:

1. La justicia restaurativa. En un número creciente, aunque no tan significativo como fuera deseable, en conflictos penales, comunitarios, escolares y familiares se logra involucrar a todos los participantes o afectados por la situación conflictiva para asumir la responsabilidad, brindando condiciones para la restauración del tejido familiar y comunitario. De igual forma en muchos casos en las misma materias, los procedimientos restaurativos (la brújula restaurativa, diría Howar Zehr) complementan y refuerzan las mediaciones. 

1. 2. La descongestón. En Jalisco la justicia alternativa ha tenido una significativa contribución a que los procesos judiciales iniciados en primera instancia hayan disminuido 30% en materia civil y 15% en materia familiar. En segunda instancia las salas penales han disminuido sus asuntos ingresados en 46%, en virtud de que 53% de los procedimientos penales de primera instancia concluyen con un acuerdo reparatorio, y la gran mayoría de ellos se cumplen, por lo que el número de apelaciones y otros recursos ha bajado considerablemente.
   3. El Acceso a la justicia. La existencia de una vía gratuita (72 centros públicos de mediación en 43 de los 125 municipios de Jalisco) para resolver conflictos, en los que no es necesario contratar un abogado y con procedimientos sencillos, ágiles y transparentes. Por ejemplo, un pagaré de 4 mil pesos mexicanos (unos 220 dólares americanos) u otras pequeñas deudas no documentadas o el incumplimiento de contratos verbales, que serían prácticamente imposibles de cobrar por la vía judicial, con abogados privados, encuentran en esta vía una forma efectiva de solución.
   4. Reducción de la cifra negra de los conflictos. Veamos el ejemplo de Cocula, Jalisco: antes de la creación del centro de mediación municipal el juzgado civil de primera instancia recibía poco más de 225 asuntos nuevos al año (más los pendientes de años pasados); después de la creación del centro, bajó en 10% el número de asuntos ingresados al juzgado; en tanto que el centro de mediación municipal atendió a casi 250 asuntos en el primer año ¿Dónde estaban antes esos más de 200 conflictos adicionales? Eran pequeños conflictos civiles, familiares y comunitarios soterrados, que maceran resentimientos, con posbilidades latentes de escalamiento violento que, de cuando en cuando hacen erupción y terminan en crimen o tragedia.
   5. Prevención de delitos. Con la realización de más de 16 mil contratos de arrendamiento con clausula preventiva al año; se ha reducido en 45% los juicios inquilinarios. 6. Desarrollo de competencias en referentes comunitarios. Se ha capacitado a 613 líderes vecinales, 485 maestros, 1,293 miembros de comunidades escolares, 200 sacerdotes, 3,367 policías, 1,628 servidores públicos (900 de ellos municipales), entre otros. Son políticas que buscan sembrar paz, y que brindan herramientas para revertir la espiral de indiferencia, intolerancia y violencia en nuestras comunidades.