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Por Nadia Bernal / @nbernaln_
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A Patricia Sánchez, habitante de Maconí, localidad ubicada en el municipio de Cadereyta de Montes en Querétaro, la agarraron policías estatales, le quitaron su celular y le dijeron que para la otra no iban a salir vivos de ahí.
Ella y otros 70 líderes comunales mantenían una protesta en la planta de bombeo 1 del Acueducto II la noche de este domingo 1 de octubre, con la intención de que la Comisión Estatal del Agua (CEA) cumpliera los acuerdos firmados hace 17 años con sus habitantes: dotar de agua a Maconí y a sus 21 comunidades.
La decisión fue avalada tras una asamblea agraria realizada ese mismo día. A las 17:30 horas las y los comuneros partieron de Maconí rumbo al Cañón del Infiernillo, zona en donde se encuentra la planta de bombeo. Ya instalados, entre la 1:00 y 2:00 de la madrugada del lunes, decenas de policías estatales y municipales, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llegaron al lugar a desalojarlos.
De este hecho, detuvieron a 12 personas; nueve de estas fueron remitidas al Juzgado Cívico y fueron liberadas al mediodía del lunes. Mientras que las tres restantes, entre los que se encontraba el delegado de Maconí Javier Reséndiz y el comisariado ejidal Alejandro Ortiz, fueron trasladados a la unidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) ubicada en la cabecera municipal de Cadereyta.
Estos últimos fueron puestos en libertad un poco más de 30 horas después de que fueron arrestados. Herminia Reséndiz, hermana del delegado, señaló que durante horas no supieron de su paradero ni a dónde se los habían llevado.
De acuerdo a Javier Reséndiz y Alejandro Ortiz, la FGE les adjudicó el delito de desobediencia y resistencia de particulares; aunque estos, afirmaron lo contrario.
Diversos testimonios entrevistados denunciaron que el desalojo se realizó con violencia, sin entablar diálogo; mencionan que les rompieron sus celulares y les robaron las pertenencias que traían en sus vehículos, incluidos víveres y alimentos que llevaron para pernotar.
A Patricia, quien grababa las agresiones con su celular, se lo regresaron formateado; tiene su dedo lastimado y una quemadura en el pie y parte de la pantorrilla, porque durante el acontecimiento se le derramó una olla caliente de café.
“Agarraron a Gregorio Martínez -otro comunero- y entre cuatro policías lo golpeaban y se subieron sobre de él, uno por delante y otro por detrás, y después de eso me agarraron a mí porque les dije que lo soltaran, que lo dejaran, y me agarraron a mí los policías y me dijeron que me iban a esposar si no les entregaba mi celular”, refirió Patricia a las afuera de la Fiscalía, mientras esperaba la salida de sus compañeros que habían sido detenidos.
Añadió que los elementos policiales llevaban consigo caninos, que fueron utilizados para perseguir a las personas de la localidad que se echaron a correr; aunado a esto, a sus compañeros les tomaron fotos y recibieron amenazas.
“A don Víctor Pacheco, que es un señor de la tercera edad, lo patearon y le dijeron que se fuera a chingar su madre y a los demás los paraban a fuerzas en un lugar para sacarles fotografías”.
Y añadió:
“A mí me amenazaron que para la próxima nos van a matar, que no vamos a salir vivos de allí. Me amenazaron. Dijo ‘ya no vuelva usted a hacerle caso a sus líderes’ dice ‘porque para la próxima si viene aquí no van a salir vivos de aquí, porque aquí no hay ni por dónde salga’, así me amenazaron los policías”.
La esposa del señor Calixto Hernández, quien omitió su nombre, se preguntó: “¿Cómo es que llegaron de esta manera? está bien que son autoridades competentes, pero ¿cómo llegaron así de esta manera?”.
Ella recibió una llamada de su esposo a las 4:00 de la madrugada; en ese momento se enteró lo que había sucedido.
Sobre ello, Calixto Hernández relató que cuando llegaron al sitio, hablaron “de manera muy atenta con los operadores de la planta” y les solicitaron que detuvieran el bombeo. Estos accedieron tras dos horas de diálogo.
Agregó que, posteriormente, durante las agresiones, sus compañeros, hombres y mujeres, tuvieron que esconderse entre el cerro y algunos regresaron a sus casas luego de caminar durante toda la madrugada.
“Empezaron a golpearlos y a soltarlos los perros y la gente pues se asustó. Primero se asustaron porque es gente de provincia, ellos no están familiarizados con el ejército porque el ejército llega y para todos les causa temor; o sea, ellos se atemorizaron y por el temor de que de que los se los trajeran presos o que los mordieran los perros se echaron a correr todos por rumbos desconocidos, que ni siquiera ellos conocen, son montañas, son cerros, son peñascos y la gente todo eso sufrió toda la madrugada”.
Sobre estas denuncias, hasta el momento, no se ha emitido ninguna declaración por parte de las autoridades competentes.
La oficina de comunicación de la CEA no contestó a la pregunta realizada por esta reportera respecto a cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para dotar de agua a las comunidades de Maconí y cómo se le da seguimiento a los acuerdos que se establecieron hace 17 años. Aunque en entrevistas previas a medios de comunicación, el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, ha mencionado que el organismo apoya a las comunidades con pipas, además de que se impulsan otras obras hidráulicas en el municipio.
Por su parte, el municipio aseguró no contar con información sobre el desalojo y mencionó que “toda la información al respecto la dará Gobierno del Estado”; no obstante, el área de comunicación de la Secretaría de Gobierno apuntó que el caso correspondía a la FGE.
La FGE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no emitieron ninguna respuesta.
Acuerdo por Acueducto II, sin cumplirse desde 2007
Con la construcción del Acueducto II, que tuvo una inversión superior a los dos mil 850 millones de pesos, quedaron pendientes una serie de compromisos del Gobierno del Estado, encabezado por el entonces gobernador Francisco Garrido Patrón (2003-2009) del Partido Acción Nacional (PAN).
Para la concertación de la obra, en 2007 las autoridades estatales llegaron al acuerdo de que, a cambio de la construcción del proyecto hidráulico, dotarían de agua y luz a las 21 comunidades que forman parte de Maconí; además, se les daría una indemnización por la servidumbre de paso, pues la infraestructura atraviesa sus tierras comunales.
Aunado a esto, se les prometió la construcción de un telebachillerato para los jóvenes de la región. Esto tampoco ha sido posible y en su lugar, los pobladores tuvieron que adaptar una parte de la casa comunal como aulas.
El 17 de febrero del 2011, ya como gobernador del estado José Calzada Rovirosa (2009-2015) se realizó la ceremonia Puesta en Servicio del Acueducto II, la cual estuvo encabezada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La obra consta de 123 kilómetros de infraestructura que transporta agua potable de noroeste a suroeste, atraviesa el río Pánuco y la cuenca Lerma – Chapala; en ese entonces, la obra estaba apta para abastecer de agua a más de 900 mil habitantes; sin en embargo, hasta el 2020, el estado tenía una población dos millones 368 mil 467 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al proyecto se le consideró como “una vanguardista obra de ingeniería” que daría sustentabilidad al suministro de agua potable durante 30 años en la entidad; no obstante, en la actual administración del panista Mauricio Kuri González se iniciaron las gestiones, con el gobierno federal, para impulsar la construcción del Acueducto III, esto ante la obsolescencia del Acueducto II y ante la crisis hídrica que se vive en el estado.
Calixto Hernández, hizo hincapié en que las tierras que ahora son usadas para la infraestructura hidráulica del Acueducto II son tierras comunales, que les fueron entregadas para cuidarlas.
“Instalaron su Acueducto allí y hicimos un convenio de que el gobierno nos iba a dar alguna contraprestación a cambio y de ese tiempo para acá es hora que no nos han cumplido, pero ellos llegaron de esta forma a agredirnos y las tierras son comunales, son de la comunidad, de nosotros, las tierras son de nosotros”.
Patricia Sánchez creció en el rancho de Las Joyas, comunidad que se encuentra, al menos, a hora y media caminando, o en burros, de Maconí. Tiempo que recorren sus habitantes sólo de ida.
A la edad de los cinco años ella aprendió a acarrear agua para llevarla a su casa, pues en su lugar origen nunca tuvieron acceso al servicio. Hace 15 años, su esposo y sus hijos dejaron el rancho ante la falta de agua y otros servicios públicos.
Pero en Maconí ella y su familia todavía siguen sin agua y el manantial al cual iban por agua ya está seco. Desde hace dos años y medio participa activamente en las movilizaciones por el acceso al agua en su localidad.
Isidro Arteaga creció en el rancho La Luz. De su familia, sólo queda una de sus tías porque todos los demás tuvieron que emigrar. Para acceder a agua tienen que caminar más de una hora para llegar a un manantial.
“No llega el agua porque no hay luz, no hay carretera, no hay nada. Así los gobernantes nunca van allá, a ver cómo están las necesidades. Escuela sí hay, pero la carretera llega a una cierta distancia; la escuela capta agua cuando llueve. La gente lo que está haciendo es salirse de Maconí o a Cadereyta, porque si te enfermas, ¿qué haces?”.
Su rancho colinda con Las Joyas, El Torno y La Luz, comunidades con población indígena que tampoco tienen agua; así como Cerro Colorado, en este último sí hay infraestructura, pero el servicio no llega.
En algunos otros lugares de Maconí, refirió Herminia Reséndiz, sí llegan pipas, pero estas no abastecen a todas las familias.
Según el informe “Escasez provocada en la Zona Metropolitana de Querétaro”, publicado este 2023 por la organización Bajo Tierra Museo del Agua, refiere que la escasez de agua en la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) ha sido provocada por un modelo de gestión hídrica orientado a satisfacer la creciente demanda de agua urbana por encima de la capacidad de recarga natural de los acuíferos y la conservación de los sistemas hidrológicos.
Resalta que, entre 2019 y 2022, el estado de Querétaro se ubicó en el sexto lugar en el país con estrés hídrico, entre las cuatro regiones con mayor vulnerabilidad hidrológica. Además de posicionarse entre los 10 estados más afectados por incendios, presentando sequía severa en 15 de sus 18 municipios y entre los tres estados con tarifas más altas por servicios de agua potable y drenaje.
De los 11 acuíferos en la entidad, ocho están sobreexplotados, por lo que la organización explica que su balance hídrico es negativo.
Adicionalmente, Bajo Tierra Museo del Agua, subraya que, según las estimaciones oficiales, el seis por ciento del agua extraída en todo el estado es utilizada en la industria, el 63 por ciento en la actividad agropecuaria (incluida la agroindustria), el cinco por ciento en generación de energía y el 30 por ciento en uso público urbano.
